GAS ÁCIDO

El viento ha disipado la nube de gas originada por una avería en las instalaciones de Arcelor en Avilés, pero no la preocupación de los asturianos. Doce días han tardado el Principado y la multinacional en ponerse de acuerdo en que la planta de ácidos de las baterías de cok está en condiciones de reanudar su actividad. El Gobierno regional ha impuesto a la compañía la implantación de nuevos sistemas de seguridad. El volumen de ácido sulfúrico que hasta el escape del pasado 24 de abril era controlado con una simple sonda se medirá ahora con dispositivos informáticos cuya eficacia ha sido comprobada por los técnicos de Industria. La empresa ha sido obligada a remitir un informe detallado sobre los fallos que dieron origen a la niebla tóxica que llevó a cinco personas a ser atendidas en centros sanitarios. La Consejería de Medio Ambiente mantiene abierto un expediente por el que la siderúrgica se enfrenta a una multa de dos millones de euros. La Fiscalía ha iniciado una investigación. No parece que falten medidas correctoras. Tampoco determinación para sancionar. Pero recuperar la confianza de los ciudadanos no dependerá del castigo, sino de las lecciones que los responsables políticos y la empresa sean capaces de extraer. Para que la multinacional se decidiera a explicar lo sucedido fue necesario que los avilesinos corrieran por las calles a refugiarse de un gas tan irritante para las vías respiratorias como para los responsables medioambientales, que no recibieron ningún aviso hasta después de que la factoría diera por controlada la situación. Para cuando la Administración regional supo lo ocurrido con cierto detalle, el operativo de emergencias casi había finalizado.
La explicación de la compañía sobre el origen y las consecuencias de la avería tardó casi diez días en llegar a Medio Ambiente. Antes, la consejera tuvo que decir en el Parlamento que Arcelor carece de los sistemas y protocolos para hacer frente a este tipo de situaciones. Belén Fernández exigió a la empresa «diligencia y rigor» para evitar episodios contaminantes o al menos minimizar sus efectos y aseguró que el último plan presentado por la multinacional «para actuar en condiciones distintas a las normales» es claramente «insuficiente». En menos de 48 horas, tenía sobre su mesa el informe que su departamento había reclamado, los técnicos habían inspeccionado las mejoras realizadas en las instalaciones y Arcelor disponía del permiso para reactivar la planta de ácidos.
También la empresa hizo lo suyo, y muy a su manera, por agilizar la burocracia. En mitad de la polémica, organizó un simulacro de emergencia para demostrar la eficacia de sus medidas de seguridad, pero en contra de sus pretensiones no logró que ningún miembro del Consejo de Gobierno avalase la demostración con su presencia. Durante una semana, sus responsables no dejaron de señalar cada día que la paralización de la planta suponía el riesgo de causar un daño irreparable en las baterías de cok, un recordatorio que llevaba implícita la amenaza que el cierre conllevaba para la mayor industria asturiana y sus trabajadores. La compañía llegó incluso a fijar una fecha para la puesta en marcha de las instalaciones antes de disponer de la autorización pertinente, casi un desafío a la autoridad medioambiental.
Finalmente, el pulso se ha resuelto. Los problemas, no. La multinacional tiene el permiso que necesitaba, Medio Ambiente el informe que exigía y los ciudadanos la impresión de que algo no funciona. El enfrentamiento entre las empresas y la Administración supone un terreno abonado para la especulación y el alarmismo. Tanto como la insensata pretensión de ocultar las incidencias o la demagogia de presentar a las industrias como un permanente riesgo. La tecnología ha avanzado lo suficiente para ofrecernos soluciones. Excepto que nos empeñemos en no buscarlas.