El ministro de Fomento ha reconocido que el AVE no cruzará Pajares hasta 2021. Lo dijo en León al presentar la solución al fondo de saco en el que los asturianos viajamos 25 minutos hacia ninguna parte. Íñigo de la Serna espera poner fin a este sinsentido a finales de 2018. La prometida reducción de hora y media en el trayecto entre Gijón y Madrid aún tardará tres años más. Los trenes del siglo XXI llegarán a Asturias con dos décadas de retraso. Al ministro le han llovido las críticas desde el Principado. El Gobierno regional ha calificado de «revés mayúsculo» el nuevo calendario, Ciudadanos considera un «despropósito» una fecha que deja en papel mojado su acuerdo de investidura, Podemos opina que el Ejecutivo ha perdido «la legitimidad para hablar de plazos» y desde Izquierda Unida se ha pedido la declaración del titular de Fomento como «persona ‘non grata’». Unas reacciones que el ministro podía intuir. Aunque lleve 227 días en el cargo, De la Serna sabe que le toca recoger los platos rotos de una década de adjudicaciones deficientes, escasos presupuestos, proyectos indeterminados e infinidad de excusas. La ventaja del túnel para quienes le antecedieron fue que la oscuridad del trazado bajo tierra ocultó durante años una obra prácticamente paralizada. Solo el inexplicable tiempo consumido acabó por sacar a la luz la cruda realidad con la que le ha tocado lidiar.
De la Serna ha fijado la sexta fecha comprometida desde el Gobierno central para completar la variante. Sostiene que poner plazo a cada tarea pendiente es la mejor manera de garantizar el control de los trabajos y apela al pragmatismo. Por el momento, ha mandado a la papelera el proyecto del nuevo trazado entre Pola de Lena y Gijón. Está convencido de que las variantes que permitirían ahorrar unos pocos minutos más no justifican un gasto colosal y un irreparable impacto en el medio ambiente. Prefiere mejorar el tendido actual, adecuar las vías a los nuevos trenes y reducir las limitaciones de velocidad. Algo que se podía haber decidido antes y que la lógica parecía dictar, pero que nadie en su puesto se había atrevido a decir. Lo asumible de este planteamiento se ha notado en las pocas críticas que ha recibido de los políticos asturianos a pesar de dar carpetazo a una obra de 1.600 millones. En lo único que todos los partidos están de acuerdo es que lo realmente importante es finalizar la variante. Guste más o menos, el nuevo ministro ya tiene su propia hoja de ruta, marcada por el acuerdo presupuestario con Foro Asturias. Su responsabilidad será cumplir lo que ahora ha prometido otorgándose un margen de tiempo que agota la legislatura.
Aún le queda una gran decisión por anunciar: concretar su propuesta para evitar que el AVE llegue a la estación prefabricada de Gijón, una solución provisional que va camino de eternizarse. Íñigo de la Serna visitará la ciudad en breve para presentar su alternativa a un plan de vías concebido tan al calor de la burbuja inmobiliaria que de momento solo ha permitido acondicionar un parque a medias. La alcaldesa de Gijón le reclama compromisos concretos, como los asumidos «en su periplo por varias ciudades del Mediterráneo, el País Vasco y Santander». Carmen Moriyón está convencida de que si su partido no hace valer el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, Gijón puede dar por perdida la estación que necesita. Tras su última reunión sobre el asunto, el ministro señaló estar sorprendido de que tras una década de debate los partidos aún no se hubieran puesto de acuerdo sobre la ubicación de la terminal. El Principado, socio del ministerio en el organismo que gestiona el proyecto, reniega del pacto suscrito por Fomento y la alcaldesa para llevar la estación junto al Museo del Ferrocarril. En el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, los partidos de izquierda también sumaron sus votos para rechazar el traslado. El ministro tiene ante sí diversas opciones: esperar un consenso imposible, plantear el enésimo informe sobre la ubicación o apostar por su propia solución y aprobar la inversión que la haga factible sin condicionar su desarrollo a una quimérica operación urbanística ni a presupuestos que otras administraciones no están dispuestas a aportar. De todas ellas, solo una garantiza que Gijón tenga una estación al menos digna a la que poner un plazo creíble. Resulta tan evidente cuál es la única decisión plausible que no necesita explicaciones.
EL HEROÍSMO DE LA DIGNIDAD
Ignacio Echeverría emigró a Londres, como tantos jóvenes españoles, en busca de las oportunidades que ofrecía una capital cosmopolita y pujante a un abogado especializado en la lucha contra la delincuencia económica. Sus restos mortales regresaron a España en un avión militar, con honores de héroe. La barbarie terrorista le ha convertido en lo que no pretendió, pero que nunca dejará de ser: un símbolo frente a los intentos de arrebatarnos la libertad a machetazos. Ignacio se enfrentó a los tres yihadistas que apuñalaban sin piedad a una mujer en el puente de Londres. El único policía que había llegado al lugar de los hechos, armado únicamente con su porra, cayó al suelo a merced de los verdugos. Del grupo de tres amigos que observaban la escena con incredulidad avanzó Ignacio, blandiendo su monopatín, para enfrentarse a tres individuos decididos a morir matando. Les plantó cara hasta que uno de ellos logró situarse a su espalda y asestarle una cuchillada mortal. Cada segundo que resistió en pie, ralentizó un ataque concebido para asesinar al mayor número posible de personas en poco tiempo. Los terroristas se habían atado latas a su pecho, simulando chalecos bomba. Querían infundir pavor, que sus víctimas temblaran con solo verlos para degollarlas sin que ofrecieran resistencia. Ignacio no corrió. No porque pensara en la magnitud de un ataque que ni siquiera la policía conocía en aquel momento. Su gesto respondió a sus creencias. Hay quien se ha preguntado cuánta reflexión previa se necesita para que una acción heroica se convierta en un símbolo cuando lo que importa es cuánto merecen la pena las razones por las que se llevó a cabo. El ejemplo de Ignacio Echeverría no se limita al arrojo de avanzar hacia la muerte, sino a los principios por los que vivía. Los mismos con los que su familia ha afrontado una situación que incluso el Gobierno español llegó a calificar de «inhumana».
La insoportable lentitud con la que las autoridades británicas llevaron a cabo la identificación de las víctimas, los errores en la vigilancia de dos de los tres yihadistas que participaron en el ataque, la insuficiente respuesta de unos políticos más ocupados en su campaña electoral que en atender a las víctimas justificarían las quejas de los familiares de Ignacio. Cuesta entender que una autopsia en la capital del Reino Unido se demore casi una semana. Solo la angustia de esperar a las puertas del hospital durante días la confirmación de que un hijo o un hermano está muerto haría comprensible cualquier desahogo. Sin embargo, dos de los hermanos de Ignacio comparecieron para agradecer con la entereza que fueron capaces de reunir la atención recibida de los funcionarios de la Policía británica, las explicaciones de la jueza que investiga el ataque y las atenciones de las autoridades españolas. Sin una concesión pública al enojo que tenían todo el derecho a sentir, sin permitirse ni siquiera el refugio de la soledad que a veces necesita el dolor. Sus convicciones les hacen creer que cualquier otra cosa hubiera sido conceder un mezquino triunfo a quienes asesinaron a Ignacio. Aquellos que buscan atemorizarnos y condicionar nuestra vida, quienes atentan contra las multitudes para hacernos observar con temor las celebraciones y acuchillan a ciudadanos indefensos para alimentar nuestra frustración. La dignidad con la que la familia de Ignacio Echeverría ha afrontado su muerte se sostiene en las mismas convicciones con las que él se enfrentó a los terroristas en el Puente de Londres. De ellas surge no solo el heroísmo, también las razones para defender nuestra libertad frente a la tentación del odio.
VILLA Y EL ESTADO DE DECEPCIÓN
El espectro de José Ángel Fernández Villa regresa al Parlamento con cada paso de la Justicia contra quien fue el hombre más poderoso del sindicalismo asturiano. Han pasado tres años desde que la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación sobre la fortuna oculta del ex secretario general del SOMA, copado ahora por dos procesos judiciales, el que le acerca al banquillo de los acusados por meterse en el bolsillo el dinero destinado a pagar las obras del geriátrico del Montepío de la Minería Asturiana y el abierto a instancias de la organización que lideró durante más de tres décadas por utilizar la tarjeta de crédito del sindicato como si fuera la suya propia. Y cada vez que los jueces mueven un papel, el ruido del escándalo alcanza al Parlamento como el eco de un terremoto. Los partidos de la oposición miran a la bancada del Gobierno y recuerdan al presidente que el hombre que ahora visita los juzgados del brazo de su esposa, su hija y su procuradora presumía de ejercer el poder absoluto en el PSOE y dominar la política asturiana sin salir de Sama. En cada respuesta, el jefe del Ejecutivo insiste en que nunca ha negado su relación personal con Villa; también que no dejó pasar ni veinticuatro horas para expulsarlo del PSOE. Javier Fernández asegura que siente la tranquilidad de vivir sin temor «a lo que sepan ni a lo que digan los corrompidos». Dice no temer las «salpicaduras» que los partidos quieran lanzar sobre él porque «la contundencia y la rapidez» con la que los socialistas pusieron a su referente histórico de patitas en la calle «fortalecen mucho el alma para venir aquí y presentarme ante esta especie de comité de salud pública con un grupo de incorruptibles presidido por el Robespierre de bolsillo». Así están las cosas de la política asturiana, que encuentra sus metáforas en el reinado del terror de la revolución francesa.
La tranquilidad de espíritu de nuestros políticos nos interesa en lo que atañe a su honestidad y al buen gobierno. Su propensión a derivar el debate hacia la funesta tendencia jacobina de guillotinar al adversario puede resultarnos inquietante. Pero lo que más debería preocuparnos es recuperar el dinero de todos que acabó en casa de unos pocos. Las administraciones públicas y los sindicatos pactaron invertir seis mil millones en las cuencas para compensar el declive de los pozos de carbón. Su distribución la aprobaron el Gobierno central y los sindicatos, en facilitar que se gastaran colaboraron el Principado y los ayuntamientos, y a aportar ideas se sumó casi cualquiera que fuera escuchado por quien mandaba. Y José Ángel Fernández Villa mandaba mucho en casi todo. Sin su consentimiento nunca se hubiera construido una autovía, la minera, tan deprisa que se olvidaron los enlaces, añadidos luego; ni se habrían asentado en las cuencas un buen número de empresas, la mayoría cerradas en los últimos años. Imposible sin su beneplácito adecentar parques por decenas, asfaltar caleyas por kilómetros o edificar un campus antes de decidir qué estudios se impartirían. Ni mucho menos, se habría construido en unos terrenos alejados de los principales núcleos de población una residencia para la tercera edad con pretensiones palaciegas que costó 32,5 millones. Nada de eso se hizo sin el permiso y la tutela de José Ángel Fernández Villa. Pero tampoco sin la aquiescencia de quienes debían controlar el adecuado gasto del dinero público. Cerrada la cuantía de los fondos para apaciguar al belicoso líder hullero, poco se discutió de los proyectos a los que se destinaba, menos aún del riguroso control con el que deberían haberse tutelado unos fondos de los que dependía el futuro de unas comarcas condenadas. El presidente del Principado ha reconocido que una de sus mayores preocupaciones es la «decepción» que en el sindicalismo asturiano y en las filas socialistas ha causado afrontar que el hombre que sometía a todos a la romana de su moral guardaba en su casa 1,2 millones de origen injustificado. La desilusión alcanza más allá; a muchos en Asturias que ahora comparten con Villa la convicción de que el único buen negocio posible en las cuencas es un geriátrico.
NUEVO LÍDER PARA EL PSOE ASTURIANO
Podría haberse ahorrado completar la explicación. En la frecuente hipocresía partidista, a nadie le habría sorprendido que Javier Fernández se hubiese parapetado en su prolongado mandato y en su deseo de abrir paso a una nueva etapa como únicos argumentos para no optar a la reelección. Un par de tópicos suficientes para recibir el aplauso de sus incondicionales, pero lejos de la altura política del secretario general que durante diecisiete años evitó con pulso firme las disputas internas en el socialismo asturiano. Dijo sí, que su decisión estaba tomada antes de las primarias, pero reconoció que la victoria de Pedro Sánchez «la ratificó». Su experiencia, que le llevó a intuir el triunfo del ‘sanchismo’ frente a una candidata que limitó su campaña a recorrer la Península bajo el palio de los barones, le alcanza de sobra para evitar el error de aferrarse al cargo frente a la opinión de la militancia. Sus propios partidarios presentaron las primarias en Asturias como un plebiscito del respaldo con el que aún contaba. Visto el resultado, Javier Fernández no ha querido refugiarse en la excusa de que no era su continuidad lo que se decidía. Se reconoce entre los perdedores y ha asumido su responsabilidad. Una decisión que le evita aparecer como un escollo y le permite demandar a quien ha ganado la «sintonía» necesaria para gobernar «sin interferencias». Situándose al margen de la batalla por la Secretaría General, no solo intenta ahorrarse una nueva derrota de la que incluso quienes le apoyan están casi convencidos, sino salvaguardar su Gobierno de un pulso en el que los socialistas asturianos necesitarán mucha generosidad y altura de miras para no caer en la tentación de cobrarse las afrentas infligidas durante una campaña en la que muchos, aunque en público dijesen lo contrario, se prometieron no dar cuartelillo al derrotado.
De la capacidad del PSOE asturiano para encontrar un líder que restañe las heridas y recupere la unidad dependerá mucho la acción de un Gobierno en minoría cuyos aciertos y errores serán el principal bagaje de los socialistas en la próxima campaña electoral. El Ejecutivo no lo tendrá fácil en un Parlamento donde todos están dispuestos a aprovechar su debilidad para sacar rédito. Al menos, en el Consejo de Gobierno sí parece garantizada la unanimidad tras la marcha del único consejero que no apoyó a Susana Díaz. Hace tiempo que Francisco Blanco tenía razones para sentirse de prestado en su despacho de la Consejería de Industria. La evidente crítica que supuso su alusión a ‘Julio César’ tras el derrocamiento de Pedro Sánchez hizo que el debate sobre su continuidad se centrase en la fecha. Tampoco él se sentía cómodo obligado a aceptar decisiones, políticas y presupuestos que no compartía. Tan evidentes fueron sus discrepancias en determinados casos, que algunos de sus compañeros recibieron su dimisión con alivio y el portavoz socialista en el Parlamento, Fernando Lastra, llegó aún más lejos que él mismo al dar por acabada su carrera política, aunque luego matizó sus palabras. Dos días después, ambos se sentaban juntos en la reunión de la Ejecutiva regional del PSOE en la que Javier Fernández abría la puerta a un nuevo liderazgo. El PSOE se divide ahora en Asturias entre los que esperan para entrar en la sede de la FSA, quienes buscan la manera de evitar el desalojo y algún otro que intenta recomponer su figura tras equivocar su apuesta. Con todo ello deberá lidiar la persona de quien Javier Fernández espera que «consiga la concordia» en un partido fracturado. Una tarea similar a la que él mismo tuvo que afrontar cuando llegó a la Secretaría General, pero que tendrá para su sucesor dificultades añadidas, con la irrupción de nuevas siglas y maneras de hacer política que amenazan la hegemonía de las siglas que gobiernan en el Principado y en la mayor parte de los concejos. Del acierto de los socialistas asturianos en encontrar ese nuevo liderazgo, dependerá el futuro de su partido. Y también, en la medida de la confianza que les entreguen las urnas, el de Asturias.
LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN
En las calles de Oviedo coincidieron esta semana dos protestas reflejo de las nada bonancibles circunstancias de la educación. A la misma hora en que profesores, padres y hasta alumnos de los colegios concertados recorrían las calles de la capital asturiana para rechazar un recorte de aulas que entienden excesivo y arbitrario, los profesores de la enseñanza pública se manifestaban para reclamar la prometida restauración de sus condiciones laborales. Unos y otros corearon consignas ‘contra Genaro’ (Alonso), el consejero al que esta legislatura le toca lidiar con unos problemas cuya solución siempre termina por darse de bruces con el presupuesto. El titular de Educación ha tenido que responder a unos y a otros. A los centros conveniados, les ha dicho que las matriculaciones marcan el número de aulas que la Administración está dispuesta a costear, por mucho que los responsables de estos colegios digan que en algunos casos se han suprimido grupos por un alumno, que reivindiquen el histórico papel que han desempeñado en la enseñanza asturiana o recuerden sus buenos resultados académicos. En su caso, la demografía lo es todo y el Principado considera ilógico mantener la financiación cuando el número de alumnos es menor. «El deber de la Administración es gestionar con eficiencia y no sostener lo que no se puede mantener», ha justificado Genaro Alonso.
A los profesores de los centros públicos se les aumentó el horario con la promesa de restituir sus anteriores condiciones en cuanto la economía lo permitiera. Otras regiones ya se han atrevido a hacerlo. Asturias ha decidido esperar «por prudencia». En este caso, el titular de Educación entiende la pretensión de los profesores, pero recordó que el Gobierno central considera que no ha llegado el momento de aplicar una reducción de la carga lectiva que conllevaría un aumento de personal.
Ni públicos ni concertados pueden albergar demasiadas esperanzas de que manifestarse les ayude demasiado. Al margen del debate muchas veces más demagógico que útil sobre el modelo educativo de los distintos centros, la realidad que afrontan quienes cogen la tiza cada mañana no es tan distinta. Y en los últimos años ha estado marcada por los recortes en el gasto, la carencia de un proyecto estable, las discrepancias políticas y el abismo entre lo que se ha dicho esperar de la educación y lo que se ha hecho para conseguirlo. Los profesores no han sido ajenos a la congelación de sueldos y al aumento de horarios que la crisis ha impuesto en casi todos los empleos. Sus incentivos han bajado, el número de alumnos por aula ha crecido, el tan pregonado apoyo a la diversidad se ha diluido y los prometidos recursos para modernizar los centros han llegado con cuentagotas. En la sociedad de la tecnología y el conocimiento quedan colegios donde internet va según en qué aula e institutos en los que a muchos docentes la burocracia les ocupa más tiempo que las tutorías. Los educadores que se han jubilado en los últimos años han trabajado bajo la tutela de siete leyes distintas, todas efímeras, marcadas por las convicciones del Gobierno de turno y descafeinadas por el siguiente. Los ordenadores encargados por Zapatero y pagados por todos para situar a los colegios españoles en la vanguardia se apilan ya obsoletos. La reválida concebida por el Gobierno de Rajoy para elevar los resultados académicos resultó tan poco convincente que al final se ha quedado en un remedo de la selectividad de toda la vida. Esa es la realidad ante la que algunos profesores se resignan, otros protestan y la mayoría hace lo que puede. Todos, con menos autoridad de la que necesitan y con frecuencia con una consideración inferior a la que merecen.
A pesar de todo ello, le pedimos a la educación que prepare mejor a nuestros hijos, que construya una sociedad más justa e incluso que se convierta en el motor de la transformación que debe llevarnos de la inestable economía del ladrillo a competir con las principales potencias tecnológicas. Para conseguirlo, lo único que casi todos los líderes políticos han hecho hasta el momento ha sido invocar la necesidad de una ley de consenso y expresar su convicción sobre la importancia del sistema educativo para el futuro de nuestro país. Eso dijeron en la última campaña electoral, que tuvo en común con todas las anteriores las mismas declaraciones. ¿Y hasta la próxima?
LA HERENCIA DE LA POBREZA
Las administraciones han dado en llamarlos colectivo de difícil empleabilidad. Son trabajadores de mediana edad a los que la crisis ha dejado en el paro, madres de familia con niños a su cargo, jóvenes que no encuentran la oportunidad que merecen ni siquiera en precario. Muchos con una notable formación y una amplia trayectoria profesional han terminado en el saco de los nuevos pobres. El caso es que van camino de hacerse pobres antiguos sin más amparo que el salario social. Más de veinte mil asturianos necesitan esta prestación para poner un plato en la mesa. 2.090 viven pendientes de que se evalúe su situación para recibirla y otros seis mil aguardan a que se revise su petición en una angustiosa lista de espera. Cincuenta técnicos del Principado se ocupan de ellos. Si se toman su trabajo en serio, como merecen los ciudadanos para no ser tratados como expedientes, quienes hoy están los últimos de la cola serán atendidos dentro de año y medio. De este plazo, que costaría aceptar para el trámite administrativo más vulgar, depende la vida de muchas familias. Así que no resulta extraño que muchos de los beneficiarios del salario social rechacen un empleo si la perspectiva al final del contrato son dieciocho meses sin cobrar un euro. Pocos se atreven a correr ese riesgo. La mayoría se conforma con encontrar algún ingreso extra. Mientras los impuestos alcanzaron para financiar estas ayudas, casi nadie cuestionó su necesidad. Cuando la crisis disparó el número de solicitudes, la aplaudida red de protección social comenzó a mostrar la debilidad con la que estaban hilvanadas algunas de sus costuras. Las administraciones tienen dificultades para mantener su gasto, los funcionarios se ven desbordados y los beneficiarios de una ayuda concebida para salir del bache y evitar la exclusión se sienten condenados a la perpetua dependencia. Tacharles de conformistas como algunos hacen con excesiva facilidad resulta demasiado sencillo. Si tantas situaciones de necesidad tuvieran una conclusión tan simple, la solución también lo sería. Y no lo es. Como tampoco la picaresca de unos pocos permite juzgar a miles. Antes que a ellos, tal vez deberíamos condenar la impericia de los legisladores, que en ocasiones han abierto la puerta al oportunismo antes que a la justicia.
El Principado ha anunciado esta semana su intención de modificar los planes de empleo para que los beneficiarios del salario social tengan acceso prioritario. El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una renta social básica que les permitirá además hacer compras que alivien lo poco que dan de sí quinientos euros de la ayuda regional cuando todos los gastos de una familia dependen de ellos. Con ello, los gijoneses con menos recursos serán los asturianos que más ayuda reciban. Al menos, mientras el presupuesto municipal lo permita. Cada administración intenta romper a su manera los grilletes de la pobreza. Cada euro del presupuesto dedicado a evitar que un ciudadano viva de forma indigna no puede darse por malgastado. Pero quienes gestionan el dinero público no deberían limitarse a ofrecer analgésicos al dolor de unos padres obligados a decirle a su hijo que sus oportunidades corren a cargo de un subsidio. La crisis ha forjado una nueva sociedad en la que muchos no solo viven peor que antes, sino que han perdido la confianza en que su vida pueda mejorar algún día. De que no se desvanezca también su esperanza de legar a sus hijos algo más que un salario social depende nuestro futuro más de lo que podemos imaginar. La pobreza es la única herencia que aumenta en cada generación sin necesidad de hacer nada. Frente a ella, la política social no puede quedarse en un parche.
GAS ÁCIDO
El viento ha disipado la nube de gas originada por una avería en las instalaciones de Arcelor en Avilés, pero no la preocupación de los asturianos. Doce días han tardado el Principado y la multinacional en ponerse de acuerdo en que la planta de ácidos de las baterías de cok está en condiciones de reanudar su actividad. El Gobierno regional ha impuesto a la compañía la implantación de nuevos sistemas de seguridad. El volumen de ácido sulfúrico que hasta el escape del pasado 24 de abril era controlado con una simple sonda se medirá ahora con dispositivos informáticos cuya eficacia ha sido comprobada por los técnicos de Industria. La empresa ha sido obligada a remitir un informe detallado sobre los fallos que dieron origen a la niebla tóxica que llevó a cinco personas a ser atendidas en centros sanitarios. La Consejería de Medio Ambiente mantiene abierto un expediente por el que la siderúrgica se enfrenta a una multa de dos millones de euros. La Fiscalía ha iniciado una investigación. No parece que falten medidas correctoras. Tampoco determinación para sancionar. Pero recuperar la confianza de los ciudadanos no dependerá del castigo, sino de las lecciones que los responsables políticos y la empresa sean capaces de extraer. Para que la multinacional se decidiera a explicar lo sucedido fue necesario que los avilesinos corrieran por las calles a refugiarse de un gas tan irritante para las vías respiratorias como para los responsables medioambientales, que no recibieron ningún aviso hasta después de que la factoría diera por controlada la situación. Para cuando la Administración regional supo lo ocurrido con cierto detalle, el operativo de emergencias casi había finalizado.
La explicación de la compañía sobre el origen y las consecuencias de la avería tardó casi diez días en llegar a Medio Ambiente. Antes, la consejera tuvo que decir en el Parlamento que Arcelor carece de los sistemas y protocolos para hacer frente a este tipo de situaciones. Belén Fernández exigió a la empresa «diligencia y rigor» para evitar episodios contaminantes o al menos minimizar sus efectos y aseguró que el último plan presentado por la multinacional «para actuar en condiciones distintas a las normales» es claramente «insuficiente». En menos de 48 horas, tenía sobre su mesa el informe que su departamento había reclamado, los técnicos habían inspeccionado las mejoras realizadas en las instalaciones y Arcelor disponía del permiso para reactivar la planta de ácidos.
También la empresa hizo lo suyo, y muy a su manera, por agilizar la burocracia. En mitad de la polémica, organizó un simulacro de emergencia para demostrar la eficacia de sus medidas de seguridad, pero en contra de sus pretensiones no logró que ningún miembro del Consejo de Gobierno avalase la demostración con su presencia. Durante una semana, sus responsables no dejaron de señalar cada día que la paralización de la planta suponía el riesgo de causar un daño irreparable en las baterías de cok, un recordatorio que llevaba implícita la amenaza que el cierre conllevaba para la mayor industria asturiana y sus trabajadores. La compañía llegó incluso a fijar una fecha para la puesta en marcha de las instalaciones antes de disponer de la autorización pertinente, casi un desafío a la autoridad medioambiental.
Finalmente, el pulso se ha resuelto. Los problemas, no. La multinacional tiene el permiso que necesitaba, Medio Ambiente el informe que exigía y los ciudadanos la impresión de que algo no funciona. El enfrentamiento entre las empresas y la Administración supone un terreno abonado para la especulación y el alarmismo. Tanto como la insensata pretensión de ocultar las incidencias o la demagogia de presentar a las industrias como un permanente riesgo. La tecnología ha avanzado lo suficiente para ofrecernos soluciones. Excepto que nos empeñemos en no buscarlas.
LA MOCIÓN DE CENSURA
Pablo Iglesias ha demostrado una vez más su extraordinaria capacidad para atraer hacia sí los focos del corral de comedias que los partidos llaman escenario político. Mientras el PP buscaba la manera de vadear el cenagal de la corrupción y los socialistas andaban atareados recogiendo avales, Podemos anunció con redoble de tambores una moción de censura como la solución a «una cuestión de emergencia nacional». El partido de Iglesias justifica el momento elegido por la imperiosa necesidad de frenar «la avalancha de saqueo y corrupción» del Gobierno de Mariano Rajoy. Los argumentos se los ha dado un político que durante veinte años vivió del dinero de los contribuyentes en altos cargos de la Administración y ahora como recluso de Soto del Real. La trama de corrupción que la Guardia Civil atribuye a Ignacio González justifica todas las iniciativas que los partidos sean capaces de llevar a cabo para terminar de una vez con el coladero legal que durante años ha permitido a quizás no tantos, pero desde luego demasiados, hacer de la política una actividad mafiosa.
Otra cuestión es cuánto contribuirá la iniciativa de Pablo Iglesias a solucionar este asunto. La moción, que muchos en el Congreso aún no tienen claro si es contra Rajoy o contra el PSOE, ha sido lanzada sin negociar los posibles apoyos parlamentarios ni concretar el necesario candidato a la Presidencia. Hasta el momento, su único respaldo son los 71 diputados del partido que ha decidido presentarla. La dirección interina de los socialistas no ve en ella más que un intento de torpedear la elección de su secretario general y de mostrarles, una vez más, como los aliados de una derecha irremediablemente corrupta. Así que sus principales líderes se han apresurado a descalificar la propuesta y recordarle a Podemos que se podría haber ahorrado la moción si hubiese apoyado a su candidato en la investidura. Ni siquiera en Izquierda Unida, su aliado electoral, la apresurada moción ha convencido a todos. Gaspar Llamazares cree que utilizar un mecanismo parlamentario concebido para derribar a un presidente como «un termómetro para ver quién está en connivencia con el PP» terminará por dividir aún más a la izquierda. Y paradójicamente, los más satisfechos de que intenten censurar a su presidente parecen los diputados del PP. La posibilidad de transformar la moción en un refrendo puede suponer un balón de oxígeno para un Ejecutivo al que le cuesta sumar los votos necesarios para aprobar el presupuesto. «Los que querían asaltar los cielos han pasado a ser un brindis al sol». La valoración del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, refleja la confianza de su partido en que la ofensiva de Podemos para tomar la Moncloa quedará reducida a un ondear de banderas. Así que a los populares solo les ha faltado darle las gracias a Pablo Iglesias por ofrecerle a Rajoy la oportunidad de decir en el Congreso que una izquierda ocupada en acuchillarse mal puede suponer una alternativa.
La iniciativa de Podemos no carece de legitimidad. Más de cinco millones de votantes dieron su confianza a Pablo Iglesias en las últimas elecciones generales para representarles en el Congreso y utilizar los mecanismos que la Constitución pone a su alcance para llevar a cabo su programa. Entre ellos la moción de censura, la posibilidad que todos los países democráticos aplican como solución a la parálisis política, el bloqueo parlamentario, la ineptitud de sus gobernantes, los escándalos o simplemente la necesidad de unas nuevas elecciones. Con ella se garantiza a los ciudadanos la certeza de que la democracia ofrece alternativas al suplicio de lo insostenible. Por eso, conviene no degradarla a una mera excusa para el vocerío parlamentario. Lo peor que se puede perder en una moción de censura es la confianza de los ciudadanos en ella. En este caso, el resultado está por ver.
OTÍN Y EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN
Otro, en el lugar de Carlos López-Otín, habría cogido la puerta con su maleta, su prestigio y su equipo. Ni siquiera tendría que buscar un sitio adónde ir. Podría sentarse y no necesitaría esperar mucho tiempo para que los principales centros de investigación del mundo le ofrecieran un proyecto con más recursos económicos de los que ha tenido en tres décadas de trabajo en la Universidad de Oviedo. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular ha sufrido en los últimos tiempos la desazón de ver amenazado el futuro de su laboratorio. Sus investigaciones han cambiado las perspectivas de la ciencia, pero no le han permitido mantenerse al margen de las estrecheces que los ajustes han impuesto a los científicos españoles. Se ha quedado porque es «muy fan» de su universidad, se siente responsable de sus colaboradores y, sobre todo, porque su compromiso con la región en la que han crecido sus hijos le lleva a creer que «para Asturias no todo está perdido». Si hubiera decidido irse, ¿quién podría reprocharle una decisión por la que incluso se ha ensalzado a otros? Durante treinta años ha entregado a la investigación española mucho más de lo que ha recibido. Tal vez su marcha le hubiera granjeado incluso mayor admiración. En todo caso, la vida para él habría resultado mucho más sencilla que el estajanovismo que se ha exigido para traer a la Universidad de Oviedo los fondos que se disputan los principales centros de investigación de Europa. 2.400 proyectos han concurrido a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación. Solo 231 han logrado su objetivo, la élite científica mundial. Entre ellos, el presentado por López-Otín para estudiar los mecanismos moleculares del envejecimiento. El investigador y su equipo dispondrán de 2,5 millones para continuar sus trabajos. A sus colaboradores, «acostumbrados a la austeridad», les parece «muchísimo». Su objetivo es la búsqueda de «una longevidad saludable», un camino en el que pretenden encontrar las claves para luchar contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas. Hace no tanto, estas ambiciones hubieran parecido una ensoñación. Ahora, alimentan nuestra esperanza.
Llevará años alcanzar el conocimiento al que aspira el proyecto de una de las pocas mentes capaces de trazar el boceto del ser humano del próximo siglo. Las reflexiones a las que nos invita su proeza no deberían llevarnos tanto tiempo. La investigación ha demostrado que es capaz por sí misma de lograr recursos y generar riqueza, de ofrecer una alternativa a la emigración del talento formado en nuestras universidades y de garantizar el anclaje al territorio de las empresas de alto nivel tecnológico. Les resultará difícil encontrar en cualquier partido a un político que no comparta estos argumentos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha valorado a la investigación por lo que cuesta y no por lo que aporta. A los investigadores de alto nivel no les ha faltado quien les ensalce, pero sí quien les apoye. La proclamada confianza en la ciencia para transformar la economía no se ha reflejado en los presupuestos. España ha sido el país europeo que más recortó los fondos para investigación y desarrollo durante la crisis. Los resultados de gastar el dinero público en otras muchas cosas se aprecian de inmediato, la inversión en conocimiento exige paciencia y convicción. Dos virtudes difíciles de conjugar con las urgencias de los políticos. Al presentar un proyecto que sitúa a Asturias en la élite mundial de la ciencia, Carlos López-Otín se atrevió a proponer «invertir en bancos de conocimiento más que en los otros». Seguro muchos aplauden su opinión. Otra cuestión es que le hagan caso, aunque no vendría mal.
MOAB
En una semana, Donald Trump ha bombardeado Siria, enviado uno de sus portaaviones rumbo a la península de Corea y sepultado a casi un centenar de talibanes en Afganistán con la mayor bomba no nuclear de su arsenal. Ha sido su particular interpretación de ‘Primera victoria’. En el tedioso culebrón bélico de Otto Preminger el único héroe que no muere acaba mutilado, pero todo sacrificio es poco con tal de zurrar al enemigo y elevar el espíritu patriótico. Con idéntica pretensión, el emperador de Occidente ha incorporado a la tragedia cotidiana un nuevo acrónimo: MOAB. El presidente norteamericano ha tardado menos de tres meses en echar mano de ‘la madre de todas las bombas’, el aterrador proyectil que Estados Unidos construyó hace catorce años, pero que aún no se había atrevido a emplear. La bomba, concebida para arrasar túneles subterráneos, tiene una capacidad de destrucción similar a la de una cabeza nuclear. Sus más de ocho toneladas de explosivo vaporizan cualquier ser vivo en casi dos kilómetros a la redonda, pero ahorran la contaminación y las explicaciones de la energía atómica. El mandatario estadounidense ha calificado el ataque con la mayor bomba lanzada desde Hiroshima y Nagasaki como «un nuevo éxito» del ejército estadounidense. Lo que el expresidente afgano Hamil Karzai condena como «el uso brutal e inhumano» del territorio de su país como laboratorio de pruebas del nuevo armamento, ha supuesto para la Casa Blanca la conclusión de que la nueva política de «machacar a los terroristas» ofrece mejores resultados que la timorata táctica de Barack Obama, que el año pasado lanzó 1.300 bombas en Afganistán sin lograr ni la mitad de repercusión que Trump con una sola detonación.
Los analistas aseguran que las letales bravuconadas ordenadas desde el despacho oval pretenden enviar un mensaje rotundo a la comunidad internacional: Estados Unidos es la potencia hegemónica por mucho que Rusia intente mover sus piezas en el tablero geopolítico o Corea del Norte haga desfilar sus armas nucleares. Donald Trump ha defendido ufano sus decisiones. En su justificación del ataque de represalia en Siria por el uso de armamento químico confundió a este país con Irak y alardeó de haber autorizado el bombardeo mientras cenaba con Xi Jinping. En el postre, frente al pastel de chocolate «más hermoso que hayas visto», comunicó al líder chino que todos los proyectiles habían dado en el blanco. Pocos guionistas de Hollywood se habrían atrevido a tanta frivolidad. El hecho es que Donald Trump ha insuflado energía a su depauperado índice de apoyo, el más bajo de un presidente norteamericano en el inicio de su mandato. Aunque tomó posesión bajo el eslogan de ‘América primero’, ha tardado poco en aprovechar que nada une tanto como el enemigo. Siempre que el antagonista sea el Estado Islámico o un dictador que utiliza gas nervioso contra la población civil, pocos mandatarios internacionales se atreverán a alzar la voz. Mientras las bajas sean en el otro bando, su popularidad en las encuestas aumentará.
Lo que aún no se ha molestado en explicar el comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta es si su estrategia se limita a las operaciones militares de alto impacto en la opinión pública. La construcción de un orden internacional exige mucho más que escuadrillas de bombarderos. Aunque el presidente norteamericano considera estúpidos a casi todos sus antecesores, cabe suponer que más de uno habría estado dispuesto a lanzar unas cuantas bombas con tal de acabar con el terrorismo. Si Donald Trump no es capaz de diseñar una política exterior más allá de apretar el botón del Pentágono para despachurrar al enemigo, el único camino que le quedará a la diplomacia será el que lleva a una edad de piedra con misiles.