LA HERENCIA DE LA POBREZA

Las administraciones han dado en llamarlos colectivo de difícil empleabilidad. Son trabajadores de mediana edad a los que la crisis ha dejado en el paro, madres de familia con niños a su cargo, jóvenes que no encuentran la oportunidad que merecen ni siquiera en precario. Muchos con una notable formación y una amplia trayectoria profesional han terminado en el saco de los nuevos pobres. El caso es que van camino de hacerse pobres antiguos sin más amparo que el salario social. Más de veinte mil asturianos necesitan esta prestación para poner un plato en la mesa. 2.090 viven pendientes de que se evalúe su situación para recibirla y otros seis mil aguardan a que se revise su petición en una angustiosa lista de espera. Cincuenta técnicos del Principado se ocupan de ellos. Si se toman su trabajo en serio, como merecen los ciudadanos para no ser tratados como expedientes, quienes hoy están los últimos de la cola serán atendidos dentro de año y medio. De este plazo, que costaría aceptar para el trámite administrativo más vulgar, depende la vida de muchas familias. Así que no resulta extraño que muchos de los beneficiarios del salario social rechacen un empleo si la perspectiva al final del contrato son dieciocho meses sin cobrar un euro. Pocos se atreven a correr ese riesgo. La mayoría se conforma con encontrar algún ingreso extra. Mientras los impuestos alcanzaron para financiar estas ayudas, casi nadie cuestionó su necesidad. Cuando la crisis disparó el número de solicitudes, la aplaudida red de protección social comenzó a mostrar la debilidad con la que estaban hilvanadas algunas de sus costuras. Las administraciones tienen dificultades para mantener su gasto, los funcionarios se ven desbordados y los beneficiarios de una ayuda concebida para salir del bache y evitar la exclusión se sienten condenados a la perpetua dependencia. Tacharles de conformistas como algunos hacen con excesiva facilidad resulta demasiado sencillo. Si tantas situaciones de necesidad tuvieran una conclusión tan simple, la solución también lo sería. Y no lo es. Como tampoco la picaresca de unos pocos permite juzgar a miles. Antes que a ellos, tal vez deberíamos condenar la impericia de los legisladores, que en ocasiones han abierto la puerta al oportunismo antes que a la justicia.
El Principado ha anunciado esta semana su intención de modificar los planes de empleo para que los beneficiarios del salario social tengan acceso prioritario. El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una renta social básica que les permitirá además hacer compras que alivien lo poco que dan de sí quinientos euros de la ayuda regional cuando todos los gastos de una familia dependen de ellos. Con ello, los gijoneses con menos recursos serán los asturianos que más ayuda reciban. Al menos, mientras el presupuesto municipal lo permita. Cada administración intenta romper a su manera los grilletes de la pobreza. Cada euro del presupuesto dedicado a evitar que un ciudadano viva de forma indigna no puede darse por malgastado. Pero quienes gestionan el dinero público no deberían limitarse a ofrecer analgésicos al dolor de unos padres obligados a decirle a su hijo que sus oportunidades corren a cargo de un subsidio. La crisis ha forjado una nueva sociedad en la que muchos no solo viven peor que antes, sino que han perdido la confianza en que su vida pueda mejorar algún día. De que no se desvanezca también su esperanza de legar a sus hijos algo más que un salario social depende nuestro futuro más de lo que podemos imaginar. La pobreza es la única herencia que aumenta en cada generación sin necesidad de hacer nada. Frente a ella, la política social no puede quedarse en un parche.

GAS ÁCIDO

El viento ha disipado la nube de gas originada por una avería en las instalaciones de Arcelor en Avilés, pero no la preocupación de los asturianos. Doce días han tardado el Principado y la multinacional en ponerse de acuerdo en que la planta de ácidos de las baterías de cok está en condiciones de reanudar su actividad. El Gobierno regional ha impuesto a la compañía la implantación de nuevos sistemas de seguridad. El volumen de ácido sulfúrico que hasta el escape del pasado 24 de abril era controlado con una simple sonda se medirá ahora con dispositivos informáticos cuya eficacia ha sido comprobada por los técnicos de Industria. La empresa ha sido obligada a remitir un informe detallado sobre los fallos que dieron origen a la niebla tóxica que llevó a cinco personas a ser atendidas en centros sanitarios. La Consejería de Medio Ambiente mantiene abierto un expediente por el que la siderúrgica se enfrenta a una multa de dos millones de euros. La Fiscalía ha iniciado una investigación. No parece que falten medidas correctoras. Tampoco determinación para sancionar. Pero recuperar la confianza de los ciudadanos no dependerá del castigo, sino de las lecciones que los responsables políticos y la empresa sean capaces de extraer. Para que la multinacional se decidiera a explicar lo sucedido fue necesario que los avilesinos corrieran por las calles a refugiarse de un gas tan irritante para las vías respiratorias como para los responsables medioambientales, que no recibieron ningún aviso hasta después de que la factoría diera por controlada la situación. Para cuando la Administración regional supo lo ocurrido con cierto detalle, el operativo de emergencias casi había finalizado.
La explicación de la compañía sobre el origen y las consecuencias de la avería tardó casi diez días en llegar a Medio Ambiente. Antes, la consejera tuvo que decir en el Parlamento que Arcelor carece de los sistemas y protocolos para hacer frente a este tipo de situaciones. Belén Fernández exigió a la empresa «diligencia y rigor» para evitar episodios contaminantes o al menos minimizar sus efectos y aseguró que el último plan presentado por la multinacional «para actuar en condiciones distintas a las normales» es claramente «insuficiente». En menos de 48 horas, tenía sobre su mesa el informe que su departamento había reclamado, los técnicos habían inspeccionado las mejoras realizadas en las instalaciones y Arcelor disponía del permiso para reactivar la planta de ácidos.
También la empresa hizo lo suyo, y muy a su manera, por agilizar la burocracia. En mitad de la polémica, organizó un simulacro de emergencia para demostrar la eficacia de sus medidas de seguridad, pero en contra de sus pretensiones no logró que ningún miembro del Consejo de Gobierno avalase la demostración con su presencia. Durante una semana, sus responsables no dejaron de señalar cada día que la paralización de la planta suponía el riesgo de causar un daño irreparable en las baterías de cok, un recordatorio que llevaba implícita la amenaza que el cierre conllevaba para la mayor industria asturiana y sus trabajadores. La compañía llegó incluso a fijar una fecha para la puesta en marcha de las instalaciones antes de disponer de la autorización pertinente, casi un desafío a la autoridad medioambiental.
Finalmente, el pulso se ha resuelto. Los problemas, no. La multinacional tiene el permiso que necesitaba, Medio Ambiente el informe que exigía y los ciudadanos la impresión de que algo no funciona. El enfrentamiento entre las empresas y la Administración supone un terreno abonado para la especulación y el alarmismo. Tanto como la insensata pretensión de ocultar las incidencias o la demagogia de presentar a las industrias como un permanente riesgo. La tecnología ha avanzado lo suficiente para ofrecernos soluciones. Excepto que nos empeñemos en no buscarlas.

REMEDIOS PARA EL ESCEPTICISMO

La ponderación y el consenso resultan tan necesarios frente al cesarismo y la chapuza que solo un intolerante se atrevería a repudiarlos. Así que también pueden facilitar la coartada perfecta. Cuando un político tiene más interés en dilatar algo que en hacerlo suele encargar un plan. Con frecuencia, a un grupo de expertos o funcionarios difícil de apresurar y fácil de convencer. A poco que se cumplan ambas condiciones, entre la primera reunión y la entrega del dictamen bien puede agotarse una legislatura. En cuanto al consenso, nada mejor para ganar tiempo que supeditar a él cualquier decisión cuando se cree imposible de antemano. Los asturianos lo sabemos bien. Vivimos en una región donde mucho de lo proyectado y debatido acabó en nada. La variante de Pajares no ha sido una excepción. Por mucho que a estas alturas de siglo la planificación ferroviaria debiera darse por descontada, ningún gobierno se ha privado de elaborar su propio programa de infraestructuras. Cada uno de los ministros que ha llevado en su mano la cartera de Fomento desde que se puso la primera dovela en Lena ha planteado su propia solución sobre las vías con las que deberían equiparse los túneles. Si el inicio de la obra necesitó tres décadas de discusiones, a nadie le extrañe que algunos políticos asturianos estén dispuestos a debatir unos cuantos años más por dónde deben transitar las mercancías. Ya pueden ponerse los ingenieros, expertos en logística y funcionarios como quieran. Discursos no faltarán, aunque lo necesario para acabar la obra es dinero. Soluciones técnicas, incluso capaces de conjugar las dispares exigencias de los partidos, existen. Solo resta que el Gobierno esté dispuesto a pagarlas. De ello dependerá el momento en que los asturianos podamos viajar a Madrid sintiéndonos europeos.
Lo mismo ocurre con el plan de vías de Gijón, la actuación que permitirá a la ciudad más poblada de Asturias disponer de una estación que supere el atraso de recibir a los viajeros en el apeadero prefabricado más grande de España y una terminal de autobuses que de estación solo tiene los andenes y una taquilla. Tanto se ha debatido la solución que los cálculos para financiar el proyecto se han quedado desfasados.
El actual ministro de Fomento ha prometido que echará de nuevo las cuentas y que su departamento aportará los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Íñigo de la Serna se enfrenta al escepticismo enraizado en los muchos años de inútiles confrontaciones sobre el presupuesto, la financiación y hasta la altura de los edificios. El nuevo responsable ministerial aseguró en su visita a Gijón que está dispuesto a terminar lo empezado. A diferencia de otras ciudades que se han visto forzadas a renunciar a sus aspiraciones, dejar a Gijón con sus actuales equipamientos y un túnel que recorre la ciudad convertido en una gran cloaca supondría una frivolidad histórica. De la Serna ha pedido el tiempo necesario para realizar un nuevo estudio económico, pero sostiene que su compromiso con el proyecto es firme, que la ubicación de la estación está decidida y que su departamento pondrá los fondos necesarios para afrontar las obras. Si no fuera por los antecedentes, su postura no debería generar desconfianza. Pero los asturianos casi nos hemos resignado a que después de cada propuesta toca el aldeanismo de abrir un nuevo debate por mucho que se haya discutido antes. Si no por la ubicación de la terminal, será por cualquier otra cosa.
En esa situación, quienes gestionan el dinero público tienen la alternativa de asumir la responsabilidad de tomar decisiones o acomodarse en la justificación de esperar un consenso tan loable como utópico. Pero cuando el deseable acuerdo se convierte en una excusa, sus bondades se pervierten. De ahí que tantos ciudadanos oigan como pretextos incluso los argumentos cargados de razón. Para superar este círculo vicioso solo existe una solución. Que tras los estudios adecuados y los debates necesarios comiencen las obras. Y que una vez iniciadas, nuestros políticos piensen en terminarlas y no en quién se llevará el mérito. Hagamos un esfuerzo por ser optimistas. En todo caso, mejor esperar al lado de los ingenuos que de los mezquinos.

LA VERDAD ESTÁ EN EL PRESUPUESTO

La empresa contratada para colocar la vía en la vertiente asturiana de la variante de Pajares ha solicitado por tercera vez la rescisión del contrato. Dragados reclama al Ministerio de Fomento 2,2 millones de indemnización, casi el 24% del coste de una obra que ni siquiera ha llegado a iniciar. Es el resultado de una adjudicación ‘a la española’ en la que la Administración y los contratistas acuerdan la ejecución de un proyecto por un presupuesto insuficiente, calculado más con la intención de ganar el concurso que de realizar las obras y la convicción de la empresa de que los modificados permitirán financiar los trabajos y obtener el margen de beneficio deseado. El peculiar sistema ibérico de contratación convierte cada obra en un pulso entre Fomento y las empresas, de modo que los tajos avanzan al ritmo de las sucesivas inyecciones de fondos. Si el regateo no termina en un acuerdo, la obra encalla. En el caso de la variante de Pajares, el tendido de vía fue adjudicado en 2014 con una rebaja del 51,4%. Desde entonces no se ha colocado ni una sola traviesa. Primero, porque el retraso de otros trabajos impedía su inicio. Ahora, porque la empresa considera que resulta imposible cumplir lo estipulado con el presupuesto que aceptó. El ministro Íñigo de la Serna se ve obligado a decidir si asume el modificado propuesto por Dragados o rescinde el contrato e inicia una nueva licitación. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno de abrir al menos uno de los túneles este año se sumará a la larga lista de incumplimientos con los que se ha escrito la historia de la variante.
Mientras las traviesas se orean en Los Pontones a la espera de la resolución ministerial, el Principado ha presentado un pacto por las infraestructuras «que Asturias necesita». Veinte entidades, incluidos los empresarios y los sindicatos, lo han suscrito. De los partidos de la oposición, solo IU. La negociación abierta por la consejera de Infraestructuras no logró sumar al PP, que ha calificado el documento de «papel mojado»; ni a Foro, que reclama garantías de que el tren que cruce Pajares sea un AVE y la futura estación de Gijón ocupe el emplazamiento pactado por la ministra Ana Pastor y el Ayuntamiento; ni a Podemos, que acusa al ministerio de estar en manos del «cártel del hormigón»; ni siquiera a Ciudadanos, que se agarra al acuerdo de gobierno suscrito con Mariano Rajoy para reclamar que la variante esté terminada este año. Y aunque no lo dicen, lo que piensan todos ellos es que no están dispuestos a rubricar un texto que consideran una traslación del programa del PSOE y las prioridades del Ejecutivo. Ante esta situación, el presidente del Principado optó por liderar la presentación del documento, que defendió con una apelación a «lo que es de justicia».
Queda por ver la respuesta del ministro de Fomento, obligado a decidir entre lo que propugna el Gobierno asturiano, lo que reclaman sus socios electorales, lo que exige el partido que abrió la puerta a Rajoy para la investidura y lo que aconsejan los técnicos de su departamento. Aunque sobre todo, su resolución estará condicionada por un presupuesto con el que debe afrontar los compromisos pendientes y los recién adquiridos con otras regiones. En la España de las autonomías, cada cual barre para su casa y hace valer su peso en la política nacional. El dinero se reparte hasta donde alcanza. En los últimos años, a Asturias le ha llegado con cuentagotas y lo aprobado para la variante ni siquiera ha llegado a gastarse. Los sucesivos ministros han culpado a las filtraciones de agua, a la inestabilidad de los taludes, a la elaboración de los proyectos y, por supuesto, al empedrado del legado recibido. Lo cierto es que la alta velocidad avanza al ritmo de la voluntad expresada en los presupuestos. Es en la página de inversiones donde los ministros dicen de verdad lo que piensan.

LA VALENTÍA DE AMARESH

Amaresh Fernández falleció el 31 de diciembre. Tenía 24 años. Padecía, desde la adolescencia, obesidad mórbida. Llevaba cinco años en la lista de espera para una operación de reducción de estómago. Los médicos le habían advertido de que aún debería aguardar otros cuatro más antes de pasar por el quirófano. De familia humilde, su sueldo de auxiliar administrativa no le alcanzaba para costearse una intervención de cirugía bariátrica en una clínica privada. Los especialistas de la sanidad pública habían probado diversos tratamientos con fármacos, estrictas dietas y programas de ejercicios. Sin éxito. Llegó a pesar 125 kilos. La obesidad y una severa diabetes que se había complicado al desarrollar resistencia a la insulina, condicionaron su vida desde los 16 años. Tuvo que realizar dos cursos de Secundaria desde las aulas hospitalarias. Su esfuerzo le valió un reconocimiento de la Consejería de Educación. Su existencia fue una constante lucha contra sus dolencias, las trabas burocráticas y los prejuicios, que también los sufrió. Se negaba a rendirse, a perder la sonrisa y menos aún su valentía. Cuando los médicos le dijeron que la operación en la que había depositado todas sus esperanzas de mejora no tenía fecha remitió una queja al Defensor del Paciente. «Estudiado su caso por los facultativos que corresponde, manifiestan que no tiene factores de riesgo o variables clínicas que pudieran suponer la consideración de urgencia o preferencia», fue la respuesta de la Administración, que en 2015 confiaba en atender su caso en el plazo de doce meses. Pasado ese tiempo, la joven envió una nueva carta de protesta. «Mi salud, tanto física como mental, cada vez se deteriora más. Tan solo tengo 24 años y llevo la vida de una persona de 80. Hay infinidad de cosas que ni siquiera puedo plantearme hacer por la obesidad que padezco y cada vez surgen más complicaciones». Ante el mutismo administrativo, acudió a EL COMERCIO para que la sociedad asturiana conociera la dura realidad que afrontan los enfermos de obesidad mórbida. «Me da igual dónde, solo quiero que me operen porque de seguir así seguro que voy a morir». Por desgracia, su pública denuncia no evitó el final que ella misma pronosticó.
Especular ahora con lo que habría pasado si su reclamación hubiera tenido otra respuesta de nada sirve. Cuestionar el criterio de los especialistas que rechazaron la urgencia de su caso carece de sentido. Si consideraron que Amaresh debía continuar en la lista de espera del Hospital Central fue a buen seguro porque el resto de los enfermos de obesidad mórbida se encontraban en una situación similar o peor. Lo inaceptable es que pretendan convencernos de que lo normal es que una intervención quirúrgica asumida por la sanidad pública como necesaria acumule una lista de espera de cuatro años. Por nimia que sea la dolencia, solo un inconsciente asumiría sin rechistar una cita con el quirófano para dentro de un lustro.
El jefe de Cirugía General del HUCA, Lino Vázquez, ha reconocido que la demanda de estas operaciones «está creciendo de forma apabullante». El 40% de los asturianos tiene problemas de sobrepeso. El único hospital de la región en el que se realizan estas intervenciones programa dos por semana. Sin embargo, cada siete días entran tres nuevos pacientes en una lista de espera que acumula trescientos nombres. Pocas cuentas hacen falta para darle la razón a Amaresh. Probablemente, no tenía derecho a operarse antes de lo previsto. Quiero creer que así era, a ello me inclina la confianza que merecen los profesionales de la medicina en Asturias. Pero a Amaresh Fernández le sobraban razones para pensar que el sistema que protege nuestra salud, y pagamos todos, no atiende de forma adecuada a quienes padecen una enfermedad sobre la que sobrevuelan demasiados tópicos. No se trata de estética, sino de supervivencia. La cirugía bariátrica, una operación de riesgo, supone el último recurso de la sanidad pública cuando la obesidad amenaza la vida del paciente. Por eso, más que el motivo de la muerte de Amaresh es el suplicio que marcó su vida lo que exige una respuesta. Ella tuvo el valor de poner su voz al hasta entonces silencioso drama de una lista de espera que se resiste a la lógica. Así despidió su último escrito a las autoridades sanitarias: «Gracias por su tiempo y atención. Espero sus noticias». Lo mismo digo.

EL TREN DE EUROPA, PARADO EN LEÓN

El descarrilamiento de un tren que transportaba carbón entre El Musel y León cortó el viernes la comunicación por ferrocarril con la Meseta toda la tarde. Casi a la misma hora del accidente, el Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Gijón sufrió una avería que le mantuvo parado durante veinte minutos. Cuando consiguió arrancar, recibió la orden de regresar a Busdongo. El convoy de mercancías siniestrado bloqueaba el paso en la rampa de Pajares, así que Renfe optó, una vez más, por trasladar en autobús a los pasajeros. Llegaron a su destino con tres horas y media de retraso, salieron de Madrid después de desayunar y llegaron a Asturias para la cena. Es lo que tiene depender de un trazado decimonónico por el que circulan trenes del siglo XX. Es la deplorable situación de una línea férrea que unida a túneles de metro tapiados, estaciones provisionales que se eternizan y la falta de inversiones en matenimiento dibujan una situación tan pintoresca del ferrocarril en Asturias que solo algún país en vías de desarrollo resulta apetecible para compararse.
Cierto que el Gobierno central se ha gastado tres mil millones en la variante de Pajares. Con este presupuesto lo único que ha conseguido en quince años es que el aire circule por los túneles. Mientras aún se preguntan cuándo pasará por ellos el AVE, muchos asturianos viajan en coche a León para coger el tren a Madrid. Íñigo de la Serna visitó Asturias esta semana para otear lo que sus ciudadanos esperan de él. El titular de Fomento no se ahorró reuniones. Tomó café con la presidenta del PP, conversó durante noventa minutos con el presidente regional y dedicó una hora a escuchar los planteamientos de Foro. Aún tuvo tiempo de pasar revista a las obras de la autovía en Salas e incluso para recoger las quejas de la plataforma de los sufridos usuarios de los cercanías. Poco más de un mes tardó el ministro en presentarse en el Principado. Con ello demostró interés en conocer las necesidades de la región. Supo administrar su agenda para respetar el plano institucional, atender a sus socios en el Parlamento e incluso evitar incómodos encuentros entre quienes encarnan facciones enfrentadas dentro del PP asturiano. Signo de pericia política. En su comparecencia, su formación de ingeniero de caminos y la prudencia evitaron que repitiera los errores de algunos de sus compañeros de gabinete que se atrevieron a cantar las excelencias de la política de infraestructuras de su partido en una autonomía que durante los últimos años se ha sentido más agraviada que atendida en esta materia. De la Serna prometió «correr todo posible» para abrir la variante, pero sin garantizar que los trenes circularán por ella en 2017 como establece el acuerdo que Rajoy rubricó con Ciudadanos. Sabe que es prácticamente imposible, así que pidió tres meses para anunciar un compromiso factible.
Tiempo no le sobra con una legislatura. Su predecesora ya demostró lo difícil que le puede resultar a un ministro terminar una obra. En Asturias, Ana Pastor se conformó con finalizar la autovía del Cantábrico. El AVE no fue su prioridad. El nuevo titular de Fomento proclamó en Oviedo que para él la variante de Pajares sí lo es. A su favor cuenta con un consenso forjado por la crisis que ha llevado a los partidos, empresarios y organizaciones sociales del Principado a aceptar que una mejora en la línea entre Pola de Lena y Gijón es preferible a la promesa de un nuevo trazado de coste e impacto ambiental tal vez inasumibles. También las reivindicaciones de Gijón se han quedado en una petición más que razonable: buscar una fórmula de financiación para el plan de vías que permita construir una estación digna sin perder otros cuatro años en unas cuentas de la lechera que hasta el momento solo han permitido ajardinar un solar. Ninguna ciudad española con más de 250.000 habitantes recibe a sus viajeros en una estación de tren que supera en poco a un gran apeadero y una terminal de autobuses reducida a poco más que unos andenes. Pocos más argumentos que un par de fotografías debería necesitar el ministro para convencerse de la urgencia del proyecto. Y apenas un reloj y las cifras de viajeros para comprobar que los cercanías de la región circulan hacia la ruina.
Los asturianos no piden más que la posibilidad de viajar en tren a Madrid en menos de tres horas desde una estación que merezca ese nombre. Las empresas asturianas no demandan mayores ventajas que transportar sus mercancías a la misma velocidad desde El Musel o Avilés que desde cualquier otro puerto de España. Asturias no exige más que lo justo para dejar de sentir que el tren de Europa sigue parado en León.

EL CAMINO DE LA SENSATEZ

Javier Fernández y Mariano Rajoy han tenido que dar un paso al frente en la última semana y superar incluso el discurso de sus propios partidos para enderezar el rumbo de la investidura. El líder socialista tiene ante sí la complicada tarea de acallar los ecos del ‘no es no’ que Pedro Sánchez había convertido en su grito de guerra. Al presidente en funciones no le ha quedado otra que llamar al orden a quienes en el PP quisieron aprovechar la situación para exigir poco menos que una humillante rendición incondicional del principal partido de la oposición. Ambos están convencidos de que las terceras elecciones supondrían un desastre. Y poco ganan sus partidos con otros comicios. El PSOE, fracturado y sin tiempo para preparar un candidato, solo podía esperar un batacazo electoral. El PP tampoco puede ignorar que parapetarse ahora en la intransigencia le restaría más apoyo que sus adversarios. Así que ambos dirigentes han apelado al discurso de la sensatez para acabar con el marasmo político propio de un estado fallido. El itinerario que ambos han elegido solo puede conducir a la investidura. Para facilitar el viraje socialista, Javier Fernández ha encontrado el concepto de ‘abstención técnica’, esto es, dejar que los conservadores gobiernen sin asumir más compromisos que el de ejercer una leal oposición. Este apoyo calculado, no más del preciso, permitirá al PP continuar en La Moncloa sin el riesgo de llevar a los socialistas a un atolladero que haga imposible el diálogo cuando las exigencias de Bruselas, el desafío soberanista o la financiación autonómica requieran una respuesta que sus 137 diputados no alcanzan a dar.
Quien alcanza la responsabilidad de gobernar debe asumir que los discursos bienintencionados solo sirven durante un tiempo antes de parecer excusas. Al poder Ejecutivo se le juzga por sus acciones más que por sus palabras. Mariano Rajoy y Javier Fernández lo saben. Y en Asturias, tareas tienen para demostrarlo. La más urgente para el Ejecutivo regional, la aprobación de unos presupuestos que conjuren el riesgo de una región encadenada a una prórroga que le impida tanto llegar a tiempo a una recuperación aún incierta como atender las profundas heridas que ha dejado la crisis. El Gobierno asturiano quiere que las cuentas reflejen la mayoría de izquierdas del Parlamento autonómico. Podemos e IU han advertido de que el respaldo a Rajoy aleja la posibilidad de un acuerdo. En mal lugar quedan los intereses de Asturias y sus políticos si sus cuentas solo dependen de lo que se decida en el Congreso de los Diputados. El PP asturiano, que durante la última semana ha reclamado altura de miras al presidente de la gestora socialista, dispone en este asunto de la ocasión de predicar con el ejemplo en su tierra. Si lo poco en lo que están de acuerdo todos los partidos es que una prórroga conduce a un insuficiente más de lo mismo algo más deberían hacer por evitarla que mirar a lo que acontece en Madrid.
El nuevo Gobierno central, amparado en su limitación de funciones desde hace un año, podrá actuar en el Principado con el sentido común que ha reclamado para facilitar la investidura. La variante de Pajares, la regasificadora de El Musel, la nueva depuradora de Gijón, la tarifa eléctrica o el futuro del carbón suponen para la región cuestiones demasiado trascendentales para aguardar al próximo cálculo electoral. Durante sucesivas legislaturas, el debate de los partidos sobre el futuro de Asturias se ha limitado a una tediosa y recíproca atribución de responsabilidades mientras sus decisiones acrecentaban el sentimiento de agravio respecto a otras autonomías. Nada más alejado de los intereses generales invocados durante las últimas semanas para ordenar la política española. Ahora que el camino anunciado es el de la sensatez, la clase política tiene en esta región un buen trecho para recorrer.

INERCIA POLÍTICA

Antes que a la lógica, los políticos españoles responden a la ley de la inercia, un principio por el que tienden a permanecer en estado de reposo o en actividad aparente hasta que las circunstancias les favorezcan o de forma inevitable les empujen a moverse para salvar su cargo. Mariano Rajoy aguardó inmóvil y en silencio a que Rita Barberá eligiera la salida más conveniente tras su imputación. La senadora tomó a casi empellones la puerta del Grupo Mixto, con un sueldo de casi siete mil euros mensuales que le garantizan un buen abogado defensor y las ventajas del aforamiento. Solo cuando el silencio se hizo tan incómodo como para amenazar en convertirse en complicidad, el líder del PP habló. En tercera persona, como si levantara un acta de defunción, constató que la exalcaldesa de Valencia ha abandonado el PP y por lo tanto su antiguo partido carece de autoridad sobre ella. Y a otra cosa, que no es más que contar los días que faltan para las terceras elecciones al menos que el PSOE las impida.
Pedro Sánchez no está por la labor. Pese al aparente trajín de la campaña en Galicia y el País Vasco, el secretario general de los socialistas continúa tan quieto como su rival. Por mucho que los barones invoquen su derecho a decir lo que piensan y su ejecutiva se líe «a gorrazos» con ellos, que diría Guillermo Fernández Vara, al candidato del PSOE le basta el ‘no es no’ como eslogan y el paso de las semanas para que la convocatoria electoral le garantice una oportunidad que buena parte de su comité federal preferiría ahorrarse. Ahora que ha encontrado un punto de equilibro en la cuerda floja del camino hacia la Moncloa, tampoco él piensa menearse demasiado.
A España no le queda otra que esperar también, harta y en funciones, a que la realidad haga imposible el camuflaje. Los partidos no se organizan para forjar hombres de Estado, sino para ganar elecciones. Mientras los protagonistas otean el horizonte con la esperanza de que a su rival lo fulmine un rayo, el guión de las directrices del partido establece dos alternativas para los secundarios: hacer mutis por el foro o disimular lo mejor que sepan, la opción más digna ante la opinión pública para los cargos electos. Solo en esa obligada pose preelectoral de nadar y guardar la ropa se entiende que los políticos asturianos hayan discutido durante meses las posibles alianzas presupuestarias sin entrar en mayores honduras que la posibilidad de establecer impuestos para las bebidas con gas. El PSOE asturiano ha lamentado en reiteradas ocasiones la dificultad de elaborar unas cuentas sin que el Gobierno central concrete los fondos que la región recibirá el próximo año. Los socialistas no han dejado de repetir su deseo de negociar un acuerdo con Podemos e IU para que el presupuesto responda a la mayoría parlamentaria de izquierdas. El partido de Emilio León ha contestado tantas veces como le han preguntado que su apoyo está condicionado a un cambio de política por parte del Ejecutivo de Javier Fernández. El PP asturiano asegura estar dispuesto a aprobar el presupuesto si el Gobierno acepta sus propuestas fiscales, entre ellas, la supresión del impuesto de sucesiones. Tantas ocasiones como ha podido lanzar su oferta Mercedes Fernández ha tenido luego para afear al PSOE su silencio. A Foro, Ciudadanos e Izquierda Unida la imposibilidad de resultar decisivos en solitario les permite criticar a diestra y siniestra la incapacidad de los partidos con mayor representación en la Junta para superar el más de lo mismo. Los parlamentarios asturianos llevan dos meses en el bucle de un debate reiterativo, pero con la vista puesta, sin distracciones, en la política nacional, cuya parálisis también les sirve de coartada para que las buenas intenciones se queden para engordar los libros de sesiones del Parlamento asturiano.
La realidad de Asturias mantiene su propia dinámica, que la obliga a caminar por detrás de las regiones con mayores recursos hacia un horizonte de incierta recuperación. El presupuesto, aunque dependiente en gran medida de las aportaciones estatales, es el escaso margen de maniobra de la política regional para acelerar el paso de una autonomía lastrada por el envejecimiento de su población, el crecimiento de la deuda pública y la complicada transformación de su economía. Sin embargo, la inercia de la política asturiana parece dispuesta a mantenerse en la parsimonia de una prórroga que todos los partidos consideran indeseable y casi nada hacen por evitar.

PLANES TURÍSTICOS PARA ASTURIAS

El turismo asturiano despide su mejor verano desde el inicio de la crisis con la seguridad de que a final de año volverá a superar la simbólica cifra de dos millones de visitantes. La mayoría de las 14.000 empresas turísticas de la región cerrarán la temporada alta con el optimismo que dan los beneficios tras varios ejercicios de tribulaciones y números rojos. El sector que mejor ha resistido el azote de la recesión ha celebrado además este año el treinta aniversario de uno de sus grandes hitos, la puesta en marcha de un hotel en Taramundi que abrió las puertas de un turismo rural en el que Asturias nunca ha dejado de ser una referencia. Desde el pasado mes de enero, el Principado ha conmemorado la efeméride con diversas actividades. Bien está recordar los logros cuando el vértigo cotidiano debilita la memoria en tantas ocasiones y siempre que la celebración no se pierda en los derroteros del ensimismamiento por lo conseguido.
El turismo ha cambiado mucho en tres décadas durante las que ha dejado de tener un carácter complementario para consolidarse como un elemento esencial de la economía asturiana. La Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias considera que este verano «ha cumplido las expectativas». El récord histórico de turistas que ha recibido España, más de setenta millones, ha llenado los hoteles del litoral y permitido que un buen número de viajeros encontrase en el norte una alternativa a la saturación de otros destinos. La percepción de la península como un ámbito de mayor seguridad que otros países europeos también ha favorecido este aumento de visitantes. Una situación coyuntural que ha contribuido a que todos los alojamientos turísticos de la región superasen el 90% de ocupación durante el mes de agosto. No obstante, la patronal turística prefiere afrontar el futuro con cautela y «evitar los mensajes triunfalistas».
A pesar de que las cifras invitan a la euforia, la sombra de la crisis aún se nota en un gasto que ha crecido de forma contenida, olvidadas las alegrías del pasado; la exigencia de calidad por parte de los clientes aumenta cada temporada; la competencia es ahora global y la estacionalización todavía supone el principal condicionante de muchos negocios para cuyos propietarios resulta más rentable cerrar cuando el invierno enfría la demanda. Con el objetivo de conjurar estos riesgos, la Consejería de Industria y las organizaciones empresariales han pactado un plan estratégico que aspira a encaminar la política regional en esta materia hasta 2020. La Administración asume la necesidad de promocionar los principales atractivos de la región: desde las rutas de montaña y las playas que han sustentado durante décadas las campañas del paraíso natural asturiano al patrimonio de una industria minera reconvertida en museo, de la oferta gastronómica a los deportes de riesgo, del camino de Santiago al turismo de congresos. Nada innovador, pero en todo ello Asturias tiene argumentos sobrados para competir. Los empresarios plantean además la urgencia de elaborar productos capaces de convencer a los turistas de que la visita merece la pena en cualquier época del año y planes de formación que permitan contar con profesionales cada vez más especializados. Nada descabellado. Al contrario, estas necesidades resultan evidentes. El plan solo parece requerir el presupuesto que marca la diferencia entre un museo y un aula, una colección de folletos y una campaña eficaz, una fotografía a un monumento y una visita guiada, una senda y una caleya. Pero tanto como el dinero, el turismo asturiano necesita la ambición suficiente para construir los hitos que conmemorar dentro de treinta años.

POLÍTICA PIROTÉCNICA

La noche de los Fuegos anticipó una semana en la que el estrépito del pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos despertó de su letargo a la clase política, pero en la que los sufridos votantes no han encontrado el consuelo de pensar que se ahorrarán la tercera cita con las urnas en un año. La meteorología pareció resuelta a rendir homenaje a un país que intenta vislumbrar su futuro en la bruma y buena parte del presumible fulgor de la exhibición pirotécnica quedó difuminado por la densa niebla y la ausencia de viento. Nada que no se pudiera esperar en la costa cantábrica y que ha permitido a unos plantear el aplazamiento del festejo más multitudinario del verano gijonés como una opción, a otros explicar la imposibilidad de programar a salto de mata el lanzamiento de una tonelada de material explosivo y a todos mantener el anhelo de regresar el año próximo al Muro con una emoción renovada.
Otra cosa es el espectáculo de la política española, que amenaza con un petardazo final por mucho que al público se le agotara la paciencia hace meses. Mariano Rajoy, decidido al fin a firmar un pacto ineludible, ha fijado la sesión de investidura con el desafío implícito de que su fracaso puede conllevar una nueva votación el 25 de diciembre, entre turrones y villancicos, en un esperpento electoral fechado para atribuir a la intransigencia de los socialistas un año de gobierno en funciones, la posible falta de presupuestos y el varapalo con el que la Unión Europea está dispuesta a castigar la desidia española. Sin embargo, Pedro Sánchez mantiene su ‘no’, alentado por los sondeos que endulzan sus oídos con un repunte del PSOE y la pérdida de fuelle de Podemos, una inyección de vitalidad para quien asistía a la construcción de un patíbulo en su jardín.
Mientras, el Gobierno asturiano prepara el borrador de sus presupuestos a ciegas ante la falta de datos de la Administración central y la certeza de que su aprobación estará marcada por el devenir de los acontecimientos en Madrid. Por mucho que los políticos regionales estén obligados a proclamar lo contrario, la conjunción de dos partidos dispuestos a pactar las cuentas que necesita el Principado al margen de los intereses de sus líderes nacionales resultaría un acontecimiento inaudito. Un escalón más cerca de la ciudadanía, los ayuntamientos también sufren las consecuencias de la falta de interlocución y actividad de un Consejo de Ministros predispuesto a la cesantía con la excepción del Ministerio de Hacienda, cuyo titular repasa periódicamente las tuercas de las administraciones para velar por el cumplimiento del déficit, convertido también en un arma para la negociación. De la capital de España, donde las siglas libran una batalla de desgaste, no llega a las consejerías y las alcaldías más que algún otro sobresalto en forma de carta ministerial fruto de este empeño o las ineludibles cortesías que conllevan los actos públicos.
Por el momento, los partidos se contentan con esperar acontecimientos y especular con los efectos de la aplicación del pacto anticorrupción asumido por los populares, que ha llevado a preguntarse si alcanza para exigir la dimisión de los políticos locales imputados que aguardan una sentencia judicial para decidir su futuro. La dirección del PP en Asturias, que sostiene en un veremos a su portavoz en el Ayuntamiento de Oviedo, espera que no sea así.
En tanto que los equipos designados al efecto lo aclaran, los populares prefieren centrar sus comparecencias en su oferta al PSOE de negociar el presupuesto autonómico para 2017. Han tendido su mano para evitar las cuentas «radicales» que, a su juicio, depararía la intención manifestada por los socialistas de buscar el entendimiento entre los partidos de izquierda. El resto de las fuerzas políticas asturianas también se han lanzado al debate presupuestario: Foro demanda «un cambio» para sumar un voto afirmativo que se antoja imposible, Izquierda Unida subraya los riesgos de mantener a la región en una situación de permanente prórroga y Podemos advierte de que su apoyo estará supeditado a que la propuesta del Ejecutivo se distancie, y mucho, de la que logró el respaldo del PP en 2015. Escaramuzas estivales de un debate todavía inconcreto, alumbrado por los fuegos artificiales con los que los partidos han consumido casi dos meses desde el último escrutinio. Política pirotécnica cuyos compromisos también parecen depender del viento de las encuestas. Y como la pólvora quemada, tampoco da para más.