Vivir del humo

Cristina Narbona defiende la liquidación de las térmicas con tan bondadosas promesas que debe resultarle difícil entender que el Gobierno asturiano aún no haya comparecido en pleno para darle las gracias por sacarle de su obcecado rechazo al cierre de la central de Lada. La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE asegura que la clausura de las plantas traerá innumerables beneficios. A la indiscutible reducción de emisiones se sumará, añade, que la sustitución del carbón por energías renovables abaratará el precio de la luz. Por si fuera poco, plantea que los trabajadores de las factorías desmanteladas tengan a su alcance un plan de formación que les garantizará un nuevo empleo y que las comarcas más afectadas por la descarbonización dispongan de un fondo de transición para sobreponerse sin mayores contratiempos. Con tan luminoso futuro a nuestro alcance, resulta difícil entender que el Principado, los sindicatos y hasta el secretario general de su propio partido en Asturias prefieran mantenerse en la oscuridad y la obstinación. Quizás aún no han encontrado los informes en los que Narbona sustenta su convicción de que el recibo de la luz será más barato. Pudiera suceder que su ofuscación no les permita apreciar las bondades de una solución tan evidente. O tal vez sea que la realidad asturiana resulte tan difícil de apreciar más allá de Pajares como de costumbre.
El hecho es que la mitad de la potencia instalada en nuestra región es termoeléctrica y el carbón supone aún más del 60% de la energía consumida en Asturias, donde las grandes industrias absorben más del 65% de la electricidad y cualquier variación al alza en los precios de la energía supone una amenaza a su rentabilidad. No es que a los asturianos nos satisfaga que esto sea así, pero es lo que tenemos. Sin duda preferiríamos parecernos a Silicon Valley, pero nuestra economía depende de los productos siderúrgicos, de la industria electrointensiva y de cuatro centrales térmicas más que de ninguna otra cosa. Para complicar el asunto, los expertos advierten de que el cierre de las térmicas no conllevará necesariamente la apertura de otras instalaciones. España ya cuenta con más de cincuenta plantas de gas, unas cuantas de ellas paradas, lo que lleva a pensar que las compañías eléctricas decidirán utilizarlas antes que construir otras. Suprimido el carbón y con las renovables todavía a años luz de satisfacer la demanda de la región, lo más probable es que el Principado se enfrentara a la necesidad de ‘importar’ energía de otras comunidades a merced de los futuros precios del gas. Un panorama nada desagradable a los ojos de algunas empresas, sobre todo de aquellas que más han invertido en regasificadoras durante los últimos años, pero más que preocupante para los intereses de Asturias si la transición al nuevo modelo energético se realiza de forma precipitada y chapucera.
El objetivo de la Unión Europea de lograr que el 50% de la electricidad consumida provenga de las energías renovables en la próxima década no es nuevo, ni tampoco su compromiso de reducir los gases contaminantes al menos un 40%. Europa está decidida a erigirse como referente en la lucha contra el cambio climático. En este marco, Asturias aparece en el mapa como un garbanzo negro incapaz de abastecer a su industria sin quemar carbón. Pero la innegable necesidad de avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y de nuestra salud no debería servir de coartada a los políticos, sin duda bienintencionados, que nos invitan a despreocuparnos. De programas de salvación con fondos inexistentes o mal empleados sabemos tanto los asturianos que solo cabe pedir que no vengan a convencernos de que la alternativa a vivir bajo el humo son planes hechos con él.

Un paseo por las Cuencas

Iberdrola ha solicitado al Gobierno el cierre de la térmica de Lada. Después de casi treinta años de debate sobre la construcción de una línea de alta tensión para evacuar la energía que producía, la central cerrará antes de que se instale la primera torre. La empresa ha lanzado su órdago al Ejecutivo poco después de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, manifestase su intención de buscar apoyos políticos para regular por ley el cierre de las centrales eléctricas. Por eso el ministerio ha contestado, molesto, que estudiará la petición con «tranquilidad» y cumpliendo con apacible rigor todos los trámites administrativos. El anuncio ha pillado a los partidos asturianos enzarzados en la polémica por la moción aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos de Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos para adelantar a 2020 la clausura de las centrales térmicas. El implacable razonamiento de las cuentas de resultados y las exigencias de la Unión Europea de ‘descarbonizar’ la producción eléctrica en favor de las energías limpias han pesado más que toda la argumentación de los políticos en defensa de la seguridad en el suministro y la necesidad de proteger la producción de carbón autóctono aunque solo sea como elemento regulador de los precios. El cierre de Lada afecta a noventa trabajadores, que dejarán de dedicarse a la producción eléctrica para ocuparse durante cuatro años de desmantelar la planta. Después, según los planes de la compañía, serán recolocados en otras instalaciones del grupo.
Los políticos asturianos han reaccionado con rapidez para culparse unos a otros de una decisión que supone un duro golpe, otro más, a las Cuencas. El PSOE asturiano sostiene que el PP conocía la decisión de Iberdrola y ha tratado de confundir a la opinión pública sin hacer nada por buscar una transición «justa» hacia un nuevo modelo energético. En cambio, los populares consideran que pocos reproches le puede hacer un partido que asegura defender el carbón en Asturias y apoya en Madrid una moción que acelera el desmantelamiento de las térmicas y el final de la minería. Similares argumentos utiliza Foro, que atribuye a los socialistas «un historial de engaños interminable». Izquierda Unida de Asturias acusa al Gobierno de precipitarse sin buscar salidas «solidarias y justas» para las comarcas afectadas y Podemos recuerda a la compañía sus obligaciones hacia las Cuencas. Un nuevo episodio del perenne enfrentamiento sobre el más que dudoso futuro del carbón y de unos municipios en los que después de invertir con más improvisación que acierto el horizonte se intuye amargo. Con la clausura de Lada, solo quedarían tres centrales térmicas privadas en Asturias. Una de ellas, la de Soto de la Barca, propiedad de Gas Natural Fenosa, figura desde hace tiempo en todas las quinielas sobre cierres. EdP, que ha invertido doscientos millones en los últimos dos años en mejoras ambientales, se basta para quemar el carbón que produce Hunosa. Y a pesar de ello, su compromiso de comprar toda la producción no garantiza el futuro de la empresa hullera estatal, cuyos pozos aún productivos siguen pendientes de la aplicación de la orden europea que establecía el cierre de las explotaciones no rentables en 2018.
Durante los últimos años, partidos y sindicatos han clamado por un pacto sobre la energía, un plan para las cuencas que aclare si los últimos pozos tienen alguna posibilidad de sobrevivir un poco más y una reconversión de las comarcas mineras que no pase por construir aulas temáticas de lo que fue y acondicionar centros para jubilados. Mientras, el calendario europeo sobre el cierre de las explotaciones mineras y la sustitución de las térmicas por centrales de energía limpia ha avanzado inexorable. Entre los políticos, hay quienes prefieren destacar lo conseguido para equilibrar la balanza, pero no faltan los que auguran un irremediable desmantelamiento industrial. En otros lugares parecen tener claro el porvenir. Alemania ha comenzado a desarrollar políticas de transición con medidas de apoyo a las zonas con gran dependencia del carbón. En España preferimos debatir en profundidad los asuntos antes de tomar decisiones y en ello nos hemos ocupado los últimos tiempos a pesar de los discutibles resultados de los planes puestos en marcha con más presupuesto que lógica. El resultado se aprecia en un paseo por las Cuencas.

Los rescoldos de la indiferencia

Aún no ha terminado el año y en Asturias han ardido más de 26.000 hectáreas de monte, la mayor extensión en casi veinte años. Hasta octubre, los bomberos asturianos sofocaron 1.635 incendios forestales, más del doble que en 2016. Aunque no es el número de fuegos lo más preocupante, sino el espectacular incremento de la superficie quemada, que cada dos o tres años se dispara con un patrón tan reiterado que resulta casi predecible. En los mismos concejos y en épocas similares. Las últimas dos grandes oleadas de incendios han coincidido con sequías otoñales y vientos favorables a la propagación. Comenzaron en fin de semana y no logramos sofocarlos hasta que la lluvia llegó en nuestro auxilio. Lo único incuestionable en ambos casos fue el trabajo de los equipos de extinción, que cruzaron muchas veces el límite de lo que cabe exigirles para evitar que los daños a las personas, las propiedades y a los espacios naturales protegidos fueran mucho más graves. También muchos vecinos anónimos de los pueblos cercados por las llamas han luchado contra el fuego sin más reconocimiento que el de los retenes a los que han intentado ayudar. Apagados los incendios, la rutina asturiana incluye las promesas de investigación y la polémica, que suelen cerrarse con alguna que otra detención de algún lugareño que confiesa haber prendido rastrojos sin autorización y un puñado de reproches en el Parlamento. Lo cierto es que capturar a los pirómanos no resulta sencillo, porque la mayor parte de las pruebas acaban convertidas en humo, y tampoco encontrar a un solo político a quien echar la culpa de una situación que se repite hasta donde alcanza la memoria.
El cerillazo ha sido una costumbre en Asturias desde mucho antes de que comenzásemos a plantearnos el pernicioso efecto del cambio climático. En los últimos treinta años, el Suroccidente ha sufrido más del 40% de los grandes incendios, pero el mayor número de fuegos se han registrado en los concejos de Llanes y Cangas de Onís. La estadística descarta las casualidades. El problema no es nuevo, pero sus consecuencias son cada vez más graves. Siempre hemos convivido con los incendios forestales, pero a muchos solo han comenzado a preocuparles cuando se despertaron una mañana y el humo nos dejó sin amanecer. Durante años, los montes han ardido periódicamente. En la mayor parte de los casos, observar la disposición de los frentes del fuego y las zonas afectadas era suficiente para entender las razones del incendio. Una y otra vez, contemplábamos incluso con fascinación las llamas y aunque nos indignásemos contra los incendiarios, nos desentendíamos del problema en cuanto se apagaban. Tampoco eso ha cambiado demasiado por mucho que después de cada catástrofe se repita la exigencia de mejorar medidas de prevención y la necesidad de aumentar los recursos de extinción. El monte sigue ardiendo, solo que cada vez con mayor facilidad y devastación porque en muchos lugares solo crece el matorral en lo que antes eran prados. Donde aún quedan vecinos, se sienten tan abandonados como las camperas desaparecidas bajo la retama y el árgoma. Unas condiciones cada vez más penosas para vivir y favorables a los desaprensivos dispuestos a utilizar un mechero sin contemplaciones. Los rescoldos de los últimos grandes incendios en Asturias siguen en nuestros montes por mucho que tengamos la impresión de haber apagado las llamas. Se avivan con la indiferencia, la incomprensión y la resignación a un abandono que demasiados justifican como inexorable.

El PSOE asturiano, en ebullición

Un segundo después de la incontestable victoria de Adrián Barbón comenzó en el PSOE asturiano la inevitable ebullición que sucede a un cambio de liderazgo. Son etapas que la militancia vive con exaltación, propicias también para las resurrecciones, las conversiones exprés y los ajustes de cuentas. La política asturiana ha entrado en un nuevo ciclo en el que casi todo lo que está por venir dependerá de la bicefalia que encarnan dos personalidades muy distintas.
Adrián Barbón ha prometido renovar el PSOE y respaldar la acción del Ejecutivo. En sus declaraciones, en las que ha pedido mesura, se advierte la prudencia de quien sabe lo complicado que resultará conjugar ambas cosas. La militancia ha avalado su oferta de cambio con una amplia mayoría, pero los próximos resultados electorales dependerán también, y mucho, de lo que haga un gobierno que apoyó a su rival.
Javier Fernández anunció su intención de completar su mandato en el Principado al mismo tiempo que renunciaba a la reelección al frente del partido. El presidente regional entiende esta promesa como la medida de su sentido de la responsabilidad, el mismo que le llevó a situarse frente a Pedro Sánchez y a compartir con Susana Díaz el bando de los perdedores. Tampoco él lo tendrá fácil. Sus discrepancias con la nueva mayoría socialista en Asturias son evidentes y profundas. Y tan peligrosos como sus adversarios, el puñado de autoproclamados incondicionales decididos a continuar la guerra por su cuenta. Solo así se entienden la aspereza de algunos y las ausencias de otros en las asambleas en las que se votó la gestión de Javier Fernández. El Gobierno asturiano podía esperar la ofensiva de los ‘sanchistas’, pero no que parte de sus paladines se retiraran para salvar sus muebles aún a costa de erosionar la figura del presidente.
Si algo pueden compartir los líderes que personifican la retoñada bicefalia del socialismo asturiano serán las dificultades para aplazar las facturas de las muchas cuentas pendientes cuando a los militantes les queda tanto por decidir. En primer lugar, quién será el próximo candidato regional. Aunque la liturgia del partido no lo incluya aún en el orden del día, en los corrillos de afiliados lo que interesa es conocer los designios de Adriana Lastra, la asturiana con más peso en la Ejecutiva de Pedro Sánchez; las intenciones de Fernando Lastra, al que tres meses al frente de la Consejería de Infraestructuras le han bastado para convertirse en un referente para muchos de los que buscan un aspirante alternativo al nuevo aparato; los afanes de Guillermo Martínez, el consejero que sostiene el escudo del presidente; las ideas de Francisco Blanco, renacido en el ‘sanchismo’ tras dejar el Gobierno; el criterio de Gimena Llamedo, que tendrá mucho que decir en casi todo, y por supuesto, los propósitos de José Luis Alperi, que no necesita alzar la voz para que ahora todos en el PSOE le escuchen.
Entre la militancia también se habla, y mucho, del futuro de las principales agrupaciones. Queda por solventar el liderazgo de la AMSO tras la renuncia de Wenceslao López, que no ha querido aprovechar su condición de alcalde para acomodarse en una secretaría general que pocos se atreverían a discutirle en este momento. En la sede socialista de Gijón no hay otro tema de conversación que la continuidad de José María Pérez, más que en entredicho no solo por su derrota frente a Barbón, sino porque el resultado de la última asamblea evidenció la debilidad de sus apoyos. Y sobre Avilés, muchos se preguntan qué hará Mariví Monteserín después de erigirse en baluarte del bando derrotado en las primarias.
Con todo esto por resolver, a Javier Fernández y Adrián Barbón les queda por delante en las próximas semanas no solo un congreso del PSOE en el que se medirán sus posibilidades de entendimiento, también el debate sobre el presupuesto regional, que la oposición espera como agua de mayo para dejar en evidencia sus diferencias y contradicciones. Todo un reto para los compromisos que ellos mismos se han impuesto.

LAS LECCIONES DEL ‘CASO NÓOS’

Las sentencias y la lluvia nunca caen a gusto de todos, pero dan para hablar y más cuando pillan a la nobleza a la intemperie. El fallo del ‘caso Nóos’ exigía la precisión de una intervención quirúrgica y el tribunal presidido por la jueza Samantha Romero ha procurado extirpar el tumor de la corrupción con el bisturí de la ley sin caer en la tentación de encarnizarse por la presión social. Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que llegaron al final del juicio convencidos de que no les pasaría nada, ocuparán el poco deseable lugar en la Historia de haberse convertido en los primeros miembros de una familia real europea que se han sentado en el banquillo de los acusados. La condena social para ambos ha sido de cinco años, once meses y dos días, el tiempo que ha llevado la investigación, la instrucción y el juicio del desvío de fondos públicos a los bolsillos del exjugador de balonmano, antes duque y ahora convicto.
La resolución judicial absuelve a la infanta, alegando que desconocía el origen de su creciente fortuna, pero le impone una multa de 265.000 euros por disfrutar a título lucrativo del dinero que conseguía su cónyuge. Según el texto de la sentencia, Urdangarin se sirvió de su «privilegiado posicionamiento institucional» para ejercer «una presión moral de entidad suficiente para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades». En términos del código penal, cometió delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La enumeración hace que la condena de seis años de prisión parezca liviana. No es la primera vez que la opinión pública se queda con la impresión de que un caso de corrupción se salda con una pena de mínimos. El fallo aplica a Iñaki Urdangarin los grados más bajos para los delitos cometidos y le impone menos de un tercio de la pena de cárcel que solicitaba la Fiscalía. Así que ofrece argumentos a quienes como el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos consideran que la justicia ha funcionado, pero también Podemos e Izquierda Unida los encuentran para calificar de «calderilla» la multa a la hermana del Rey. Opinan estos últimos que el sistema ha perdido una oportunidad de empezar su regeneración con una sentencia ejemplar y sostienen que el desenlace judicial del caso supone la ratificación de que determinadas instancias del poder continúan ajenas a la ley que rige para el resto de los mortales. Incluso el juez José Castro, a quien nadie puede restar el mérito de haber investigado unos supuestos delitos ahora probados, ha expresado su decepción. Reconoce que no esperaba tanta benevolencia de las tres magistradas del tribunal, que a su juicio han consagrado el papel de Cristina de Borbón como «mujer florero».
Lo cierto es que ni siquiera los ahora más frustrados estaban seguros hace cinco años de que los duques de Palma fueran imputados. No pocos opinaron que Iñaki Urdangarin nunca sería condenado y que su esposa jamás pasaría el trago de declarar ante un tribunal. Todo eso ha ocurrido. Iñaki Urdangarin vive ahora pendiente de su ingreso en prisión y la infanta Cristina prepara las maletas para trasladarse de Suiza a Lisboa, una residencia que facilitará sus presumibles visitas a la cárcel. Guste o no, lo ocurrido y recogido en un sumario de 76.000 folios ha tenido no pocas consecuencias. El ‘caso Nóos’ ha supuesto un test de garantías para una democracia no tan añeja. La denuncia reflejó el hartazgo de la sociedad española ante la corrupción, la investigación cuestionó la independencia de la Fiscalía; la vista oral aceleró la abdicación de Juan Carlos I e impuso un cambio de formas en la Casa Real y la sentencia ha reivindicado la necesaria primacía de la ley. Más allá del alivio de unos y el pesar de otros, la democracia se construye al tiempo que se ejercita y ningún delito le causa tanto daño como ignorar las lecciones que ofrece.

POBRE JUSTICIA

Solo nos falta servir cafés». «Nos han robado hasta el bolso». La fiscal superior de Asturias presentó en la Junta General la memoria del órgano que dirige con una expresiva y detallada descripción de las condiciones de trabajo de los fiscales. Su intervención mostró una imagen de los juzgados asturianos cercana a la que cabría imaginar de las instancias judiciales de un país con una democracia menesterosa. La Fiscalía, a la que la confianza en la Justicia nos anima a sentir como nuestro abogado defensor ante los delincuentes, ni siquiera tiene capacidad para custodiar con garantías los documentos en los que fundamenta su trabajo. Los fiscales, señaló María Esther Fernández, acaban por desempeñar las tareas de los asistentes porque carecen de la plantilla adecuada. Su trabajo es perseguir a los delincuentes, pero en las sedes judiciales ni siquiera un tabique les protege de ellos. Sus competencias crecen, se les exige investigar con rapidez, garantías y eficacia. Sin embargo, hasta la fiscal superior se pasa «mañanas enteras» dedicada a ordenar papeles, firmar partes de vacaciones o solventar problemas informáticos.
Mientras, los casos se les acumulan. Porque la sociedad requiere cada vez más su intervención, pero también hay que decirlo, porque los escritos a la Fiscalía se han convertido en un arma política y hasta propagandística. Todas y cada una de las denuncias deben ser estudiadas y respondidas. Con todo, en tiempos en los que la confianza en los gestores de lo público está bajo mínimos, la fe en los fiscales aumenta. Así que les pedimos que trabajen más, que investiguen incluso aunque solo sea para que podamos sentirnos más seguros. Pero tras la brillantez de sus togas se ocultan muchas penurias que el poder político ha hecho poco por aliviar. Los partidos, sin excepción, siempre han tenido más interés por orientar el desempeño de los fiscales que por escuchar sus problemas. Incluso el propio estatuto que rige el Ministerio Público mantiene preocupantes vestigios que facilitan las intromisiones en su independencia. Y para colmo, el traspaso de competencias cargó a las autonomías con los gastos de un sistema judicial al que se otorgó un presupuesto más pensado para perseguir a carteristas y camellos que a las complejas redes tejidas por la corrupción o la delincuencia organizada.
El descarnado relato de la fiscal superior ante los parlamentarios sirvió para que el Ejecutivo asturiano prometiese al día siguiente un plan de obras que garantice la seguridad en la custodia de los expedientes. Los problemas de los fiscales y de los jueces no se van a terminar con unos cuantos tabiques y cajoneras nuevas para guardar sus papeles. Tampoco con las ahora recurrentes comisiones de investigación invocadas para todo y que han servido para casi nada más que para remitir a la Fiscalía dictámenes tan efectistas como ineficaces.
El buen funcionamiento de la Justicia exige un presupuesto acorde a sus necesidades, no solo las que consideran los políticos, que por lo visto hasta ahora son escasas, ni siquiera las que la fiscal superior demanda, sino las que resulta esencial cubrir para que funcione con garantías el poder al que nos aferramos no solo cuando somos víctimas de la delincuencia común, sino en los momentos en los que las grietas en el edificio de nuestra democracia amenazan su estabilidad. Nos hemos acostumbrado a esperar a una justicia que a pesar de su paso renqueante siempre termina por llegar. Es un consuelo. Pero entristece pensar lo tarde que llega a veces, sobre todo sabiendo que tal vez sea porque nuestros eminentes juristas están pendientes de que no les birlen la cartera en su propio despacho.

LOS HÉROES DEL ‘GURE UXUA’

La palabra héroe se ha desgastado La palabra héroe se ha desgastado tanto de regalársela cada fin de semana a cualquiera sin más méritos que marcar un gol que ahora resulta pequeña para unos hombres capaces de sobrevolar el mar Cantábrico en helicóptero con vientos de más de cien kilómetros por hora, descolgarse por un cable hasta una balsa a la deriva entre olas de diez metros y salvar doce vidas de una condena a muerte. Eso fue lo que hicieron el viernes los equipos de Salvamento Marítimo que salieron en busca de los tripulantes del pesquero gallego ‘Gure Uxua’, hundido a cincuenta millas de la costa de Navia tras una desesperada travesía en pleno temporal. El Helimer Cantábrico despegó de El Musel a las tres y media de la tarde con un equipo de cuatro personas: José Ramón Cruz, Iván Ortega, Fidel Cantos y Jorge Fernández. Dos horas y media después, regresó a su base con siete pescadores a bordo. Angustiados, la mayoría con una severa hipotermia, todos a salvo.
El éxito de una misión de rescate desarrollada en unas condiciones meteorológicas que el poco impresionable Alejandro Busto, jefe de Salvamento Marítimo de Gijón, calificó de «terroríficas» solo cabe a costa de un valor que devuelve al término heroísmo su verdadero significado, pero al que resulta imprescindible añadir el conocimiento y los medios necesarios. El equipo Helimer Cantábrico inició su labor en Gijón en 1994 con el personal justo y un helicóptero con sistemas de vuelo todavía manuales. En sus primeros diez años de trabajo realizó más de setecientas misiones y rescató a medio millar de personas. La innegociable exigencia de sus responsables es que el helicóptero esté en el aire, con su tripulación dispuesta a jugarse la vida, pocos minutos después de que la torre de control reciba el aviso de una emergencia. Con este fin, el día a día de quienes forman parte de los equipos de rescate se convierte en un constante entrenamiento. Cada grupo de los que se turnan en permanente guardia sobrevuela el Cantábrico más de cuarenta horas al mes. Y con más frecuencia de lo que les gustaría, la mar les examina a vida o muerte. La imagen de los marineros del ‘Gure Uxua’ sonrientes en la seguridad del helicóptero, realizando con sus manos la señal de la victoria, es la mejor respuesta sobre el nivel de cualificación de la plantilla de Salvamento Marítimo de Gijón.
La mejora en la seguridad marítima de Asturias también ha tenido mucho que ver con la actividad del Centro Jovellanos. Concebido para la investigación y formación, las últimas dos décadas casi noventa mil alumnos se han inscrito en sus cursos. De sus pruebas de selección han salido buena parte de quienes ahora participan en misiones de salvamento marítimo en toda España. Los bomberos de Gijón y Oviedo recurren a sus especialistas para realizar simulacros con fuego real. Sin alharacas, Salvamento Marítimo ha situado a Asturias como referencia europea en materia de seguridad. La mejor formación y los medios más avanzados es lo menos que las administraciones deben ofrecer a quienes se atreven a hacer del heroísmo su profesión. Cuando celebramos el éxito de haber salvado doce vidas tiene más sentido recordarlo. Sobre todo, para cuando los frágiles de memoria se empeñen de nuevo en revisarlo todo con criterios que nada tienen de heroicos y ni siquiera de honrosos.

EL MURO DEL MIEDO DE TRUMP

Quienes esperaban que Donald Trump resultara un bravucón ya pueden sentirse decepcionados. El presidente norteamericano no es de esa clase de tipos que echan mano de las baladronadas solo para alcanzar el poder. Un puñado de manifestaciones en su contra ha bastado para demostrar su determinación de gobernar a machote. Los cien días de gracia le han sobrado para firmar la orden ejecutiva con la que ha encargado completar un muro que separe Estados Unidos de México. Aún no ha desvelado si se contentará con las más económicas y marciales concertinas o pretende levantar un más perdurable paredón de cemento. En todo caso, su promesa es mantener fuera de su redil a los inmigrantes de dudosa lealtad y escasos recursos. La viabilidad y la eficacia de plantar una valla o construir un tabique de tres mil kilómetros están por ver. Poco le importan a Donald Trump. Sus objetivos son otros. El primero, demostrar que lleva a cabo sus promesas. Aunque resulten tan estúpidas como plantar en la frontera una muralla equivalente a la distancia entre Gijón y Minsk. Al fin y al cabo, una empresa de tal calibre solo puede estar al alcance del hombre más poderoso del mundo. Le queda encontrar la fórmula para cumplir la segunda parte de su compromiso electoral: que los mexicanos paguen de su bolsillo la barbaridad con la que aspira a poner fin a los problemas de desempleo, violencia y gasto social que atribuye a los espaldas mojadas.
Más preocupantes son las razones que subyacen en sus prisas por reforzar la frontera estadounidense. Donald Trump gobernará con el proteccionismo como bandera, lo ha proclamado; el populismo como discurso, de lo que ya dio pruebas en su investidura, y el miedo como herramienta. Aunque ello suponga equiparar con terroristas a las masas que patrullan la frontera en busca del sueño de tres comidas diarias. El temor ha levantado grandes muros a lo largo de la historia. Los emperadores chinos construyeron una muralla de roca a lo largo de 21.000 kilómetros para protegerse de las invasiones de los pueblos nómadas, el emperador Adriano ordenó levantar la fortificación que lleva su nombre para defender a Roma de los belicosos pictos y Stalin dejó caer un telón de acero con la excusa de preservar el sistema soviético de las perversiones capitalistas. En todos los casos, al otro lado de la piedra, el ladrillo o la alambrada estaba el enemigo. La misma percepción de la realidad que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere para los ciudadanos de un país que se siente imperio. Más allá del Río Grande están los bárbaros.
El muro del miedo de Donald Trump es una llamada al patriotismo norteamericano, la primera demostración de la fortaleza de su nuevo comandante en jefe. Y también una advertencia a la comunidad internacional de que su política de ‘América, lo primero’ no admite concesiones. Su grito de guerra ha tenido efecto. El temor sirve para unir y también para someter. Solo hay que ver la timorata respuesta que muchos países, entre ellos España, han dado al puñetazo del mandatario republicano en la mesa de los mexicanos. Una tibieza alentada por la advertencia de que la nueva administración norteamericana no admitirá medias tintas. No pocos gobiernos han quedado ya convencidos de que lo más conveniente a sus intereses es una prudente equidistancia. A corto plazo, la balanza comercial garantiza más rentabilidad que reivindicar unos principios que no encajan en la nueva diplomacia del miedo. Incluso el presidente de México parece conformarse con la etérea garantía de que Donald Trump intentará evitar las discusiones en público sobre quién pagará la fiesta. Queda por ver si la tímida respuesta internacional no se aprecia desde la Casa Blanca como una prometedora genuflexión.

LOS COMPROMISOS DEL MINISTRO

El ministro de Fomento no ha querido que el paso del tiempo cuestione su interés por desbloquear el plan de vías. En una semana en la que el temporal de frío ha concedido poca tregua a su departamento, Íñigo de la Serna visitó Gijón para reunirse con la presidenta de su partido en Asturias, el Ayuntamiento y el Principado. En poco más de dos horas intentó sentar las bases para resucitar un proyecto agonizante por la falta de presupuesto y los desacuerdos políticos. ‘Compromiso’ fue la palabra más repetida por el titular de Fomento en su comparecencia. El suyo, concretado en la voluntad de seguir adelante con el soterramiento, en la decisión de construir la futura estación junto al Museo del Ferrocarril y, sobre todo, en la posibilidad de buscar una fórmula de financiación complementaria a la venta de unos terrenos que hasta el momento nadie ha querido comprar.
El ministro ha anunciado la elaboración de un estudio de mercado, que promete elaborar «con celeridad», pero también con el rigor necesario «para no limitarnos a lanzar al Boletín Oficial la enajenación de las parcelas sin posibilidades de éxito». Su objetivo, ha dicho, es evitar «las patadas hacia adelante» en las que las administraciones incurrían en el pasado, con propuestas inviables que exigían un crédito tras otro «sin que se viera la luz al final del túnel». De la Serna pretende ser «realista» y ha reconocido que las plusvalías del ‘Solarón’ pueden no alcanzar para costear las obras. Pero también ha recordado sus compromisos al resto de administraciones implicadas: «Todos tenemos que colaborar». Dicho más claro, el ministerio no pondrá más dinero si el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento no asumen la parte que les corresponde por su participación en la sociedad que gestiona el plan de vías. El titular de Fomento ha apelado a la lógica para mantener en Gijón un proyecto al que ciudades como Valladolid, León o Santander se han visto obligadas a renunciar o modificar. La principal razón es que en ninguna de ellas se habían gastado 137 millones de dinero público en excavar un túnel. Sensatez no se le puede negar. Tampoco la coherencia política de defender la estación intermodal en la ubicación que su antecesora en el cargo, Ana Pastor, pactó con la alcaldesa de Gijón. Poco más se puede exigir a quien apenas lleva dos meses en el cargo y ha reservado a Gijón la deferencia de ser la primera ciudad que visita para abordar sus planes de integración ferroviaria.
Pero aún queda mucho trecho por recorrer para que Gijón deje de tener la estación provisional más duradera de España y un túnel inundado como único resultado del proyecto más ambicioso iniciado en la ciudad durante este siglo. El primer paso será completar la elaboración del prometido estudio, para lo que no se ha fijado fecha. Después, resultará imprescindible el consenso entre las tres administraciones implicadas, algo que no parece sencillo vistos los precedentes y la insistencia del Principado en recuperar el antiguo proyecto. La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, reivindicó ayer de nuevo la estación diseñada en Moreda durante la etapa de gobierno del PSOE. Su principal argumento es que una diferencia de trescientos metros no garantiza la centralidad, sino que ésta debe llegar a través de la estación de la plaza de Europa, capaz de recuperar para el tren 400.000 viajeros al año. Por añadidura, el Principado considera que existe mucho trabajo aprovechable del realizado para aquella propuesta inicial. Aunque la Administración regional asegura que su voluntad de sacar adelante el plan de vías «es firme», enredarse en el debate de dónde se sitúa la estación, una polémica que incluso llevó a los gijoneses a manifestarse en la calle, poco puede ayudar a agilizar un proyecto del que no se ha movido ni un papel en los últimos diez meses. No ha sido el diseño de las estaciones lo que ha dado al traste con la mayor parte de los planes para suprimir las barreras ferroviarias en las ciudades españolas, sino el empeño por mantener obras sobradas de ambición y carentes de presupuesto. Trece años han pasado desde que comenzó la excavación del túnel del metrotrén. Tiempo de sobra han tenido los partidos para ponerse de acuerdo, pero han dedicado más esfuerzos al cálculo político que al económico. El ministro de Fomento, aunque sin comprometer un euro más, ha dado razones para aferrarse a la esperanza de que algún día los trenes de alta velocidad lleguen a una estación adecuada. Si no la tantas veces prometida, al menos la que los asturianos merecen. Ahora, toca trabajar por ello.

POLÍTICA AMBIENTAL

Los anticiclones invernales han reavivado en los últimos años el debate sobre la polución en Asturias. Las altas presiones desencadenan el llamado proceso de ‘inversión térmica’: la circulación del aire se interrumpe en las capas más bajas, las emisiones no se disipan y las estaciones de medición alertan de las altas concentraciones de elementos contaminantes. Este mes ha ocurrido de nuevo. No es la primera vez ni será la última. La lluvia termina con este fenómeno y también con la polémica. Mientras llega y no la tormenta, las opiniones se enardecen y las grandes industrias se sienten atacadas porque las miradas suelen dirigirse a sus chimeneas. Las administraciones responden entonces con medidas que van desde la recomendación de evitar el uso de la calefacción en pleno enero al riego de calles o la advertencia de sanciones a las empresas, que sienten amenazado su futuro. En poco tiempo, el viento suele llevarse casi todo lo dicho. Sin embargo, los efectos más graves de la contaminación solo se aprecian a largo plazo. Las consecuencias de las improvisaciones, también. Y en ambos casos resultan irreparables.
En Asturias existen suficientes muestras para calibrar los resultados de la política pendular de aceptar un día, en aras del progreso, agresiones a la naturaleza que no deberían haberse producido y pasar el siguiente a espantar inversiones con discusiones extemporáneas. Son los resultados de las políticas de repentización. La experiencia y la inteligencia deberían llevar a los partidos a prolongar el debate más allá del tiempo que permanecen ante nuestros ojos las nubes contaminantes. Con sensatez y sin prejuicios. Conscientes de la lógica preocupación de los asturianos por su salud y de la cada vez mayor sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, pero también de la importancia de una industria en la que se sustenta el 20% del producto interior bruto de la región. La consejera de Medio Ambiente ha anunciado que se reunirá con 16 municipios del área central para diseñar un protocolo de actuación que ayude a atajar las consecuencias de la contaminación. No es mala idea para empezar, aunque haya sido lanzada al calor de una ‘inversión térmica’. Pero lo importante de las reuniones no son las convocatorias, sino sus resultados.
Asturias necesita planes ambientales con los que los ciudadanos se sientan protegidos y que permitan a las empresas reducir sus emisiones con proyectos que no pongan en riesgo su actividad. Con medidas más allá de endurecer las sanciones a la industria sin mayor afán que mejorar en la comparación con otras regiones y actuaciones que no se limiten a los momentos en los que las estaciones de medición superan los índices establecidos por la Unión Europea. Este tipo de respuestas a posteriori en poco ayudan a mejorar la calidad de vida de los asturianos. Lo mismo que la tentación en la que a veces incurren algunas organizaciones de exigir imposibles. La política ambiental solo puede ser eficaz cuando ofrece soluciones factibles, capaces de reducir o evitar los problemas, y de conjugar el crecimiento económico con la calidad de vida. Tal vez difícil, sí. Pero mucho más lógico que el extremismo de plantear la perversa y simple elección entre la industria o la salud. Si tiene sentido una aspiración es la de una región en la que se pueda trabajar y donde resulte deseable vivir. Sin un mínimo de ambas cosas, el fracaso está asegurado. El mundo está lleno de ejemplos.