LA MOCIÓN DE CENSURA

Pablo Iglesias ha demostrado una vez más su extraordinaria capacidad para atraer hacia sí los focos del corral de comedias que los partidos llaman escenario político. Mientras el PP buscaba la manera de vadear el cenagal de la corrupción y los socialistas andaban atareados recogiendo avales, Podemos anunció con redoble de tambores una moción de censura como la solución a «una cuestión de emergencia nacional». El partido de Iglesias justifica el momento elegido por la imperiosa necesidad de frenar «la avalancha de saqueo y corrupción» del Gobierno de Mariano Rajoy. Los argumentos se los ha dado un político que durante veinte años vivió del dinero de los contribuyentes en altos cargos de la Administración y ahora como recluso de Soto del Real. La trama de corrupción que la Guardia Civil atribuye a Ignacio González justifica todas las iniciativas que los partidos sean capaces de llevar a cabo para terminar de una vez con el coladero legal que durante años ha permitido a quizás no tantos, pero desde luego demasiados, hacer de la política una actividad mafiosa.
Otra cuestión es cuánto contribuirá la iniciativa de Pablo Iglesias a solucionar este asunto. La moción, que muchos en el Congreso aún no tienen claro si es contra Rajoy o contra el PSOE, ha sido lanzada sin negociar los posibles apoyos parlamentarios ni concretar el necesario candidato a la Presidencia. Hasta el momento, su único respaldo son los 71 diputados del partido que ha decidido presentarla. La dirección interina de los socialistas no ve en ella más que un intento de torpedear la elección de su secretario general y de mostrarles, una vez más, como los aliados de una derecha irremediablemente corrupta. Así que sus principales líderes se han apresurado a descalificar la propuesta y recordarle a Podemos que se podría haber ahorrado la moción si hubiese apoyado a su candidato en la investidura. Ni siquiera en Izquierda Unida, su aliado electoral, la apresurada moción ha convencido a todos. Gaspar Llamazares cree que utilizar un mecanismo parlamentario concebido para derribar a un presidente como «un termómetro para ver quién está en connivencia con el PP» terminará por dividir aún más a la izquierda. Y paradójicamente, los más satisfechos de que intenten censurar a su presidente parecen los diputados del PP. La posibilidad de transformar la moción en un refrendo puede suponer un balón de oxígeno para un Ejecutivo al que le cuesta sumar los votos necesarios para aprobar el presupuesto. «Los que querían asaltar los cielos han pasado a ser un brindis al sol». La valoración del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, refleja la confianza de su partido en que la ofensiva de Podemos para tomar la Moncloa quedará reducida a un ondear de banderas. Así que a los populares solo les ha faltado darle las gracias a Pablo Iglesias por ofrecerle a Rajoy la oportunidad de decir en el Congreso que una izquierda ocupada en acuchillarse mal puede suponer una alternativa.
La iniciativa de Podemos no carece de legitimidad. Más de cinco millones de votantes dieron su confianza a Pablo Iglesias en las últimas elecciones generales para representarles en el Congreso y utilizar los mecanismos que la Constitución pone a su alcance para llevar a cabo su programa. Entre ellos la moción de censura, la posibilidad que todos los países democráticos aplican como solución a la parálisis política, el bloqueo parlamentario, la ineptitud de sus gobernantes, los escándalos o simplemente la necesidad de unas nuevas elecciones. Con ella se garantiza a los ciudadanos la certeza de que la democracia ofrece alternativas al suplicio de lo insostenible. Por eso, conviene no degradarla a una mera excusa para el vocerío parlamentario. Lo peor que se puede perder en una moción de censura es la confianza de los ciudadanos en ella. En este caso, el resultado está por ver.

OTÍN Y EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN

Otro, en el lugar de Carlos López-Otín, habría cogido la puerta con su maleta, su prestigio y su equipo. Ni siquiera tendría que buscar un sitio adónde ir. Podría sentarse y no necesitaría esperar mucho tiempo para que los principales centros de investigación del mundo le ofrecieran un proyecto con más recursos económicos de los que ha tenido en tres décadas de trabajo en la Universidad de Oviedo. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular ha sufrido en los últimos tiempos la desazón de ver amenazado el futuro de su laboratorio. Sus investigaciones han cambiado las perspectivas de la ciencia, pero no le han permitido mantenerse al margen de las estrecheces que los ajustes han impuesto a los científicos españoles. Se ha quedado porque es «muy fan» de su universidad, se siente responsable de sus colaboradores y, sobre todo, porque su compromiso con la región en la que han crecido sus hijos le lleva a creer que «para Asturias no todo está perdido». Si hubiera decidido irse, ¿quién podría reprocharle una decisión por la que incluso se ha ensalzado a otros? Durante treinta años ha entregado a la investigación española mucho más de lo que ha recibido. Tal vez su marcha le hubiera granjeado incluso mayor admiración. En todo caso, la vida para él habría resultado mucho más sencilla que el estajanovismo que se ha exigido para traer a la Universidad de Oviedo los fondos que se disputan los principales centros de investigación de Europa. 2.400 proyectos han concurrido a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación. Solo 231 han logrado su objetivo, la élite científica mundial. Entre ellos, el presentado por López-Otín para estudiar los mecanismos moleculares del envejecimiento. El investigador y su equipo dispondrán de 2,5 millones para continuar sus trabajos. A sus colaboradores, «acostumbrados a la austeridad», les parece «muchísimo». Su objetivo es la búsqueda de «una longevidad saludable», un camino en el que pretenden encontrar las claves para luchar contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas. Hace no tanto, estas ambiciones hubieran parecido una ensoñación. Ahora, alimentan nuestra esperanza.
Llevará años alcanzar el conocimiento al que aspira el proyecto de una de las pocas mentes capaces de trazar el boceto del ser humano del próximo siglo. Las reflexiones a las que nos invita su proeza no deberían llevarnos tanto tiempo. La investigación ha demostrado que es capaz por sí misma de lograr recursos y generar riqueza, de ofrecer una alternativa a la emigración del talento formado en nuestras universidades y de garantizar el anclaje al territorio de las empresas de alto nivel tecnológico. Les resultará difícil encontrar en cualquier partido a un político que no comparta estos argumentos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha valorado a la investigación por lo que cuesta y no por lo que aporta. A los investigadores de alto nivel no les ha faltado quien les ensalce, pero sí quien les apoye. La proclamada confianza en la ciencia para transformar la economía no se ha reflejado en los presupuestos. España ha sido el país europeo que más recortó los fondos para investigación y desarrollo durante la crisis. Los resultados de gastar el dinero público en otras muchas cosas se aprecian de inmediato, la inversión en conocimiento exige paciencia y convicción. Dos virtudes difíciles de conjugar con las urgencias de los políticos. Al presentar un proyecto que sitúa a Asturias en la élite mundial de la ciencia, Carlos López-Otín se atrevió a proponer «invertir en bancos de conocimiento más que en los otros». Seguro muchos aplauden su opinión. Otra cuestión es que le hagan caso, aunque no vendría mal.

MOAB

En una semana, Donald Trump ha bombardeado Siria, enviado uno de sus portaaviones rumbo a la península de Corea y sepultado a casi un centenar de talibanes en Afganistán con la mayor bomba no nuclear de su arsenal. Ha sido su particular interpretación de ‘Primera victoria’. En el tedioso culebrón bélico de Otto Preminger el único héroe que no muere acaba mutilado, pero todo sacrificio es poco con tal de zurrar al enemigo y elevar el espíritu patriótico. Con idéntica pretensión, el emperador de Occidente ha incorporado a la tragedia cotidiana un nuevo acrónimo: MOAB. El presidente norteamericano ha tardado menos de tres meses en echar mano de ‘la madre de todas las bombas’, el aterrador proyectil que Estados Unidos construyó hace catorce años, pero que aún no se había atrevido a emplear. La bomba, concebida para arrasar túneles subterráneos, tiene una capacidad de destrucción similar a la de una cabeza nuclear. Sus más de ocho toneladas de explosivo vaporizan cualquier ser vivo en casi dos kilómetros a la redonda, pero ahorran la contaminación y las explicaciones de la energía atómica. El mandatario estadounidense ha calificado el ataque con la mayor bomba lanzada desde Hiroshima y Nagasaki como «un nuevo éxito» del ejército estadounidense. Lo que el expresidente afgano Hamil Karzai condena como «el uso brutal e inhumano» del territorio de su país como laboratorio de pruebas del nuevo armamento, ha supuesto para la Casa Blanca la conclusión de que la nueva política de «machacar a los terroristas» ofrece mejores resultados que la timorata táctica de Barack Obama, que el año pasado lanzó 1.300 bombas en Afganistán sin lograr ni la mitad de repercusión que Trump con una sola detonación.
Los analistas aseguran que las letales bravuconadas ordenadas desde el despacho oval pretenden enviar un mensaje rotundo a la comunidad internacional: Estados Unidos es la potencia hegemónica por mucho que Rusia intente mover sus piezas en el tablero geopolítico o Corea del Norte haga desfilar sus armas nucleares. Donald Trump ha defendido ufano sus decisiones. En su justificación del ataque de represalia en Siria por el uso de armamento químico confundió a este país con Irak y alardeó de haber autorizado el bombardeo mientras cenaba con Xi Jinping. En el postre, frente al pastel de chocolate «más hermoso que hayas visto», comunicó al líder chino que todos los proyectiles habían dado en el blanco. Pocos guionistas de Hollywood se habrían atrevido a tanta frivolidad. El hecho es que Donald Trump ha insuflado energía a su depauperado índice de apoyo, el más bajo de un presidente norteamericano en el inicio de su mandato. Aunque tomó posesión bajo el eslogan de ‘América primero’, ha tardado poco en aprovechar que nada une tanto como el enemigo. Siempre que el antagonista sea el Estado Islámico o un dictador que utiliza gas nervioso contra la población civil, pocos mandatarios internacionales se atreverán a alzar la voz. Mientras las bajas sean en el otro bando, su popularidad en las encuestas aumentará.
Lo que aún no se ha molestado en explicar el comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta es si su estrategia se limita a las operaciones militares de alto impacto en la opinión pública. La construcción de un orden internacional exige mucho más que escuadrillas de bombarderos. Aunque el presidente norteamericano considera estúpidos a casi todos sus antecesores, cabe suponer que más de uno habría estado dispuesto a lanzar unas cuantas bombas con tal de acabar con el terrorismo. Si Donald Trump no es capaz de diseñar una política exterior más allá de apretar el botón del Pentágono para despachurrar al enemigo, el único camino que le quedará a la diplomacia será el que lleva a una edad de piedra con misiles.

REMEDIOS PARA EL ESCEPTICISMO

La ponderación y el consenso resultan tan necesarios frente al cesarismo y la chapuza que solo un intolerante se atrevería a repudiarlos. Así que también pueden facilitar la coartada perfecta. Cuando un político tiene más interés en dilatar algo que en hacerlo suele encargar un plan. Con frecuencia, a un grupo de expertos o funcionarios difícil de apresurar y fácil de convencer. A poco que se cumplan ambas condiciones, entre la primera reunión y la entrega del dictamen bien puede agotarse una legislatura. En cuanto al consenso, nada mejor para ganar tiempo que supeditar a él cualquier decisión cuando se cree imposible de antemano. Los asturianos lo sabemos bien. Vivimos en una región donde mucho de lo proyectado y debatido acabó en nada. La variante de Pajares no ha sido una excepción. Por mucho que a estas alturas de siglo la planificación ferroviaria debiera darse por descontada, ningún gobierno se ha privado de elaborar su propio programa de infraestructuras. Cada uno de los ministros que ha llevado en su mano la cartera de Fomento desde que se puso la primera dovela en Lena ha planteado su propia solución sobre las vías con las que deberían equiparse los túneles. Si el inicio de la obra necesitó tres décadas de discusiones, a nadie le extrañe que algunos políticos asturianos estén dispuestos a debatir unos cuantos años más por dónde deben transitar las mercancías. Ya pueden ponerse los ingenieros, expertos en logística y funcionarios como quieran. Discursos no faltarán, aunque lo necesario para acabar la obra es dinero. Soluciones técnicas, incluso capaces de conjugar las dispares exigencias de los partidos, existen. Solo resta que el Gobierno esté dispuesto a pagarlas. De ello dependerá el momento en que los asturianos podamos viajar a Madrid sintiéndonos europeos.
Lo mismo ocurre con el plan de vías de Gijón, la actuación que permitirá a la ciudad más poblada de Asturias disponer de una estación que supere el atraso de recibir a los viajeros en el apeadero prefabricado más grande de España y una terminal de autobuses que de estación solo tiene los andenes y una taquilla. Tanto se ha debatido la solución que los cálculos para financiar el proyecto se han quedado desfasados.
El actual ministro de Fomento ha prometido que echará de nuevo las cuentas y que su departamento aportará los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Íñigo de la Serna se enfrenta al escepticismo enraizado en los muchos años de inútiles confrontaciones sobre el presupuesto, la financiación y hasta la altura de los edificios. El nuevo responsable ministerial aseguró en su visita a Gijón que está dispuesto a terminar lo empezado. A diferencia de otras ciudades que se han visto forzadas a renunciar a sus aspiraciones, dejar a Gijón con sus actuales equipamientos y un túnel que recorre la ciudad convertido en una gran cloaca supondría una frivolidad histórica. De la Serna ha pedido el tiempo necesario para realizar un nuevo estudio económico, pero sostiene que su compromiso con el proyecto es firme, que la ubicación de la estación está decidida y que su departamento pondrá los fondos necesarios para afrontar las obras. Si no fuera por los antecedentes, su postura no debería generar desconfianza. Pero los asturianos casi nos hemos resignado a que después de cada propuesta toca el aldeanismo de abrir un nuevo debate por mucho que se haya discutido antes. Si no por la ubicación de la terminal, será por cualquier otra cosa.
En esa situación, quienes gestionan el dinero público tienen la alternativa de asumir la responsabilidad de tomar decisiones o acomodarse en la justificación de esperar un consenso tan loable como utópico. Pero cuando el deseable acuerdo se convierte en una excusa, sus bondades se pervierten. De ahí que tantos ciudadanos oigan como pretextos incluso los argumentos cargados de razón. Para superar este círculo vicioso solo existe una solución. Que tras los estudios adecuados y los debates necesarios comiencen las obras. Y que una vez iniciadas, nuestros políticos piensen en terminarlas y no en quién se llevará el mérito. Hagamos un esfuerzo por ser optimistas. En todo caso, mejor esperar al lado de los ingenuos que de los mezquinos.

VARIANTE DE PAJARES: DEBATES Y PRETEXTOS

El 11 de febrero de 2004, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, plantaba en Lena una simbólica dovela que marcaba el inicio de la variante de Pajares. El objetivo de la que se definió como la obra de ingeniería «más ambiciosa de Europa» era que los asturianos pudiesen viajar en AVE de Gijón a Madrid en menos de tres horas. El Gobierno calculó entonces que se necesitarían seis años para excavar los túneles. Han pasado trece, se han invertido más de tres mil millones y los asturianos que viajan en tren a Madrid continúan padeciendo la extenuante escalada por la decimonónica rampa de Pajares. A partir de León, los pasajeros entran en el siglo XXI. La obra de la alta velocidad más lenta de España no ha dejado de encontrar dificultades: deficiencias en los proyectos, fugas de agua, deslizamientos de los taludes, discrepancias con las constructoras… Los sucesivos ministros se han encargado de detallarlas para justificar los retrasos y defender los recortes. Hasta el punto de que incluso la idea de perforar dos túneles y abrir solo uno fue aceptada por muchos con resignación. Aunque el problema nunca ha sido de ingeniería, sino de voluntad y, sobre todo, de dinero. Bajo el azote de la crisis, la obra ferroviaria más cara del país en una región con poco más de un millón de habitantes parecía un lujo. Algún político se atrevió a decir, eso sí desde Madrid, que tal vez nunca debía haberse iniciado.
Mientras los trabajos se ralentizaban hasta rozar la paralización, los partidos políticos han tenido mucho tiempo para debatir el equipamiento de los túneles. El PSOE ha defendido el ancho ibérico como la fórmula para compatibilizar el tráfico de pasajeros y mercancías. El Gobierno asturiano sostiene que solo este trazado permite amortizar la costosa inversión. El PP, que había prometido un AVE «como el que va a Sevilla», cambió su postura en 2013, cuando Ana Pastor optó por renunciar al ancho internacional. A pesar de ello, los populares firmaron con Foro un pacto para concurrir juntos a las elecciones generales en el que se recogía el compromiso de recuperar el diseño original. Un acuerdo que tal vez no habría tenido más consecuencias si no fuera por el hecho de que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado puede depender del voto de Isidro Martínez Oblanca, el parlamentario de Foro integrado en la candidatura conjunta por Asturias. En ese contexto, el partido fundado por Cascos ha encontrado el momento para recordar al PP lo suscrito. La presidenta de Foro, Cristina Coto, remitió dos cartas a Mariano Rajoy advirtiéndole de que el AVE era condición innegociable para dar su apoyo a las cuentas. Y al presidente del Gobierno no le sobra ni un voto. Tras el ultimátum epistolar, Fomento varió su postura. No sin reticencias. El departamento que ahora dirige Íñigo de la Serna ha avisado de que el cambio conllevará «plazos más largos» y requerirá 145 millones adicionales para mantener y renovar la rampa de Pajares, por donde tendrían que circular las mercancías pesadas.
El Ejecutivo regional considera la decisión «un disparate, un error histórico y un mazazo al futuro económico de Asturias». La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, opina que Rajoy se ha rendido «a un capricho» y anuncia que está dispuesta a dar la batalla. Ha solicitado una entrevista con el titular de Fomento para expresarle la indignación del Ejecutivo y su preocupación por el impacto que supondrá para la industria asturiana que las mercancías tengan que subir por el puerto, a su juicio, «un despilfarro». En cambio, Francisco Álvarez-Cascos está convencido de que la intervención de su partido ha librado a los asturianos de una histórica discriminación, al lograr que el AVE cruce la variante y puedan viajar en los mismos trenes que los andaluces o los catalanes.
No es malo que los partidos debatan sobre la variante, lo negativo para la región ha sido que desde los años ochenta no han logrado ponerse de acuerdo ni siquiera en la urgencia de terminarla. En ese tiempo, otras autonomías han afrontado discusiones similares, acabado las obras y cabe suponer que mejorado el transporte porque no se han quejado de que sus ciudadanos viajen en trenes de alta velocidad. En el caso de Asturias, la polémica ha servido con frecuencia de parapeto al ministro de turno. En los tres últimos años, la empresa adjudicataria de la vía en la vertiente asturiana no ha puesto ni una sola dovela e incluso ha pedido al ministerio la rescisión del contrato porque considera imposible su cumplimiento. El anuncio de abrir antes un solo túnel no sirvió para agilizar las obras. La modificación del proyecto hace cuatro años, tampoco. La fecha en la que los asturianos dejaremos de viajar a Madrid en segunda clase dependerá más del dinero que el Gobierno esté dispuesto a gastarse que de ninguna otra cosa. Lo demás, son pretextos.

LA VERDAD ESTÁ EN EL PRESUPUESTO

La empresa contratada para colocar la vía en la vertiente asturiana de la variante de Pajares ha solicitado por tercera vez la rescisión del contrato. Dragados reclama al Ministerio de Fomento 2,2 millones de indemnización, casi el 24% del coste de una obra que ni siquiera ha llegado a iniciar. Es el resultado de una adjudicación ‘a la española’ en la que la Administración y los contratistas acuerdan la ejecución de un proyecto por un presupuesto insuficiente, calculado más con la intención de ganar el concurso que de realizar las obras y la convicción de la empresa de que los modificados permitirán financiar los trabajos y obtener el margen de beneficio deseado. El peculiar sistema ibérico de contratación convierte cada obra en un pulso entre Fomento y las empresas, de modo que los tajos avanzan al ritmo de las sucesivas inyecciones de fondos. Si el regateo no termina en un acuerdo, la obra encalla. En el caso de la variante de Pajares, el tendido de vía fue adjudicado en 2014 con una rebaja del 51,4%. Desde entonces no se ha colocado ni una sola traviesa. Primero, porque el retraso de otros trabajos impedía su inicio. Ahora, porque la empresa considera que resulta imposible cumplir lo estipulado con el presupuesto que aceptó. El ministro Íñigo de la Serna se ve obligado a decidir si asume el modificado propuesto por Dragados o rescinde el contrato e inicia una nueva licitación. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno de abrir al menos uno de los túneles este año se sumará a la larga lista de incumplimientos con los que se ha escrito la historia de la variante.
Mientras las traviesas se orean en Los Pontones a la espera de la resolución ministerial, el Principado ha presentado un pacto por las infraestructuras «que Asturias necesita». Veinte entidades, incluidos los empresarios y los sindicatos, lo han suscrito. De los partidos de la oposición, solo IU. La negociación abierta por la consejera de Infraestructuras no logró sumar al PP, que ha calificado el documento de «papel mojado»; ni a Foro, que reclama garantías de que el tren que cruce Pajares sea un AVE y la futura estación de Gijón ocupe el emplazamiento pactado por la ministra Ana Pastor y el Ayuntamiento; ni a Podemos, que acusa al ministerio de estar en manos del «cártel del hormigón»; ni siquiera a Ciudadanos, que se agarra al acuerdo de gobierno suscrito con Mariano Rajoy para reclamar que la variante esté terminada este año. Y aunque no lo dicen, lo que piensan todos ellos es que no están dispuestos a rubricar un texto que consideran una traslación del programa del PSOE y las prioridades del Ejecutivo. Ante esta situación, el presidente del Principado optó por liderar la presentación del documento, que defendió con una apelación a «lo que es de justicia».
Queda por ver la respuesta del ministro de Fomento, obligado a decidir entre lo que propugna el Gobierno asturiano, lo que reclaman sus socios electorales, lo que exige el partido que abrió la puerta a Rajoy para la investidura y lo que aconsejan los técnicos de su departamento. Aunque sobre todo, su resolución estará condicionada por un presupuesto con el que debe afrontar los compromisos pendientes y los recién adquiridos con otras regiones. En la España de las autonomías, cada cual barre para su casa y hace valer su peso en la política nacional. El dinero se reparte hasta donde alcanza. En los últimos años, a Asturias le ha llegado con cuentagotas y lo aprobado para la variante ni siquiera ha llegado a gastarse. Los sucesivos ministros han culpado a las filtraciones de agua, a la inestabilidad de los taludes, a la elaboración de los proyectos y, por supuesto, al empedrado del legado recibido. Lo cierto es que la alta velocidad avanza al ritmo de la voluntad expresada en los presupuestos. Es en la página de inversiones donde los ministros dicen de verdad lo que piensan.

EL VALOR DE LA HISTORIA

Dos mil días y 168 detenidos después de declarar el alto el fuego, ETA ha anunciado que entregará las armas. El negocio cimentado en 829 asesinatos baja la persiana cuando han pasado ya siete años de su último crimen. El 17 de marzo de 2017 aparecerá en los libros de historia. Esperemos que no como pretenden los albaceas del testamento terrorista, sino como la fecha en la que los españoles derrotaron a una banda que no puso fin a su barbarie por convicción, sino ante la fuerza de la democracia. ETA camina hacia su disolución acorralada por el rechazo de la ciudadanía, la fortaleza del Estado de derecho y el extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Le quedan alrededor de trescientas armas desperdigadas por zulos en el monte y domicilios de sus colaboradores. Obsoletas, pero aún mortales, la organización se resistía a entregarlas para forzar a los gobiernos de España y Francia a escenificar una negociación. Ha fracasado en su objetivo. En febrero de 2013, la delegación terrorista que aguardaba en Noruega la llegada de algún enviado del Gobierno fue expulsada del país a petición de España. Poco después, dos encapuchados pusieron un minúsculo arsenal en manos de dos miembros de una comisión internacional de verificación, un paripé para darse importancia que tampoco les sirvió de nada. La propuesta del Ejecutivo vasco de ocuparse del desarme ni siquiera tuvo respuesta de Rajoy. La banda anuncia ahora que cederá su arsenal a un centenar de simpatizantes antes del 8 de abril para que lo entreguen. Otro acto de propaganda al que acertadamente no ha querido sumarse el Gobierno español. Serán las autoridades francesas quienes reciban unas armas entre las que probablemente no estarán las que ayudarían a resolver los 300 crímenes a cuyos autores la Justicia española aún no ha podido poner nombre.
ETA y sus simpatizantes intentan lavar su imagen para la posteridad, levantar la moral de sus tropas encarceladas, convertir su inevitable rendición en un armisticio y vincular sus siglas a la política vasca como si su única contribución no fuera el dolor. La pretensión de la banda de equiparar a los asesinos con el resto de los ciudadanos nada tiene que ver con el perdón, un desgraciado derecho que solo corresponde a las víctimas, ni con la paz, que no hicieron más que postergar con su sangrienta obcecación por encontrar una fórmula lo bastante cruel como para acabar con la resistencia de los demócratas. La clase política no debe permitir que los asesinos endulcen su capitulación ni obtengan beneficio de ella. La indiferencia, aunque sea alentada por los mejores deseos, no cabe ante la actual estrategia de los terroristas. Los últimos responsables de coordinar a los pocos delincuentes que siguen libres y los muchos que están en prisión aspiran a mantenerse como gestores de las concesiones que puedan arrancar a los partidos. Supondría una equivocación aceptar su juego cuando solo sin más alternativas han entregado sus armas, después de pensárselo durante cinco años en los que aún han intentado sacar tajada de la mucha sangre derramada. No son ellos ni tampoco los que durante décadas intentaron aprovecharse de sus crímenes bajo unas siglas que suponían una burla a la democracia quienes tienen derecho a dictarnos la crónica de su final. Es la mayoría de la sociedad española, obligada a pagar con sangre sus convicciones, la que debe relatar, sin omisiones, sus sacrificios para alcanzar la paz. El olvido solo interesa a quienes tienen razones para desearlo. La memoria, en cambio, permitirá que quienes tengan la suerte de conocer a ETA solo por lo escrito sepan cuánto nos ha costado lo que tenemos. Por eso la historia es tan valiosa.

EXCELENCIA MÉDICA

El 1 de febrero de 1998 el equipo de Cirugía Cardiaca del Hospital Central realizaba su primer trasplante de corazón. José Luis Fernández, un minero de Morcín, entró en la historia de los avances médicos como el primer paciente asturiano en beneficiarse del extraordinario avance, aunque más importante para él, los médicos del HUCA le regalaron el tiempo suficiente para conocer a su nieta. En menos de dos décadas, este tipo de intervenciones se han hecho frecuentes en el principal hospital asturiano. Quienes superan los primeros meses tras la operación, más del 50%, tienen una esperanza de vida por encima de quince años. Una prórroga ganada a una ley de la naturaleza que no hace tanto parecía inexorable. El pasado 1 de marzo, los cardiólogos del HUCA implantaron por primera vez un corazón artificial. Un sierense de 44 años pendiente de un trasplante ha encontrado en el ‘Heart Mate 3’ un salvavidas al que agarrarse cuando su tiempo ya se agotaba. El novedoso dispositivo ayudará a su corazón a bombear la sangre mientras llega la esperada donación. La intervención duró apenas una hora y cuarto. Fue una de las operaciones de este tipo más rápidas llevadas a cabo en España. «Los asturianos que padezcan insuficiencia cardiaca tienen ahora a su disposición los tratamientos más adecuados», aseguró el cardiólogo José Luis Lambert, uno de los responsables de que la sanidad asturiana haya logrado este nuevo hito.
El equipo de cardiología goza de un merecido prestigio en España. Entre los especialistas y lo que es más importante, entre sus pacientes. Intervenciones que antes suponían un enorme riesgo y una penosa convalecencia se han convertido en pocos años en una precisa rutina y una rápida recuperación. Como otras técnicas antes, el implante de corazones artificiales supone ya una más de las opciones que los cardiólogos del HUCA tienen a su alcance para salvar la vida de los asturianos. Para conseguirlo ha sido necesario formar a 120 profesionales de la sanidad asturiana en Alemania y Barcelona. La primera operación ha supuesto un gasto de casi cien mil euros, 78.000 que cuesta el dispositivo implantado al paciente y 22.000 más para preparar al equipo, al enfermo y a su familia para la cirugía y los cuidados que necesitará a partir de ahora. Cada euro, bien gastado. En una época en la que las listas de espera pesan como una losa sobre la gestión diaria de los hospitales, que ha exigido a los médicos trabajar en ocasiones con menos recursos de los que creen apropiados y en la que incluso ha llegado a cuestionarse la viabilidad del modelo sanitario, incorporar tratamientos tan costosos no resulta sencillo. Tampoco contar con los profesionales capacitados para llevarlos a cabo. Por fortuna, la excelencia alcanzada por el área de cardiología del HUCA no supone una excepción en la sanidad asturiana, que a pesar de las dificultades de los últimos años ha logrado retener mucho del talento de sus equipos. En no pocos casos, por una razón tan sencilla como el compromiso personal con los pacientes y con el equipo con el que se ha compartido el empeño de alcanzar el éxito sin necesidad de hacer las maletas. Comprobar que el dinero de los impuestos que en tantas ocasiones creemos malgastado también permite ser atendido por médicos capaces de mantener a Asturias en la primera línea de la medicina ofrece más argumentos en defensa de la sanidad pública que ningún discurso político. Sencillamente, porque está al alcance de todos. Todavía.

LAS CUENTAS POR SALDAR DE VILLA

Despojado de la púrpura sindical, José Ángel Fernández Villa se presentó en el juzgado catorce meses y once recursos después de que sus antiguos compañeros le denunciasen por la supuesta apropiación de 420.000 euros del SOMA. Sin los pretorianos que guardaban su espalda en mítines y piquetes. Apoyado en un bastón, su esposa y su letrada. Sin decir palabra. Parapetado en sus achaques y en el silencio que siempre le ha amparado, impuesto antes por su poder, alimentado ahora por la conveniencia y aún el miedo. Solo respondió a las preguntas de su abogada. De forma «coherente», según el dictamen del tribunal. Alegó padecer depresión, problemas de corazón, columna, próstata… y demencia, aunque su defensa tuvo la lucidez de una estrategia legal bien estudiada. Villa no recuerda haber firmado ningún gasto, pero declaró que casi cualquier «amañosu» del sindicato podía haberlo hecho en su nombre porque su rúbrica era fácil de imitar. De la tarjeta de crédito alegó ignorar «el pin», pero recordó que el contable y hasta su secretaria conocían el número. En definitiva, que mientras él negociaba convenios y ayudas al carbón eran sus compañeros, en los que confiaba «plenamente», quienes se ocupaban de la contabilidad. Cuando lideraba huelgas y organizaba congresos dejaba la intendencia a cargo de sus subordinados. Y nadie le advirtió de ninguna irregularidad. Dos horas de comparecencia resumidas en un argumento: si alguien metió mano en la caja fue otro.
El ex secretario general del SOMA descarga la responsabilidad de cualquier posible ilegalidad en quienes antes eran sus lugartenientes. A estas alturas ya solo le preocupan los pleitos en los tribunales y el juicio de la historia. Para afrontar este último, confesó estar escribiendo su autobiografía, aunque reconoció no sentirse «en las mejores condiciones para terminar el libro». Finalizadas o no, sus memorias causarán más de un desvelo. El tigre de Tuilla ya no ruge en la plaza de la Salve, pero hay quien todavía teme sus zarpazos.
José Ángel Fernández Villa sufre el ocaso que nunca imaginó. El sindicato desde el que presumía ante los ministros de gobernar Asturias reniega de él. Quienes como él mismo dijo ante la jueza nunca se atrevieron a llamarle la atención, «aunque razones tenían», ahora ni siquiera le llaman por teléfono. Su futuro se reduce a pleitear con sus excompañeros, a vivir bajo la amenaza de una investigación de Hacienda que busca aclarar de dónde sacó el dinero que intentó regularizar durante la amnistía fiscal y procurar a su familia, de cuyo sufrimiento se lamentó en sede judicial, la mejor situación posible.
La Asturias donde su voz era ley es pasado. Ni siquiera quienes le endiosaron hasta atribuirle cualidades sobrehumanas le conceden ahora el menor mérito. Incluso algunos de sus más leales enemigos se han rendido a la piedad que les inspira un hombre acorralado por la justicia y abandonado por casi todos los que le seguían sin preguntar. Pero la cuenta pendiente entre Villa y Asturias va mucho más allá de los gastos del sindicato, incluso del posible origen fraudulento de su fortuna. Quedan pendientes de saldar el tiempo perdido, los millonarios fondos mal empleados y el patrimonio del respaldo malversado. Con esas cuentas claras no se reparará el daño, pero tal vez evitemos repetir los errores. Mientras Villa esgrimía ante la jueza sus trastornos «neurológicos» para justificar casi todo lo que no quiso explicar, el Parlamento asturiano discutía asuntos «neurálgicos». Solo con no dejarse confundir de nuevo por la paronimia de ambos términos, la política asturiana habrá dado un gran paso.

VÍCTIMAS DEL SILENCIO

El campeón olímpico y policía nacional Saúl Craviotto ha llamado a los maltratadores «basura, mierda y cobardes». Hubo quien se sorprendió de la dureza de su definición, en todo caso bastante precisa. Su intención era animar a las mujeres a denunciar. Sabe, por dolorosa experiencia, que en muchos de los casos más graves la Policía solo llega a tiempo de investigar un crimen. Las víctimas de la violencia machista lo son también del silencio. Del que imponen los verdugos, del que favorece la indiferencia y del administrativo, que no es el de las palabras, sino el de los hechos. Ocho mujeres de la asociación Ve-la luz iniciaron el 9 de febrero una huelga de hambre en la puerta del Sol sin más exigencia a los partidos que un pacto de Estado ante un drama que mantiene a 51.940 mujeres españolas bajo protección policial. Piden un «gabinete de crisis» para frenar una violencia que se traduce en setenta feminicidios cada año y miles de víctimas. En lo que va de 2017, la estadística que recoge nuestra vergüenza como sociedad presuntamente avanzada se ha disparado. Una víctima mortal cada tres días. El inicio de año más sangriento en una década. Los ciudadanos han vuelto a concentrarse en las calles y los políticos han incluido de nuevo el asunto en los argumentarios que cada día señalan a sus parlamentarios los asuntos de los que conviene hablar. El Gobierno ha anunciado que creará dos órganos con la misión de revisar los fondos asignados a los ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluar las órdenes de protección y reforzar las medidas dirigidas a los niños. Los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación se han marcado como objetivo profundizar en la formación de todos los agentes, mejorar la prevención en las redes sociales y revisar los protocolos de actuación. El Ejecutivo considera prioritario evaluar la eficacia de las órdenes de protección, fortalecer las campañas contra la violencia de género y fomentar las denuncias. Nada de ello sobra, aunque aflige pensar lo que ha costado algo que parece tan lógico como atender la petición de las ocho mujeres de la Puerta del Sol.
Hace tiempo que expertos como el catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo advierten de que el Sistema Integral en los Casos de Violencia de Género, bautizado con el mercadotécnico nombre de VioGen, no funciona. Entre otras razones, porque solo se activa si la víctima denuncia, algo que hacen pocas mujeres en situación de máximo riesgo, y las medidas de protección dependen de un cuestionario en el que se han detectado abundantes errores. Cierto que no es fácil de solucionar. Resulta complicado luchar contra individuos que no solo desprecian la vida, sino que les trae sin cuidado el castigo previsto en la ley. Uno de cada tres se suicida o lo intenta, por desgracia después de cometer el crimen, y del resto la mayoría se entrega. Pero la dificultad no justifica la inacción. Menos cuando lo que se pide no es más que un acuerdo que permita una política coherente, al margen de los bandazos de los cambios de gobierno o de responsables ministeriales, basada no en los prejuicios, sino en las opiniones de las organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y juristas que luchan cada día contra esta lacra. Una reclamación tan factible que desatenderla resultaría una mezquindad. El pacto de estado que demandan las asociaciones de mujeres no solucionará el problema, pero es imprescindible. Al menos, para no sentir vergüenza.