Asturias es una de las regiones más seguras de España. Lo corroboran los datos. Eso no evita que una pandilla de salvajes provoque una refriega y como si de una guerra se tratara persigan a un grupo de jóvenes por las calles para apalearlos. Ocurrió el viernes en Gijón. Según los testigos, los agresores alcanzaron a Germán, que se había quedado rezagado por tratar de mediar en la pelea y le golpearon con una baldosa en la cabeza. Sus amigos reconocen que podía haberles ocurrido a cualquiera de ellos. Germán se convirtió en la víctima porque en el tumulto cruzó la calzada, se separó de sus acompañantes y quedó indefenso. El trabajo policial para atrapar a los delincuentes fue eficaz. El mismo día de la agresión dos jóvenes ya estaban detenidos. El problema de estos casos no suele ser encontrar a los culpables, sino evitar que actúen. Así que el único consuelo para la familia de Germán es que poco después de lo ocurrido los responsables se encontraban entre rejas. En Pamplona, un aficionado del Sporting recibió una paliza en un bar solo porque la camiseta de su equipo le identificaba como seguidor rojiblanco. Ni siquiera llegó a intercambiar una palabra con el individuo que le dejó tirado en el suelo sangrando. El agresor aún no ha sido detenido y el joven pide ayuda para encontrarlo: «Hoy he sido yo, pero mañana puede ser otro por llevar una bandera arcoíris o una chica por no aceptar que alguien le meta mano». Pocas cosas, por desgracia, más ciertas.
Evidentemente, se trata de hechos aislados. Habrá quien diga que forman parte del peaje del desenfreno nocturno en el clima general de seguridad en el que vivimos y que resultan imposibles de prever. Pero no por infrecuentes deberíamos ignorarlos. Asumimos con resignación el peligro asociado al ocio y acabamos por creer que el riesgo resulta inevitable en determinadas calles y en algunos festejos multitudinarios. Cada paso que damos hacia la aceptación lo cedemos ante la brutalidad. Peor que sentir miedo es acostumbrarse a vivir con él. Los bárbaros que salen de noche a apalear jóvenes, quienes aprovechan las fiestas para cometer abusos o los que golpean a alguien solo por llevar una camiseta que simboliza cualquier cosa que se les antoje despreciar no surgen en cuestión de minutos. Sus acciones tampoco nacen de un arrebato imprevisible, son el resultado de acumular durante años las suficientes dosis de odio, ignorancia y estupidez hasta el punto de considerar a quienes tienen a su alrededor como objetos a su disposición o enemigos mortales porque han tenido la desgracia de toparse con ellos. Cuando sus atrocidades nos estremecen, pedimos mejoras en la seguridad pública. En algunos lugares es obvio que resulta necesario. Por muy eficaz que sea nuestra policía en sus investigaciones, le debemos más cuando es capaz de evitar el delito, aunque ninguna estadística lo recoja. No deberíamos conformarnos con que las tasas de resolución de denuncias sean las más altas de España, sino preocuparnos de que los ajustes de plantilla, los experimentos organizativos y las limitaciones presupuestarias de los tiempos que nos ha tocado vivir no menoscaben la vigilancia que nos garantiza la maravillosa sensación de que podemos pasear por nuestras calles a cualquier hora del día o de la noche sin necesidad de echar la vista atrás. Ese es un privilegio del que aún disfrutamos y que tal vez no valoramos en lo que merece porque nos parece natural. Pero no lo es. Resulta muy fácil de perder. Basta con despreocuparnos, desentendernos de la realidad, consolarse con pensar que se trata de sucesos puntuales y dejar que el odio se alimente de nuestra indiferencia.
El empleo vuelve a aumentar en Asturias, pero uno de cada cuatro jóvenes trabajará para ir tirando como mayor expectativa. El último informe del Consejo de la Juventud recoge que solo el 18,4% de los asturianos menores de 29 años logra emanciparse. Las causas, evidentes. La reducción de los salarios, la temporalidad del empleo al que pueden aspirar y las dificultades para alquilar o comprar una vivienda hacen que la mayoría decida continuar bajo el paraguas de sus padres y estirar su sueldo hasta donde les alcance. Los datos de este estudio entroncan con otros como la constante pérdida de población de Asturias, el saldo migratorio negativo con el resto de comunidades autónomas o el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. La estadística encaja las piezas del rompecabezas asturiano para dibujar una región donde las esperanzas de la patronal, cuyo presidente asegura que este será el primero de muchos veranos en el que «iremos a la playa sin estar en crisis», conviven con la preocupación por una sociedad cada vez más envejecida y dependiente de las pensiones, un territorio que busca una industria más moderna mientras administra el imparable declive de sectores en los que antes asentaba su economía.
La ola de calor sin tregua que agosta la política regional se ha llevado por delante a la consejera de Infraestructuras. Belén Fernández, cansada de padecer sofocos parlamentarios, sintiéndose maltratada por la oposición y desamparada por los suyos, ha tirado la toalla. Deja su puesto asfixiada por la situación límite de Sogepsa, el parón de la Zalia, el bloqueo político del área central y su reprobación por la ineficacia de sus medidas frente a la contaminación. Tan distanciada de los ecologistas como de las empresas, su perfil de gestora eficaz se ha derretido ante la previsión de las altas presiones que se pronostican para el Ejecutivo asturiano en los dos años que restan de mandato. Su fatiga llegó al punto de que el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se vio obligado a sostener el escudo de su defensa en la Junta. Tampoco acudió la consejera a la cita con Íñigo de la Serna en Gijón. Belén Fernández prefirió no aparecer en la foto del anuncio ministerial de quinientos millones de inversión para el plan de vías de la ciudad y se evitó responder al órdago del Gobierno central en la tesitura de mantener su rechazo al proyecto pese a las mínimas exigencias de gasto para el Principado. Su decisión ya estaba tomada. Aunque muchos dentro y fuera del PSOE no lograban explicarse que Javier Fernández no hubiera aprovechado la marcha del titular de Industria un mes antes para rediseñar el Gobierno sin su consejera más impopular, esta muestra de confianza no fue suficiente para que Belén Fernández repensara su marcha.
El ministro de Fomento ha reconocido que el AVE no cruzará Pajares hasta 2021. Lo dijo en León al presentar la solución al fondo de saco en el que los asturianos viajamos 25 minutos hacia ninguna parte. Íñigo de la Serna espera poner fin a este sinsentido a finales de 2018. La prometida reducción de hora y media en el trayecto entre Gijón y Madrid aún tardará tres años más. Los trenes del siglo XXI llegarán a Asturias con dos décadas de retraso. Al ministro le han llovido las críticas desde el Principado. El Gobierno regional ha calificado de «revés mayúsculo» el nuevo calendario, Ciudadanos considera un «despropósito» una fecha que deja en papel mojado su acuerdo de investidura, Podemos opina que el Ejecutivo ha perdido «la legitimidad para hablar de plazos» y desde Izquierda Unida se ha pedido la declaración del titular de Fomento como «persona ‘non grata’». Unas reacciones que el ministro podía intuir. Aunque lleve 227 días en el cargo, De la Serna sabe que le toca recoger los platos rotos de una década de adjudicaciones deficientes, escasos presupuestos, proyectos indeterminados e infinidad de excusas. La ventaja del túnel para quienes le antecedieron fue que la oscuridad del trazado bajo tierra ocultó durante años una obra prácticamente paralizada. Solo el inexplicable tiempo consumido acabó por sacar a la luz la cruda realidad con la que le ha tocado lidiar.
Ignacio Echeverría emigró a Londres, como tantos jóvenes españoles, en busca de las oportunidades que ofrecía una capital cosmopolita y pujante a un abogado especializado en la lucha contra la delincuencia económica. Sus restos mortales regresaron a España en un avión militar, con honores de héroe. La barbarie terrorista le ha convertido en lo que no pretendió, pero que nunca dejará de ser: un símbolo frente a los intentos de arrebatarnos la libertad a machetazos. Ignacio se enfrentó a los tres yihadistas que apuñalaban sin piedad a una mujer en el puente de Londres. El único policía que había llegado al lugar de los hechos, armado únicamente con su porra, cayó al suelo a merced de los verdugos. Del grupo de tres amigos que observaban la escena con incredulidad avanzó Ignacio, blandiendo su monopatín, para enfrentarse a tres individuos decididos a morir matando. Les plantó cara hasta que uno de ellos logró situarse a su espalda y asestarle una cuchillada mortal. Cada segundo que resistió en pie, ralentizó un ataque concebido para asesinar al mayor número posible de personas en poco tiempo. Los terroristas se habían atado latas a su pecho, simulando chalecos bomba. Querían infundir pavor, que sus víctimas temblaran con solo verlos para degollarlas sin que ofrecieran resistencia. Ignacio no corrió. No porque pensara en la magnitud de un ataque que ni siquiera la policía conocía en aquel momento. Su gesto respondió a sus creencias. Hay quien se ha preguntado cuánta reflexión previa se necesita para que una acción heroica se convierta en un símbolo cuando lo que importa es cuánto merecen la pena las razones por las que se llevó a cabo. El ejemplo de Ignacio Echeverría no se limita al arrojo de avanzar hacia la muerte, sino a los principios por los que vivía. Los mismos con los que su familia ha afrontado una situación que incluso el Gobierno español llegó a calificar de «inhumana».
El espectro de José Ángel Fernández Villa regresa al Parlamento con cada paso de la Justicia contra quien fue el hombre más poderoso del sindicalismo asturiano. Han pasado tres años desde que la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación sobre la fortuna oculta del ex secretario general del SOMA, copado ahora por dos procesos judiciales, el que le acerca al banquillo de los acusados por meterse en el bolsillo el dinero destinado a pagar las obras del geriátrico del Montepío de la Minería Asturiana y el abierto a instancias de la organización que lideró durante más de tres décadas por utilizar la tarjeta de crédito del sindicato como si fuera la suya propia. Y cada vez que los jueces mueven un papel, el ruido del escándalo alcanza al Parlamento como el eco de un terremoto. Los partidos de la oposición miran a la bancada del Gobierno y recuerdan al presidente que el hombre que ahora visita los juzgados del brazo de su esposa, su hija y su procuradora presumía de ejercer el poder absoluto en el PSOE y dominar la política asturiana sin salir de Sama. En cada respuesta, el jefe del Ejecutivo insiste en que nunca ha negado su relación personal con Villa; también que no dejó pasar ni veinticuatro horas para expulsarlo del PSOE. Javier Fernández asegura que siente la tranquilidad de vivir sin temor «a lo que sepan ni a lo que digan los corrompidos». Dice no temer las «salpicaduras» que los partidos quieran lanzar sobre él porque «la contundencia y la rapidez» con la que los socialistas pusieron a su referente histórico de patitas en la calle «fortalecen mucho el alma para venir aquí y presentarme ante esta especie de comité de salud pública con un grupo de incorruptibles presidido por el Robespierre de bolsillo». Así están las cosas de la política asturiana, que encuentra sus metáforas en el reinado del terror de la revolución francesa.
Podría haberse ahorrado completar la explicación. En la frecuente hipocresía partidista, a nadie le habría sorprendido que Javier Fernández se hubiese parapetado en su prolongado mandato y en su deseo de abrir paso a una nueva etapa como únicos argumentos para no optar a la reelección. Un par de tópicos suficientes para recibir el aplauso de sus incondicionales, pero lejos de la altura política del secretario general que durante diecisiete años evitó con pulso firme las disputas internas en el socialismo asturiano. Dijo sí, que su decisión estaba tomada antes de las primarias, pero reconoció que la victoria de Pedro Sánchez «la ratificó». Su experiencia, que le llevó a intuir el triunfo del ‘sanchismo’ frente a una candidata que limitó su campaña a recorrer la Península bajo el palio de los barones, le alcanza de sobra para evitar el error de aferrarse al cargo frente a la opinión de la militancia. Sus propios partidarios presentaron las primarias en Asturias como un plebiscito del respaldo con el que aún contaba. Visto el resultado, Javier Fernández no ha querido refugiarse en la excusa de que no era su continuidad lo que se decidía. Se reconoce entre los perdedores y ha asumido su responsabilidad. Una decisión que le evita aparecer como un escollo y le permite demandar a quien ha ganado la «sintonía» necesaria para gobernar «sin interferencias». Situándose al margen de la batalla por la Secretaría General, no solo intenta ahorrarse una nueva derrota de la que incluso quienes le apoyan están casi convencidos, sino salvaguardar su Gobierno de un pulso en el que los socialistas asturianos necesitarán mucha generosidad y altura de miras para no caer en la tentación de cobrarse las afrentas infligidas durante una campaña en la que muchos, aunque en público dijesen lo contrario, se prometieron no dar cuartelillo al derrotado.
En las calles de Oviedo coincidieron esta semana dos protestas reflejo de las nada bonancibles circunstancias de la educación. A la misma hora en que profesores, padres y hasta alumnos de los colegios concertados recorrían las calles de la capital asturiana para rechazar un recorte de aulas que entienden excesivo y arbitrario, los profesores de la enseñanza pública se manifestaban para reclamar la prometida restauración de sus condiciones laborales. Unos y otros corearon consignas ‘contra Genaro’ (Alonso), el consejero al que esta legislatura le toca lidiar con unos problemas cuya solución siempre termina por darse de bruces con el presupuesto. El titular de Educación ha tenido que responder a unos y a otros. A los centros conveniados, les ha dicho que las matriculaciones marcan el número de aulas que la Administración está dispuesta a costear, por mucho que los responsables de estos colegios digan que en algunos casos se han suprimido grupos por un alumno, que reivindiquen el histórico papel que han desempeñado en la enseñanza asturiana o recuerden sus buenos resultados académicos. En su caso, la demografía lo es todo y el Principado considera ilógico mantener la financiación cuando el número de alumnos es menor. «El deber de la Administración es gestionar con eficiencia y no sostener lo que no se puede mantener», ha justificado Genaro Alonso.
Las administraciones han dado en llamarlos colectivo de difícil empleabilidad. Son trabajadores de mediana edad a los que la crisis ha dejado en el paro, madres de familia con niños a su cargo, jóvenes que no encuentran la oportunidad que merecen ni siquiera en precario. Muchos con una notable formación y una amplia trayectoria profesional han terminado en el saco de los nuevos pobres. El caso es que van camino de hacerse pobres antiguos sin más amparo que el salario social. Más de veinte mil asturianos necesitan esta prestación para poner un plato en la mesa. 2.090 viven pendientes de que se evalúe su situación para recibirla y otros seis mil aguardan a que se revise su petición en una angustiosa lista de espera. Cincuenta técnicos del Principado se ocupan de ellos. Si se toman su trabajo en serio, como merecen los ciudadanos para no ser tratados como expedientes, quienes hoy están los últimos de la cola serán atendidos dentro de año y medio. De este plazo, que costaría aceptar para el trámite administrativo más vulgar, depende la vida de muchas familias. Así que no resulta extraño que muchos de los beneficiarios del salario social rechacen un empleo si la perspectiva al final del contrato son dieciocho meses sin cobrar un euro. Pocos se atreven a correr ese riesgo. La mayoría se conforma con encontrar algún ingreso extra. Mientras los impuestos alcanzaron para financiar estas ayudas, casi nadie cuestionó su necesidad. Cuando la crisis disparó el número de solicitudes, la aplaudida red de protección social comenzó a mostrar la debilidad con la que estaban hilvanadas algunas de sus costuras. Las administraciones tienen dificultades para mantener su gasto, los funcionarios se ven desbordados y los beneficiarios de una ayuda concebida para salir del bache y evitar la exclusión se sienten condenados a la perpetua dependencia. Tacharles de conformistas como algunos hacen con excesiva facilidad resulta demasiado sencillo. Si tantas situaciones de necesidad tuvieran una conclusión tan simple, la solución también lo sería. Y no lo es. Como tampoco la picaresca de unos pocos permite juzgar a miles. Antes que a ellos, tal vez deberíamos condenar la impericia de los legisladores, que en ocasiones han abierto la puerta al oportunismo antes que a la justicia.