El PSOE asturiano, en ebullición

Un segundo después de la incontestable victoria de Adrián Barbón comenzó en el PSOE asturiano la inevitable ebullición que sucede a un cambio de liderazgo. Son etapas que la militancia vive con exaltación, propicias también para las resurrecciones, las conversiones exprés y los ajustes de cuentas. La política asturiana ha entrado en un nuevo ciclo en el que casi todo lo que está por venir dependerá de la bicefalia que encarnan dos personalidades muy distintas.
Adrián Barbón ha prometido renovar el PSOE y respaldar la acción del Ejecutivo. En sus declaraciones, en las que ha pedido mesura, se advierte la prudencia de quien sabe lo complicado que resultará conjugar ambas cosas. La militancia ha avalado su oferta de cambio con una amplia mayoría, pero los próximos resultados electorales dependerán también, y mucho, de lo que haga un gobierno que apoyó a su rival.
Javier Fernández anunció su intención de completar su mandato en el Principado al mismo tiempo que renunciaba a la reelección al frente del partido. El presidente regional entiende esta promesa como la medida de su sentido de la responsabilidad, el mismo que le llevó a situarse frente a Pedro Sánchez y a compartir con Susana Díaz el bando de los perdedores. Tampoco él lo tendrá fácil. Sus discrepancias con la nueva mayoría socialista en Asturias son evidentes y profundas. Y tan peligrosos como sus adversarios, el puñado de autoproclamados incondicionales decididos a continuar la guerra por su cuenta. Solo así se entienden la aspereza de algunos y las ausencias de otros en las asambleas en las que se votó la gestión de Javier Fernández. El Gobierno asturiano podía esperar la ofensiva de los ‘sanchistas’, pero no que parte de sus paladines se retiraran para salvar sus muebles aún a costa de erosionar la figura del presidente.
Si algo pueden compartir los líderes que personifican la retoñada bicefalia del socialismo asturiano serán las dificultades para aplazar las facturas de las muchas cuentas pendientes cuando a los militantes les queda tanto por decidir. En primer lugar, quién será el próximo candidato regional. Aunque la liturgia del partido no lo incluya aún en el orden del día, en los corrillos de afiliados lo que interesa es conocer los designios de Adriana Lastra, la asturiana con más peso en la Ejecutiva de Pedro Sánchez; las intenciones de Fernando Lastra, al que tres meses al frente de la Consejería de Infraestructuras le han bastado para convertirse en un referente para muchos de los que buscan un aspirante alternativo al nuevo aparato; los afanes de Guillermo Martínez, el consejero que sostiene el escudo del presidente; las ideas de Francisco Blanco, renacido en el ‘sanchismo’ tras dejar el Gobierno; el criterio de Gimena Llamedo, que tendrá mucho que decir en casi todo, y por supuesto, los propósitos de José Luis Alperi, que no necesita alzar la voz para que ahora todos en el PSOE le escuchen.
Entre la militancia también se habla, y mucho, del futuro de las principales agrupaciones. Queda por solventar el liderazgo de la AMSO tras la renuncia de Wenceslao López, que no ha querido aprovechar su condición de alcalde para acomodarse en una secretaría general que pocos se atreverían a discutirle en este momento. En la sede socialista de Gijón no hay otro tema de conversación que la continuidad de José María Pérez, más que en entredicho no solo por su derrota frente a Barbón, sino porque el resultado de la última asamblea evidenció la debilidad de sus apoyos. Y sobre Avilés, muchos se preguntan qué hará Mariví Monteserín después de erigirse en baluarte del bando derrotado en las primarias.
Con todo esto por resolver, a Javier Fernández y Adrián Barbón les queda por delante en las próximas semanas no solo un congreso del PSOE en el que se medirán sus posibilidades de entendimiento, también el debate sobre el presupuesto regional, que la oposición espera como agua de mayo para dejar en evidencia sus diferencias y contradicciones. Todo un reto para los compromisos que ellos mismos se han impuesto.

LAS LECCIONES DEL ‘CASO NÓOS’

Las sentencias y la lluvia nunca caen a gusto de todos, pero dan para hablar y más cuando pillan a la nobleza a la intemperie. El fallo del ‘caso Nóos’ exigía la precisión de una intervención quirúrgica y el tribunal presidido por la jueza Samantha Romero ha procurado extirpar el tumor de la corrupción con el bisturí de la ley sin caer en la tentación de encarnizarse por la presión social. Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que llegaron al final del juicio convencidos de que no les pasaría nada, ocuparán el poco deseable lugar en la Historia de haberse convertido en los primeros miembros de una familia real europea que se han sentado en el banquillo de los acusados. La condena social para ambos ha sido de cinco años, once meses y dos días, el tiempo que ha llevado la investigación, la instrucción y el juicio del desvío de fondos públicos a los bolsillos del exjugador de balonmano, antes duque y ahora convicto.
La resolución judicial absuelve a la infanta, alegando que desconocía el origen de su creciente fortuna, pero le impone una multa de 265.000 euros por disfrutar a título lucrativo del dinero que conseguía su cónyuge. Según el texto de la sentencia, Urdangarin se sirvió de su «privilegiado posicionamiento institucional» para ejercer «una presión moral de entidad suficiente para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades». En términos del código penal, cometió delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La enumeración hace que la condena de seis años de prisión parezca liviana. No es la primera vez que la opinión pública se queda con la impresión de que un caso de corrupción se salda con una pena de mínimos. El fallo aplica a Iñaki Urdangarin los grados más bajos para los delitos cometidos y le impone menos de un tercio de la pena de cárcel que solicitaba la Fiscalía. Así que ofrece argumentos a quienes como el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos consideran que la justicia ha funcionado, pero también Podemos e Izquierda Unida los encuentran para calificar de «calderilla» la multa a la hermana del Rey. Opinan estos últimos que el sistema ha perdido una oportunidad de empezar su regeneración con una sentencia ejemplar y sostienen que el desenlace judicial del caso supone la ratificación de que determinadas instancias del poder continúan ajenas a la ley que rige para el resto de los mortales. Incluso el juez José Castro, a quien nadie puede restar el mérito de haber investigado unos supuestos delitos ahora probados, ha expresado su decepción. Reconoce que no esperaba tanta benevolencia de las tres magistradas del tribunal, que a su juicio han consagrado el papel de Cristina de Borbón como «mujer florero».
Lo cierto es que ni siquiera los ahora más frustrados estaban seguros hace cinco años de que los duques de Palma fueran imputados. No pocos opinaron que Iñaki Urdangarin nunca sería condenado y que su esposa jamás pasaría el trago de declarar ante un tribunal. Todo eso ha ocurrido. Iñaki Urdangarin vive ahora pendiente de su ingreso en prisión y la infanta Cristina prepara las maletas para trasladarse de Suiza a Lisboa, una residencia que facilitará sus presumibles visitas a la cárcel. Guste o no, lo ocurrido y recogido en un sumario de 76.000 folios ha tenido no pocas consecuencias. El ‘caso Nóos’ ha supuesto un test de garantías para una democracia no tan añeja. La denuncia reflejó el hartazgo de la sociedad española ante la corrupción, la investigación cuestionó la independencia de la Fiscalía; la vista oral aceleró la abdicación de Juan Carlos I e impuso un cambio de formas en la Casa Real y la sentencia ha reivindicado la necesaria primacía de la ley. Más allá del alivio de unos y el pesar de otros, la democracia se construye al tiempo que se ejercita y ningún delito le causa tanto daño como ignorar las lecciones que ofrece.

POBRE JUSTICIA

Solo nos falta servir cafés». «Nos han robado hasta el bolso». La fiscal superior de Asturias presentó en la Junta General la memoria del órgano que dirige con una expresiva y detallada descripción de las condiciones de trabajo de los fiscales. Su intervención mostró una imagen de los juzgados asturianos cercana a la que cabría imaginar de las instancias judiciales de un país con una democracia menesterosa. La Fiscalía, a la que la confianza en la Justicia nos anima a sentir como nuestro abogado defensor ante los delincuentes, ni siquiera tiene capacidad para custodiar con garantías los documentos en los que fundamenta su trabajo. Los fiscales, señaló María Esther Fernández, acaban por desempeñar las tareas de los asistentes porque carecen de la plantilla adecuada. Su trabajo es perseguir a los delincuentes, pero en las sedes judiciales ni siquiera un tabique les protege de ellos. Sus competencias crecen, se les exige investigar con rapidez, garantías y eficacia. Sin embargo, hasta la fiscal superior se pasa «mañanas enteras» dedicada a ordenar papeles, firmar partes de vacaciones o solventar problemas informáticos.
Mientras, los casos se les acumulan. Porque la sociedad requiere cada vez más su intervención, pero también hay que decirlo, porque los escritos a la Fiscalía se han convertido en un arma política y hasta propagandística. Todas y cada una de las denuncias deben ser estudiadas y respondidas. Con todo, en tiempos en los que la confianza en los gestores de lo público está bajo mínimos, la fe en los fiscales aumenta. Así que les pedimos que trabajen más, que investiguen incluso aunque solo sea para que podamos sentirnos más seguros. Pero tras la brillantez de sus togas se ocultan muchas penurias que el poder político ha hecho poco por aliviar. Los partidos, sin excepción, siempre han tenido más interés por orientar el desempeño de los fiscales que por escuchar sus problemas. Incluso el propio estatuto que rige el Ministerio Público mantiene preocupantes vestigios que facilitan las intromisiones en su independencia. Y para colmo, el traspaso de competencias cargó a las autonomías con los gastos de un sistema judicial al que se otorgó un presupuesto más pensado para perseguir a carteristas y camellos que a las complejas redes tejidas por la corrupción o la delincuencia organizada.
El descarnado relato de la fiscal superior ante los parlamentarios sirvió para que el Ejecutivo asturiano prometiese al día siguiente un plan de obras que garantice la seguridad en la custodia de los expedientes. Los problemas de los fiscales y de los jueces no se van a terminar con unos cuantos tabiques y cajoneras nuevas para guardar sus papeles. Tampoco con las ahora recurrentes comisiones de investigación invocadas para todo y que han servido para casi nada más que para remitir a la Fiscalía dictámenes tan efectistas como ineficaces.
El buen funcionamiento de la Justicia exige un presupuesto acorde a sus necesidades, no solo las que consideran los políticos, que por lo visto hasta ahora son escasas, ni siquiera las que la fiscal superior demanda, sino las que resulta esencial cubrir para que funcione con garantías el poder al que nos aferramos no solo cuando somos víctimas de la delincuencia común, sino en los momentos en los que las grietas en el edificio de nuestra democracia amenazan su estabilidad. Nos hemos acostumbrado a esperar a una justicia que a pesar de su paso renqueante siempre termina por llegar. Es un consuelo. Pero entristece pensar lo tarde que llega a veces, sobre todo sabiendo que tal vez sea porque nuestros eminentes juristas están pendientes de que no les birlen la cartera en su propio despacho.

LOS HÉROES DEL ‘GURE UXUA’

La palabra héroe se ha desgastado La palabra héroe se ha desgastado tanto de regalársela cada fin de semana a cualquiera sin más méritos que marcar un gol que ahora resulta pequeña para unos hombres capaces de sobrevolar el mar Cantábrico en helicóptero con vientos de más de cien kilómetros por hora, descolgarse por un cable hasta una balsa a la deriva entre olas de diez metros y salvar doce vidas de una condena a muerte. Eso fue lo que hicieron el viernes los equipos de Salvamento Marítimo que salieron en busca de los tripulantes del pesquero gallego ‘Gure Uxua’, hundido a cincuenta millas de la costa de Navia tras una desesperada travesía en pleno temporal. El Helimer Cantábrico despegó de El Musel a las tres y media de la tarde con un equipo de cuatro personas: José Ramón Cruz, Iván Ortega, Fidel Cantos y Jorge Fernández. Dos horas y media después, regresó a su base con siete pescadores a bordo. Angustiados, la mayoría con una severa hipotermia, todos a salvo.
El éxito de una misión de rescate desarrollada en unas condiciones meteorológicas que el poco impresionable Alejandro Busto, jefe de Salvamento Marítimo de Gijón, calificó de «terroríficas» solo cabe a costa de un valor que devuelve al término heroísmo su verdadero significado, pero al que resulta imprescindible añadir el conocimiento y los medios necesarios. El equipo Helimer Cantábrico inició su labor en Gijón en 1994 con el personal justo y un helicóptero con sistemas de vuelo todavía manuales. En sus primeros diez años de trabajo realizó más de setecientas misiones y rescató a medio millar de personas. La innegociable exigencia de sus responsables es que el helicóptero esté en el aire, con su tripulación dispuesta a jugarse la vida, pocos minutos después de que la torre de control reciba el aviso de una emergencia. Con este fin, el día a día de quienes forman parte de los equipos de rescate se convierte en un constante entrenamiento. Cada grupo de los que se turnan en permanente guardia sobrevuela el Cantábrico más de cuarenta horas al mes. Y con más frecuencia de lo que les gustaría, la mar les examina a vida o muerte. La imagen de los marineros del ‘Gure Uxua’ sonrientes en la seguridad del helicóptero, realizando con sus manos la señal de la victoria, es la mejor respuesta sobre el nivel de cualificación de la plantilla de Salvamento Marítimo de Gijón.
La mejora en la seguridad marítima de Asturias también ha tenido mucho que ver con la actividad del Centro Jovellanos. Concebido para la investigación y formación, las últimas dos décadas casi noventa mil alumnos se han inscrito en sus cursos. De sus pruebas de selección han salido buena parte de quienes ahora participan en misiones de salvamento marítimo en toda España. Los bomberos de Gijón y Oviedo recurren a sus especialistas para realizar simulacros con fuego real. Sin alharacas, Salvamento Marítimo ha situado a Asturias como referencia europea en materia de seguridad. La mejor formación y los medios más avanzados es lo menos que las administraciones deben ofrecer a quienes se atreven a hacer del heroísmo su profesión. Cuando celebramos el éxito de haber salvado doce vidas tiene más sentido recordarlo. Sobre todo, para cuando los frágiles de memoria se empeñen de nuevo en revisarlo todo con criterios que nada tienen de heroicos y ni siquiera de honrosos.

EL MURO DEL MIEDO DE TRUMP

Quienes esperaban que Donald Trump resultara un bravucón ya pueden sentirse decepcionados. El presidente norteamericano no es de esa clase de tipos que echan mano de las baladronadas solo para alcanzar el poder. Un puñado de manifestaciones en su contra ha bastado para demostrar su determinación de gobernar a machote. Los cien días de gracia le han sobrado para firmar la orden ejecutiva con la que ha encargado completar un muro que separe Estados Unidos de México. Aún no ha desvelado si se contentará con las más económicas y marciales concertinas o pretende levantar un más perdurable paredón de cemento. En todo caso, su promesa es mantener fuera de su redil a los inmigrantes de dudosa lealtad y escasos recursos. La viabilidad y la eficacia de plantar una valla o construir un tabique de tres mil kilómetros están por ver. Poco le importan a Donald Trump. Sus objetivos son otros. El primero, demostrar que lleva a cabo sus promesas. Aunque resulten tan estúpidas como plantar en la frontera una muralla equivalente a la distancia entre Gijón y Minsk. Al fin y al cabo, una empresa de tal calibre solo puede estar al alcance del hombre más poderoso del mundo. Le queda encontrar la fórmula para cumplir la segunda parte de su compromiso electoral: que los mexicanos paguen de su bolsillo la barbaridad con la que aspira a poner fin a los problemas de desempleo, violencia y gasto social que atribuye a los espaldas mojadas.
Más preocupantes son las razones que subyacen en sus prisas por reforzar la frontera estadounidense. Donald Trump gobernará con el proteccionismo como bandera, lo ha proclamado; el populismo como discurso, de lo que ya dio pruebas en su investidura, y el miedo como herramienta. Aunque ello suponga equiparar con terroristas a las masas que patrullan la frontera en busca del sueño de tres comidas diarias. El temor ha levantado grandes muros a lo largo de la historia. Los emperadores chinos construyeron una muralla de roca a lo largo de 21.000 kilómetros para protegerse de las invasiones de los pueblos nómadas, el emperador Adriano ordenó levantar la fortificación que lleva su nombre para defender a Roma de los belicosos pictos y Stalin dejó caer un telón de acero con la excusa de preservar el sistema soviético de las perversiones capitalistas. En todos los casos, al otro lado de la piedra, el ladrillo o la alambrada estaba el enemigo. La misma percepción de la realidad que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere para los ciudadanos de un país que se siente imperio. Más allá del Río Grande están los bárbaros.
El muro del miedo de Donald Trump es una llamada al patriotismo norteamericano, la primera demostración de la fortaleza de su nuevo comandante en jefe. Y también una advertencia a la comunidad internacional de que su política de ‘América, lo primero’ no admite concesiones. Su grito de guerra ha tenido efecto. El temor sirve para unir y también para someter. Solo hay que ver la timorata respuesta que muchos países, entre ellos España, han dado al puñetazo del mandatario republicano en la mesa de los mexicanos. Una tibieza alentada por la advertencia de que la nueva administración norteamericana no admitirá medias tintas. No pocos gobiernos han quedado ya convencidos de que lo más conveniente a sus intereses es una prudente equidistancia. A corto plazo, la balanza comercial garantiza más rentabilidad que reivindicar unos principios que no encajan en la nueva diplomacia del miedo. Incluso el presidente de México parece conformarse con la etérea garantía de que Donald Trump intentará evitar las discusiones en público sobre quién pagará la fiesta. Queda por ver si la tímida respuesta internacional no se aprecia desde la Casa Blanca como una prometedora genuflexión.

LOS COMPROMISOS DEL MINISTRO

El ministro de Fomento no ha querido que el paso del tiempo cuestione su interés por desbloquear el plan de vías. En una semana en la que el temporal de frío ha concedido poca tregua a su departamento, Íñigo de la Serna visitó Gijón para reunirse con la presidenta de su partido en Asturias, el Ayuntamiento y el Principado. En poco más de dos horas intentó sentar las bases para resucitar un proyecto agonizante por la falta de presupuesto y los desacuerdos políticos. ‘Compromiso’ fue la palabra más repetida por el titular de Fomento en su comparecencia. El suyo, concretado en la voluntad de seguir adelante con el soterramiento, en la decisión de construir la futura estación junto al Museo del Ferrocarril y, sobre todo, en la posibilidad de buscar una fórmula de financiación complementaria a la venta de unos terrenos que hasta el momento nadie ha querido comprar.
El ministro ha anunciado la elaboración de un estudio de mercado, que promete elaborar «con celeridad», pero también con el rigor necesario «para no limitarnos a lanzar al Boletín Oficial la enajenación de las parcelas sin posibilidades de éxito». Su objetivo, ha dicho, es evitar «las patadas hacia adelante» en las que las administraciones incurrían en el pasado, con propuestas inviables que exigían un crédito tras otro «sin que se viera la luz al final del túnel». De la Serna pretende ser «realista» y ha reconocido que las plusvalías del ‘Solarón’ pueden no alcanzar para costear las obras. Pero también ha recordado sus compromisos al resto de administraciones implicadas: «Todos tenemos que colaborar». Dicho más claro, el ministerio no pondrá más dinero si el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento no asumen la parte que les corresponde por su participación en la sociedad que gestiona el plan de vías. El titular de Fomento ha apelado a la lógica para mantener en Gijón un proyecto al que ciudades como Valladolid, León o Santander se han visto obligadas a renunciar o modificar. La principal razón es que en ninguna de ellas se habían gastado 137 millones de dinero público en excavar un túnel. Sensatez no se le puede negar. Tampoco la coherencia política de defender la estación intermodal en la ubicación que su antecesora en el cargo, Ana Pastor, pactó con la alcaldesa de Gijón. Poco más se puede exigir a quien apenas lleva dos meses en el cargo y ha reservado a Gijón la deferencia de ser la primera ciudad que visita para abordar sus planes de integración ferroviaria.
Pero aún queda mucho trecho por recorrer para que Gijón deje de tener la estación provisional más duradera de España y un túnel inundado como único resultado del proyecto más ambicioso iniciado en la ciudad durante este siglo. El primer paso será completar la elaboración del prometido estudio, para lo que no se ha fijado fecha. Después, resultará imprescindible el consenso entre las tres administraciones implicadas, algo que no parece sencillo vistos los precedentes y la insistencia del Principado en recuperar el antiguo proyecto. La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, reivindicó ayer de nuevo la estación diseñada en Moreda durante la etapa de gobierno del PSOE. Su principal argumento es que una diferencia de trescientos metros no garantiza la centralidad, sino que ésta debe llegar a través de la estación de la plaza de Europa, capaz de recuperar para el tren 400.000 viajeros al año. Por añadidura, el Principado considera que existe mucho trabajo aprovechable del realizado para aquella propuesta inicial. Aunque la Administración regional asegura que su voluntad de sacar adelante el plan de vías «es firme», enredarse en el debate de dónde se sitúa la estación, una polémica que incluso llevó a los gijoneses a manifestarse en la calle, poco puede ayudar a agilizar un proyecto del que no se ha movido ni un papel en los últimos diez meses. No ha sido el diseño de las estaciones lo que ha dado al traste con la mayor parte de los planes para suprimir las barreras ferroviarias en las ciudades españolas, sino el empeño por mantener obras sobradas de ambición y carentes de presupuesto. Trece años han pasado desde que comenzó la excavación del túnel del metrotrén. Tiempo de sobra han tenido los partidos para ponerse de acuerdo, pero han dedicado más esfuerzos al cálculo político que al económico. El ministro de Fomento, aunque sin comprometer un euro más, ha dado razones para aferrarse a la esperanza de que algún día los trenes de alta velocidad lleguen a una estación adecuada. Si no la tantas veces prometida, al menos la que los asturianos merecen. Ahora, toca trabajar por ello.

POLÍTICA AMBIENTAL

Los anticiclones invernales han reavivado en los últimos años el debate sobre la polución en Asturias. Las altas presiones desencadenan el llamado proceso de ‘inversión térmica’: la circulación del aire se interrumpe en las capas más bajas, las emisiones no se disipan y las estaciones de medición alertan de las altas concentraciones de elementos contaminantes. Este mes ha ocurrido de nuevo. No es la primera vez ni será la última. La lluvia termina con este fenómeno y también con la polémica. Mientras llega y no la tormenta, las opiniones se enardecen y las grandes industrias se sienten atacadas porque las miradas suelen dirigirse a sus chimeneas. Las administraciones responden entonces con medidas que van desde la recomendación de evitar el uso de la calefacción en pleno enero al riego de calles o la advertencia de sanciones a las empresas, que sienten amenazado su futuro. En poco tiempo, el viento suele llevarse casi todo lo dicho. Sin embargo, los efectos más graves de la contaminación solo se aprecian a largo plazo. Las consecuencias de las improvisaciones, también. Y en ambos casos resultan irreparables.
En Asturias existen suficientes muestras para calibrar los resultados de la política pendular de aceptar un día, en aras del progreso, agresiones a la naturaleza que no deberían haberse producido y pasar el siguiente a espantar inversiones con discusiones extemporáneas. Son los resultados de las políticas de repentización. La experiencia y la inteligencia deberían llevar a los partidos a prolongar el debate más allá del tiempo que permanecen ante nuestros ojos las nubes contaminantes. Con sensatez y sin prejuicios. Conscientes de la lógica preocupación de los asturianos por su salud y de la cada vez mayor sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, pero también de la importancia de una industria en la que se sustenta el 20% del producto interior bruto de la región. La consejera de Medio Ambiente ha anunciado que se reunirá con 16 municipios del área central para diseñar un protocolo de actuación que ayude a atajar las consecuencias de la contaminación. No es mala idea para empezar, aunque haya sido lanzada al calor de una ‘inversión térmica’. Pero lo importante de las reuniones no son las convocatorias, sino sus resultados.
Asturias necesita planes ambientales con los que los ciudadanos se sientan protegidos y que permitan a las empresas reducir sus emisiones con proyectos que no pongan en riesgo su actividad. Con medidas más allá de endurecer las sanciones a la industria sin mayor afán que mejorar en la comparación con otras regiones y actuaciones que no se limiten a los momentos en los que las estaciones de medición superan los índices establecidos por la Unión Europea. Este tipo de respuestas a posteriori en poco ayudan a mejorar la calidad de vida de los asturianos. Lo mismo que la tentación en la que a veces incurren algunas organizaciones de exigir imposibles. La política ambiental solo puede ser eficaz cuando ofrece soluciones factibles, capaces de reducir o evitar los problemas, y de conjugar el crecimiento económico con la calidad de vida. Tal vez difícil, sí. Pero mucho más lógico que el extremismo de plantear la perversa y simple elección entre la industria o la salud. Si tiene sentido una aspiración es la de una región en la que se pueda trabajar y donde resulte deseable vivir. Sin un mínimo de ambas cosas, el fracaso está asegurado. El mundo está lleno de ejemplos.

LA VALENTÍA DE AMARESH

Amaresh Fernández falleció el 31 de diciembre. Tenía 24 años. Padecía, desde la adolescencia, obesidad mórbida. Llevaba cinco años en la lista de espera para una operación de reducción de estómago. Los médicos le habían advertido de que aún debería aguardar otros cuatro más antes de pasar por el quirófano. De familia humilde, su sueldo de auxiliar administrativa no le alcanzaba para costearse una intervención de cirugía bariátrica en una clínica privada. Los especialistas de la sanidad pública habían probado diversos tratamientos con fármacos, estrictas dietas y programas de ejercicios. Sin éxito. Llegó a pesar 125 kilos. La obesidad y una severa diabetes que se había complicado al desarrollar resistencia a la insulina, condicionaron su vida desde los 16 años. Tuvo que realizar dos cursos de Secundaria desde las aulas hospitalarias. Su esfuerzo le valió un reconocimiento de la Consejería de Educación. Su existencia fue una constante lucha contra sus dolencias, las trabas burocráticas y los prejuicios, que también los sufrió. Se negaba a rendirse, a perder la sonrisa y menos aún su valentía. Cuando los médicos le dijeron que la operación en la que había depositado todas sus esperanzas de mejora no tenía fecha remitió una queja al Defensor del Paciente. «Estudiado su caso por los facultativos que corresponde, manifiestan que no tiene factores de riesgo o variables clínicas que pudieran suponer la consideración de urgencia o preferencia», fue la respuesta de la Administración, que en 2015 confiaba en atender su caso en el plazo de doce meses. Pasado ese tiempo, la joven envió una nueva carta de protesta. «Mi salud, tanto física como mental, cada vez se deteriora más. Tan solo tengo 24 años y llevo la vida de una persona de 80. Hay infinidad de cosas que ni siquiera puedo plantearme hacer por la obesidad que padezco y cada vez surgen más complicaciones». Ante el mutismo administrativo, acudió a EL COMERCIO para que la sociedad asturiana conociera la dura realidad que afrontan los enfermos de obesidad mórbida. «Me da igual dónde, solo quiero que me operen porque de seguir así seguro que voy a morir». Por desgracia, su pública denuncia no evitó el final que ella misma pronosticó.
Especular ahora con lo que habría pasado si su reclamación hubiera tenido otra respuesta de nada sirve. Cuestionar el criterio de los especialistas que rechazaron la urgencia de su caso carece de sentido. Si consideraron que Amaresh debía continuar en la lista de espera del Hospital Central fue a buen seguro porque el resto de los enfermos de obesidad mórbida se encontraban en una situación similar o peor. Lo inaceptable es que pretendan convencernos de que lo normal es que una intervención quirúrgica asumida por la sanidad pública como necesaria acumule una lista de espera de cuatro años. Por nimia que sea la dolencia, solo un inconsciente asumiría sin rechistar una cita con el quirófano para dentro de un lustro.
El jefe de Cirugía General del HUCA, Lino Vázquez, ha reconocido que la demanda de estas operaciones «está creciendo de forma apabullante». El 40% de los asturianos tiene problemas de sobrepeso. El único hospital de la región en el que se realizan estas intervenciones programa dos por semana. Sin embargo, cada siete días entran tres nuevos pacientes en una lista de espera que acumula trescientos nombres. Pocas cuentas hacen falta para darle la razón a Amaresh. Probablemente, no tenía derecho a operarse antes de lo previsto. Quiero creer que así era, a ello me inclina la confianza que merecen los profesionales de la medicina en Asturias. Pero a Amaresh Fernández le sobraban razones para pensar que el sistema que protege nuestra salud, y pagamos todos, no atiende de forma adecuada a quienes padecen una enfermedad sobre la que sobrevuelan demasiados tópicos. No se trata de estética, sino de supervivencia. La cirugía bariátrica, una operación de riesgo, supone el último recurso de la sanidad pública cuando la obesidad amenaza la vida del paciente. Por eso, más que el motivo de la muerte de Amaresh es el suplicio que marcó su vida lo que exige una respuesta. Ella tuvo el valor de poner su voz al hasta entonces silencioso drama de una lista de espera que se resiste a la lógica. Así despidió su último escrito a las autoridades sanitarias: «Gracias por su tiempo y atención. Espero sus noticias». Lo mismo digo.

EL TREN DE EUROPA, PARADO EN LEÓN

El descarrilamiento de un tren que transportaba carbón entre El Musel y León cortó el viernes la comunicación por ferrocarril con la Meseta toda la tarde. Casi a la misma hora del accidente, el Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Gijón sufrió una avería que le mantuvo parado durante veinte minutos. Cuando consiguió arrancar, recibió la orden de regresar a Busdongo. El convoy de mercancías siniestrado bloqueaba el paso en la rampa de Pajares, así que Renfe optó, una vez más, por trasladar en autobús a los pasajeros. Llegaron a su destino con tres horas y media de retraso, salieron de Madrid después de desayunar y llegaron a Asturias para la cena. Es lo que tiene depender de un trazado decimonónico por el que circulan trenes del siglo XX. Es la deplorable situación de una línea férrea que unida a túneles de metro tapiados, estaciones provisionales que se eternizan y la falta de inversiones en matenimiento dibujan una situación tan pintoresca del ferrocarril en Asturias que solo algún país en vías de desarrollo resulta apetecible para compararse.
Cierto que el Gobierno central se ha gastado tres mil millones en la variante de Pajares. Con este presupuesto lo único que ha conseguido en quince años es que el aire circule por los túneles. Mientras aún se preguntan cuándo pasará por ellos el AVE, muchos asturianos viajan en coche a León para coger el tren a Madrid. Íñigo de la Serna visitó Asturias esta semana para otear lo que sus ciudadanos esperan de él. El titular de Fomento no se ahorró reuniones. Tomó café con la presidenta del PP, conversó durante noventa minutos con el presidente regional y dedicó una hora a escuchar los planteamientos de Foro. Aún tuvo tiempo de pasar revista a las obras de la autovía en Salas e incluso para recoger las quejas de la plataforma de los sufridos usuarios de los cercanías. Poco más de un mes tardó el ministro en presentarse en el Principado. Con ello demostró interés en conocer las necesidades de la región. Supo administrar su agenda para respetar el plano institucional, atender a sus socios en el Parlamento e incluso evitar incómodos encuentros entre quienes encarnan facciones enfrentadas dentro del PP asturiano. Signo de pericia política. En su comparecencia, su formación de ingeniero de caminos y la prudencia evitaron que repitiera los errores de algunos de sus compañeros de gabinete que se atrevieron a cantar las excelencias de la política de infraestructuras de su partido en una autonomía que durante los últimos años se ha sentido más agraviada que atendida en esta materia. De la Serna prometió «correr todo posible» para abrir la variante, pero sin garantizar que los trenes circularán por ella en 2017 como establece el acuerdo que Rajoy rubricó con Ciudadanos. Sabe que es prácticamente imposible, así que pidió tres meses para anunciar un compromiso factible.
Tiempo no le sobra con una legislatura. Su predecesora ya demostró lo difícil que le puede resultar a un ministro terminar una obra. En Asturias, Ana Pastor se conformó con finalizar la autovía del Cantábrico. El AVE no fue su prioridad. El nuevo titular de Fomento proclamó en Oviedo que para él la variante de Pajares sí lo es. A su favor cuenta con un consenso forjado por la crisis que ha llevado a los partidos, empresarios y organizaciones sociales del Principado a aceptar que una mejora en la línea entre Pola de Lena y Gijón es preferible a la promesa de un nuevo trazado de coste e impacto ambiental tal vez inasumibles. También las reivindicaciones de Gijón se han quedado en una petición más que razonable: buscar una fórmula de financiación para el plan de vías que permita construir una estación digna sin perder otros cuatro años en unas cuentas de la lechera que hasta el momento solo han permitido ajardinar un solar. Ninguna ciudad española con más de 250.000 habitantes recibe a sus viajeros en una estación de tren que supera en poco a un gran apeadero y una terminal de autobuses reducida a poco más que unos andenes. Pocos más argumentos que un par de fotografías debería necesitar el ministro para convencerse de la urgencia del proyecto. Y apenas un reloj y las cifras de viajeros para comprobar que los cercanías de la región circulan hacia la ruina.
Los asturianos no piden más que la posibilidad de viajar en tren a Madrid en menos de tres horas desde una estación que merezca ese nombre. Las empresas asturianas no demandan mayores ventajas que transportar sus mercancías a la misma velocidad desde El Musel o Avilés que desde cualquier otro puerto de España. Asturias no exige más que lo justo para dejar de sentir que el tren de Europa sigue parado en León.

MALA EDUCACIÓN

Después de tres años de guerra educativa, el Gobierno ha decidido convertir las reválidas en un ejercicio escolar, casi en un día de asueto, y recuperar la vieja Selectividad. La reforma educativa del Partido Popular, irrenunciable con mayoría absoluta, se ha convertido en prescindible, urnas mediantes. La educación española tiene ahora ocasión de encontrar un consenso del que jamás ha disfrutado y solucionar sus problemas, que no son pocos, sin caer de nuevo en la habitual tentación de los partidos de poner su marchamo ideológico en los libros de texto. En diez legislaturas, los colegios han tenido que adaptarse a siete leyes distintas. Esta misma semana, los profesores asturianos han reclamado para sí la misma protección legal ante las agresiones de la que disfrutan los médicos. Entre otras situaciones, relataron el caso de una madre de un niño de Infantil que llegó a agredir al maestro porque retrasó la hora de salida de clase. Una encuesta elaborada por el sindicato ANPE asegura que el 57% del profesorado no se siente apoyado por la dirección de su centro y que el 14% no sabe o prefiere no contestar. El mismo informe detecta un aumento de la indisciplina, las conductas agresivas de alumnos y los enfrentamientos con los padres.
Tampoco las familias parecen demasiado satisfechas con la atención que reciben sus hijos. «Somos parte de la comunidad educativa, pero cuando opinamos sobre algo relacionado con la escuela que no sea hacer fiestas y trajes o repartir lotería se nos reprocha argumentando que nos entrometemos en la labor docente», ha dicho la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Los padres acaban de poner fin a una huelga contra los deberes con la que han tratado de reivindicar su derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas en el ámbito familiar, «de carácter privado, sin que la escuela pueda invadirlas».
Padres y profesores pueden tener opiniones diversas, resulta comprensible. Es una de las razones por las que depositamos en la Administración la responsabilidad de organizar el sistema educativo. Sin embargo, los partidos se han empeñado con reiteración en formar afiliados antes que ciudadanos. Y periódicamente, cuando algún supuestamente infalible organismo internacional deja a nuestros colegios en mal lugar o nuestras universidades aparecen en los últimos puestos de las clasificaciones de excelencia se reabre el debate sobre la necesidad de revisar el sistema educativo español. Es entonces cuando nos preguntamos si queremos ser suecos o coreanos, construir universidades como las norteamericanas o establecer programas de formación profesional como los de Alemania. Pero nos guste más o menos, seguimos siendo españoles. La educación asturiana, según el último informe del Estudio Internacional en Matemáticas y Ciencias, obtiene buenas calificaciones, incluso por encima de la media de los 64 países evaluados. A pesar de sus diferencias, las familias y profesores algo hacen bien incluso cuando las administraciones no han demostrado la menor coherencia al trazar el camino a seguir. No obstante, el mismo estudio que ha servido al Principado para felicitarse también indica que el 30% de los estudiantes presencia de forma esporádica situaciones de acoso, que repetir curso es casi sinónimo de fracaso y que uno de los elementos que más influye en el éxito escolar es la riqueza de las familias. Indicadores tal vez más relevantes que la posición en el ránking de turno, por mucho que nos guste compararnos con los demás, y que no se arreglan con más carga lectiva ni con entrenar los test con los que se evalúa a los centros. Problemas cuya solución requiere ideas claras, leyes estables y recursos económicos sin los que a largo plazo solo podemos aspirar a un tipo de educación: mala.