El eterno debate sobre la variante

Asturias ha invertido más de treinta años en discutir sobre la necesidad de la variante de Pajares, su impacto, su trazado y el modelo de tren que debe circular por ella. En ese período, nuestros logros se han limitado a dos agujeros en la Cordillera Cantábrica de coste millonario. Para sentir el beneficio de la alta velocidad los asturianos necesitamos llegar a León, la mayoría sometidos al suplicio del actual tendido ferroviario por la decimonónica rampa hasta Busdongo y algunos impacientes a costa del peaje que exige viajar en coche hasta la estación desde donde hoy parten los trenes del siglo en el que vivimos. Finalizada la perforación y pendientes aún de solventar las inundaciones y la inestabilidad de los taludes, el Ministerio de Fomento cambió el proyecto en 2013 con la intención de abrir solo uno de los túneles para trenes de pasajeros y mercancías. En mitad de la crisis, gastados 3.500 millones y después de nueve años de trabajos, la posibilidad de inaugurar lo que fuera contentaba a muchos. El pacto electoral entre el Partido Popular y Foro Asturias ha llevado al ministro Íñigo de la Serna a recuperar el compromiso de que el AVE circule por la variante, lo que obligará a mantener el viejo trazado para los mercancías al menos hasta que los avances tecnológicos permitan que el ancho internacional soporte este tipo de convoyes. El pasado mes de octubre, el titular de Fomento se fijó un plazo de seis meses para licitar las vías. Ha dicho que está dispuesto a «correr hasta el límite», pero que en el mejor de los casos resultará imposible terminar la obra antes de 2020.
Su propuesta tampoco ha logrado poner fin a la polémica. Una plataforma política y social apoyada por el Gobierno asturiano defiende modificar de nuevo los planes para garantizar el tráfico tanto de pasajeros como de mercancías. Ciudadanos, con reivindicaciones parecidas, apela a la movilización, aspira a liderar su propia plataforma y esgrime el riesgo de que la Unión Europea reclame parte de los fondos invertidos si el ministro no revierte su decisión. También existe una plataforma de expertos con su propia opinión, contraria a la defendida por el PP y Foro, partidos que respaldan el actual proyecto como la única manera de conseguir que la alta velocidad llegue a Asturias en las mismas condiciones que al resto de regiones españolas. Incluso llegó a presentarse una plataforma en defensa de la conservación del antiguo trazado por Pajares, una organización de futuro un tanto incierto dado que el mantenimiento del tráfico de mercancías por la rampa la dejaría en parte sin su razón de ser. Plataformas y puntos de vista no nos faltan ni tampoco excusas al Ministerio de Fomento si quisiera desentenderse de la obra. El ministro solo tendría que pedir a los partidos asturianos que se pusieran de acuerdo en el tipo de tren que desean y sentarse a esperar, una postura sin duda más cómoda que la exigida para acabar lo empezado.
Pero sería injusto cuestionar la sincera preocupación de nuestros políticos. Tanto ha sido su empeño en lograr lo mejor para nuestra región que en la actualidad disponemos de los mejores especialistas parlamentarios en ancho ibérico, trazado AVE, eje variable, intercambiadores, catenaria, raíles y locomotoras. Tan convencidos unos y otros de sus opiniones técnicas que en los trece años transcurridos desde que se plantó la primera y simbólica dovela en Pajares el consenso ha resultado imposible. Eso no debería llevarnos a creer que en el retraso de la variante hayan tenido que ver la falta de presupuesto, el mayor peso político de otras autonomías, los intereses personales o los réditos electorales. No se equivoquen. Nuestros políticos nunca permitirían que perdamos el tren del futuro. Saben que malgastar el tiempo de los demás, amén de una descortesía, es un fraude cuando en ello se dilapida el dinero y la confianza del prójimo. No tengan duda de que este debate eterno es por nuestro bien, aunque se les antoje imposible.

Vivir del humo

Cristina Narbona defiende la liquidación de las térmicas con tan bondadosas promesas que debe resultarle difícil entender que el Gobierno asturiano aún no haya comparecido en pleno para darle las gracias por sacarle de su obcecado rechazo al cierre de la central de Lada. La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE asegura que la clausura de las plantas traerá innumerables beneficios. A la indiscutible reducción de emisiones se sumará, añade, que la sustitución del carbón por energías renovables abaratará el precio de la luz. Por si fuera poco, plantea que los trabajadores de las factorías desmanteladas tengan a su alcance un plan de formación que les garantizará un nuevo empleo y que las comarcas más afectadas por la descarbonización dispongan de un fondo de transición para sobreponerse sin mayores contratiempos. Con tan luminoso futuro a nuestro alcance, resulta difícil entender que el Principado, los sindicatos y hasta el secretario general de su propio partido en Asturias prefieran mantenerse en la oscuridad y la obstinación. Quizás aún no han encontrado los informes en los que Narbona sustenta su convicción de que el recibo de la luz será más barato. Pudiera suceder que su ofuscación no les permita apreciar las bondades de una solución tan evidente. O tal vez sea que la realidad asturiana resulte tan difícil de apreciar más allá de Pajares como de costumbre.
El hecho es que la mitad de la potencia instalada en nuestra región es termoeléctrica y el carbón supone aún más del 60% de la energía consumida en Asturias, donde las grandes industrias absorben más del 65% de la electricidad y cualquier variación al alza en los precios de la energía supone una amenaza a su rentabilidad. No es que a los asturianos nos satisfaga que esto sea así, pero es lo que tenemos. Sin duda preferiríamos parecernos a Silicon Valley, pero nuestra economía depende de los productos siderúrgicos, de la industria electrointensiva y de cuatro centrales térmicas más que de ninguna otra cosa. Para complicar el asunto, los expertos advierten de que el cierre de las térmicas no conllevará necesariamente la apertura de otras instalaciones. España ya cuenta con más de cincuenta plantas de gas, unas cuantas de ellas paradas, lo que lleva a pensar que las compañías eléctricas decidirán utilizarlas antes que construir otras. Suprimido el carbón y con las renovables todavía a años luz de satisfacer la demanda de la región, lo más probable es que el Principado se enfrentara a la necesidad de ‘importar’ energía de otras comunidades a merced de los futuros precios del gas. Un panorama nada desagradable a los ojos de algunas empresas, sobre todo de aquellas que más han invertido en regasificadoras durante los últimos años, pero más que preocupante para los intereses de Asturias si la transición al nuevo modelo energético se realiza de forma precipitada y chapucera.
El objetivo de la Unión Europea de lograr que el 50% de la electricidad consumida provenga de las energías renovables en la próxima década no es nuevo, ni tampoco su compromiso de reducir los gases contaminantes al menos un 40%. Europa está decidida a erigirse como referente en la lucha contra el cambio climático. En este marco, Asturias aparece en el mapa como un garbanzo negro incapaz de abastecer a su industria sin quemar carbón. Pero la innegable necesidad de avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y de nuestra salud no debería servir de coartada a los políticos, sin duda bienintencionados, que nos invitan a despreocuparnos. De programas de salvación con fondos inexistentes o mal empleados sabemos tanto los asturianos que solo cabe pedir que no vengan a convencernos de que la alternativa a vivir bajo el humo son planes hechos con él.

Libertad

Libertad González ha sido valiente. No solo porque se atrevió a revelar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Gijón que fue agredida por su pareja, sino porque lo hizo a sabiendas de lo que le esperaba después: el aplauso de los muchos que entienden sus razones para contar su sufrimiento, pero también los diversos comentarios de algunos que prefieren preguntarse si oculta inconfesables fines antes que creer sus palabras. Hubo quien puso en entredicho su relato porque considera que a una abogada con su experiencia no puede ocurrirle que se enamore de un maltratador, quien dudó de que fuera cierto que en un juzgado le reprocharan que le había pasado «por guapa», quien la acusó de mentir por asegurar que un agente había minusvalorado su denuncia porque «ni siquiera lloraba» y hasta quien insinuó que en su condición de ‘política’ intentaba buscar protagonismo. Para saber que todo eso se dijo solo hay que leer lo publicado en las redes sociales, donde muchos escribieron de Libertad lo que opinan de ella en lugar de lo que le dirían si la tuvieran delante. En demasiadas ocasiones, la educación solo alcanza para sofisticar el cinismo.
Seguro que a Libertad González nada de eso le ha sorprendido. Es probable que ahora esté más convencida que antes de su comparecencia pública que ha hecho bien en no callarse, como seguramente le habría aconsejado más de uno. De momento, ha dejado claras unas cuantas cosas. La primera, por si aún cabía alguna duda, que ninguna mujer está a salvo del maltrato por su posición social, su formación o sus convicciones, como nadie lo está de la mentira, la violencia o la estupidez. Su vivencia también refleja que a pesar de las muchas leyes aprobadas en los últimos años los protocolos de atención a las víctimas son mejorables. Pese a la protección legal que las administraciones ponen a su disposición, una mujer puede sentirse muy sola tras ver su vida en peligro. No solo por encontrarse con un tarugo al otro lado de una ventanilla, sino porque la falta de medios hace que muchas veces ni siquiera quienes intentan hacer su trabajo con la mayor dedicación lleguen tan a tiempo como les gustaría. Tampoco deja de sorprender que tras lo mucho prometido para que las mujeres se sientan amparadas seamos incapaces de evitarles el mal trago de que terminen en una sala o en el pasillo de un juzgado al lado de quien les dio una paliza mientras esperan para comparecer ante el juez. Aunque tal vez lo más importante de todo lo que nos ha demostrado Libertad González es lo poco que todavía hace falta para cuestionar la declaración de una víctima. Basta con que no llore lo suficiente, que tenga la entereza de plantarse delante de una cámara para denunciar que se sintió abandonada o que milite en un partido político. Ni siquiera es necesario que todas esas circunstancias concurran en una misma persona para que algunos se pregunten si deben compadecerse de ella. Por eso las mujeres que tienen el valor de dar la cara resultan tan admirables. No solo porque muchas de ellas saben que ese paso puede acrecentar el deseo de venganza de su agresor y el peligro que afrontan cada día, sino porque nos ayudan a ver cuánto nos falta por entender y mejorar para conseguir al menos que las víctimas no se sientan atrapadas en el miedo a las consecuencias de luchar por su libertad.

La perversión de ‘La manada’

El juicio contra ‘La manada’, los cinco detenidos por violar a una joven en los sanfermines de 2016, sentará precedente. No por la sentencia, que solo cabe esperar justa, sino por la respuesta social que ha desencadenado la estrategia de la defensa. Los abogados de los acusados han presentado ante el juez el seguimiento realizado por un detective a la víctima y diversas informaciones tendentes a señalar que hubo consentimiento para las relaciones sexuales y que la joven que denunció los abusos no sufre secuelas. Sus argumentos buscan la absolución o al menos rebajar las penas y la indemnización correspondiente. Desafía a la lógica y a la humanidad sostener que una mujer desea acabar la noche sometida a abusos sexuales en un portal, forzada por un grupo de bestias y grabada en vídeos que fueron enviados a los amigos acompañados de comentarios incalificables. Sin embargo, el juez decidió admitir estas pruebas.
El sistema judicial español es garantista, en caso de duda se inclina a facilitar la defensa para que la condena resulte irrefutable. Los juristas saben que esta decisión del magistrado no condiciona su veredicto. El catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo, especializado en violencia de género, señala incluso que la víctima puede ser la primera interesada en que se admitan todas las pruebas como la mejor manera de evitar que los acusados puedan alegar indefensión y solicitar la nulidad de las actuaciones. Desde el punto de vista procesal, no cabe más que acatar la resolución del juez. Pero la sociedad en cuyo nombre actúa la justicia se ha indignado. No porque pretenda impedir el innegable derecho a la defensa de cualquier acusado, sino por el convencimiento de que ‘La manada’ vuelve a abusar de su víctima. Tenemos la impresión de que la joven está siendo obligada a demostrar cuánto rechazaba lo ocurrido y que la violación le ha causado el suficiente sufrimiento como para justificar una condena. Durante el juicio ha tenido que escuchar que su vida ha continuado de manera normal, lo que intenta conducir al juez a la detestable conclusión de que no pasó nada que ella rechazase o que en todo caso tampoco fue para tanto. Los acusados han recurrido a la perversión de cuestionar no solo la veracidad de la denuncia, sino los padecimientos, la moralidad y la dignidad de su víctima. Deberíamos preguntarnos si algo falla en nuestro sistema de protección si el camino para encontrar justicia admite este calvario. Muchos deben creer que así es cuando miles de personas han salido a las calles para protestar por la respuesta que ha recibido la valentía de esta mujer.
Tras los reiterados casos de abusos a mujeres en las fiestas y zonas de ocio, las administraciones han multiplicado sus campañas de sensibilización, en las que animan a quienes sufren los ataques a denunciar y a los testigos a no permanecer impasibles. La sociedad española ha evolucionado lo suficiente para rechazar cada vez con mayor rotundidad cualquier tipo de acoso. Hemos avanzado, pero quizás no tanto como pensamos. Los especialistas en políticas de igualdad advierten de que muchos jóvenes han crecido con un acceso ilimitado a un consumo pornográfico que les lleva a la creencia de que someter a su antojo a una mujer resulta algo natural y aceptable, más cuando está por medio la excusa del consumo de alcohol. Las campañas institucionales son útiles y necesarias, pero insuficientes mientras las mujeres sientan que lo único que tienen garantizado cuando denuncian es la tortura de un proceso en el que la condena dependerá de demostrar que nunca podrán recuperarse del daño sufrido o del largo de la falda.

Un paseo por las Cuencas

Iberdrola ha solicitado al Gobierno el cierre de la térmica de Lada. Después de casi treinta años de debate sobre la construcción de una línea de alta tensión para evacuar la energía que producía, la central cerrará antes de que se instale la primera torre. La empresa ha lanzado su órdago al Ejecutivo poco después de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, manifestase su intención de buscar apoyos políticos para regular por ley el cierre de las centrales eléctricas. Por eso el ministerio ha contestado, molesto, que estudiará la petición con «tranquilidad» y cumpliendo con apacible rigor todos los trámites administrativos. El anuncio ha pillado a los partidos asturianos enzarzados en la polémica por la moción aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos de Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos para adelantar a 2020 la clausura de las centrales térmicas. El implacable razonamiento de las cuentas de resultados y las exigencias de la Unión Europea de ‘descarbonizar’ la producción eléctrica en favor de las energías limpias han pesado más que toda la argumentación de los políticos en defensa de la seguridad en el suministro y la necesidad de proteger la producción de carbón autóctono aunque solo sea como elemento regulador de los precios. El cierre de Lada afecta a noventa trabajadores, que dejarán de dedicarse a la producción eléctrica para ocuparse durante cuatro años de desmantelar la planta. Después, según los planes de la compañía, serán recolocados en otras instalaciones del grupo.
Los políticos asturianos han reaccionado con rapidez para culparse unos a otros de una decisión que supone un duro golpe, otro más, a las Cuencas. El PSOE asturiano sostiene que el PP conocía la decisión de Iberdrola y ha tratado de confundir a la opinión pública sin hacer nada por buscar una transición «justa» hacia un nuevo modelo energético. En cambio, los populares consideran que pocos reproches le puede hacer un partido que asegura defender el carbón en Asturias y apoya en Madrid una moción que acelera el desmantelamiento de las térmicas y el final de la minería. Similares argumentos utiliza Foro, que atribuye a los socialistas «un historial de engaños interminable». Izquierda Unida de Asturias acusa al Gobierno de precipitarse sin buscar salidas «solidarias y justas» para las comarcas afectadas y Podemos recuerda a la compañía sus obligaciones hacia las Cuencas. Un nuevo episodio del perenne enfrentamiento sobre el más que dudoso futuro del carbón y de unos municipios en los que después de invertir con más improvisación que acierto el horizonte se intuye amargo. Con la clausura de Lada, solo quedarían tres centrales térmicas privadas en Asturias. Una de ellas, la de Soto de la Barca, propiedad de Gas Natural Fenosa, figura desde hace tiempo en todas las quinielas sobre cierres. EdP, que ha invertido doscientos millones en los últimos dos años en mejoras ambientales, se basta para quemar el carbón que produce Hunosa. Y a pesar de ello, su compromiso de comprar toda la producción no garantiza el futuro de la empresa hullera estatal, cuyos pozos aún productivos siguen pendientes de la aplicación de la orden europea que establecía el cierre de las explotaciones no rentables en 2018.
Durante los últimos años, partidos y sindicatos han clamado por un pacto sobre la energía, un plan para las cuencas que aclare si los últimos pozos tienen alguna posibilidad de sobrevivir un poco más y una reconversión de las comarcas mineras que no pase por construir aulas temáticas de lo que fue y acondicionar centros para jubilados. Mientras, el calendario europeo sobre el cierre de las explotaciones mineras y la sustitución de las térmicas por centrales de energía limpia ha avanzado inexorable. Entre los políticos, hay quienes prefieren destacar lo conseguido para equilibrar la balanza, pero no faltan los que auguran un irremediable desmantelamiento industrial. En otros lugares parecen tener claro el porvenir. Alemania ha comenzado a desarrollar políticas de transición con medidas de apoyo a las zonas con gran dependencia del carbón. En España preferimos debatir en profundidad los asuntos antes de tomar decisiones y en ello nos hemos ocupado los últimos tiempos a pesar de los discutibles resultados de los planes puestos en marcha con más presupuesto que lógica. El resultado se aprecia en un paseo por las Cuencas.

Los rescoldos de la indiferencia

Aún no ha terminado el año y en Asturias han ardido más de 26.000 hectáreas de monte, la mayor extensión en casi veinte años. Hasta octubre, los bomberos asturianos sofocaron 1.635 incendios forestales, más del doble que en 2016. Aunque no es el número de fuegos lo más preocupante, sino el espectacular incremento de la superficie quemada, que cada dos o tres años se dispara con un patrón tan reiterado que resulta casi predecible. En los mismos concejos y en épocas similares. Las últimas dos grandes oleadas de incendios han coincidido con sequías otoñales y vientos favorables a la propagación. Comenzaron en fin de semana y no logramos sofocarlos hasta que la lluvia llegó en nuestro auxilio. Lo único incuestionable en ambos casos fue el trabajo de los equipos de extinción, que cruzaron muchas veces el límite de lo que cabe exigirles para evitar que los daños a las personas, las propiedades y a los espacios naturales protegidos fueran mucho más graves. También muchos vecinos anónimos de los pueblos cercados por las llamas han luchado contra el fuego sin más reconocimiento que el de los retenes a los que han intentado ayudar. Apagados los incendios, la rutina asturiana incluye las promesas de investigación y la polémica, que suelen cerrarse con alguna que otra detención de algún lugareño que confiesa haber prendido rastrojos sin autorización y un puñado de reproches en el Parlamento. Lo cierto es que capturar a los pirómanos no resulta sencillo, porque la mayor parte de las pruebas acaban convertidas en humo, y tampoco encontrar a un solo político a quien echar la culpa de una situación que se repite hasta donde alcanza la memoria.
El cerillazo ha sido una costumbre en Asturias desde mucho antes de que comenzásemos a plantearnos el pernicioso efecto del cambio climático. En los últimos treinta años, el Suroccidente ha sufrido más del 40% de los grandes incendios, pero el mayor número de fuegos se han registrado en los concejos de Llanes y Cangas de Onís. La estadística descarta las casualidades. El problema no es nuevo, pero sus consecuencias son cada vez más graves. Siempre hemos convivido con los incendios forestales, pero a muchos solo han comenzado a preocuparles cuando se despertaron una mañana y el humo nos dejó sin amanecer. Durante años, los montes han ardido periódicamente. En la mayor parte de los casos, observar la disposición de los frentes del fuego y las zonas afectadas era suficiente para entender las razones del incendio. Una y otra vez, contemplábamos incluso con fascinación las llamas y aunque nos indignásemos contra los incendiarios, nos desentendíamos del problema en cuanto se apagaban. Tampoco eso ha cambiado demasiado por mucho que después de cada catástrofe se repita la exigencia de mejorar medidas de prevención y la necesidad de aumentar los recursos de extinción. El monte sigue ardiendo, solo que cada vez con mayor facilidad y devastación porque en muchos lugares solo crece el matorral en lo que antes eran prados. Donde aún quedan vecinos, se sienten tan abandonados como las camperas desaparecidas bajo la retama y el árgoma. Unas condiciones cada vez más penosas para vivir y favorables a los desaprensivos dispuestos a utilizar un mechero sin contemplaciones. Los rescoldos de los últimos grandes incendios en Asturias siguen en nuestros montes por mucho que tengamos la impresión de haber apagado las llamas. Se avivan con la indiferencia, la incomprensión y la resignación a un abandono que demasiados justifican como inexorable.

La simiente del odio en Cataluña

Banderas que son arriadas y destruidas, multitudes vociferantes en las plazas. Niños que corean consignas que no entienden, adultos que lloran de emoción. Un grupo de diputados que canta un himno patriótico tras declarar una república ilegal con setenta votos, en secreto, deprisa y con dudas. Miles de personas que corean el nombre de un presidente que ya no lo es. La fiesta de una mentira proclamada después de que el Senado aprobase entre aplausos la destitución del Gobierno de Cataluña y la intervención del Estado para rescatar la democracia de un secuestro. Cuesta entender los festejos en las calles de Barcelona tanto como las sonrisas de satisfacción de algunos parlamentarios en Madrid. Resulta difícil creer que alguien tenga nada que celebrar cuando las imágenes provocan el mismo escalofrío que la irracional euforia de quienes a lo largo de la historia han vitoreado a quienes desfilaban camino de una tragedia. La alegría resulta tan incomprensible como la indiferencia cuando se antoja tan sencillo sentirse en la piel de las miles de familias que viven con angustia, desgarro y miedo en Cataluña.
No cabe duda de la traición del Gobierno catalán. Antes que a su país, a los ciudadanos a quienes dice representar y que no han tenido el derecho a votar, ni siquiera a opinar, sobre una decisión solo sustentada en el griterío de una multitud convocada para justificarse. El independentismo apela a la voluntad del pueblo para situarse por encima de la democracia, el mismo argumento utilizado por todas las dictaduras para enterrar las leyes que salvaguardan a los ciudadanos de los abusos. El Govern se ha quitado finalmente la careta. Ha evitado el diálogo que reclamaba con la renuncia a defender sus reivindicaciones en la cámara donde los votos de los ciudadanos le entregaron su representación, ha dejado a un lado la política para imponer su despotismo sin ofrecer ninguna alternativa y ha rechazado convocar elecciones para no escuchar la verdadera opinión de los catalanes. Lo que sea que ha proclamado, aunque inexistente, insulta a la propia definición de una república o cualquier otro sistema democrático. La cuidadosa puesta en escena de los parlamentarios soberanistas arropados por los alcaldes armados con sus bastones de mando evidencia lo poco que el desafío independentista tuvo de improvisación y lo mucho que sus líderes están dispuestos a hacer para forzar un enfrentamiento. Las perversas consignas de las organizaciones secesionistas a los manifestantes que se agolpaban ante el Parlament para actuar en caso de una intervención policial demuestran lo sofisticado de la estrategia diseñada para presentar a España como una nación intolerante a pesar de que ha soportado los sucesivos agravios con un estoicismo casi vergonzante.
Llegados a este punto, no cabía más decisión que la tomada por el Gobierno. Mariano Rajoy ha decidido destituir al Ejecutivo catalán al completo, disolver el Parlament y convocar elecciones. Las urnas suponen el único camino para restaurar la democracia en Cataluña. Recuperar la convivencia será mucho más difícil. El independentismo sabe que su golpe de estado, burdamente disfrazado de parlamentarismo, no tiene más futuro que los tribunales. Su mayor peligro ya no está en las decisiones que pueda tomar, ni siquiera en el desastre provocado en la economía catalana, sino en la simiente del rencor que aún intenta sembrar a cada paso. Entre Cataluña y España, entre los propios catalanes. El mayor desafío para la democracia no será terminar con el régimen totalitario de Puigdemont, sino desmontar sus mentiras, desraizar su cosecha de odio antes de que dé sus frutos.

La ‘cumbre de Oviedo’

La ‘cumbre de Oviedo’ auspiciada por los Premios Princesa de Asturias quedará en la historia de lo mucho que por desgracia está por venir. Ojalá hubiera sido innecesaria, pero la contumacia del separatismo catalán nos impidió celebrar la fiesta en paz. Sí fue la ceremonia que España necesitaba. La fotografía del Rey con el presidente del Gobierno y los tres principales líderes de la Unión Europea quiso reflejar la respuesta de la unidad de los demócratas frente al riesgo de un nacionalismo que, en palabras de Antonio Tajani, «amenaza con llevarnos a los infiernos». Ante la mayor crisis territorial de su etapa democrática, España encontró el respaldo de las principales autoridades comunitarias, sin medias tintas. Las palabras del presidente del Parlamento Europeo destacaron por su rotundidad: «Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Su apelación a la concordia, su encendida defensa de una Europa creada para conquistar una democracia mejor para todos y, sobre todo, su categórica afirmación de que las resoluciones de la justicia «deben aplicarse, y punto» sorprendieron incluso. No fue la suya la voz de algunos líderes europeos que parecieron titubear ante las acusaciones de los partidos secesionistas sobre el empleo de la fuerza durante el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Su discurso dejó claro que es la Constitución el amparo de los valores democráticos que Europa defiende en su territorio y cerró la puerta a una de las principales aspiraciones del nacionalismo catalán: lograr que las autoridades comunitarias accedan a una mediación que suponga el reconocimiento implícito de un estatus como nación.
Las palabras de Tajani, como las del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y las del presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, respaldaron la determinación expresada por Felipe VI de resolver la crisis de Cataluña «por medio de las legítimas instituciones». Mariano Rajoy, que había programado con más detalle y anticipación de lo que se ha dicho su presencia en Asturias, logró transmitir al mundo la imagen de un respaldo internacional esencial antes de aprobar las medidas encaminadas «a restaurar el orden constitucional y el interés general en Cataluña». Más allá de la imagen, España ha encontrado, al fin, algo mucho más valioso ante la comunidad internacional: un discurso claro. Frente a la engañosa reivindicación de las libertades que expresa la Generalitat, el Gobierno tiene al fin una respuesta sencilla e irrefutable, no solo avalada por el Rey, sino también compartida por las democracias europeas. España no interviene en Cataluña porque sea incapaz de entender sus reivindicaciones identitarias, sino porque el Ejecutivo catalán está decidido a proclamar una independencia para la que carece de legitimidad. Por más disfraces con los que quieran vestir al secesionismo, las decisiones adoptadas por Puigdemont y sus socios valen lo mismo que las de cualquier grupo de iluminados por muy grande que sea. No existe una sola ley que les ampare, ni siquiera un respaldo social que les avale por más que digan. En nombre del pueblo solo se puede hablar tras una votación democrática, lo que no fue la parodia con la que pretenden justificarse. Esa es la explicación que el Gobierno español debe hacer llegar al mundo, algo que hasta el momento no ha logrado con la eficacia necesaria. La ‘cumbre de Oviedo’ ha supuesto un primer paso para que España aclare la verdadera naturaleza del ataque que ha sufrido su democracia. Pero no es suficiente con decirlo una vez. Por desgracia, es probable que el Gobierno necesite repetir en todos los foros internacionales la necesidad de defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos ante la amenaza de un nacionalismo totalitario. No cabe temer otra cosa tras la respuesta de Carles Puigdemont.

El futuro de Cataluña se juega a echar pies

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se han concedido unos días para echarse a pies la suspensión de la autonomía en Cataluña. El presidente del Gobierno, más cómodo en sus zapatos ahora que se ha sacado la chinita de la indecisión del PSOE. El autoproclamado campeón del independentismo, con los pies entumecidos en las botas que le ha puesto la CUP. Por más que encoja los dedos, el calzado no mengua. Ni monta, ni cabe. Es lo que tiene una independencia con fecha de consumo preferente. El Gobierno ha respondido a la secesión en suspenso con un artículo 155 condicionado a las explicaciones del president, que viene a ser algo así como un ‘dilo si te atreves’. La respuesta está en la cara que se les quedó a quienes el independentismo había convocado a la fiesta de la república y volvieron a casa convencidos de que les habían tomado el pelo. El PDeCAT, que antes de rebautizarse supo tantas veces tensar la cuerda y soltar a tiempo de recoger las prebendas, sabe que al avión de la independencia le falta potencia para despegar antes de estrellarse contra el muro de la justicia. De momento, Puigdemont, aunque no sea más que por saciar su ego, podrá decir que proclamó una república durante treinta segundos, por mucho que fuera con la boca pequeña y más ficticia que la ínsula Barataria. A pesar de ello, no renuncia a sacar tajada de su ambigüedad, aunque aún no tenga muy claro si no se la comerán Oriol Junqueras o Ada Colau.
El ruido de la declaración nonata le ha permitido presentar el conflicto catalán ante la comunidad internacional. Incluso Donald Trump, por más que algunos duden que sepa dónde queda Barcelona, ha tenido que pronunciarse. La UE ha respaldado al Gobierno, pero le ha pedido que dialogue. El discurso mártir del president ha tenido eco fuera de España. Resulta innegable. Su campaña de imagen resultó mucho más calculada que la fría versión oficial, que ni siquiera se atrevió a decir lo que piensa de la cifra de ochocientos heridos facilitada por la sanidad catalana. La precisa estrategia del victimismo ha logrado que el delegado del Gobierno en Cataluña casi pidiera disculpas porque la Policía hiciera su trabajo, ha llevado a Podemos a incluir el referéndum de autodeterminación en su programa electoral y ha forzado al PP a asumir la reforma constitucional exigida por Pedro Sánchez. Todo eso se ha echado al morral el independentismo catalán a costa de una sangría de empresas propia de un conflicto armado. El dinero no atiende al afecto, se aferra a las certezas, y lo único seguro con Puigdemont es su desprecio a las leyes. La estampida empresarial pesó más en la etérea declaración del Ejecutivo catalán que las apelaciones al diálogo.
Rajoy puede sentirse más seguro que hace unas semanas. La firmeza del Rey, el respaldo de la Justicia, la profesionalidad de la Policía y, sobre todo, los votos del PSOE y Ciudadanos le garantizan la capacidad de aplicar las medidas necesarias, incluida la suspensión de la autonomía. Pero con el artículo 155 o sin él, la respuesta debe ser rigurosa, sensata e inteligente. No se trata de vencer, sino de garantizar a los ciudadanos de Cataluña los derechos que intentan arrebatarles. Sin enredos ni atajos. A estas alturas, es probable que Puigdemont desee tanto como los partidos que las reclaman unas elecciones, pero nada agradecería más que un argumento para gritar al mundo un nuevo agravio a Cataluña y sus instituciones. Seguro que él preferiría lograr una mayoría en las urnas, no como las que compró en los chinos para el simulacro de referéndum, sino en las de verdad, las únicas que legitiman un proyecto político. No ignora que las aspiraciones de los catalanes solo tienen futuro con unos socios más fiables que quienes llaman a tomar las calles y saltarse la ley. Ese camino, el de los tiranos, conduce al infortunio. Bien lo sabe. Pero sus fullerías mientras calcula los pies que le faltan para pisar el límite son una tragedia para Cataluña.

El ‘procés’ totalitario

El camino hacia el abismo del delirio llamado ‘procés’ ha comenzado a mostrar su verdadera cara, que no es la reivindicación soberana que esgrime, ni el sentimiento identitario alimentado de agravios reales o ficticios, sino el autoritarismo de quien está dispuesto a imponer sus ideas con absoluto desprecio a las consecuencias y a la opinión de los demás, incluso de la mayoría. Por más que el discurso secesionista se parapete tras el legítimo derecho de los catalanes a expresar su opinión, solo en un régimen sin libertad ocurre que los policías vivan atrincherados en hoteles, que los niños abandonen los colegios para no sufrir humillaciones, que las empresas emprendan la fuga, que los ciudadanos tengan miedo a dar su opinión para no ser, como mínimo, señalados con el dedo…
Cuesta creer que ni siquiera el más ferviente partidario del independentismo aspire a construir un estado sobre los cimientos de la imposición y el miedo. No es democracia lo que defiende quien se erige en la voz del pueblo tras una farsa plebiscitaria que ni siquiera los observadores de parte se atrevieron a avalar. Tan carnavalesca resultó la consulta que Carles Puigdemont anunció sus intenciones de proclamar la independencia antes de facilitar los datos, consciente de que carecían de toda credibilidad. El ‘procés’ se sustenta en la fractura social, la intransigencia, la intimidación y el nacionalismo irracional. La histórica receta del autoritarismo de todos los colores. Y no resulta fácil defenderse de él cuando consigue arrastrar tras de sí incluso a quienes creen defender todo lo contrario. La historia nos ha enseñado el error que supone combatirlo con el odio, la fuerza o el miedo, pero no nos impide cometer errores. Poco ayudan los llamamientos a la fuerza sin contemplaciones o las disputas entre líderes políticos, incluso de un mismo partido, que ni siquiera saben si discrepan o se tropiezan.
Ayer, miles de personas se manifestaron en toda España, en marchas separadas, unas para defender la unidad, otras para reclamar diálogo. Habrá quien vea en ello una muestra de división. No resultaría extraño que los adalides de la declaración unilateral de independencia intentaran utilizarlas como argumento de que su estrategia ha logrado abrir una brecha entre los españoles. Solo será así si se lo permitimos. Porque antes que nada fueron el reflejo de una España plural donde caben opiniones distintas, complementarias o incluso contrarias, ante un mismo problema. Ese es uno de los privilegios que nos garantiza la Constitución y que solo desde la inconsciencia podemos minusvalorar. Esa ley que nos ampara es el único camino que podemos seguir para solucionar la mayor crisis territorial a la que nos hemos enfrentado. Solo a partir de ella cabe ese diálogo tan invocado y despreciado al mismo tiempo que muchos han terminado por pensar que algo esencial resulta inútil. Solo con la plena vigencia de unas condiciones democráticas tendremos la posibilidad de continuar decidiendo juntos cuáles son las reglas con las que queremos regular nuestra convivencia. Por desgracia, eso no ocurre en estos momentos en Cataluña, donde el Govern está dispuesto a dictar sus propias normas de forma arbitraria, sin la menor garantía de amparo de los derechos fundamentales, ni siquiera para quienes respaldan la independencia. Por eso es tan urgente restaurar el orden constitucional. No para demostrar la fortaleza del Estado, sino para evitar que la única ley vigente sea la del más fuerte. Por eso conviene no equivocarse en las formas. Y a partir de ahí, de todo cabría hablar y votar en democracia. Un estado de derecho no debe impedir jamás que sus ciudadanos opinen, pero sí garantizarnos que podamos hacerlo con auténtica libertad.