LA VERDAD ESTÁ EN EL PRESUPUESTO

La empresa contratada para colocar la vía en la vertiente asturiana de la variante de Pajares ha solicitado por tercera vez la rescisión del contrato. Dragados reclama al Ministerio de Fomento 2,2 millones de indemnización, casi el 24% del coste de una obra que ni siquiera ha llegado a iniciar. Es el resultado de una adjudicación ‘a la española’ en la que la Administración y los contratistas acuerdan la ejecución de un proyecto por un presupuesto insuficiente, calculado más con la intención de ganar el concurso que de realizar las obras y la convicción de la empresa de que los modificados permitirán financiar los trabajos y obtener el margen de beneficio deseado. El peculiar sistema ibérico de contratación convierte cada obra en un pulso entre Fomento y las empresas, de modo que los tajos avanzan al ritmo de las sucesivas inyecciones de fondos. Si el regateo no termina en un acuerdo, la obra encalla. En el caso de la variante de Pajares, el tendido de vía fue adjudicado en 2014 con una rebaja del 51,4%. Desde entonces no se ha colocado ni una sola traviesa. Primero, porque el retraso de otros trabajos impedía su inicio. Ahora, porque la empresa considera que resulta imposible cumplir lo estipulado con el presupuesto que aceptó. El ministro Íñigo de la Serna se ve obligado a decidir si asume el modificado propuesto por Dragados o rescinde el contrato e inicia una nueva licitación. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno de abrir al menos uno de los túneles este año se sumará a la larga lista de incumplimientos con los que se ha escrito la historia de la variante.
Mientras las traviesas se orean en Los Pontones a la espera de la resolución ministerial, el Principado ha presentado un pacto por las infraestructuras «que Asturias necesita». Veinte entidades, incluidos los empresarios y los sindicatos, lo han suscrito. De los partidos de la oposición, solo IU. La negociación abierta por la consejera de Infraestructuras no logró sumar al PP, que ha calificado el documento de «papel mojado»; ni a Foro, que reclama garantías de que el tren que cruce Pajares sea un AVE y la futura estación de Gijón ocupe el emplazamiento pactado por la ministra Ana Pastor y el Ayuntamiento; ni a Podemos, que acusa al ministerio de estar en manos del «cártel del hormigón»; ni siquiera a Ciudadanos, que se agarra al acuerdo de gobierno suscrito con Mariano Rajoy para reclamar que la variante esté terminada este año. Y aunque no lo dicen, lo que piensan todos ellos es que no están dispuestos a rubricar un texto que consideran una traslación del programa del PSOE y las prioridades del Ejecutivo. Ante esta situación, el presidente del Principado optó por liderar la presentación del documento, que defendió con una apelación a «lo que es de justicia».
Queda por ver la respuesta del ministro de Fomento, obligado a decidir entre lo que propugna el Gobierno asturiano, lo que reclaman sus socios electorales, lo que exige el partido que abrió la puerta a Rajoy para la investidura y lo que aconsejan los técnicos de su departamento. Aunque sobre todo, su resolución estará condicionada por un presupuesto con el que debe afrontar los compromisos pendientes y los recién adquiridos con otras regiones. En la España de las autonomías, cada cual barre para su casa y hace valer su peso en la política nacional. El dinero se reparte hasta donde alcanza. En los últimos años, a Asturias le ha llegado con cuentagotas y lo aprobado para la variante ni siquiera ha llegado a gastarse. Los sucesivos ministros han culpado a las filtraciones de agua, a la inestabilidad de los taludes, a la elaboración de los proyectos y, por supuesto, al empedrado del legado recibido. Lo cierto es que la alta velocidad avanza al ritmo de la voluntad expresada en los presupuestos. Es en la página de inversiones donde los ministros dicen de verdad lo que piensan.