La ‘cumbre de Oviedo’ auspiciada por los Premios Princesa de Asturias quedará en la historia de lo mucho que por desgracia está por venir. Ojalá hubiera sido innecesaria, pero la contumacia del separatismo catalán nos impidió celebrar la fiesta en paz. Sí fue la ceremonia que España necesitaba. La fotografía del Rey con el presidente del Gobierno y los tres principales líderes de la Unión Europea quiso reflejar la respuesta de la unidad de los demócratas frente al riesgo de un nacionalismo que, en palabras de Antonio Tajani, «amenaza con llevarnos a los infiernos». Ante la mayor crisis territorial de su etapa democrática, España encontró el respaldo de las principales autoridades comunitarias, sin medias tintas. Las palabras del presidente del Parlamento Europeo destacaron por su rotundidad: «Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Su apelación a la concordia, su encendida defensa de una Europa creada para conquistar una democracia mejor para todos y, sobre todo, su categórica afirmación de que las resoluciones de la justicia «deben aplicarse, y punto» sorprendieron incluso. No fue la suya la voz de algunos líderes europeos que parecieron titubear ante las acusaciones de los partidos secesionistas sobre el empleo de la fuerza durante el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Su discurso dejó claro que es la Constitución el amparo de los valores democráticos que Europa defiende en su territorio y cerró la puerta a una de las principales aspiraciones del nacionalismo catalán: lograr que las autoridades comunitarias accedan a una mediación que suponga el reconocimiento implícito de un estatus como nación.
Las palabras de Tajani, como las del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y las del presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, respaldaron la determinación expresada por Felipe VI de resolver la crisis de Cataluña «por medio de las legítimas instituciones». Mariano Rajoy, que había programado con más detalle y anticipación de lo que se ha dicho su presencia en Asturias, logró transmitir al mundo la imagen de un respaldo internacional esencial antes de aprobar las medidas encaminadas «a restaurar el orden constitucional y el interés general en Cataluña». Más allá de la imagen, España ha encontrado, al fin, algo mucho más valioso ante la comunidad internacional: un discurso claro. Frente a la engañosa reivindicación de las libertades que expresa la Generalitat, el Gobierno tiene al fin una respuesta sencilla e irrefutable, no solo avalada por el Rey, sino también compartida por las democracias europeas. España no interviene en Cataluña porque sea incapaz de entender sus reivindicaciones identitarias, sino porque el Ejecutivo catalán está decidido a proclamar una independencia para la que carece de legitimidad. Por más disfraces con los que quieran vestir al secesionismo, las decisiones adoptadas por Puigdemont y sus socios valen lo mismo que las de cualquier grupo de iluminados por muy grande que sea. No existe una sola ley que les ampare, ni siquiera un respaldo social que les avale por más que digan. En nombre del pueblo solo se puede hablar tras una votación democrática, lo que no fue la parodia con la que pretenden justificarse. Esa es la explicación que el Gobierno español debe hacer llegar al mundo, algo que hasta el momento no ha logrado con la eficacia necesaria. La ‘cumbre de Oviedo’ ha supuesto un primer paso para que España aclare la verdadera naturaleza del ataque que ha sufrido su democracia. Pero no es suficiente con decirlo una vez. Por desgracia, es probable que el Gobierno necesite repetir en todos los foros internacionales la necesidad de defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos ante la amenaza de un nacionalismo totalitario. No cabe temer otra cosa tras la respuesta de Carles Puigdemont.
El futuro de Cataluña se juega a echar pies
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se han concedido unos días para echarse a pies la suspensión de la autonomía en Cataluña. El presidente del Gobierno, más cómodo en sus zapatos ahora que se ha sacado la chinita de la indecisión del PSOE. El autoproclamado campeón del independentismo, con los pies entumecidos en las botas que le ha puesto la CUP. Por más que encoja los dedos, el calzado no mengua. Ni monta, ni cabe. Es lo que tiene una independencia con fecha de consumo preferente. El Gobierno ha respondido a la secesión en suspenso con un artículo 155 condicionado a las explicaciones del president, que viene a ser algo así como un ‘dilo si te atreves’. La respuesta está en la cara que se les quedó a quienes el independentismo había convocado a la fiesta de la república y volvieron a casa convencidos de que les habían tomado el pelo. El PDeCAT, que antes de rebautizarse supo tantas veces tensar la cuerda y soltar a tiempo de recoger las prebendas, sabe que al avión de la independencia le falta potencia para despegar antes de estrellarse contra el muro de la justicia. De momento, Puigdemont, aunque no sea más que por saciar su ego, podrá decir que proclamó una república durante treinta segundos, por mucho que fuera con la boca pequeña y más ficticia que la ínsula Barataria. A pesar de ello, no renuncia a sacar tajada de su ambigüedad, aunque aún no tenga muy claro si no se la comerán Oriol Junqueras o Ada Colau.
El ruido de la declaración nonata le ha permitido presentar el conflicto catalán ante la comunidad internacional. Incluso Donald Trump, por más que algunos duden que sepa dónde queda Barcelona, ha tenido que pronunciarse. La UE ha respaldado al Gobierno, pero le ha pedido que dialogue. El discurso mártir del president ha tenido eco fuera de España. Resulta innegable. Su campaña de imagen resultó mucho más calculada que la fría versión oficial, que ni siquiera se atrevió a decir lo que piensa de la cifra de ochocientos heridos facilitada por la sanidad catalana. La precisa estrategia del victimismo ha logrado que el delegado del Gobierno en Cataluña casi pidiera disculpas porque la Policía hiciera su trabajo, ha llevado a Podemos a incluir el referéndum de autodeterminación en su programa electoral y ha forzado al PP a asumir la reforma constitucional exigida por Pedro Sánchez. Todo eso se ha echado al morral el independentismo catalán a costa de una sangría de empresas propia de un conflicto armado. El dinero no atiende al afecto, se aferra a las certezas, y lo único seguro con Puigdemont es su desprecio a las leyes. La estampida empresarial pesó más en la etérea declaración del Ejecutivo catalán que las apelaciones al diálogo.
Rajoy puede sentirse más seguro que hace unas semanas. La firmeza del Rey, el respaldo de la Justicia, la profesionalidad de la Policía y, sobre todo, los votos del PSOE y Ciudadanos le garantizan la capacidad de aplicar las medidas necesarias, incluida la suspensión de la autonomía. Pero con el artículo 155 o sin él, la respuesta debe ser rigurosa, sensata e inteligente. No se trata de vencer, sino de garantizar a los ciudadanos de Cataluña los derechos que intentan arrebatarles. Sin enredos ni atajos. A estas alturas, es probable que Puigdemont desee tanto como los partidos que las reclaman unas elecciones, pero nada agradecería más que un argumento para gritar al mundo un nuevo agravio a Cataluña y sus instituciones. Seguro que él preferiría lograr una mayoría en las urnas, no como las que compró en los chinos para el simulacro de referéndum, sino en las de verdad, las únicas que legitiman un proyecto político. No ignora que las aspiraciones de los catalanes solo tienen futuro con unos socios más fiables que quienes llaman a tomar las calles y saltarse la ley. Ese camino, el de los tiranos, conduce al infortunio. Bien lo sabe. Pero sus fullerías mientras calcula los pies que le faltan para pisar el límite son una tragedia para Cataluña.
El ‘procés’ totalitario
El camino hacia el abismo del delirio llamado ‘procés’ ha comenzado a mostrar su verdadera cara, que no es la reivindicación soberana que esgrime, ni el sentimiento identitario alimentado de agravios reales o ficticios, sino el autoritarismo de quien está dispuesto a imponer sus ideas con absoluto desprecio a las consecuencias y a la opinión de los demás, incluso de la mayoría. Por más que el discurso secesionista se parapete tras el legítimo derecho de los catalanes a expresar su opinión, solo en un régimen sin libertad ocurre que los policías vivan atrincherados en hoteles, que los niños abandonen los colegios para no sufrir humillaciones, que las empresas emprendan la fuga, que los ciudadanos tengan miedo a dar su opinión para no ser, como mínimo, señalados con el dedo…
Cuesta creer que ni siquiera el más ferviente partidario del independentismo aspire a construir un estado sobre los cimientos de la imposición y el miedo. No es democracia lo que defiende quien se erige en la voz del pueblo tras una farsa plebiscitaria que ni siquiera los observadores de parte se atrevieron a avalar. Tan carnavalesca resultó la consulta que Carles Puigdemont anunció sus intenciones de proclamar la independencia antes de facilitar los datos, consciente de que carecían de toda credibilidad. El ‘procés’ se sustenta en la fractura social, la intransigencia, la intimidación y el nacionalismo irracional. La histórica receta del autoritarismo de todos los colores. Y no resulta fácil defenderse de él cuando consigue arrastrar tras de sí incluso a quienes creen defender todo lo contrario. La historia nos ha enseñado el error que supone combatirlo con el odio, la fuerza o el miedo, pero no nos impide cometer errores. Poco ayudan los llamamientos a la fuerza sin contemplaciones o las disputas entre líderes políticos, incluso de un mismo partido, que ni siquiera saben si discrepan o se tropiezan.
Ayer, miles de personas se manifestaron en toda España, en marchas separadas, unas para defender la unidad, otras para reclamar diálogo. Habrá quien vea en ello una muestra de división. No resultaría extraño que los adalides de la declaración unilateral de independencia intentaran utilizarlas como argumento de que su estrategia ha logrado abrir una brecha entre los españoles. Solo será así si se lo permitimos. Porque antes que nada fueron el reflejo de una España plural donde caben opiniones distintas, complementarias o incluso contrarias, ante un mismo problema. Ese es uno de los privilegios que nos garantiza la Constitución y que solo desde la inconsciencia podemos minusvalorar. Esa ley que nos ampara es el único camino que podemos seguir para solucionar la mayor crisis territorial a la que nos hemos enfrentado. Solo a partir de ella cabe ese diálogo tan invocado y despreciado al mismo tiempo que muchos han terminado por pensar que algo esencial resulta inútil. Solo con la plena vigencia de unas condiciones democráticas tendremos la posibilidad de continuar decidiendo juntos cuáles son las reglas con las que queremos regular nuestra convivencia. Por desgracia, eso no ocurre en estos momentos en Cataluña, donde el Govern está dispuesto a dictar sus propias normas de forma arbitraria, sin la menor garantía de amparo de los derechos fundamentales, ni siquiera para quienes respaldan la independencia. Por eso es tan urgente restaurar el orden constitucional. No para demostrar la fortaleza del Estado, sino para evitar que la única ley vigente sea la del más fuerte. Por eso conviene no equivocarse en las formas. Y a partir de ahí, de todo cabría hablar y votar en democracia. Un estado de derecho no debe impedir jamás que sus ciudadanos opinen, pero sí garantizarnos que podamos hacerlo con auténtica libertad.
Un día amargo
No cabe mejor deseo que esperar que nada ocurra en el día en el que los independentistas tanto pretenden que suceda. Aún así, será un día amargo. Cuando el sentimiento de identidad se pervierte para alimentar el odio brota el totalitarismo, dispuesto a pisotear la ley y a estrangular las libertades. A este punto ha llegado el Gobierno catalán con la convocatoria de una consulta ilegal, una campaña en la que las discrepancias no han tenido cabida y una pantomima de referéndum para el que ha despojado a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. La Generalitat quiere sustentar una nación en el esperpento de un sufragio donde los votos se depositarán en cajitas de plástico compradas en China, carente de mesas electorales, con centros de votación abiertos a escondidas de la Policía y un censo electoral reducido a los incondicionales dispuestos a dar algún valor a un plebiscito tan improvisada como estéril. Ni el más convencido de los independentistas debería sentir el ansia de vivir en un país autoproclamado en las mismas condiciones en las que los estados fallidos eligen a sus tiranos. Ni siquiera lo inútil de la parodia electoral puede consolarnos a los demás del golpe que supone a nuestra democracia. El 1-O quedará como una jornada funesta para cualquiera que crea en la libertad y en la igualdad de derechos de los ciudadanos para decidir su futuro como pueblo. Nada se solucionará ni aclarará. A nadie, dentro o fuera de Cataluña, se le escapa esto. Solo los inconfesables intereses y ambiciones de quienes se han empeñado en hacernos pasar por este drama permiten entender el punto al que hemos llegado.
Tan inválida será cualquier cosa que resulte del mal llamado referéndum que nuestros políticos piensan ya en el día siguiente. Sus especulaciones oscilan entre la posibilidad de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, esté dispuesto a llevar su mesianismo al límite de proclamar la segregación para garantizarse un juicio en el que presentarse como mártir o se conforme con utilizar el victimismo del 1 de octubre como el primer acto de la próxima campaña electoral en Cataluña. El Gobierno de Mariano Rajoy cree que los líderes del independentismo han quedado desacreditados como interlocutores tras situarse al margen de la ley, por lo que de nada sirve hablar con ellos. El discurso del Ejecutivo se limita a señalar que ahora su misión es detener el referéndum o cualquier otro desafío ilegal, incluida una hipotética declaración de independencia. Por el momento, parece no haber más plan que dejar trabajar a los jueces y esperar que las aguas vuelvan a su cauce en unas anheladas elecciones autonómicas. En los corrillos del Congreso se comenta que tal vez una nueva mayoría política en Cataluña convierta en un mal sueño todo lo acontecido en los últimos años. O en el peor de los casos, quizás un nuevo gobierno de corte independentista, pero más pragmático, acceda a negociar unas condiciones aceptables para ambas partes. Hasta aquí llega lo que piensan muchos de nuestros parlamentarios y por lo que parece toda la estrategia política de los principales partidos frente al drama de Cataluña. Unos, en la confianza de que las urnas recompensarán su firmeza ante el desafío independentista. Otros, con la esperanza de que su apoyo a un referéndum en condiciones de legalidad se transforme en réditos electorales. Casi todos en la convicción de que unas elecciones traerán la calma. La misma receta que durante años muchos creyeron suficiente para solventar los problemas hasta convertir en un tópico el juego con el Gobierno catalán de tensar la cuerda para terminar satisfaciendo sus exigencias con unas cuantas concesiones. Pero en esta ocasión, después de que la Generalitat haya conducido a sus partidarios más radicales al límite de la insurrección, de que muchos catalanes hayan sufrido un acoso despiadado solo por expresar sus opiniones y de que tantos se sientan incomprendidos, tal vez convendría un debate político que nos ofrezca un futuro más seguro que las componendas y los remiendos.
El PSOE asturiano, en ebullición
Un segundo después de la incontestable victoria de Adrián Barbón comenzó en el PSOE asturiano la inevitable ebullición que sucede a un cambio de liderazgo. Son etapas que la militancia vive con exaltación, propicias también para las resurrecciones, las conversiones exprés y los ajustes de cuentas. La política asturiana ha entrado en un nuevo ciclo en el que casi todo lo que está por venir dependerá de la bicefalia que encarnan dos personalidades muy distintas.
Adrián Barbón ha prometido renovar el PSOE y respaldar la acción del Ejecutivo. En sus declaraciones, en las que ha pedido mesura, se advierte la prudencia de quien sabe lo complicado que resultará conjugar ambas cosas. La militancia ha avalado su oferta de cambio con una amplia mayoría, pero los próximos resultados electorales dependerán también, y mucho, de lo que haga un gobierno que apoyó a su rival.
Javier Fernández anunció su intención de completar su mandato en el Principado al mismo tiempo que renunciaba a la reelección al frente del partido. El presidente regional entiende esta promesa como la medida de su sentido de la responsabilidad, el mismo que le llevó a situarse frente a Pedro Sánchez y a compartir con Susana Díaz el bando de los perdedores. Tampoco él lo tendrá fácil. Sus discrepancias con la nueva mayoría socialista en Asturias son evidentes y profundas. Y tan peligrosos como sus adversarios, el puñado de autoproclamados incondicionales decididos a continuar la guerra por su cuenta. Solo así se entienden la aspereza de algunos y las ausencias de otros en las asambleas en las que se votó la gestión de Javier Fernández. El Gobierno asturiano podía esperar la ofensiva de los ‘sanchistas’, pero no que parte de sus paladines se retiraran para salvar sus muebles aún a costa de erosionar la figura del presidente.
Si algo pueden compartir los líderes que personifican la retoñada bicefalia del socialismo asturiano serán las dificultades para aplazar las facturas de las muchas cuentas pendientes cuando a los militantes les queda tanto por decidir. En primer lugar, quién será el próximo candidato regional. Aunque la liturgia del partido no lo incluya aún en el orden del día, en los corrillos de afiliados lo que interesa es conocer los designios de Adriana Lastra, la asturiana con más peso en la Ejecutiva de Pedro Sánchez; las intenciones de Fernando Lastra, al que tres meses al frente de la Consejería de Infraestructuras le han bastado para convertirse en un referente para muchos de los que buscan un aspirante alternativo al nuevo aparato; los afanes de Guillermo Martínez, el consejero que sostiene el escudo del presidente; las ideas de Francisco Blanco, renacido en el ‘sanchismo’ tras dejar el Gobierno; el criterio de Gimena Llamedo, que tendrá mucho que decir en casi todo, y por supuesto, los propósitos de José Luis Alperi, que no necesita alzar la voz para que ahora todos en el PSOE le escuchen.
Entre la militancia también se habla, y mucho, del futuro de las principales agrupaciones. Queda por solventar el liderazgo de la AMSO tras la renuncia de Wenceslao López, que no ha querido aprovechar su condición de alcalde para acomodarse en una secretaría general que pocos se atreverían a discutirle en este momento. En la sede socialista de Gijón no hay otro tema de conversación que la continuidad de José María Pérez, más que en entredicho no solo por su derrota frente a Barbón, sino porque el resultado de la última asamblea evidenció la debilidad de sus apoyos. Y sobre Avilés, muchos se preguntan qué hará Mariví Monteserín después de erigirse en baluarte del bando derrotado en las primarias.
Con todo esto por resolver, a Javier Fernández y Adrián Barbón les queda por delante en las próximas semanas no solo un congreso del PSOE en el que se medirán sus posibilidades de entendimiento, también el debate sobre el presupuesto regional, que la oposición espera como agua de mayo para dejar en evidencia sus diferencias y contradicciones. Todo un reto para los compromisos que ellos mismos se han impuesto.
Grupos violentos
Extremistas por definición, son más fáciles de identificar por su comportamiento que por su nomenclatura o su ideología, limitada a un batiburrillo de consignas, prejuicios y cánticos. Casi inofensivos por separado, mejor no cruzarse en su camino cuando van en rebaño, amparados por la masa, enardecidos por el alcohol y bajo el presunto anonimato de las capuchas. Los grupos violentos hacen de los terrenos de juego un campo de batalla, de las calles una encerrona y de los foros de internet un vertedero. Campan a sus anchas gracias a las pocas ganas de buscarse problemas de la mayoría, que expresamos el desprecio con la indiferencia, ignoramos sus insultos y preferimos cruzar de acera. Nuestra prudencia, cobardía a sus ojos, alimenta su sentimiento de impunidad. Conocen al dedillo la ley para saber hasta dónde las poses violentas y las amenazas veladas pueden hacer que cualquiera dé un paso atrás con la impresión de que han estado a punto de partirle la cara sin más razones que haber respondido a sus insultos, llevar una camiseta del rival o mirarles el tiempo suficiente para darles, sin pretenderlo, la excusa con la que iniciar una pelea. Pero como también son bulliciosos, coloristas y pagan entrada, durante mucho tiempo tuvieron un espacio reservado en los estadios de toda España. Muchos dirigentes de los clubes de fútbol preferían apaciguarlos con prebendas antes que plantarles cara y encontrarse con pintadas amenazantes o las ruedas del coche pinchadas. Al fin y al cabo, siempre estaban ahí, en los triunfos y los fracasos, incondicionales. Llevó tiempo que las autoridades y los equipos de fútbol se dieran cuenta de que la libertad no justificaba esperar a la tragedia y que la tibieza, lejos de apaciguarles, solo acrecentaba sus bravatas. Incluso costó vidas que nos hartásemos y nos convenciéramos de la necesidad de aprobar leyes específicas para combatirlos y sacarlos de los lugares a donde queríamos ir con nuestros hijos sin sentir miedo. Comenzamos a aplicarlas y nos creímos a salvo, hasta nos permitimos ponernos como ejemplo frente a la vergonzosa permisividad de otros países.
La seguridad también origina despreocupación y hace mucho que este problema, atenuado, dejó de inquietarnos. El código penal no prevé el riesgo de nuestra tolerancia, así que la policía y los jueces deben esperar a que empiecen los golpes y el jolgorio termine en disturbios. Solo entonces actuamos. En ocasiones, con poco éxito. Los puñetazos castigados con penas menores por lesiones y los daños sancionados con multas han convencido a más de uno de que sus delitos merecieron la pena. Tanto es así que los radicales que estábamos dispuestos a erradicar siguen ahí, rejuvenecidos, bajo nuevas denominaciones o incluso con su nombre de siempre. De vez en cuando se les va la mano. Es entonces cuando nos indignamos, exigimos medidas contundentes y recibimos promesas de inmediatas actuaciones. A las pocas semanas casi todo el mundo se olvida de lo ocurrido. Hasta el punto de que volvemos a admitirlos en nuestras celebraciones y en las gradas, donde se sienten con más derecho que nadie, cómodos y convencidos de que pueden seguir a lo suyo. Tanto, que si la policía carga contra ellos denuncian el abuso de autoridad. Cuando son detenidos, todos alegan que estaban en otra parte haciendo cualquier otra cosa, pero acuden al juzgado con pasamontañas, no como comparece quien se siente inocente, sino como se presentan quienes saben que la mayor dificultad para condenarles será desmontar sus mentiras. Porque todas las hazañas de las que presumen en las barras de los bares las cometen con la cara cubierta, y por supuesto, la culpa de que se vean ante un juez siempre es de quien se atreve a denunciar su brutalidad o del policía que los detuvo. Con todo, lo más peligroso no es su cinismo, sino la silenciosa complicidad que aún encuentran.
Ante el precipicio de la intolerancia
La grotesca aprobación del referéndum en el patio de comedias del Parlament dejó claro no solo que la legalidad, incluso la propia, les importa un comino a los independentistas catalanes, sino lo lejos que están dispuestos a llegar para doblegar a todo un país. Asomados de repente al abismo de la ruptura a muchos dejaron de parecerles exagerados quienes alertaban del riesgo y prudentes los que se conforman con esperar a que el tiempo arregle el asunto. La única ventaja de la soez patada que los secesionistas han propinado a las leyes ha sido que la Fiscalía ni siquiera ha necesitado trabajar demasiado para que los tribunales comiencen a investigar a todo el Govern por delitos penados con prisión. El Ejecutivo central también ha logrado que el Constitucional advierta a 62 altos cargos de la Generalitat y a los 948 alcaldes de Cataluña de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa encaminada a facilitar la consulta ilegal. Queda por ver hasta dónde están dispuestos a llegar Carles Puigdemont y sus secuaces, empeñados en presentarse como mártires del republicanismo catalán. Poco les ha importado dejar sin argumentos a quienes defendían la votación popular como una salida razonable. Sin garantías legales ni el mínimo respeto a los principios democráticos, el referéndum, además de una pantomima, se quedaría en una indefendible asonada. Pero la estrategia para forzar la ruptura no busca los caminos de la democracia. El secesionismo apurará todas las opciones para celebrar el referéndum hasta el último minuto del 1 de octubre, que será el primero de una nueva campaña electoral con tintes de plebiscito independendista. Su intención es estirar la cuerda hasta que el miedo a discrepar impida cualquier respuesta al totalitarismo de quienes desprecian incluso a quienes solo imploran un poco de cordura.
La respuesta a un desafío con ribetes de sedición se la ha dejado el Gobierno a la justicia, que no es más que lo lógico en un Estado de Derecho. El poder judicial debe desempeñar su papel como garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. En ello está; parece que sin titubeos. El recurso presentado por el Ejecutivo prevé frenar cada paso hacia la consulta. Por el momento ha conseguido que los ayuntamientos, incluido el de Barcelona, se nieguen a ceder sus locales para cometer un delito. Mariano Rajoy asegura que la reacción del Ejecutivo será no solo rápida, sino también firme, inteligente, serena y proporcional. Sus decisiones para evitar que la Generalitat plante las urnas en la calle cuentan con el respaldo por anticipado del PSOE y Ciudadanos, que junto a los populares abandonaron el Parlament para dejar en evidencia una pantomima en la que ni siquiera se respetaron las opiniones de quienes intentaron recordar las obligaciones que conlleva ocupar un escaño. Pero la solución al conflicto con Cataluña no llegará solo con las sentencias de los tribunales. Una sociedad democrática se protege con las leyes, pero se construye con la política. Y en los últimos tiempos quienes intentan minarla han trabajado sin descanso mientras los grandes partidos han oscilado entre la inacción, la duda, la superficialidad y el interés por sacar tajada electoral. Cada uno a lo suyo hasta que la intolerancia nos ha mostrado el precipicio. No se trata ya de buscar la fórmula legal para frenar la demencial huida hacia adelante de Puigdemont y Junqueras, sino de buscar el consenso necesario para impedir una fractura en Cataluña que haga imposible la convivencia. Este es el gran desafío que plantea un independentismo al que poco le importa lograr su objetivo por mayoría o por la fuerza. Para enfrentarse a él, de poco servirán las candorosas ocurrencias que aspiran a contentar a todos ni la obcecada negación de la realidad. Hacen falta políticos a la altura de unas circunstancias que el tancredismo solo puede empeorar.
La tentación de la opacidad
Siete años y siete meses se hizo esperar la sentencia del ‘caso Renedo’. La denuncia de una mujer, atónita tras descubrir que una alta funcionaria regional había usurpado su identidad para desviar a su cuenta ayudas del Principado, llevó a la Policía y a una jueza a tirar de un hilo en cuyo extremo se encontraron a la cúpula de Educación compinchada con dos de las principales empresas suministradoras de la consejería para enriquecerse a costa del dinero de los asturianos. No ha sido el primer asunto de corrupción juzgado en Asturias. Antes, otros funcionarios y políticos fueron condenados. Pero nunca una investigación había terminado con 43 imputados, ocho condenas, unas penas que suman 40 años de cárcel y 6,7 millones de multa. Nunca los reos habían ocupado tan altas responsabilidades en la Administración ni habían llegado a condicionar el funcionamiento de una de las consejerías con mayor presupuesto para hacer compatible la gestión ordinaria con el cotidiano lucro personal. Las empresas financiaban a los altos cargos viajes, coches y hasta obras particulares. A cambio se llevaban la mayor parte de los contratos, algunos ficticios. El consejero José Luis Iglesias Riopedre pedía a los empresarios que contratasen los estudios geológicos a su hijo. Unos costosos sondeos para las arcas públicas que aseguraban a los benefactores la prioridad en las adjudicaciones. En esa tesitura, la ‘número dos’ de la consejería, María Jesús Otero, disfrutaba del privilegio de conocer los apaños que imponían el silencio a su jefe y el poder suficiente para conseguir, según recoge un informe policial, que las principales empresas abastecedoras de equipamiento para los colegios asturianos costeasen por anticipado sus gastos en joyerías.
El Gobierno asturiano cuantifica en «al menos cinco millones» el dinero que pasó de las arcas públicas a los bolsillos de los ahora penados. Acostumbrados nuestros oídos a las escandalosas cifras de los grandes casos de malversación en España aún habrá quien se encargue de buscar la benevolente comparación con los grandes corruptos ibéricos. Por muy misericordioso que se pretenda ser, la cuantía resulta demasiado indecente para pensar que lo ocurrido se redujo a un momento de debilidad personal. Hace falta un proceso sistemático para sisar esta cantidad de euros en contratos de obras menores, todo un entramado que terminó por condicionar la compra de muchas de las mesas y sillas en las que se sientan los escolares asturianos. Las penas impuestas por la Audiencia Provincial así lo refrendan además.
Si algo ha demostrado la investigación fue la ineficacia de la Administración para detectar la corrupción en su seno. De no haber sido por la torpeza de Marta Renedo de falsificar la firma de su jefe, lo que llevó a sus superiores en el Principado a presentar una denuncia y a los jueces a autorizar escuchas telefónicas, José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero estarían disfrutando de una apacible jubilación. La detención del exconsejero y su mano derecha terminó con la sensación de invulnerabilidad de los altos cargos, fortaleció el rigor en los controles y devolvió protagonismo a los funcionarios encargados de velar por la legalidad. Su condena deja claro que la justicia asturiana no titubea al repartir años de cárcel ante unos delitos que antes la sociedad parecía considerar menores y ahora intolerables.
Sin embargo, la resolución judicial no termina con la indignación de los ciudadanos. En primer lugar, porque a la mayoría les cuesta creer que los convictos ingresen en prisión y menos aún que devuelvan el dinero sustraído. Aunque también debería preocuparnos la situación de una justicia que ha tardado casi cuatro años en dictar sentencia desde que el juez Ángel Sorando diera por cerrada la instrucción, un tiempo en el que los culpables ya se sentían libres y los inocentes injustamente condenados. Y más aún debería inquietarnos que todas las leyes que los partidos anunciaron a bombo y platillo para garantizar la transparencia y perseguir la corrupción en Asturias lleven enfangadas en el Parlamento el tiempo suficiente para ofrecer a los políticos y funcionarios la tentación de una sugestiva opacidad. Si son tan necesarias como nos han dicho, mal se entiende que les cueste tanto aprobarlas.
El espíritu de Barcelona no son los pitos
Cabía esperar abucheos en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo. Se hizo mucho para que los hubiera. El empeño en distinguir los uniformes de quienes están dispuestos a jugarse la vida para garantizar nuestra seguridad, la pugna entre administraciones por tener la última palabra sobre la investigación, la decisión de relegar a un segundo plano a los representantes institucionales y el interés por degradar el valor de la unidad a la categoría de un simple analgésico frente al dolor hacían presagiar que algunos no desaprovecharían la ocasión de hacerse oír. En la jornada previa, el presidente de Cataluña se olvidó de la importancia de la manifestación para centrarse en reivindicar ante la comunidad internacional su capacidad de autogestión ante la tragedia. Después de una semana de encontronazos, Mariano Rajoy se vio forzado a ensalzar la coordinación y el entendimiento entre administraciones para conjurar el riesgo de ofrecer al mundo una imagen de desunión. El Rey y el presidente del Gobierno podían contar con los pitos, las esteladas y las pancartas. Su decisión de sumarse a la marcha a sabiendas de lo que podía encontrarse redobla la importancia de su presencia en una jornada histórica, en la que una multitud salió a la calle para gritar «no tinc por». Era la marcha de todos, independentistas o no, de la izquierda y la derecha, de los españoles y los extranjeros, creyentes o ateos, de cualquiera cuyo credo defienda la paz frente a la barbarie. El gran error de las instituciones hubiera sido no entenderlo así y aceptar las reglas de quienes pretendieron convertirla en un acto con invitación.
Mayor equivocación supondría permitir que el clamor frente al terrorismo quedase acallado por los gritos de quienes han intentado aprovechar la atención del mundo para lanzar su campaña política. Tan peligroso como cerrar los ojos ante el discurso de la intolerancia y la islamofobia que también se ha atrevido a asomar sus colmillos tras el atentado de las Ramblas. Unos y otros con la misma intención: utilizar nuestra consternación en su beneficio. Entrar en el perverso juego de quienes buscan sacar partido del dolor sería tanto como conceder una victoria a los terroristas, asumir que la dureza de sus golpes es capaz de condicionar nuestras acciones y alterar nuestros principios. Decenas de miles de personas se concentraron en la plaza de Catalunya para recordar a las víctimas de la sinrazón, reivindicar una sociedad libre frente a quienes matan en nombre de un dios al que manipulan y proclamar el carácter cosmopolita, abierto e integrador de una ciudad y de un país dispuestos a defenderse con las normas que sus ciudadanos deciden darse frente a la ley de las balas.
Ante esta amenaza, reducir la concentración de Barcelona a los gritos de unos pocos o menoscabar su trascendencia a una suerte de terapia colectiva resulta tan estúpido y estéril como reducir nuestra estrategia de seguridad frente al terrorismo a contar bolardos o debatir sobre la valía de los uniformes. Peor aún, supone olvidarnos de unas víctimas a las que deberíamos rendir el homenaje que merecen, que no es otro que salvaguardar cada día la libertad que intentaron arrebatarnos con su muerte. Ese es el espíritu de Barcelona por mucho que algunos hayan querido hacer de él otra cosa.
El grito de Barcelona
Luchamos en una guerra en la que nuestro enemigo es un kamikaze casi sin edad para tener el carné de conducir. La Policía cree que un joven de origen marroquí, que hablaba catalán y nunca había mostrado interés por la religión, fue quien enfiló Las Ramblas a toda velocidad en una furgoneta con la que fue cazando a los transeúntes. Zigzagueando para teñir de sangre la calle que Lorca llamó la más alegre del mundo, «la única donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año». El asesino formaba parte de una célula yihadista cuyos integrantes apenas tenían suficientes años para pensar que su vida había comenzado, pero dispuestos a inmolarse para alcanzar un inexistente paraíso de néctares y huríes. Un grupo de adolescentes que en pocos meses pasaron de darle patadas a un balón en la escuela de fútbol sala de su pueblo a pedir el exterminio de todos los infieles. Un proceso de radicalización exprés en el que resulta improbable que tuvieran tiempo de leerse las enseñanzas de un libro que pervierten.
Los servicios de inteligencia de Marruecos calculan que el autoproclamado Estado Islámico cuenta en sus filas con al menos dos mil jóvenes crecidos en Europa. Terroristas que no conocen de la tierra natal que añoran más que la insidiosa propaganda que reciben, muchos de ellos sin antecedentes y entrenados para burlar a los servicios de inteligencia. No necesitan casi nada para matar porque no les importa morir. Un coche o una navaja les sirven como armas, sin renunciar a proyectos más ambiciosos con materiales explosivos, cuya utilización aprenden en el lado más oscuro de internet. Los responsables de la investigación creen que la célula de Ripoll preparaba la mayor masacre terrorista cometida en Europa. Su plan incluía ataques con furgonetas bomba, atropellos y apuñalamientos. La explosión de las bombonas de gas que manipulaban en un piso de Alcanar les llevó a actuar a la desesperada, antes de que la policía pudiera interrrogar al herido encontrado entre los escombros de la vivienda. Dos vehículos alquilados, un puñado de armas blancas y unos falsos cinturones bomba les alcanzaron para recordarnos que la barbarie no firma treguas.
Ninguna respuesta mejor que el clamor espontáneo de quienes se concentraron en Barcelona apenas unas horas después de la masacre. «No tenemos miedo». Un grito unánime con el que miles de ciudadanos expresaron no la valentía individual que muchos también demostraron en los momentos posteriores a los atentados, sino la determinación de un país dispuesto a luchar por sus creencias. Una reacción que brotó de nuestra identidad y que superó las opiniones impulsivas y estériles alimentadas al calor del desahogo: polémicas sobre bolardos teñidas de ideología, controversias sobre vídeos que ningún periódico aceptó publicar pero que muchos individuos estaban interesados en difundir, discusiones respecto al empleo del catalán en las ruedas de prensa o análisis a conveniencia de las consecuencias políticas de la sangre derramada por los terroristas. Debates acallados por un grito surgido de todo aquello por lo que merece la pena vivir frente a quienes solo tienen la muerte como argumentación; que nos recuerda la necesidad de vencer a quienes intentan conducirnos, por el camino de la sangre, hacia la duda y el enfrentamiento; capaz de hacernos sentir que más allá de la disparidad de opiniones que nos permite nuestra libertad, hemos construido una sociedad en la que podemos gritar nuestros principios bien alto y unidos. Ese es el primer paso que da una democracia cuando se ve obligada a defenderse. No paremos. Volvamos a caminar por Las Ramblas.