La perversión de ‘La manada’

El juicio contra ‘La manada’, los cinco detenidos por violar a una joven en los sanfermines de 2016, sentará precedente. No por la sentencia, que solo cabe esperar justa, sino por la respuesta social que ha desencadenado la estrategia de la defensa. Los abogados de los acusados han presentado ante el juez el seguimiento realizado por un detective a la víctima y diversas informaciones tendentes a señalar que hubo consentimiento para las relaciones sexuales y que la joven que denunció los abusos no sufre secuelas. Sus argumentos buscan la absolución o al menos rebajar las penas y la indemnización correspondiente. Desafía a la lógica y a la humanidad sostener que una mujer desea acabar la noche sometida a abusos sexuales en un portal, forzada por un grupo de bestias y grabada en vídeos que fueron enviados a los amigos acompañados de comentarios incalificables. Sin embargo, el juez decidió admitir estas pruebas.
El sistema judicial español es garantista, en caso de duda se inclina a facilitar la defensa para que la condena resulte irrefutable. Los juristas saben que esta decisión del magistrado no condiciona su veredicto. El catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo, especializado en violencia de género, señala incluso que la víctima puede ser la primera interesada en que se admitan todas las pruebas como la mejor manera de evitar que los acusados puedan alegar indefensión y solicitar la nulidad de las actuaciones. Desde el punto de vista procesal, no cabe más que acatar la resolución del juez. Pero la sociedad en cuyo nombre actúa la justicia se ha indignado. No porque pretenda impedir el innegable derecho a la defensa de cualquier acusado, sino por el convencimiento de que ‘La manada’ vuelve a abusar de su víctima. Tenemos la impresión de que la joven está siendo obligada a demostrar cuánto rechazaba lo ocurrido y que la violación le ha causado el suficiente sufrimiento como para justificar una condena. Durante el juicio ha tenido que escuchar que su vida ha continuado de manera normal, lo que intenta conducir al juez a la detestable conclusión de que no pasó nada que ella rechazase o que en todo caso tampoco fue para tanto. Los acusados han recurrido a la perversión de cuestionar no solo la veracidad de la denuncia, sino los padecimientos, la moralidad y la dignidad de su víctima. Deberíamos preguntarnos si algo falla en nuestro sistema de protección si el camino para encontrar justicia admite este calvario. Muchos deben creer que así es cuando miles de personas han salido a las calles para protestar por la respuesta que ha recibido la valentía de esta mujer.
Tras los reiterados casos de abusos a mujeres en las fiestas y zonas de ocio, las administraciones han multiplicado sus campañas de sensibilización, en las que animan a quienes sufren los ataques a denunciar y a los testigos a no permanecer impasibles. La sociedad española ha evolucionado lo suficiente para rechazar cada vez con mayor rotundidad cualquier tipo de acoso. Hemos avanzado, pero quizás no tanto como pensamos. Los especialistas en políticas de igualdad advierten de que muchos jóvenes han crecido con un acceso ilimitado a un consumo pornográfico que les lleva a la creencia de que someter a su antojo a una mujer resulta algo natural y aceptable, más cuando está por medio la excusa del consumo de alcohol. Las campañas institucionales son útiles y necesarias, pero insuficientes mientras las mujeres sientan que lo único que tienen garantizado cuando denuncian es la tortura de un proceso en el que la condena dependerá de demostrar que nunca podrán recuperarse del daño sufrido o del largo de la falda.

Un paseo por las Cuencas

Iberdrola ha solicitado al Gobierno el cierre de la térmica de Lada. Después de casi treinta años de debate sobre la construcción de una línea de alta tensión para evacuar la energía que producía, la central cerrará antes de que se instale la primera torre. La empresa ha lanzado su órdago al Ejecutivo poco después de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, manifestase su intención de buscar apoyos políticos para regular por ley el cierre de las centrales eléctricas. Por eso el ministerio ha contestado, molesto, que estudiará la petición con «tranquilidad» y cumpliendo con apacible rigor todos los trámites administrativos. El anuncio ha pillado a los partidos asturianos enzarzados en la polémica por la moción aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos de Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos para adelantar a 2020 la clausura de las centrales térmicas. El implacable razonamiento de las cuentas de resultados y las exigencias de la Unión Europea de ‘descarbonizar’ la producción eléctrica en favor de las energías limpias han pesado más que toda la argumentación de los políticos en defensa de la seguridad en el suministro y la necesidad de proteger la producción de carbón autóctono aunque solo sea como elemento regulador de los precios. El cierre de Lada afecta a noventa trabajadores, que dejarán de dedicarse a la producción eléctrica para ocuparse durante cuatro años de desmantelar la planta. Después, según los planes de la compañía, serán recolocados en otras instalaciones del grupo.
Los políticos asturianos han reaccionado con rapidez para culparse unos a otros de una decisión que supone un duro golpe, otro más, a las Cuencas. El PSOE asturiano sostiene que el PP conocía la decisión de Iberdrola y ha tratado de confundir a la opinión pública sin hacer nada por buscar una transición «justa» hacia un nuevo modelo energético. En cambio, los populares consideran que pocos reproches le puede hacer un partido que asegura defender el carbón en Asturias y apoya en Madrid una moción que acelera el desmantelamiento de las térmicas y el final de la minería. Similares argumentos utiliza Foro, que atribuye a los socialistas «un historial de engaños interminable». Izquierda Unida de Asturias acusa al Gobierno de precipitarse sin buscar salidas «solidarias y justas» para las comarcas afectadas y Podemos recuerda a la compañía sus obligaciones hacia las Cuencas. Un nuevo episodio del perenne enfrentamiento sobre el más que dudoso futuro del carbón y de unos municipios en los que después de invertir con más improvisación que acierto el horizonte se intuye amargo. Con la clausura de Lada, solo quedarían tres centrales térmicas privadas en Asturias. Una de ellas, la de Soto de la Barca, propiedad de Gas Natural Fenosa, figura desde hace tiempo en todas las quinielas sobre cierres. EdP, que ha invertido doscientos millones en los últimos dos años en mejoras ambientales, se basta para quemar el carbón que produce Hunosa. Y a pesar de ello, su compromiso de comprar toda la producción no garantiza el futuro de la empresa hullera estatal, cuyos pozos aún productivos siguen pendientes de la aplicación de la orden europea que establecía el cierre de las explotaciones no rentables en 2018.
Durante los últimos años, partidos y sindicatos han clamado por un pacto sobre la energía, un plan para las cuencas que aclare si los últimos pozos tienen alguna posibilidad de sobrevivir un poco más y una reconversión de las comarcas mineras que no pase por construir aulas temáticas de lo que fue y acondicionar centros para jubilados. Mientras, el calendario europeo sobre el cierre de las explotaciones mineras y la sustitución de las térmicas por centrales de energía limpia ha avanzado inexorable. Entre los políticos, hay quienes prefieren destacar lo conseguido para equilibrar la balanza, pero no faltan los que auguran un irremediable desmantelamiento industrial. En otros lugares parecen tener claro el porvenir. Alemania ha comenzado a desarrollar políticas de transición con medidas de apoyo a las zonas con gran dependencia del carbón. En España preferimos debatir en profundidad los asuntos antes de tomar decisiones y en ello nos hemos ocupado los últimos tiempos a pesar de los discutibles resultados de los planes puestos en marcha con más presupuesto que lógica. El resultado se aprecia en un paseo por las Cuencas.

Los rescoldos de la indiferencia

Aún no ha terminado el año y en Asturias han ardido más de 26.000 hectáreas de monte, la mayor extensión en casi veinte años. Hasta octubre, los bomberos asturianos sofocaron 1.635 incendios forestales, más del doble que en 2016. Aunque no es el número de fuegos lo más preocupante, sino el espectacular incremento de la superficie quemada, que cada dos o tres años se dispara con un patrón tan reiterado que resulta casi predecible. En los mismos concejos y en épocas similares. Las últimas dos grandes oleadas de incendios han coincidido con sequías otoñales y vientos favorables a la propagación. Comenzaron en fin de semana y no logramos sofocarlos hasta que la lluvia llegó en nuestro auxilio. Lo único incuestionable en ambos casos fue el trabajo de los equipos de extinción, que cruzaron muchas veces el límite de lo que cabe exigirles para evitar que los daños a las personas, las propiedades y a los espacios naturales protegidos fueran mucho más graves. También muchos vecinos anónimos de los pueblos cercados por las llamas han luchado contra el fuego sin más reconocimiento que el de los retenes a los que han intentado ayudar. Apagados los incendios, la rutina asturiana incluye las promesas de investigación y la polémica, que suelen cerrarse con alguna que otra detención de algún lugareño que confiesa haber prendido rastrojos sin autorización y un puñado de reproches en el Parlamento. Lo cierto es que capturar a los pirómanos no resulta sencillo, porque la mayor parte de las pruebas acaban convertidas en humo, y tampoco encontrar a un solo político a quien echar la culpa de una situación que se repite hasta donde alcanza la memoria.
El cerillazo ha sido una costumbre en Asturias desde mucho antes de que comenzásemos a plantearnos el pernicioso efecto del cambio climático. En los últimos treinta años, el Suroccidente ha sufrido más del 40% de los grandes incendios, pero el mayor número de fuegos se han registrado en los concejos de Llanes y Cangas de Onís. La estadística descarta las casualidades. El problema no es nuevo, pero sus consecuencias son cada vez más graves. Siempre hemos convivido con los incendios forestales, pero a muchos solo han comenzado a preocuparles cuando se despertaron una mañana y el humo nos dejó sin amanecer. Durante años, los montes han ardido periódicamente. En la mayor parte de los casos, observar la disposición de los frentes del fuego y las zonas afectadas era suficiente para entender las razones del incendio. Una y otra vez, contemplábamos incluso con fascinación las llamas y aunque nos indignásemos contra los incendiarios, nos desentendíamos del problema en cuanto se apagaban. Tampoco eso ha cambiado demasiado por mucho que después de cada catástrofe se repita la exigencia de mejorar medidas de prevención y la necesidad de aumentar los recursos de extinción. El monte sigue ardiendo, solo que cada vez con mayor facilidad y devastación porque en muchos lugares solo crece el matorral en lo que antes eran prados. Donde aún quedan vecinos, se sienten tan abandonados como las camperas desaparecidas bajo la retama y el árgoma. Unas condiciones cada vez más penosas para vivir y favorables a los desaprensivos dispuestos a utilizar un mechero sin contemplaciones. Los rescoldos de los últimos grandes incendios en Asturias siguen en nuestros montes por mucho que tengamos la impresión de haber apagado las llamas. Se avivan con la indiferencia, la incomprensión y la resignación a un abandono que demasiados justifican como inexorable.

La simiente del odio en Cataluña

Banderas que son arriadas y destruidas, multitudes vociferantes en las plazas. Niños que corean consignas que no entienden, adultos que lloran de emoción. Un grupo de diputados que canta un himno patriótico tras declarar una república ilegal con setenta votos, en secreto, deprisa y con dudas. Miles de personas que corean el nombre de un presidente que ya no lo es. La fiesta de una mentira proclamada después de que el Senado aprobase entre aplausos la destitución del Gobierno de Cataluña y la intervención del Estado para rescatar la democracia de un secuestro. Cuesta entender los festejos en las calles de Barcelona tanto como las sonrisas de satisfacción de algunos parlamentarios en Madrid. Resulta difícil creer que alguien tenga nada que celebrar cuando las imágenes provocan el mismo escalofrío que la irracional euforia de quienes a lo largo de la historia han vitoreado a quienes desfilaban camino de una tragedia. La alegría resulta tan incomprensible como la indiferencia cuando se antoja tan sencillo sentirse en la piel de las miles de familias que viven con angustia, desgarro y miedo en Cataluña.
No cabe duda de la traición del Gobierno catalán. Antes que a su país, a los ciudadanos a quienes dice representar y que no han tenido el derecho a votar, ni siquiera a opinar, sobre una decisión solo sustentada en el griterío de una multitud convocada para justificarse. El independentismo apela a la voluntad del pueblo para situarse por encima de la democracia, el mismo argumento utilizado por todas las dictaduras para enterrar las leyes que salvaguardan a los ciudadanos de los abusos. El Govern se ha quitado finalmente la careta. Ha evitado el diálogo que reclamaba con la renuncia a defender sus reivindicaciones en la cámara donde los votos de los ciudadanos le entregaron su representación, ha dejado a un lado la política para imponer su despotismo sin ofrecer ninguna alternativa y ha rechazado convocar elecciones para no escuchar la verdadera opinión de los catalanes. Lo que sea que ha proclamado, aunque inexistente, insulta a la propia definición de una república o cualquier otro sistema democrático. La cuidadosa puesta en escena de los parlamentarios soberanistas arropados por los alcaldes armados con sus bastones de mando evidencia lo poco que el desafío independentista tuvo de improvisación y lo mucho que sus líderes están dispuestos a hacer para forzar un enfrentamiento. Las perversas consignas de las organizaciones secesionistas a los manifestantes que se agolpaban ante el Parlament para actuar en caso de una intervención policial demuestran lo sofisticado de la estrategia diseñada para presentar a España como una nación intolerante a pesar de que ha soportado los sucesivos agravios con un estoicismo casi vergonzante.
Llegados a este punto, no cabía más decisión que la tomada por el Gobierno. Mariano Rajoy ha decidido destituir al Ejecutivo catalán al completo, disolver el Parlament y convocar elecciones. Las urnas suponen el único camino para restaurar la democracia en Cataluña. Recuperar la convivencia será mucho más difícil. El independentismo sabe que su golpe de estado, burdamente disfrazado de parlamentarismo, no tiene más futuro que los tribunales. Su mayor peligro ya no está en las decisiones que pueda tomar, ni siquiera en el desastre provocado en la economía catalana, sino en la simiente del rencor que aún intenta sembrar a cada paso. Entre Cataluña y España, entre los propios catalanes. El mayor desafío para la democracia no será terminar con el régimen totalitario de Puigdemont, sino desmontar sus mentiras, desraizar su cosecha de odio antes de que dé sus frutos.

La ‘cumbre de Oviedo’

La ‘cumbre de Oviedo’ auspiciada por los Premios Princesa de Asturias quedará en la historia de lo mucho que por desgracia está por venir. Ojalá hubiera sido innecesaria, pero la contumacia del separatismo catalán nos impidió celebrar la fiesta en paz. Sí fue la ceremonia que España necesitaba. La fotografía del Rey con el presidente del Gobierno y los tres principales líderes de la Unión Europea quiso reflejar la respuesta de la unidad de los demócratas frente al riesgo de un nacionalismo que, en palabras de Antonio Tajani, «amenaza con llevarnos a los infiernos». Ante la mayor crisis territorial de su etapa democrática, España encontró el respaldo de las principales autoridades comunitarias, sin medias tintas. Las palabras del presidente del Parlamento Europeo destacaron por su rotundidad: «Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Su apelación a la concordia, su encendida defensa de una Europa creada para conquistar una democracia mejor para todos y, sobre todo, su categórica afirmación de que las resoluciones de la justicia «deben aplicarse, y punto» sorprendieron incluso. No fue la suya la voz de algunos líderes europeos que parecieron titubear ante las acusaciones de los partidos secesionistas sobre el empleo de la fuerza durante el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Su discurso dejó claro que es la Constitución el amparo de los valores democráticos que Europa defiende en su territorio y cerró la puerta a una de las principales aspiraciones del nacionalismo catalán: lograr que las autoridades comunitarias accedan a una mediación que suponga el reconocimiento implícito de un estatus como nación.
Las palabras de Tajani, como las del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y las del presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, respaldaron la determinación expresada por Felipe VI de resolver la crisis de Cataluña «por medio de las legítimas instituciones». Mariano Rajoy, que había programado con más detalle y anticipación de lo que se ha dicho su presencia en Asturias, logró transmitir al mundo la imagen de un respaldo internacional esencial antes de aprobar las medidas encaminadas «a restaurar el orden constitucional y el interés general en Cataluña». Más allá de la imagen, España ha encontrado, al fin, algo mucho más valioso ante la comunidad internacional: un discurso claro. Frente a la engañosa reivindicación de las libertades que expresa la Generalitat, el Gobierno tiene al fin una respuesta sencilla e irrefutable, no solo avalada por el Rey, sino también compartida por las democracias europeas. España no interviene en Cataluña porque sea incapaz de entender sus reivindicaciones identitarias, sino porque el Ejecutivo catalán está decidido a proclamar una independencia para la que carece de legitimidad. Por más disfraces con los que quieran vestir al secesionismo, las decisiones adoptadas por Puigdemont y sus socios valen lo mismo que las de cualquier grupo de iluminados por muy grande que sea. No existe una sola ley que les ampare, ni siquiera un respaldo social que les avale por más que digan. En nombre del pueblo solo se puede hablar tras una votación democrática, lo que no fue la parodia con la que pretenden justificarse. Esa es la explicación que el Gobierno español debe hacer llegar al mundo, algo que hasta el momento no ha logrado con la eficacia necesaria. La ‘cumbre de Oviedo’ ha supuesto un primer paso para que España aclare la verdadera naturaleza del ataque que ha sufrido su democracia. Pero no es suficiente con decirlo una vez. Por desgracia, es probable que el Gobierno necesite repetir en todos los foros internacionales la necesidad de defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos ante la amenaza de un nacionalismo totalitario. No cabe temer otra cosa tras la respuesta de Carles Puigdemont.

El futuro de Cataluña se juega a echar pies

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se han concedido unos días para echarse a pies la suspensión de la autonomía en Cataluña. El presidente del Gobierno, más cómodo en sus zapatos ahora que se ha sacado la chinita de la indecisión del PSOE. El autoproclamado campeón del independentismo, con los pies entumecidos en las botas que le ha puesto la CUP. Por más que encoja los dedos, el calzado no mengua. Ni monta, ni cabe. Es lo que tiene una independencia con fecha de consumo preferente. El Gobierno ha respondido a la secesión en suspenso con un artículo 155 condicionado a las explicaciones del president, que viene a ser algo así como un ‘dilo si te atreves’. La respuesta está en la cara que se les quedó a quienes el independentismo había convocado a la fiesta de la república y volvieron a casa convencidos de que les habían tomado el pelo. El PDeCAT, que antes de rebautizarse supo tantas veces tensar la cuerda y soltar a tiempo de recoger las prebendas, sabe que al avión de la independencia le falta potencia para despegar antes de estrellarse contra el muro de la justicia. De momento, Puigdemont, aunque no sea más que por saciar su ego, podrá decir que proclamó una república durante treinta segundos, por mucho que fuera con la boca pequeña y más ficticia que la ínsula Barataria. A pesar de ello, no renuncia a sacar tajada de su ambigüedad, aunque aún no tenga muy claro si no se la comerán Oriol Junqueras o Ada Colau.
El ruido de la declaración nonata le ha permitido presentar el conflicto catalán ante la comunidad internacional. Incluso Donald Trump, por más que algunos duden que sepa dónde queda Barcelona, ha tenido que pronunciarse. La UE ha respaldado al Gobierno, pero le ha pedido que dialogue. El discurso mártir del president ha tenido eco fuera de España. Resulta innegable. Su campaña de imagen resultó mucho más calculada que la fría versión oficial, que ni siquiera se atrevió a decir lo que piensa de la cifra de ochocientos heridos facilitada por la sanidad catalana. La precisa estrategia del victimismo ha logrado que el delegado del Gobierno en Cataluña casi pidiera disculpas porque la Policía hiciera su trabajo, ha llevado a Podemos a incluir el referéndum de autodeterminación en su programa electoral y ha forzado al PP a asumir la reforma constitucional exigida por Pedro Sánchez. Todo eso se ha echado al morral el independentismo catalán a costa de una sangría de empresas propia de un conflicto armado. El dinero no atiende al afecto, se aferra a las certezas, y lo único seguro con Puigdemont es su desprecio a las leyes. La estampida empresarial pesó más en la etérea declaración del Ejecutivo catalán que las apelaciones al diálogo.
Rajoy puede sentirse más seguro que hace unas semanas. La firmeza del Rey, el respaldo de la Justicia, la profesionalidad de la Policía y, sobre todo, los votos del PSOE y Ciudadanos le garantizan la capacidad de aplicar las medidas necesarias, incluida la suspensión de la autonomía. Pero con el artículo 155 o sin él, la respuesta debe ser rigurosa, sensata e inteligente. No se trata de vencer, sino de garantizar a los ciudadanos de Cataluña los derechos que intentan arrebatarles. Sin enredos ni atajos. A estas alturas, es probable que Puigdemont desee tanto como los partidos que las reclaman unas elecciones, pero nada agradecería más que un argumento para gritar al mundo un nuevo agravio a Cataluña y sus instituciones. Seguro que él preferiría lograr una mayoría en las urnas, no como las que compró en los chinos para el simulacro de referéndum, sino en las de verdad, las únicas que legitiman un proyecto político. No ignora que las aspiraciones de los catalanes solo tienen futuro con unos socios más fiables que quienes llaman a tomar las calles y saltarse la ley. Ese camino, el de los tiranos, conduce al infortunio. Bien lo sabe. Pero sus fullerías mientras calcula los pies que le faltan para pisar el límite son una tragedia para Cataluña.

El ‘procés’ totalitario

El camino hacia el abismo del delirio llamado ‘procés’ ha comenzado a mostrar su verdadera cara, que no es la reivindicación soberana que esgrime, ni el sentimiento identitario alimentado de agravios reales o ficticios, sino el autoritarismo de quien está dispuesto a imponer sus ideas con absoluto desprecio a las consecuencias y a la opinión de los demás, incluso de la mayoría. Por más que el discurso secesionista se parapete tras el legítimo derecho de los catalanes a expresar su opinión, solo en un régimen sin libertad ocurre que los policías vivan atrincherados en hoteles, que los niños abandonen los colegios para no sufrir humillaciones, que las empresas emprendan la fuga, que los ciudadanos tengan miedo a dar su opinión para no ser, como mínimo, señalados con el dedo…
Cuesta creer que ni siquiera el más ferviente partidario del independentismo aspire a construir un estado sobre los cimientos de la imposición y el miedo. No es democracia lo que defiende quien se erige en la voz del pueblo tras una farsa plebiscitaria que ni siquiera los observadores de parte se atrevieron a avalar. Tan carnavalesca resultó la consulta que Carles Puigdemont anunció sus intenciones de proclamar la independencia antes de facilitar los datos, consciente de que carecían de toda credibilidad. El ‘procés’ se sustenta en la fractura social, la intransigencia, la intimidación y el nacionalismo irracional. La histórica receta del autoritarismo de todos los colores. Y no resulta fácil defenderse de él cuando consigue arrastrar tras de sí incluso a quienes creen defender todo lo contrario. La historia nos ha enseñado el error que supone combatirlo con el odio, la fuerza o el miedo, pero no nos impide cometer errores. Poco ayudan los llamamientos a la fuerza sin contemplaciones o las disputas entre líderes políticos, incluso de un mismo partido, que ni siquiera saben si discrepan o se tropiezan.
Ayer, miles de personas se manifestaron en toda España, en marchas separadas, unas para defender la unidad, otras para reclamar diálogo. Habrá quien vea en ello una muestra de división. No resultaría extraño que los adalides de la declaración unilateral de independencia intentaran utilizarlas como argumento de que su estrategia ha logrado abrir una brecha entre los españoles. Solo será así si se lo permitimos. Porque antes que nada fueron el reflejo de una España plural donde caben opiniones distintas, complementarias o incluso contrarias, ante un mismo problema. Ese es uno de los privilegios que nos garantiza la Constitución y que solo desde la inconsciencia podemos minusvalorar. Esa ley que nos ampara es el único camino que podemos seguir para solucionar la mayor crisis territorial a la que nos hemos enfrentado. Solo a partir de ella cabe ese diálogo tan invocado y despreciado al mismo tiempo que muchos han terminado por pensar que algo esencial resulta inútil. Solo con la plena vigencia de unas condiciones democráticas tendremos la posibilidad de continuar decidiendo juntos cuáles son las reglas con las que queremos regular nuestra convivencia. Por desgracia, eso no ocurre en estos momentos en Cataluña, donde el Govern está dispuesto a dictar sus propias normas de forma arbitraria, sin la menor garantía de amparo de los derechos fundamentales, ni siquiera para quienes respaldan la independencia. Por eso es tan urgente restaurar el orden constitucional. No para demostrar la fortaleza del Estado, sino para evitar que la única ley vigente sea la del más fuerte. Por eso conviene no equivocarse en las formas. Y a partir de ahí, de todo cabría hablar y votar en democracia. Un estado de derecho no debe impedir jamás que sus ciudadanos opinen, pero sí garantizarnos que podamos hacerlo con auténtica libertad.

Un día amargo

No cabe mejor deseo que esperar que nada ocurra en el día en el que los independentistas tanto pretenden que suceda. Aún así, será un día amargo. Cuando el sentimiento de identidad se pervierte para alimentar el odio brota el totalitarismo, dispuesto a pisotear la ley y a estrangular las libertades. A este punto ha llegado el Gobierno catalán con la convocatoria de una consulta ilegal, una campaña en la que las discrepancias no han tenido cabida y una pantomima de referéndum para el que ha despojado a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. La Generalitat quiere sustentar una nación en el esperpento de un sufragio donde los votos se depositarán en cajitas de plástico compradas en China, carente de mesas electorales, con centros de votación abiertos a escondidas de la Policía y un censo electoral reducido a los incondicionales dispuestos a dar algún valor a un plebiscito tan improvisada como estéril. Ni el más convencido de los independentistas debería sentir el ansia de vivir en un país autoproclamado en las mismas condiciones en las que los estados fallidos eligen a sus tiranos. Ni siquiera lo inútil de la parodia electoral puede consolarnos a los demás del golpe que supone a nuestra democracia. El 1-O quedará como una jornada funesta para cualquiera que crea en la libertad y en la igualdad de derechos de los ciudadanos para decidir su futuro como pueblo. Nada se solucionará ni aclarará. A nadie, dentro o fuera de Cataluña, se le escapa esto. Solo los inconfesables intereses y ambiciones de quienes se han empeñado en hacernos pasar por este drama permiten entender el punto al que hemos llegado.
Tan inválida será cualquier cosa que resulte del mal llamado referéndum que nuestros políticos piensan ya en el día siguiente. Sus especulaciones oscilan entre la posibilidad de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, esté dispuesto a llevar su mesianismo al límite de proclamar la segregación para garantizarse un juicio en el que presentarse como mártir o se conforme con utilizar el victimismo del 1 de octubre como el primer acto de la próxima campaña electoral en Cataluña. El Gobierno de Mariano Rajoy cree que los líderes del independentismo han quedado desacreditados como interlocutores tras situarse al margen de la ley, por lo que de nada sirve hablar con ellos. El discurso del Ejecutivo se limita a señalar que ahora su misión es detener el referéndum o cualquier otro desafío ilegal, incluida una hipotética declaración de independencia. Por el momento, parece no haber más plan que dejar trabajar a los jueces y esperar que las aguas vuelvan a su cauce en unas anheladas elecciones autonómicas. En los corrillos del Congreso se comenta que tal vez una nueva mayoría política en Cataluña convierta en un mal sueño todo lo acontecido en los últimos años. O en el peor de los casos, quizás un nuevo gobierno de corte independentista, pero más pragmático, acceda a negociar unas condiciones aceptables para ambas partes. Hasta aquí llega lo que piensan muchos de nuestros parlamentarios y por lo que parece toda la estrategia política de los principales partidos frente al drama de Cataluña. Unos, en la confianza de que las urnas recompensarán su firmeza ante el desafío independentista. Otros, con la esperanza de que su apoyo a un referéndum en condiciones de legalidad se transforme en réditos electorales. Casi todos en la convicción de que unas elecciones traerán la calma. La misma receta que durante años muchos creyeron suficiente para solventar los problemas hasta convertir en un tópico el juego con el Gobierno catalán de tensar la cuerda para terminar satisfaciendo sus exigencias con unas cuantas concesiones. Pero en esta ocasión, después de que la Generalitat haya conducido a sus partidarios más radicales al límite de la insurrección, de que muchos catalanes hayan sufrido un acoso despiadado solo por expresar sus opiniones y de que tantos se sientan incomprendidos, tal vez convendría un debate político que nos ofrezca un futuro más seguro que las componendas y los remiendos.


El PSOE asturiano, en ebullición

Un segundo después de la incontestable victoria de Adrián Barbón comenzó en el PSOE asturiano la inevitable ebullición que sucede a un cambio de liderazgo. Son etapas que la militancia vive con exaltación, propicias también para las resurrecciones, las conversiones exprés y los ajustes de cuentas. La política asturiana ha entrado en un nuevo ciclo en el que casi todo lo que está por venir dependerá de la bicefalia que encarnan dos personalidades muy distintas.
Adrián Barbón ha prometido renovar el PSOE y respaldar la acción del Ejecutivo. En sus declaraciones, en las que ha pedido mesura, se advierte la prudencia de quien sabe lo complicado que resultará conjugar ambas cosas. La militancia ha avalado su oferta de cambio con una amplia mayoría, pero los próximos resultados electorales dependerán también, y mucho, de lo que haga un gobierno que apoyó a su rival.
Javier Fernández anunció su intención de completar su mandato en el Principado al mismo tiempo que renunciaba a la reelección al frente del partido. El presidente regional entiende esta promesa como la medida de su sentido de la responsabilidad, el mismo que le llevó a situarse frente a Pedro Sánchez y a compartir con Susana Díaz el bando de los perdedores. Tampoco él lo tendrá fácil. Sus discrepancias con la nueva mayoría socialista en Asturias son evidentes y profundas. Y tan peligrosos como sus adversarios, el puñado de autoproclamados incondicionales decididos a continuar la guerra por su cuenta. Solo así se entienden la aspereza de algunos y las ausencias de otros en las asambleas en las que se votó la gestión de Javier Fernández. El Gobierno asturiano podía esperar la ofensiva de los ‘sanchistas’, pero no que parte de sus paladines se retiraran para salvar sus muebles aún a costa de erosionar la figura del presidente.
Si algo pueden compartir los líderes que personifican la retoñada bicefalia del socialismo asturiano serán las dificultades para aplazar las facturas de las muchas cuentas pendientes cuando a los militantes les queda tanto por decidir. En primer lugar, quién será el próximo candidato regional. Aunque la liturgia del partido no lo incluya aún en el orden del día, en los corrillos de afiliados lo que interesa es conocer los designios de Adriana Lastra, la asturiana con más peso en la Ejecutiva de Pedro Sánchez; las intenciones de Fernando Lastra, al que tres meses al frente de la Consejería de Infraestructuras le han bastado para convertirse en un referente para muchos de los que buscan un aspirante alternativo al nuevo aparato; los afanes de Guillermo Martínez, el consejero que sostiene el escudo del presidente; las ideas de Francisco Blanco, renacido en el ‘sanchismo’ tras dejar el Gobierno; el criterio de Gimena Llamedo, que tendrá mucho que decir en casi todo, y por supuesto, los propósitos de José Luis Alperi, que no necesita alzar la voz para que ahora todos en el PSOE le escuchen.
Entre la militancia también se habla, y mucho, del futuro de las principales agrupaciones. Queda por solventar el liderazgo de la AMSO tras la renuncia de Wenceslao López, que no ha querido aprovechar su condición de alcalde para acomodarse en una secretaría general que pocos se atreverían a discutirle en este momento. En la sede socialista de Gijón no hay otro tema de conversación que la continuidad de José María Pérez, más que en entredicho no solo por su derrota frente a Barbón, sino porque el resultado de la última asamblea evidenció la debilidad de sus apoyos. Y sobre Avilés, muchos se preguntan qué hará Mariví Monteserín después de erigirse en baluarte del bando derrotado en las primarias.
Con todo esto por resolver, a Javier Fernández y Adrián Barbón les queda por delante en las próximas semanas no solo un congreso del PSOE en el que se medirán sus posibilidades de entendimiento, también el debate sobre el presupuesto regional, que la oposición espera como agua de mayo para dejar en evidencia sus diferencias y contradicciones. Todo un reto para los compromisos que ellos mismos se han impuesto.

Grupos violentos

 

Extremistas por definición, son más fáciles de identificar por su comportamiento que por su nomenclatura o su ideología, limitada a un batiburrillo de consignas, prejuicios y cánticos. Casi inofensivos por separado, mejor no cruzarse en su camino cuando van en rebaño, amparados por la masa, enardecidos por el alcohol y bajo el presunto anonimato de las capuchas. Los grupos violentos hacen de los terrenos de juego un campo de batalla, de las calles una encerrona y de los foros de internet un vertedero. Campan a sus anchas gracias a las pocas ganas de buscarse problemas de la mayoría, que expresamos el desprecio con la indiferencia, ignoramos sus insultos y preferimos cruzar de acera. Nuestra prudencia, cobardía a sus ojos, alimenta su sentimiento de impunidad. Conocen al dedillo la ley para saber hasta dónde las poses violentas y las amenazas veladas pueden hacer que cualquiera dé un paso atrás con la impresión de que han estado a punto de partirle la cara sin más razones que haber respondido a sus insultos, llevar una camiseta del rival o mirarles el tiempo suficiente para darles, sin pretenderlo, la excusa con la que iniciar una pelea. Pero como también son bulliciosos, coloristas y pagan entrada, durante mucho tiempo tuvieron un espacio reservado en los estadios de toda España. Muchos dirigentes de los clubes de fútbol preferían apaciguarlos con prebendas antes que plantarles cara y encontrarse con pintadas amenazantes o las ruedas del coche pinchadas. Al fin y al cabo, siempre estaban ahí, en los triunfos y los fracasos, incondicionales. Llevó tiempo que las autoridades y los equipos de fútbol se dieran cuenta de que la libertad no justificaba esperar a la tragedia y que la tibieza, lejos de apaciguarles, solo acrecentaba sus bravatas. Incluso costó vidas que nos hartásemos y nos convenciéramos de la necesidad de aprobar leyes específicas para combatirlos y sacarlos de los lugares a donde queríamos ir con nuestros hijos sin sentir miedo. Comenzamos a aplicarlas y nos creímos a salvo, hasta nos permitimos ponernos como ejemplo frente a la vergonzosa permisividad de otros países.
La seguridad también origina despreocupación y hace mucho que este problema, atenuado, dejó de inquietarnos. El código penal no prevé el riesgo de nuestra tolerancia, así que la policía y los jueces deben esperar a que empiecen los golpes y el jolgorio termine en disturbios. Solo entonces actuamos. En ocasiones, con poco éxito. Los puñetazos castigados con penas menores por lesiones y los daños sancionados con multas han convencido a más de uno de que sus delitos merecieron la pena. Tanto es así que los radicales que estábamos dispuestos a erradicar siguen ahí, rejuvenecidos, bajo nuevas denominaciones o incluso con su nombre de siempre. De vez en cuando se les va la mano. Es entonces cuando nos indignamos, exigimos medidas contundentes y recibimos promesas de inmediatas actuaciones. A las pocas semanas casi todo el mundo se olvida de lo ocurrido. Hasta el punto de que volvemos a admitirlos en nuestras celebraciones y en las gradas, donde se sienten con más derecho que nadie, cómodos y convencidos de que pueden seguir a lo suyo. Tanto, que si la policía carga contra ellos denuncian el abuso de autoridad. Cuando son detenidos, todos alegan que estaban en otra parte haciendo cualquier otra cosa, pero acuden al juzgado con pasamontañas, no como comparece quien se siente inocente, sino como se presentan quienes saben que la mayor dificultad para condenarles será desmontar sus mentiras. Porque todas las hazañas de las que presumen en las barras de los bares las cometen con la cara cubierta, y por supuesto, la culpa de que se vean ante un juez siempre es de quien se atreve a denunciar su brutalidad o del policía que los detuvo. Con todo, lo más peligroso no es su cinismo, sino la silenciosa complicidad que aún encuentran.