LA HERENCIA DE LA POBREZA

Las administraciones han dado en llamarlos colectivo de difícil empleabilidad. Son trabajadores de mediana edad a los que la crisis ha dejado en el paro, madres de familia con niños a su cargo, jóvenes que no encuentran la oportunidad que merecen ni siquiera en precario. Muchos con una notable formación y una amplia trayectoria profesional han terminado en el saco de los nuevos pobres. El caso es que van camino de hacerse pobres antiguos sin más amparo que el salario social. Más de veinte mil asturianos necesitan esta prestación para poner un plato en la mesa. 2.090 viven pendientes de que se evalúe su situación para recibirla y otros seis mil aguardan a que se revise su petición en una angustiosa lista de espera. Cincuenta técnicos del Principado se ocupan de ellos. Si se toman su trabajo en serio, como merecen los ciudadanos para no ser tratados como expedientes, quienes hoy están los últimos de la cola serán atendidos dentro de año y medio. De este plazo, que costaría aceptar para el trámite administrativo más vulgar, depende la vida de muchas familias. Así que no resulta extraño que muchos de los beneficiarios del salario social rechacen un empleo si la perspectiva al final del contrato son dieciocho meses sin cobrar un euro. Pocos se atreven a correr ese riesgo. La mayoría se conforma con encontrar algún ingreso extra. Mientras los impuestos alcanzaron para financiar estas ayudas, casi nadie cuestionó su necesidad. Cuando la crisis disparó el número de solicitudes, la aplaudida red de protección social comenzó a mostrar la debilidad con la que estaban hilvanadas algunas de sus costuras. Las administraciones tienen dificultades para mantener su gasto, los funcionarios se ven desbordados y los beneficiarios de una ayuda concebida para salir del bache y evitar la exclusión se sienten condenados a la perpetua dependencia. Tacharles de conformistas como algunos hacen con excesiva facilidad resulta demasiado sencillo. Si tantas situaciones de necesidad tuvieran una conclusión tan simple, la solución también lo sería. Y no lo es. Como tampoco la picaresca de unos pocos permite juzgar a miles. Antes que a ellos, tal vez deberíamos condenar la impericia de los legisladores, que en ocasiones han abierto la puerta al oportunismo antes que a la justicia.
El Principado ha anunciado esta semana su intención de modificar los planes de empleo para que los beneficiarios del salario social tengan acceso prioritario. El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una renta social básica que les permitirá además hacer compras que alivien lo poco que dan de sí quinientos euros de la ayuda regional cuando todos los gastos de una familia dependen de ellos. Con ello, los gijoneses con menos recursos serán los asturianos que más ayuda reciban. Al menos, mientras el presupuesto municipal lo permita. Cada administración intenta romper a su manera los grilletes de la pobreza. Cada euro del presupuesto dedicado a evitar que un ciudadano viva de forma indigna no puede darse por malgastado. Pero quienes gestionan el dinero público no deberían limitarse a ofrecer analgésicos al dolor de unos padres obligados a decirle a su hijo que sus oportunidades corren a cargo de un subsidio. La crisis ha forjado una nueva sociedad en la que muchos no solo viven peor que antes, sino que han perdido la confianza en que su vida pueda mejorar algún día. De que no se desvanezca también su esperanza de legar a sus hijos algo más que un salario social depende nuestro futuro más de lo que podemos imaginar. La pobreza es la única herencia que aumenta en cada generación sin necesidad de hacer nada. Frente a ella, la política social no puede quedarse en un parche.