Grupos violentos

 

Extremistas por definición, son más fáciles de identificar por su comportamiento que por su nomenclatura o su ideología, limitada a un batiburrillo de consignas, prejuicios y cánticos. Casi inofensivos por separado, mejor no cruzarse en su camino cuando van en rebaño, amparados por la masa, enardecidos por el alcohol y bajo el presunto anonimato de las capuchas. Los grupos violentos hacen de los terrenos de juego un campo de batalla, de las calles una encerrona y de los foros de internet un vertedero. Campan a sus anchas gracias a las pocas ganas de buscarse problemas de la mayoría, que expresamos el desprecio con la indiferencia, ignoramos sus insultos y preferimos cruzar de acera. Nuestra prudencia, cobardía a sus ojos, alimenta su sentimiento de impunidad. Conocen al dedillo la ley para saber hasta dónde las poses violentas y las amenazas veladas pueden hacer que cualquiera dé un paso atrás con la impresión de que han estado a punto de partirle la cara sin más razones que haber respondido a sus insultos, llevar una camiseta del rival o mirarles el tiempo suficiente para darles, sin pretenderlo, la excusa con la que iniciar una pelea. Pero como también son bulliciosos, coloristas y pagan entrada, durante mucho tiempo tuvieron un espacio reservado en los estadios de toda España. Muchos dirigentes de los clubes de fútbol preferían apaciguarlos con prebendas antes que plantarles cara y encontrarse con pintadas amenazantes o las ruedas del coche pinchadas. Al fin y al cabo, siempre estaban ahí, en los triunfos y los fracasos, incondicionales. Llevó tiempo que las autoridades y los equipos de fútbol se dieran cuenta de que la libertad no justificaba esperar a la tragedia y que la tibieza, lejos de apaciguarles, solo acrecentaba sus bravatas. Incluso costó vidas que nos hartásemos y nos convenciéramos de la necesidad de aprobar leyes específicas para combatirlos y sacarlos de los lugares a donde queríamos ir con nuestros hijos sin sentir miedo. Comenzamos a aplicarlas y nos creímos a salvo, hasta nos permitimos ponernos como ejemplo frente a la vergonzosa permisividad de otros países.
La seguridad también origina despreocupación y hace mucho que este problema, atenuado, dejó de inquietarnos. El código penal no prevé el riesgo de nuestra tolerancia, así que la policía y los jueces deben esperar a que empiecen los golpes y el jolgorio termine en disturbios. Solo entonces actuamos. En ocasiones, con poco éxito. Los puñetazos castigados con penas menores por lesiones y los daños sancionados con multas han convencido a más de uno de que sus delitos merecieron la pena. Tanto es así que los radicales que estábamos dispuestos a erradicar siguen ahí, rejuvenecidos, bajo nuevas denominaciones o incluso con su nombre de siempre. De vez en cuando se les va la mano. Es entonces cuando nos indignamos, exigimos medidas contundentes y recibimos promesas de inmediatas actuaciones. A las pocas semanas casi todo el mundo se olvida de lo ocurrido. Hasta el punto de que volvemos a admitirlos en nuestras celebraciones y en las gradas, donde se sienten con más derecho que nadie, cómodos y convencidos de que pueden seguir a lo suyo. Tanto, que si la policía carga contra ellos denuncian el abuso de autoridad. Cuando son detenidos, todos alegan que estaban en otra parte haciendo cualquier otra cosa, pero acuden al juzgado con pasamontañas, no como comparece quien se siente inocente, sino como se presentan quienes saben que la mayor dificultad para condenarles será desmontar sus mentiras. Porque todas las hazañas de las que presumen en las barras de los bares las cometen con la cara cubierta, y por supuesto, la culpa de que se vean ante un juez siempre es de quien se atreve a denunciar su brutalidad o del policía que los detuvo. Con todo, lo más peligroso no es su cinismo, sino la silenciosa complicidad que aún encuentran.

Ante el precipicio de la intolerancia

La grotesca aprobación del referéndum en el patio de comedias del Parlament dejó claro no solo que la legalidad, incluso la propia, les importa un comino a los independentistas catalanes, sino lo lejos que están dispuestos a llegar para doblegar a todo un país. Asomados de repente al abismo de la ruptura a muchos dejaron de parecerles exagerados quienes alertaban del riesgo y prudentes los que se conforman con esperar a que el tiempo arregle el asunto. La única ventaja de la soez patada que los secesionistas han propinado a las leyes ha sido que la Fiscalía ni siquiera ha necesitado trabajar demasiado para que los tribunales comiencen a investigar a todo el Govern por delitos penados con prisión. El Ejecutivo central también ha logrado que el Constitucional advierta a 62 altos cargos de la Generalitat y a los 948 alcaldes de Cataluña de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa encaminada a facilitar la consulta ilegal. Queda por ver hasta dónde están dispuestos a llegar Carles Puigdemont y sus secuaces, empeñados en presentarse como mártires del republicanismo catalán. Poco les ha importado dejar sin argumentos a quienes defendían la votación popular como una salida razonable. Sin garantías legales ni el mínimo respeto a los principios democráticos, el referéndum, además de una pantomima, se quedaría en una indefendible asonada. Pero la estrategia para forzar la ruptura no busca los caminos de la democracia. El secesionismo apurará todas las opciones para celebrar el referéndum hasta el último minuto del 1 de octubre, que será el primero de una nueva campaña electoral con tintes de plebiscito independendista. Su intención es estirar la cuerda hasta que el miedo a discrepar impida cualquier respuesta al totalitarismo de quienes desprecian incluso a quienes solo imploran un poco de cordura.
La respuesta a un desafío con ribetes de sedición se la ha dejado el Gobierno a la justicia, que no es más que lo lógico en un Estado de Derecho. El poder judicial debe desempeñar su papel como garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. En ello está; parece que sin titubeos. El recurso presentado por el Ejecutivo prevé frenar cada paso hacia la consulta. Por el momento ha conseguido que los ayuntamientos, incluido el de Barcelona, se nieguen a ceder sus locales para cometer un delito. Mariano Rajoy asegura que la reacción del Ejecutivo será no solo rápida, sino también firme, inteligente, serena y proporcional. Sus decisiones para evitar que la Generalitat plante las urnas en la calle cuentan con el respaldo por anticipado del PSOE y Ciudadanos, que junto a los populares abandonaron el Parlament para dejar en evidencia una pantomima en la que ni siquiera se respetaron las opiniones de quienes intentaron recordar las obligaciones que conlleva ocupar un escaño. Pero la solución al conflicto con Cataluña no llegará solo con las sentencias de los tribunales. Una sociedad democrática se protege con las leyes, pero se construye con la política. Y en los últimos tiempos quienes intentan minarla han trabajado sin descanso mientras los grandes partidos han oscilado entre la inacción, la duda, la superficialidad y el interés por sacar tajada electoral. Cada uno a lo suyo hasta que la intolerancia nos ha mostrado el precipicio. No se trata ya de buscar la fórmula legal para frenar la demencial huida hacia adelante de Puigdemont y Junqueras, sino de buscar el consenso necesario para impedir una fractura en Cataluña que haga imposible la convivencia. Este es el gran desafío que plantea un independentismo al que poco le importa lograr su objetivo por mayoría o por la fuerza. Para enfrentarse a él, de poco servirán las candorosas ocurrencias que aspiran a contentar a todos ni la obcecada negación de la realidad. Hacen falta políticos a la altura de unas circunstancias que el tancredismo solo puede empeorar.

El espíritu de Barcelona no son los pitos

Cabía esperar abucheos en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo. Se hizo mucho para que los hubiera. El empeño en distinguir los uniformes de quienes están dispuestos a jugarse la vida para garantizar nuestra seguridad, la pugna entre administraciones por tener la última palabra sobre la investigación, la decisión de relegar a un segundo plano a los representantes institucionales y el interés por degradar el valor de la unidad a la categoría de un simple analgésico frente al dolor hacían presagiar que algunos no desaprovecharían la ocasión de hacerse oír. En la jornada previa, el presidente de Cataluña se olvidó de la importancia de la manifestación para centrarse en reivindicar ante la comunidad internacional su capacidad de autogestión ante la tragedia. Después de una semana de encontronazos, Mariano Rajoy se vio forzado a ensalzar la coordinación y el entendimiento entre administraciones para conjurar el riesgo de ofrecer al mundo una imagen de desunión. El Rey y el presidente del Gobierno podían contar con los pitos, las esteladas y las pancartas. Su decisión de sumarse a la marcha a sabiendas de lo que podía encontrarse redobla la importancia de su presencia en una jornada histórica, en la que una multitud salió a la calle para gritar «no tinc por». Era la marcha de todos, independentistas o no, de la izquierda y la derecha, de los españoles y los extranjeros, creyentes o ateos, de cualquiera cuyo credo defienda la paz frente a la barbarie. El gran error de las instituciones hubiera sido no entenderlo así y aceptar las reglas de quienes pretendieron convertirla en un acto con invitación.
Mayor equivocación supondría permitir que el clamor frente al terrorismo quedase acallado por los gritos de quienes han intentado aprovechar la atención del mundo para lanzar su campaña política. Tan peligroso como cerrar los ojos ante el discurso de la intolerancia y la islamofobia que también se ha atrevido a asomar sus colmillos tras el atentado de las Ramblas. Unos y otros con la misma intención: utilizar nuestra consternación en su beneficio. Entrar en el perverso juego de quienes buscan sacar partido del dolor sería tanto como conceder una victoria a los terroristas, asumir que la dureza de sus golpes es capaz de condicionar nuestras acciones y alterar nuestros principios. Decenas de miles de personas se concentraron en la plaza de Catalunya para recordar a las víctimas de la sinrazón, reivindicar una sociedad libre frente a quienes matan en nombre de un dios al que manipulan y proclamar el carácter cosmopolita, abierto e integrador de una ciudad y de un país dispuestos a defenderse con las normas que sus ciudadanos deciden darse frente a la ley de las balas.
Ante esta amenaza, reducir la concentración de Barcelona a los gritos de unos pocos o menoscabar su trascendencia a una suerte de terapia colectiva resulta tan estúpido y estéril como reducir nuestra estrategia de seguridad frente al terrorismo a contar bolardos o debatir sobre la valía de los uniformes. Peor aún, supone olvidarnos de unas víctimas a las que deberíamos rendir el homenaje que merecen, que no es otro que salvaguardar cada día la libertad que intentaron arrebatarnos con su muerte. Ese es el espíritu de Barcelona por mucho que algunos hayan querido hacer de él otra cosa.

El grito de Barcelona

Luchamos en una guerra en la que nuestro enemigo es un kamikaze casi sin edad para tener el carné de conducir. La Policía cree que un joven de origen marroquí, que hablaba catalán y nunca había mostrado interés por la religión, fue quien enfiló Las Ramblas a toda velocidad en una furgoneta con la que fue cazando a los transeúntes. Zigzagueando para teñir de sangre la calle que Lorca llamó la más alegre del mundo, «la única donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año». El asesino formaba parte de una célula yihadista cuyos integrantes apenas tenían suficientes años para pensar que su vida había comenzado, pero dispuestos a inmolarse para alcanzar un inexistente paraíso de néctares y huríes. Un grupo de adolescentes que en pocos meses pasaron de darle patadas a un balón en la escuela de fútbol sala de su pueblo a pedir el exterminio de todos los infieles. Un proceso de radicalización exprés en el que resulta improbable que tuvieran tiempo de leerse las enseñanzas de un libro que pervierten.
Los servicios de inteligencia de Marruecos calculan que el autoproclamado Estado Islámico cuenta en sus filas con al menos dos mil jóvenes crecidos en Europa. Terroristas que no conocen de la tierra natal que añoran más que la insidiosa propaganda que reciben, muchos de ellos sin antecedentes y entrenados para burlar a los servicios de inteligencia. No necesitan casi nada para matar porque no les importa morir. Un coche o una navaja les sirven como armas, sin renunciar a proyectos más ambiciosos con materiales explosivos, cuya utilización aprenden en el lado más oscuro de internet. Los responsables de la investigación creen que la célula de Ripoll preparaba la mayor masacre terrorista cometida en Europa. Su plan incluía ataques con furgonetas bomba, atropellos y apuñalamientos. La explosión de las bombonas de gas que manipulaban en un piso de Alcanar les llevó a actuar a la desesperada, antes de que la policía pudiera interrrogar al herido encontrado entre los escombros de la vivienda. Dos vehículos alquilados, un puñado de armas blancas y unos falsos cinturones bomba les alcanzaron para recordarnos que la barbarie no firma treguas.
Ninguna respuesta mejor que el clamor espontáneo de quienes se concentraron en Barcelona apenas unas horas después de la masacre. «No tenemos miedo». Un grito unánime con el que miles de ciudadanos expresaron no la valentía individual que muchos también demostraron en los momentos posteriores a los atentados, sino la determinación de un país dispuesto a luchar por sus creencias. Una reacción que brotó de nuestra identidad y que superó las opiniones impulsivas y estériles alimentadas al calor del desahogo: polémicas sobre bolardos teñidas de ideología, controversias sobre vídeos que ningún periódico aceptó publicar pero que muchos individuos estaban interesados en difundir, discusiones respecto al empleo del catalán en las ruedas de prensa o análisis a conveniencia de las consecuencias políticas de la sangre derramada por los terroristas. Debates acallados por un grito surgido de todo aquello por lo que merece la pena vivir frente a quienes solo tienen la muerte como argumentación; que nos recuerda la necesidad de vencer a quienes intentan conducirnos, por el camino de la sangre, hacia la duda y el enfrentamiento; capaz de hacernos sentir que más allá de la disparidad de opiniones que nos permite nuestra libertad, hemos construido una sociedad en la que podemos gritar nuestros principios bien alto y unidos. Ese es el primer paso que da una democracia cuando se ve obligada a defenderse. No paremos. Volvamos a caminar por Las Ramblas.

‘Tourist go home’: debates y sandeces

La pintada en la iglesia de San Isidoro de Oviedo ‘Tourist go home’ (Turista vete a casa) demuestra que incluso la más evidente sandez puede encontrar imitadores. A diferencia de otras regiones, en Asturias ningún partido ha cometido aún el disparate de avalar con un discurso simplón y demagógico la campaña contra un sector que ha tenido mucho que ver en que los políticos puedan presumir de haber encontrado el camino para reducir el paro. La economía española se apoya cada vez más en los ingresos del turismo. El Gobierno prevé que 83 millones de personas lleguen este año a nuestro país atraídas por su naturaleza, el buen clima, la gastronomía, la cultura y la certeza de que serán bien recibidas. En Asturias, el sector turístico supone ya el 10% del PIB, pero aún tiene margen para crecer. De ello está convencido el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, que canta las excelencias de la región donde él mismo ha decidido disfrutar de sus vacaciones. A su juicio, el Principado es un ejemplo de cómo «está avanzando y mejorando la oferta, aunque no sea un destino tradicional de sol y playa». Destaca además que nuestra región ha logrado seducir a turistas de un segmento «más cosmopolita y con mayor capacidad de gasto».
El récord de visitantes, que apenas iniciado agosto se da por descontado, ha traído consigo nuevas deliberaciones. Administraciones y empresarios debaten sobre la política de precios, la capacidad de mejorar la promoción e incluso sobre la posibilidad de regular los principales focos de atracción para evitar la indeseada saturación. Se habla del número de canoas que bajan el Sella durante el verano, de las colas para subir al Urriellu, del futuro del acceso a los Lagos de Covadonga y de la necesidad de mejorar los accesos y la seguridad en las playas. Polémicas algunas antiguas pero aparcadas durante los tiempos en los que la crisis hacía al sector conformarse con sobrevivir al verano. Discusiones importantes, sin duda, que mantenemos gracias a los turistas que cada año vienen al Principado a gastar su dinero. Nuestro principal reto es lograr que la mayoría de ellos vuelvan a su casa a regañadientes y con el deseo de regresar a Asturias. Para ello el turismo asturiano necesita trazar el camino que desea recorrer con la ambición y la seriedad que merecen los muchos que viven de él y los todavía más que entre millones de posibilidades eligen pasar aquí sus vacaciones.
El sector turístico se ha ganado el derecho a convertirse en una de las grandes preocupaciones de nuestros políticos, un desafío a su capacidad de proponer medidas que le garanticen continuar su crecimiento de forma rentable y sostenible. La dimensión que ha alcanzado permite incluso vincular otros sectores a su capacidad de generar riqueza. Sin ir más lejos, el prestigio que la gastronomía asturiana se ha ganado con no poco esfuerzo y talento permite vincular a ella el desarrollo de un sector agroalimentario con mayor potencial del que en ocasiones sabemos reconocerle. La importancia del turismo merece todas las discusiones oportunas para conseguir que quienes nos visitan se sientan cada vez más cómodos en una región que debe cuidar su patrimonio natural y cultural para asegurar la permanencia de su disfrute. No sobra el debate, únicamente quienes están dispuestos a decirle a un turista que se vuelva a casa, lo que además de mala educación demuestra la mezquindad de aquellos a quienes les trae sin cuidado arruinar a quien sea con tal de que el declive favorezca a sus intereses. Por fortuna, son muy pocos y el carácter de los asturianos nos hace casi inmunes a este tipo de majaderías.

Negarlo todo

Avanza el estío con sus sofocos, inoportunas banderas rojas en las playas, colas para trepar al Urriellu y peregrinos en fila india camino de Santiago. Sosegado para los afortunados de sentirse turistas y frenético para muchos, cada vez más, que necesitan hacer su agosto para llegar a final de año. Al compás de sus propias canciones, efímeras unas, perennes otras. Canta Joaquín Sabina que lo niega todo, incluso la verdad, con notable éxito. Su cinismo rima tan bien que consuela. Suya debe ser la canción del verano cuando tantos están dispuestos a añadir sus propias estrofas. Mariano Rajoy, presidente y testigo, también negó ante el juez lo mucho que desde hace años le imputan sus adversarios políticos. El líder del PP dejó claro que lo suyo es la política y no las cuentas, que nunca supo nada de maletines ni corruptelas, que jamás entraron en su casa sueldos en sobres y que puso a Luis Bárcenas de patitas en la calle en cuanto le dijeron que el tesorero del PP tal vez tenía su propia caja para el dinero del partido. No se inmoló como esperaba la oposición, empeñada en convertir en imputado a quien testificaba, muy a su pesar, para aclarar los negocios que según el fiscal permitieron a unos cuantos hacerse muy ricos a costa de las siglas que gobiernan España.
Rajoy demostró que la experiencia sobre las tablas del parlamento sirve también para los interrogatorios judiciales y despachó a las acusaciones con respuestas tan imprecisas como que «hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa, hacemos lo que podemos». Tan cómodo pareció sentirse en la Audiencia Nacional que incluso se permitió reivindicar su ‘galleguismo’ y replicar desafiante al abogado Manuel Benítez de Lugo que se había confundido de testigo. No cantó Mariano Rajoy como esperaban muchos. Al presidente del PP le alcanzó con su oficio de fajador parlamentario y negarlo todo de principio a fin. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que pidieron su dimisión casi al unísono, han tenido que conformarse con ver por primera vez a un presidente del Gobierno sentado ante un juez. Para la izquierda, el trago por el que Rajoy se ha visto obligado a pasar ya supone un triunfo, aunque tal vez lo sea más para una justicia que ha tenido la ocasión de demostrar que puede ser igual para todos a pesar de las aparentes prisas del presidente de la sala por despachar el interrogatorio. La actuación de Rajoy se quedó en una cantinela, pero los populares mostraron su satisfacción con una ovación casi desproporcionada. Incluso parecieron arrepentirse de haber solicitado con tanta reiteración una declaración por videoconferencia para evitar los inconvenientes del paseíllo en directo. El hecho es que Rajoy se escapó vivo de sus acusadores rumbo a Galicia porque, guste o no, la carga de la prueba corre a cargo de la acusación, excepto que el investigado esté dispuesto a suicidarse.
Lo mismo ocurre en la política asturiana, que durante las últimas semanas ha visto al Gobierno autonómico reconstruirse tras la dimisión de dos consejeros y una reorganización de altos cargos justificada por la necesidad de dar un «nuevo impulso». La puerta abierta para que salieran quienes menos respaldaban la acción del Ejecutivo ha servido también para que entren políticos de mayor oficio y probada lealtad. Pero no existe parlamentario, ni siquiera en el PSOE, que no esté convencido de que el baile de direcciones generales responde al intento de solucionar los problemas de gestión detectados en las consejerías durante este mandato. Los nuevos nombramientos obedecen a la necesidad de corregir los desajustes de una estructura que no puede permitirse errores de bulto en minoría parlamentaria y ante la previsión de lo que se le puede venir encima. Tan evidente resulta que la oposición se ha apresurado a pedir dimisiones allá donde los cambios han señalado los problemas. El Ejecutivo se ha limitado a cerrar filas y, por supuesto, a negarlo todo. Con distintas letras, más o menos afortunadas, pero a un compás que los políticos veteranos de muchas refriegas interpretan de memoria, el que conviene tocar cuando lo que se necesita es ganar tiempo para sobrevivir a los ahogos del verano. O al menos, para tomarse unas vacaciones.

LAS DECISIONES DEL MINISTRO

El ministro de Fomento ha reconocido que el AVE no cruzará Pajares hasta 2021. Lo dijo en León al presentar la solución al fondo de saco en el que los asturianos viajamos 25 minutos hacia ninguna parte. Íñigo de la Serna espera poner fin a este sinsentido a finales de 2018. La prometida reducción de hora y media en el trayecto entre Gijón y Madrid aún tardará tres años más. Los trenes del siglo XXI llegarán a Asturias con dos décadas de retraso. Al ministro le han llovido las críticas desde el Principado. El Gobierno regional ha calificado de «revés mayúsculo» el nuevo calendario, Ciudadanos considera un «despropósito» una fecha que deja en papel mojado su acuerdo de investidura, Podemos opina que el Ejecutivo ha perdido «la legitimidad para hablar de plazos» y desde Izquierda Unida se ha pedido la declaración del titular de Fomento como «persona ‘non grata’». Unas reacciones que el ministro podía intuir. Aunque lleve 227 días en el cargo, De la Serna sabe que le toca recoger los platos rotos de una década de adjudicaciones deficientes, escasos presupuestos, proyectos indeterminados e infinidad de excusas. La ventaja del túnel para quienes le antecedieron fue que la oscuridad del trazado bajo tierra ocultó durante años una obra prácticamente paralizada. Solo el inexplicable tiempo consumido acabó por sacar a la luz la cruda realidad con la que le ha tocado lidiar.
De la Serna ha fijado la sexta fecha comprometida desde el Gobierno central para completar la variante. Sostiene que poner plazo a cada tarea pendiente es la mejor manera de garantizar el control de los trabajos y apela al pragmatismo. Por el momento, ha mandado a la papelera el proyecto del nuevo trazado entre Pola de Lena y Gijón. Está convencido de que las variantes que permitirían ahorrar unos pocos minutos más no justifican un gasto colosal y un irreparable impacto en el medio ambiente. Prefiere mejorar el tendido actual, adecuar las vías a los nuevos trenes y reducir las limitaciones de velocidad. Algo que se podía haber decidido antes y que la lógica parecía dictar, pero que nadie en su puesto se había atrevido a decir. Lo asumible de este planteamiento se ha notado en las pocas críticas que ha recibido de los políticos asturianos a pesar de dar carpetazo a una obra de 1.600 millones. En lo único que todos los partidos están de acuerdo es que lo realmente importante es finalizar la variante. Guste más o menos, el nuevo ministro ya tiene su propia hoja de ruta, marcada por el acuerdo presupuestario con Foro Asturias. Su responsabilidad será cumplir lo que ahora ha prometido otorgándose un margen de tiempo que agota la legislatura.
Aún le queda una gran decisión por anunciar: concretar su propuesta para evitar que el AVE llegue a la estación prefabricada de Gijón, una solución provisional que va camino de eternizarse. Íñigo de la Serna visitará la ciudad en breve para presentar su alternativa a un plan de vías concebido tan al calor de la burbuja inmobiliaria que de momento solo ha permitido acondicionar un parque a medias. La alcaldesa de Gijón le reclama compromisos concretos, como los asumidos «en su periplo por varias ciudades del Mediterráneo, el País Vasco y Santander». Carmen Moriyón está convencida de que si su partido no hace valer el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, Gijón puede dar por perdida la estación que necesita. Tras su última reunión sobre el asunto, el ministro señaló estar sorprendido de que tras una década de debate los partidos aún no se hubieran puesto de acuerdo sobre la ubicación de la terminal. El Principado, socio del ministerio en el organismo que gestiona el proyecto, reniega del pacto suscrito por Fomento y la alcaldesa para llevar la estación junto al Museo del Ferrocarril. En el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, los partidos de izquierda también sumaron sus votos para rechazar el traslado. El ministro tiene ante sí diversas opciones: esperar un consenso imposible, plantear el enésimo informe sobre la ubicación o apostar por su propia solución y aprobar la inversión que la haga factible sin condicionar su desarrollo a una quimérica operación urbanística ni a presupuestos que otras administraciones no están dispuestas a aportar. De todas ellas, solo una garantiza que Gijón tenga una estación al menos digna a la que poner un plazo creíble. Resulta tan evidente cuál es la única decisión plausible que no necesita explicaciones.

EL HEROÍSMO DE LA DIGNIDAD

Ignacio Echeverría emigró a Londres, como tantos jóvenes españoles, en busca de las oportunidades que ofrecía una capital cosmopolita y pujante a un abogado especializado en la lucha contra la delincuencia económica. Sus restos mortales regresaron a España en un avión militar, con honores de héroe. La barbarie terrorista le ha convertido en lo que no pretendió, pero que nunca dejará de ser: un símbolo frente a los intentos de arrebatarnos la libertad a machetazos. Ignacio se enfrentó a los tres yihadistas que apuñalaban sin piedad a una mujer en el puente de Londres. El único policía que había llegado al lugar de los hechos, armado únicamente con su porra, cayó al suelo a merced de los verdugos. Del grupo de tres amigos que observaban la escena con incredulidad avanzó Ignacio, blandiendo su monopatín, para enfrentarse a tres individuos decididos a morir matando. Les plantó cara hasta que uno de ellos logró situarse a su espalda y asestarle una cuchillada mortal. Cada segundo que resistió en pie, ralentizó un ataque concebido para asesinar al mayor número posible de personas en poco tiempo. Los terroristas se habían atado latas a su pecho, simulando chalecos bomba. Querían infundir pavor, que sus víctimas temblaran con solo verlos para degollarlas sin que ofrecieran resistencia. Ignacio no corrió. No porque pensara en la magnitud de un ataque que ni siquiera la policía conocía en aquel momento. Su gesto respondió a sus creencias. Hay quien se ha preguntado cuánta reflexión previa se necesita para que una acción heroica se convierta en un símbolo cuando lo que importa es cuánto merecen la pena las razones por las que se llevó a cabo. El ejemplo de Ignacio Echeverría no se limita al arrojo de avanzar hacia la muerte, sino a los principios por los que vivía. Los mismos con los que su familia ha afrontado una situación que incluso el Gobierno español llegó a calificar de «inhumana».
La insoportable lentitud con la que las autoridades británicas llevaron a cabo la identificación de las víctimas, los errores en la vigilancia de dos de los tres yihadistas que participaron en el ataque, la insuficiente respuesta de unos políticos más ocupados en su campaña electoral que en atender a las víctimas justificarían las quejas de los familiares de Ignacio. Cuesta entender que una autopsia en la capital del Reino Unido se demore casi una semana. Solo la angustia de esperar a las puertas del hospital durante días la confirmación de que un hijo o un hermano está muerto haría comprensible cualquier desahogo. Sin embargo, dos de los hermanos de Ignacio comparecieron para agradecer con la entereza que fueron capaces de reunir la atención recibida de los funcionarios de la Policía británica, las explicaciones de la jueza que investiga el ataque y las atenciones de las autoridades españolas. Sin una concesión pública al enojo que tenían todo el derecho a sentir, sin permitirse ni siquiera el refugio de la soledad que a veces necesita el dolor. Sus convicciones les hacen creer que cualquier otra cosa hubiera sido conceder un mezquino triunfo a quienes asesinaron a Ignacio. Aquellos que buscan atemorizarnos y condicionar nuestra vida, quienes atentan contra las multitudes para hacernos observar con temor las celebraciones y acuchillan a ciudadanos indefensos para alimentar nuestra frustración. La dignidad con la que la familia de Ignacio Echeverría ha afrontado su muerte se sostiene en las mismas convicciones con las que él se enfrentó a los terroristas en el Puente de Londres. De ellas surge no solo el heroísmo, también las razones para defender nuestra libertad frente a la tentación del odio.

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN

En las calles de Oviedo coincidieron esta semana dos protestas reflejo de las nada bonancibles circunstancias de la educación. A la misma hora en que profesores, padres y hasta alumnos de los colegios concertados recorrían las calles de la capital asturiana para rechazar un recorte de aulas que entienden excesivo y arbitrario, los profesores de la enseñanza pública se manifestaban para reclamar la prometida restauración de sus condiciones laborales. Unos y otros corearon consignas ‘contra Genaro’ (Alonso), el consejero al que esta legislatura le toca lidiar con unos problemas cuya solución siempre termina por darse de bruces con el presupuesto. El titular de Educación ha tenido que responder a unos y a otros. A los centros conveniados, les ha dicho que las matriculaciones marcan el número de aulas que la Administración está dispuesta a costear, por mucho que los responsables de estos colegios digan que en algunos casos se han suprimido grupos por un alumno, que reivindiquen el histórico papel que han desempeñado en la enseñanza asturiana o recuerden sus buenos resultados académicos. En su caso, la demografía lo es todo y el Principado considera ilógico mantener la financiación cuando el número de alumnos es menor. «El deber de la Administración es gestionar con eficiencia y no sostener lo que no se puede mantener», ha justificado Genaro Alonso.
A los profesores de los centros públicos se les aumentó el horario con la promesa de restituir sus anteriores condiciones en cuanto la economía lo permitiera. Otras regiones ya se han atrevido a hacerlo. Asturias ha decidido esperar «por prudencia». En este caso, el titular de Educación entiende la pretensión de los profesores, pero recordó que el Gobierno central considera que no ha llegado el momento de aplicar una reducción de la carga lectiva que conllevaría un aumento de personal.
Ni públicos ni concertados pueden albergar demasiadas esperanzas de que manifestarse les ayude demasiado. Al margen del debate muchas veces más demagógico que útil sobre el modelo educativo de los distintos centros, la realidad que afrontan quienes cogen la tiza cada mañana no es tan distinta. Y en los últimos años ha estado marcada por los recortes en el gasto, la carencia de un proyecto estable, las discrepancias políticas y el abismo entre lo que se ha dicho esperar de la educación y lo que se ha hecho para conseguirlo. Los profesores no han sido ajenos a la congelación de sueldos y al aumento de horarios que la crisis ha impuesto en casi todos los empleos. Sus incentivos han bajado, el número de alumnos por aula ha crecido, el tan pregonado apoyo a la diversidad se ha diluido y los prometidos recursos para modernizar los centros han llegado con cuentagotas. En la sociedad de la tecnología y el conocimiento quedan colegios donde internet va según en qué aula e institutos en los que a muchos docentes la burocracia les ocupa más tiempo que las tutorías. Los educadores que se han jubilado en los últimos años han trabajado bajo la tutela de siete leyes distintas, todas efímeras, marcadas por las convicciones del Gobierno de turno y descafeinadas por el siguiente. Los ordenadores encargados por Zapatero y pagados por todos para situar a los colegios españoles en la vanguardia se apilan ya obsoletos. La reválida concebida por el Gobierno de Rajoy para elevar los resultados académicos resultó tan poco convincente que al final se ha quedado en un remedo de la selectividad de toda la vida. Esa es la realidad ante la que algunos profesores se resignan, otros protestan y la mayoría hace lo que puede. Todos, con menos autoridad de la que necesitan y con frecuencia con una consideración inferior a la que merecen.
A pesar de todo ello, le pedimos a la educación que prepare mejor a nuestros hijos, que construya una sociedad más justa e incluso que se convierta en el motor de la transformación que debe llevarnos de la inestable economía del ladrillo a competir con las principales potencias tecnológicas. Para conseguirlo, lo único que casi todos los líderes políticos han hecho hasta el momento ha sido invocar la necesidad de una ley de consenso y expresar su convicción sobre la importancia del sistema educativo para el futuro de nuestro país. Eso dijeron en la última campaña electoral, que tuvo en común con todas las anteriores las mismas declaraciones. ¿Y hasta la próxima?

LA HERENCIA DE LA POBREZA

Las administraciones han dado en llamarlos colectivo de difícil empleabilidad. Son trabajadores de mediana edad a los que la crisis ha dejado en el paro, madres de familia con niños a su cargo, jóvenes que no encuentran la oportunidad que merecen ni siquiera en precario. Muchos con una notable formación y una amplia trayectoria profesional han terminado en el saco de los nuevos pobres. El caso es que van camino de hacerse pobres antiguos sin más amparo que el salario social. Más de veinte mil asturianos necesitan esta prestación para poner un plato en la mesa. 2.090 viven pendientes de que se evalúe su situación para recibirla y otros seis mil aguardan a que se revise su petición en una angustiosa lista de espera. Cincuenta técnicos del Principado se ocupan de ellos. Si se toman su trabajo en serio, como merecen los ciudadanos para no ser tratados como expedientes, quienes hoy están los últimos de la cola serán atendidos dentro de año y medio. De este plazo, que costaría aceptar para el trámite administrativo más vulgar, depende la vida de muchas familias. Así que no resulta extraño que muchos de los beneficiarios del salario social rechacen un empleo si la perspectiva al final del contrato son dieciocho meses sin cobrar un euro. Pocos se atreven a correr ese riesgo. La mayoría se conforma con encontrar algún ingreso extra. Mientras los impuestos alcanzaron para financiar estas ayudas, casi nadie cuestionó su necesidad. Cuando la crisis disparó el número de solicitudes, la aplaudida red de protección social comenzó a mostrar la debilidad con la que estaban hilvanadas algunas de sus costuras. Las administraciones tienen dificultades para mantener su gasto, los funcionarios se ven desbordados y los beneficiarios de una ayuda concebida para salir del bache y evitar la exclusión se sienten condenados a la perpetua dependencia. Tacharles de conformistas como algunos hacen con excesiva facilidad resulta demasiado sencillo. Si tantas situaciones de necesidad tuvieran una conclusión tan simple, la solución también lo sería. Y no lo es. Como tampoco la picaresca de unos pocos permite juzgar a miles. Antes que a ellos, tal vez deberíamos condenar la impericia de los legisladores, que en ocasiones han abierto la puerta al oportunismo antes que a la justicia.
El Principado ha anunciado esta semana su intención de modificar los planes de empleo para que los beneficiarios del salario social tengan acceso prioritario. El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una renta social básica que les permitirá además hacer compras que alivien lo poco que dan de sí quinientos euros de la ayuda regional cuando todos los gastos de una familia dependen de ellos. Con ello, los gijoneses con menos recursos serán los asturianos que más ayuda reciban. Al menos, mientras el presupuesto municipal lo permita. Cada administración intenta romper a su manera los grilletes de la pobreza. Cada euro del presupuesto dedicado a evitar que un ciudadano viva de forma indigna no puede darse por malgastado. Pero quienes gestionan el dinero público no deberían limitarse a ofrecer analgésicos al dolor de unos padres obligados a decirle a su hijo que sus oportunidades corren a cargo de un subsidio. La crisis ha forjado una nueva sociedad en la que muchos no solo viven peor que antes, sino que han perdido la confianza en que su vida pueda mejorar algún día. De que no se desvanezca también su esperanza de legar a sus hijos algo más que un salario social depende nuestro futuro más de lo que podemos imaginar. La pobreza es la única herencia que aumenta en cada generación sin necesidad de hacer nada. Frente a ella, la política social no puede quedarse en un parche.