La perversión de ‘La manada’

El juicio contra ‘La manada’, los cinco detenidos por violar a una joven en los sanfermines de 2016, sentará precedente. No por la sentencia, que solo cabe esperar justa, sino por la respuesta social que ha desencadenado la estrategia de la defensa. Los abogados de los acusados han presentado ante el juez el seguimiento realizado por un detective a la víctima y diversas informaciones tendentes a señalar que hubo consentimiento para las relaciones sexuales y que la joven que denunció los abusos no sufre secuelas. Sus argumentos buscan la absolución o al menos rebajar las penas y la indemnización correspondiente. Desafía a la lógica y a la humanidad sostener que una mujer desea acabar la noche sometida a abusos sexuales en un portal, forzada por un grupo de bestias y grabada en vídeos que fueron enviados a los amigos acompañados de comentarios incalificables. Sin embargo, el juez decidió admitir estas pruebas.
El sistema judicial español es garantista, en caso de duda se inclina a facilitar la defensa para que la condena resulte irrefutable. Los juristas saben que esta decisión del magistrado no condiciona su veredicto. El catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo, especializado en violencia de género, señala incluso que la víctima puede ser la primera interesada en que se admitan todas las pruebas como la mejor manera de evitar que los acusados puedan alegar indefensión y solicitar la nulidad de las actuaciones. Desde el punto de vista procesal, no cabe más que acatar la resolución del juez. Pero la sociedad en cuyo nombre actúa la justicia se ha indignado. No porque pretenda impedir el innegable derecho a la defensa de cualquier acusado, sino por el convencimiento de que ‘La manada’ vuelve a abusar de su víctima. Tenemos la impresión de que la joven está siendo obligada a demostrar cuánto rechazaba lo ocurrido y que la violación le ha causado el suficiente sufrimiento como para justificar una condena. Durante el juicio ha tenido que escuchar que su vida ha continuado de manera normal, lo que intenta conducir al juez a la detestable conclusión de que no pasó nada que ella rechazase o que en todo caso tampoco fue para tanto. Los acusados han recurrido a la perversión de cuestionar no solo la veracidad de la denuncia, sino los padecimientos, la moralidad y la dignidad de su víctima. Deberíamos preguntarnos si algo falla en nuestro sistema de protección si el camino para encontrar justicia admite este calvario. Muchos deben creer que así es cuando miles de personas han salido a las calles para protestar por la respuesta que ha recibido la valentía de esta mujer.
Tras los reiterados casos de abusos a mujeres en las fiestas y zonas de ocio, las administraciones han multiplicado sus campañas de sensibilización, en las que animan a quienes sufren los ataques a denunciar y a los testigos a no permanecer impasibles. La sociedad española ha evolucionado lo suficiente para rechazar cada vez con mayor rotundidad cualquier tipo de acoso. Hemos avanzado, pero quizás no tanto como pensamos. Los especialistas en políticas de igualdad advierten de que muchos jóvenes han crecido con un acceso ilimitado a un consumo pornográfico que les lleva a la creencia de que someter a su antojo a una mujer resulta algo natural y aceptable, más cuando está por medio la excusa del consumo de alcohol. Las campañas institucionales son útiles y necesarias, pero insuficientes mientras las mujeres sientan que lo único que tienen garantizado cuando denuncian es la tortura de un proceso en el que la condena dependerá de demostrar que nunca podrán recuperarse del daño sufrido o del largo de la falda.

La ‘cumbre de Oviedo’

La ‘cumbre de Oviedo’ auspiciada por los Premios Princesa de Asturias quedará en la historia de lo mucho que por desgracia está por venir. Ojalá hubiera sido innecesaria, pero la contumacia del separatismo catalán nos impidió celebrar la fiesta en paz. Sí fue la ceremonia que España necesitaba. La fotografía del Rey con el presidente del Gobierno y los tres principales líderes de la Unión Europea quiso reflejar la respuesta de la unidad de los demócratas frente al riesgo de un nacionalismo que, en palabras de Antonio Tajani, «amenaza con llevarnos a los infiernos». Ante la mayor crisis territorial de su etapa democrática, España encontró el respaldo de las principales autoridades comunitarias, sin medias tintas. Las palabras del presidente del Parlamento Europeo destacaron por su rotundidad: «Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Su apelación a la concordia, su encendida defensa de una Europa creada para conquistar una democracia mejor para todos y, sobre todo, su categórica afirmación de que las resoluciones de la justicia «deben aplicarse, y punto» sorprendieron incluso. No fue la suya la voz de algunos líderes europeos que parecieron titubear ante las acusaciones de los partidos secesionistas sobre el empleo de la fuerza durante el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Su discurso dejó claro que es la Constitución el amparo de los valores democráticos que Europa defiende en su territorio y cerró la puerta a una de las principales aspiraciones del nacionalismo catalán: lograr que las autoridades comunitarias accedan a una mediación que suponga el reconocimiento implícito de un estatus como nación.
Las palabras de Tajani, como las del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y las del presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, respaldaron la determinación expresada por Felipe VI de resolver la crisis de Cataluña «por medio de las legítimas instituciones». Mariano Rajoy, que había programado con más detalle y anticipación de lo que se ha dicho su presencia en Asturias, logró transmitir al mundo la imagen de un respaldo internacional esencial antes de aprobar las medidas encaminadas «a restaurar el orden constitucional y el interés general en Cataluña». Más allá de la imagen, España ha encontrado, al fin, algo mucho más valioso ante la comunidad internacional: un discurso claro. Frente a la engañosa reivindicación de las libertades que expresa la Generalitat, el Gobierno tiene al fin una respuesta sencilla e irrefutable, no solo avalada por el Rey, sino también compartida por las democracias europeas. España no interviene en Cataluña porque sea incapaz de entender sus reivindicaciones identitarias, sino porque el Ejecutivo catalán está decidido a proclamar una independencia para la que carece de legitimidad. Por más disfraces con los que quieran vestir al secesionismo, las decisiones adoptadas por Puigdemont y sus socios valen lo mismo que las de cualquier grupo de iluminados por muy grande que sea. No existe una sola ley que les ampare, ni siquiera un respaldo social que les avale por más que digan. En nombre del pueblo solo se puede hablar tras una votación democrática, lo que no fue la parodia con la que pretenden justificarse. Esa es la explicación que el Gobierno español debe hacer llegar al mundo, algo que hasta el momento no ha logrado con la eficacia necesaria. La ‘cumbre de Oviedo’ ha supuesto un primer paso para que España aclare la verdadera naturaleza del ataque que ha sufrido su democracia. Pero no es suficiente con decirlo una vez. Por desgracia, es probable que el Gobierno necesite repetir en todos los foros internacionales la necesidad de defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos ante la amenaza de un nacionalismo totalitario. No cabe temer otra cosa tras la respuesta de Carles Puigdemont.

El ‘procés’ totalitario

El camino hacia el abismo del delirio llamado ‘procés’ ha comenzado a mostrar su verdadera cara, que no es la reivindicación soberana que esgrime, ni el sentimiento identitario alimentado de agravios reales o ficticios, sino el autoritarismo de quien está dispuesto a imponer sus ideas con absoluto desprecio a las consecuencias y a la opinión de los demás, incluso de la mayoría. Por más que el discurso secesionista se parapete tras el legítimo derecho de los catalanes a expresar su opinión, solo en un régimen sin libertad ocurre que los policías vivan atrincherados en hoteles, que los niños abandonen los colegios para no sufrir humillaciones, que las empresas emprendan la fuga, que los ciudadanos tengan miedo a dar su opinión para no ser, como mínimo, señalados con el dedo…
Cuesta creer que ni siquiera el más ferviente partidario del independentismo aspire a construir un estado sobre los cimientos de la imposición y el miedo. No es democracia lo que defiende quien se erige en la voz del pueblo tras una farsa plebiscitaria que ni siquiera los observadores de parte se atrevieron a avalar. Tan carnavalesca resultó la consulta que Carles Puigdemont anunció sus intenciones de proclamar la independencia antes de facilitar los datos, consciente de que carecían de toda credibilidad. El ‘procés’ se sustenta en la fractura social, la intransigencia, la intimidación y el nacionalismo irracional. La histórica receta del autoritarismo de todos los colores. Y no resulta fácil defenderse de él cuando consigue arrastrar tras de sí incluso a quienes creen defender todo lo contrario. La historia nos ha enseñado el error que supone combatirlo con el odio, la fuerza o el miedo, pero no nos impide cometer errores. Poco ayudan los llamamientos a la fuerza sin contemplaciones o las disputas entre líderes políticos, incluso de un mismo partido, que ni siquiera saben si discrepan o se tropiezan.
Ayer, miles de personas se manifestaron en toda España, en marchas separadas, unas para defender la unidad, otras para reclamar diálogo. Habrá quien vea en ello una muestra de división. No resultaría extraño que los adalides de la declaración unilateral de independencia intentaran utilizarlas como argumento de que su estrategia ha logrado abrir una brecha entre los españoles. Solo será así si se lo permitimos. Porque antes que nada fueron el reflejo de una España plural donde caben opiniones distintas, complementarias o incluso contrarias, ante un mismo problema. Ese es uno de los privilegios que nos garantiza la Constitución y que solo desde la inconsciencia podemos minusvalorar. Esa ley que nos ampara es el único camino que podemos seguir para solucionar la mayor crisis territorial a la que nos hemos enfrentado. Solo a partir de ella cabe ese diálogo tan invocado y despreciado al mismo tiempo que muchos han terminado por pensar que algo esencial resulta inútil. Solo con la plena vigencia de unas condiciones democráticas tendremos la posibilidad de continuar decidiendo juntos cuáles son las reglas con las que queremos regular nuestra convivencia. Por desgracia, eso no ocurre en estos momentos en Cataluña, donde el Govern está dispuesto a dictar sus propias normas de forma arbitraria, sin la menor garantía de amparo de los derechos fundamentales, ni siquiera para quienes respaldan la independencia. Por eso es tan urgente restaurar el orden constitucional. No para demostrar la fortaleza del Estado, sino para evitar que la única ley vigente sea la del más fuerte. Por eso conviene no equivocarse en las formas. Y a partir de ahí, de todo cabría hablar y votar en democracia. Un estado de derecho no debe impedir jamás que sus ciudadanos opinen, pero sí garantizarnos que podamos hacerlo con auténtica libertad.

Un día amargo

No cabe mejor deseo que esperar que nada ocurra en el día en el que los independentistas tanto pretenden que suceda. Aún así, será un día amargo. Cuando el sentimiento de identidad se pervierte para alimentar el odio brota el totalitarismo, dispuesto a pisotear la ley y a estrangular las libertades. A este punto ha llegado el Gobierno catalán con la convocatoria de una consulta ilegal, una campaña en la que las discrepancias no han tenido cabida y una pantomima de referéndum para el que ha despojado a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. La Generalitat quiere sustentar una nación en el esperpento de un sufragio donde los votos se depositarán en cajitas de plástico compradas en China, carente de mesas electorales, con centros de votación abiertos a escondidas de la Policía y un censo electoral reducido a los incondicionales dispuestos a dar algún valor a un plebiscito tan improvisada como estéril. Ni el más convencido de los independentistas debería sentir el ansia de vivir en un país autoproclamado en las mismas condiciones en las que los estados fallidos eligen a sus tiranos. Ni siquiera lo inútil de la parodia electoral puede consolarnos a los demás del golpe que supone a nuestra democracia. El 1-O quedará como una jornada funesta para cualquiera que crea en la libertad y en la igualdad de derechos de los ciudadanos para decidir su futuro como pueblo. Nada se solucionará ni aclarará. A nadie, dentro o fuera de Cataluña, se le escapa esto. Solo los inconfesables intereses y ambiciones de quienes se han empeñado en hacernos pasar por este drama permiten entender el punto al que hemos llegado.
Tan inválida será cualquier cosa que resulte del mal llamado referéndum que nuestros políticos piensan ya en el día siguiente. Sus especulaciones oscilan entre la posibilidad de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, esté dispuesto a llevar su mesianismo al límite de proclamar la segregación para garantizarse un juicio en el que presentarse como mártir o se conforme con utilizar el victimismo del 1 de octubre como el primer acto de la próxima campaña electoral en Cataluña. El Gobierno de Mariano Rajoy cree que los líderes del independentismo han quedado desacreditados como interlocutores tras situarse al margen de la ley, por lo que de nada sirve hablar con ellos. El discurso del Ejecutivo se limita a señalar que ahora su misión es detener el referéndum o cualquier otro desafío ilegal, incluida una hipotética declaración de independencia. Por el momento, parece no haber más plan que dejar trabajar a los jueces y esperar que las aguas vuelvan a su cauce en unas anheladas elecciones autonómicas. En los corrillos del Congreso se comenta que tal vez una nueva mayoría política en Cataluña convierta en un mal sueño todo lo acontecido en los últimos años. O en el peor de los casos, quizás un nuevo gobierno de corte independentista, pero más pragmático, acceda a negociar unas condiciones aceptables para ambas partes. Hasta aquí llega lo que piensan muchos de nuestros parlamentarios y por lo que parece toda la estrategia política de los principales partidos frente al drama de Cataluña. Unos, en la confianza de que las urnas recompensarán su firmeza ante el desafío independentista. Otros, con la esperanza de que su apoyo a un referéndum en condiciones de legalidad se transforme en réditos electorales. Casi todos en la convicción de que unas elecciones traerán la calma. La misma receta que durante años muchos creyeron suficiente para solventar los problemas hasta convertir en un tópico el juego con el Gobierno catalán de tensar la cuerda para terminar satisfaciendo sus exigencias con unas cuantas concesiones. Pero en esta ocasión, después de que la Generalitat haya conducido a sus partidarios más radicales al límite de la insurrección, de que muchos catalanes hayan sufrido un acoso despiadado solo por expresar sus opiniones y de que tantos se sientan incomprendidos, tal vez convendría un debate político que nos ofrezca un futuro más seguro que las componendas y los remiendos.


Grupos violentos

 

Extremistas por definición, son más fáciles de identificar por su comportamiento que por su nomenclatura o su ideología, limitada a un batiburrillo de consignas, prejuicios y cánticos. Casi inofensivos por separado, mejor no cruzarse en su camino cuando van en rebaño, amparados por la masa, enardecidos por el alcohol y bajo el presunto anonimato de las capuchas. Los grupos violentos hacen de los terrenos de juego un campo de batalla, de las calles una encerrona y de los foros de internet un vertedero. Campan a sus anchas gracias a las pocas ganas de buscarse problemas de la mayoría, que expresamos el desprecio con la indiferencia, ignoramos sus insultos y preferimos cruzar de acera. Nuestra prudencia, cobardía a sus ojos, alimenta su sentimiento de impunidad. Conocen al dedillo la ley para saber hasta dónde las poses violentas y las amenazas veladas pueden hacer que cualquiera dé un paso atrás con la impresión de que han estado a punto de partirle la cara sin más razones que haber respondido a sus insultos, llevar una camiseta del rival o mirarles el tiempo suficiente para darles, sin pretenderlo, la excusa con la que iniciar una pelea. Pero como también son bulliciosos, coloristas y pagan entrada, durante mucho tiempo tuvieron un espacio reservado en los estadios de toda España. Muchos dirigentes de los clubes de fútbol preferían apaciguarlos con prebendas antes que plantarles cara y encontrarse con pintadas amenazantes o las ruedas del coche pinchadas. Al fin y al cabo, siempre estaban ahí, en los triunfos y los fracasos, incondicionales. Llevó tiempo que las autoridades y los equipos de fútbol se dieran cuenta de que la libertad no justificaba esperar a la tragedia y que la tibieza, lejos de apaciguarles, solo acrecentaba sus bravatas. Incluso costó vidas que nos hartásemos y nos convenciéramos de la necesidad de aprobar leyes específicas para combatirlos y sacarlos de los lugares a donde queríamos ir con nuestros hijos sin sentir miedo. Comenzamos a aplicarlas y nos creímos a salvo, hasta nos permitimos ponernos como ejemplo frente a la vergonzosa permisividad de otros países.
La seguridad también origina despreocupación y hace mucho que este problema, atenuado, dejó de inquietarnos. El código penal no prevé el riesgo de nuestra tolerancia, así que la policía y los jueces deben esperar a que empiecen los golpes y el jolgorio termine en disturbios. Solo entonces actuamos. En ocasiones, con poco éxito. Los puñetazos castigados con penas menores por lesiones y los daños sancionados con multas han convencido a más de uno de que sus delitos merecieron la pena. Tanto es así que los radicales que estábamos dispuestos a erradicar siguen ahí, rejuvenecidos, bajo nuevas denominaciones o incluso con su nombre de siempre. De vez en cuando se les va la mano. Es entonces cuando nos indignamos, exigimos medidas contundentes y recibimos promesas de inmediatas actuaciones. A las pocas semanas casi todo el mundo se olvida de lo ocurrido. Hasta el punto de que volvemos a admitirlos en nuestras celebraciones y en las gradas, donde se sienten con más derecho que nadie, cómodos y convencidos de que pueden seguir a lo suyo. Tanto, que si la policía carga contra ellos denuncian el abuso de autoridad. Cuando son detenidos, todos alegan que estaban en otra parte haciendo cualquier otra cosa, pero acuden al juzgado con pasamontañas, no como comparece quien se siente inocente, sino como se presentan quienes saben que la mayor dificultad para condenarles será desmontar sus mentiras. Porque todas las hazañas de las que presumen en las barras de los bares las cometen con la cara cubierta, y por supuesto, la culpa de que se vean ante un juez siempre es de quien se atreve a denunciar su brutalidad o del policía que los detuvo. Con todo, lo más peligroso no es su cinismo, sino la silenciosa complicidad que aún encuentran.

Ante el precipicio de la intolerancia

La grotesca aprobación del referéndum en el patio de comedias del Parlament dejó claro no solo que la legalidad, incluso la propia, les importa un comino a los independentistas catalanes, sino lo lejos que están dispuestos a llegar para doblegar a todo un país. Asomados de repente al abismo de la ruptura a muchos dejaron de parecerles exagerados quienes alertaban del riesgo y prudentes los que se conforman con esperar a que el tiempo arregle el asunto. La única ventaja de la soez patada que los secesionistas han propinado a las leyes ha sido que la Fiscalía ni siquiera ha necesitado trabajar demasiado para que los tribunales comiencen a investigar a todo el Govern por delitos penados con prisión. El Ejecutivo central también ha logrado que el Constitucional advierta a 62 altos cargos de la Generalitat y a los 948 alcaldes de Cataluña de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa encaminada a facilitar la consulta ilegal. Queda por ver hasta dónde están dispuestos a llegar Carles Puigdemont y sus secuaces, empeñados en presentarse como mártires del republicanismo catalán. Poco les ha importado dejar sin argumentos a quienes defendían la votación popular como una salida razonable. Sin garantías legales ni el mínimo respeto a los principios democráticos, el referéndum, además de una pantomima, se quedaría en una indefendible asonada. Pero la estrategia para forzar la ruptura no busca los caminos de la democracia. El secesionismo apurará todas las opciones para celebrar el referéndum hasta el último minuto del 1 de octubre, que será el primero de una nueva campaña electoral con tintes de plebiscito independendista. Su intención es estirar la cuerda hasta que el miedo a discrepar impida cualquier respuesta al totalitarismo de quienes desprecian incluso a quienes solo imploran un poco de cordura.
La respuesta a un desafío con ribetes de sedición se la ha dejado el Gobierno a la justicia, que no es más que lo lógico en un Estado de Derecho. El poder judicial debe desempeñar su papel como garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. En ello está; parece que sin titubeos. El recurso presentado por el Ejecutivo prevé frenar cada paso hacia la consulta. Por el momento ha conseguido que los ayuntamientos, incluido el de Barcelona, se nieguen a ceder sus locales para cometer un delito. Mariano Rajoy asegura que la reacción del Ejecutivo será no solo rápida, sino también firme, inteligente, serena y proporcional. Sus decisiones para evitar que la Generalitat plante las urnas en la calle cuentan con el respaldo por anticipado del PSOE y Ciudadanos, que junto a los populares abandonaron el Parlament para dejar en evidencia una pantomima en la que ni siquiera se respetaron las opiniones de quienes intentaron recordar las obligaciones que conlleva ocupar un escaño. Pero la solución al conflicto con Cataluña no llegará solo con las sentencias de los tribunales. Una sociedad democrática se protege con las leyes, pero se construye con la política. Y en los últimos tiempos quienes intentan minarla han trabajado sin descanso mientras los grandes partidos han oscilado entre la inacción, la duda, la superficialidad y el interés por sacar tajada electoral. Cada uno a lo suyo hasta que la intolerancia nos ha mostrado el precipicio. No se trata ya de buscar la fórmula legal para frenar la demencial huida hacia adelante de Puigdemont y Junqueras, sino de buscar el consenso necesario para impedir una fractura en Cataluña que haga imposible la convivencia. Este es el gran desafío que plantea un independentismo al que poco le importa lograr su objetivo por mayoría o por la fuerza. Para enfrentarse a él, de poco servirán las candorosas ocurrencias que aspiran a contentar a todos ni la obcecada negación de la realidad. Hacen falta políticos a la altura de unas circunstancias que el tancredismo solo puede empeorar.

El espíritu de Barcelona no son los pitos

Cabía esperar abucheos en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo. Se hizo mucho para que los hubiera. El empeño en distinguir los uniformes de quienes están dispuestos a jugarse la vida para garantizar nuestra seguridad, la pugna entre administraciones por tener la última palabra sobre la investigación, la decisión de relegar a un segundo plano a los representantes institucionales y el interés por degradar el valor de la unidad a la categoría de un simple analgésico frente al dolor hacían presagiar que algunos no desaprovecharían la ocasión de hacerse oír. En la jornada previa, el presidente de Cataluña se olvidó de la importancia de la manifestación para centrarse en reivindicar ante la comunidad internacional su capacidad de autogestión ante la tragedia. Después de una semana de encontronazos, Mariano Rajoy se vio forzado a ensalzar la coordinación y el entendimiento entre administraciones para conjurar el riesgo de ofrecer al mundo una imagen de desunión. El Rey y el presidente del Gobierno podían contar con los pitos, las esteladas y las pancartas. Su decisión de sumarse a la marcha a sabiendas de lo que podía encontrarse redobla la importancia de su presencia en una jornada histórica, en la que una multitud salió a la calle para gritar «no tinc por». Era la marcha de todos, independentistas o no, de la izquierda y la derecha, de los españoles y los extranjeros, creyentes o ateos, de cualquiera cuyo credo defienda la paz frente a la barbarie. El gran error de las instituciones hubiera sido no entenderlo así y aceptar las reglas de quienes pretendieron convertirla en un acto con invitación.
Mayor equivocación supondría permitir que el clamor frente al terrorismo quedase acallado por los gritos de quienes han intentado aprovechar la atención del mundo para lanzar su campaña política. Tan peligroso como cerrar los ojos ante el discurso de la intolerancia y la islamofobia que también se ha atrevido a asomar sus colmillos tras el atentado de las Ramblas. Unos y otros con la misma intención: utilizar nuestra consternación en su beneficio. Entrar en el perverso juego de quienes buscan sacar partido del dolor sería tanto como conceder una victoria a los terroristas, asumir que la dureza de sus golpes es capaz de condicionar nuestras acciones y alterar nuestros principios. Decenas de miles de personas se concentraron en la plaza de Catalunya para recordar a las víctimas de la sinrazón, reivindicar una sociedad libre frente a quienes matan en nombre de un dios al que manipulan y proclamar el carácter cosmopolita, abierto e integrador de una ciudad y de un país dispuestos a defenderse con las normas que sus ciudadanos deciden darse frente a la ley de las balas.
Ante esta amenaza, reducir la concentración de Barcelona a los gritos de unos pocos o menoscabar su trascendencia a una suerte de terapia colectiva resulta tan estúpido y estéril como reducir nuestra estrategia de seguridad frente al terrorismo a contar bolardos o debatir sobre la valía de los uniformes. Peor aún, supone olvidarnos de unas víctimas a las que deberíamos rendir el homenaje que merecen, que no es otro que salvaguardar cada día la libertad que intentaron arrebatarnos con su muerte. Ese es el espíritu de Barcelona por mucho que algunos hayan querido hacer de él otra cosa.

El grito de Barcelona

Luchamos en una guerra en la que nuestro enemigo es un kamikaze casi sin edad para tener el carné de conducir. La Policía cree que un joven de origen marroquí, que hablaba catalán y nunca había mostrado interés por la religión, fue quien enfiló Las Ramblas a toda velocidad en una furgoneta con la que fue cazando a los transeúntes. Zigzagueando para teñir de sangre la calle que Lorca llamó la más alegre del mundo, «la única donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año». El asesino formaba parte de una célula yihadista cuyos integrantes apenas tenían suficientes años para pensar que su vida había comenzado, pero dispuestos a inmolarse para alcanzar un inexistente paraíso de néctares y huríes. Un grupo de adolescentes que en pocos meses pasaron de darle patadas a un balón en la escuela de fútbol sala de su pueblo a pedir el exterminio de todos los infieles. Un proceso de radicalización exprés en el que resulta improbable que tuvieran tiempo de leerse las enseñanzas de un libro que pervierten.
Los servicios de inteligencia de Marruecos calculan que el autoproclamado Estado Islámico cuenta en sus filas con al menos dos mil jóvenes crecidos en Europa. Terroristas que no conocen de la tierra natal que añoran más que la insidiosa propaganda que reciben, muchos de ellos sin antecedentes y entrenados para burlar a los servicios de inteligencia. No necesitan casi nada para matar porque no les importa morir. Un coche o una navaja les sirven como armas, sin renunciar a proyectos más ambiciosos con materiales explosivos, cuya utilización aprenden en el lado más oscuro de internet. Los responsables de la investigación creen que la célula de Ripoll preparaba la mayor masacre terrorista cometida en Europa. Su plan incluía ataques con furgonetas bomba, atropellos y apuñalamientos. La explosión de las bombonas de gas que manipulaban en un piso de Alcanar les llevó a actuar a la desesperada, antes de que la policía pudiera interrrogar al herido encontrado entre los escombros de la vivienda. Dos vehículos alquilados, un puñado de armas blancas y unos falsos cinturones bomba les alcanzaron para recordarnos que la barbarie no firma treguas.
Ninguna respuesta mejor que el clamor espontáneo de quienes se concentraron en Barcelona apenas unas horas después de la masacre. «No tenemos miedo». Un grito unánime con el que miles de ciudadanos expresaron no la valentía individual que muchos también demostraron en los momentos posteriores a los atentados, sino la determinación de un país dispuesto a luchar por sus creencias. Una reacción que brotó de nuestra identidad y que superó las opiniones impulsivas y estériles alimentadas al calor del desahogo: polémicas sobre bolardos teñidas de ideología, controversias sobre vídeos que ningún periódico aceptó publicar pero que muchos individuos estaban interesados en difundir, discusiones respecto al empleo del catalán en las ruedas de prensa o análisis a conveniencia de las consecuencias políticas de la sangre derramada por los terroristas. Debates acallados por un grito surgido de todo aquello por lo que merece la pena vivir frente a quienes solo tienen la muerte como argumentación; que nos recuerda la necesidad de vencer a quienes intentan conducirnos, por el camino de la sangre, hacia la duda y el enfrentamiento; capaz de hacernos sentir que más allá de la disparidad de opiniones que nos permite nuestra libertad, hemos construido una sociedad en la que podemos gritar nuestros principios bien alto y unidos. Ese es el primer paso que da una democracia cuando se ve obligada a defenderse. No paremos. Volvamos a caminar por Las Ramblas.

‘Tourist go home’: debates y sandeces

La pintada en la iglesia de San Isidoro de Oviedo ‘Tourist go home’ (Turista vete a casa) demuestra que incluso la más evidente sandez puede encontrar imitadores. A diferencia de otras regiones, en Asturias ningún partido ha cometido aún el disparate de avalar con un discurso simplón y demagógico la campaña contra un sector que ha tenido mucho que ver en que los políticos puedan presumir de haber encontrado el camino para reducir el paro. La economía española se apoya cada vez más en los ingresos del turismo. El Gobierno prevé que 83 millones de personas lleguen este año a nuestro país atraídas por su naturaleza, el buen clima, la gastronomía, la cultura y la certeza de que serán bien recibidas. En Asturias, el sector turístico supone ya el 10% del PIB, pero aún tiene margen para crecer. De ello está convencido el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, que canta las excelencias de la región donde él mismo ha decidido disfrutar de sus vacaciones. A su juicio, el Principado es un ejemplo de cómo «está avanzando y mejorando la oferta, aunque no sea un destino tradicional de sol y playa». Destaca además que nuestra región ha logrado seducir a turistas de un segmento «más cosmopolita y con mayor capacidad de gasto».
El récord de visitantes, que apenas iniciado agosto se da por descontado, ha traído consigo nuevas deliberaciones. Administraciones y empresarios debaten sobre la política de precios, la capacidad de mejorar la promoción e incluso sobre la posibilidad de regular los principales focos de atracción para evitar la indeseada saturación. Se habla del número de canoas que bajan el Sella durante el verano, de las colas para subir al Urriellu, del futuro del acceso a los Lagos de Covadonga y de la necesidad de mejorar los accesos y la seguridad en las playas. Polémicas algunas antiguas pero aparcadas durante los tiempos en los que la crisis hacía al sector conformarse con sobrevivir al verano. Discusiones importantes, sin duda, que mantenemos gracias a los turistas que cada año vienen al Principado a gastar su dinero. Nuestro principal reto es lograr que la mayoría de ellos vuelvan a su casa a regañadientes y con el deseo de regresar a Asturias. Para ello el turismo asturiano necesita trazar el camino que desea recorrer con la ambición y la seriedad que merecen los muchos que viven de él y los todavía más que entre millones de posibilidades eligen pasar aquí sus vacaciones.
El sector turístico se ha ganado el derecho a convertirse en una de las grandes preocupaciones de nuestros políticos, un desafío a su capacidad de proponer medidas que le garanticen continuar su crecimiento de forma rentable y sostenible. La dimensión que ha alcanzado permite incluso vincular otros sectores a su capacidad de generar riqueza. Sin ir más lejos, el prestigio que la gastronomía asturiana se ha ganado con no poco esfuerzo y talento permite vincular a ella el desarrollo de un sector agroalimentario con mayor potencial del que en ocasiones sabemos reconocerle. La importancia del turismo merece todas las discusiones oportunas para conseguir que quienes nos visitan se sientan cada vez más cómodos en una región que debe cuidar su patrimonio natural y cultural para asegurar la permanencia de su disfrute. No sobra el debate, únicamente quienes están dispuestos a decirle a un turista que se vuelva a casa, lo que además de mala educación demuestra la mezquindad de aquellos a quienes les trae sin cuidado arruinar a quien sea con tal de que el declive favorezca a sus intereses. Por fortuna, son muy pocos y el carácter de los asturianos nos hace casi inmunes a este tipo de majaderías.

Negarlo todo

Avanza el estío con sus sofocos, inoportunas banderas rojas en las playas, colas para trepar al Urriellu y peregrinos en fila india camino de Santiago. Sosegado para los afortunados de sentirse turistas y frenético para muchos, cada vez más, que necesitan hacer su agosto para llegar a final de año. Al compás de sus propias canciones, efímeras unas, perennes otras. Canta Joaquín Sabina que lo niega todo, incluso la verdad, con notable éxito. Su cinismo rima tan bien que consuela. Suya debe ser la canción del verano cuando tantos están dispuestos a añadir sus propias estrofas. Mariano Rajoy, presidente y testigo, también negó ante el juez lo mucho que desde hace años le imputan sus adversarios políticos. El líder del PP dejó claro que lo suyo es la política y no las cuentas, que nunca supo nada de maletines ni corruptelas, que jamás entraron en su casa sueldos en sobres y que puso a Luis Bárcenas de patitas en la calle en cuanto le dijeron que el tesorero del PP tal vez tenía su propia caja para el dinero del partido. No se inmoló como esperaba la oposición, empeñada en convertir en imputado a quien testificaba, muy a su pesar, para aclarar los negocios que según el fiscal permitieron a unos cuantos hacerse muy ricos a costa de las siglas que gobiernan España.
Rajoy demostró que la experiencia sobre las tablas del parlamento sirve también para los interrogatorios judiciales y despachó a las acusaciones con respuestas tan imprecisas como que «hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa, hacemos lo que podemos». Tan cómodo pareció sentirse en la Audiencia Nacional que incluso se permitió reivindicar su ‘galleguismo’ y replicar desafiante al abogado Manuel Benítez de Lugo que se había confundido de testigo. No cantó Mariano Rajoy como esperaban muchos. Al presidente del PP le alcanzó con su oficio de fajador parlamentario y negarlo todo de principio a fin. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que pidieron su dimisión casi al unísono, han tenido que conformarse con ver por primera vez a un presidente del Gobierno sentado ante un juez. Para la izquierda, el trago por el que Rajoy se ha visto obligado a pasar ya supone un triunfo, aunque tal vez lo sea más para una justicia que ha tenido la ocasión de demostrar que puede ser igual para todos a pesar de las aparentes prisas del presidente de la sala por despachar el interrogatorio. La actuación de Rajoy se quedó en una cantinela, pero los populares mostraron su satisfacción con una ovación casi desproporcionada. Incluso parecieron arrepentirse de haber solicitado con tanta reiteración una declaración por videoconferencia para evitar los inconvenientes del paseíllo en directo. El hecho es que Rajoy se escapó vivo de sus acusadores rumbo a Galicia porque, guste o no, la carga de la prueba corre a cargo de la acusación, excepto que el investigado esté dispuesto a suicidarse.
Lo mismo ocurre en la política asturiana, que durante las últimas semanas ha visto al Gobierno autonómico reconstruirse tras la dimisión de dos consejeros y una reorganización de altos cargos justificada por la necesidad de dar un «nuevo impulso». La puerta abierta para que salieran quienes menos respaldaban la acción del Ejecutivo ha servido también para que entren políticos de mayor oficio y probada lealtad. Pero no existe parlamentario, ni siquiera en el PSOE, que no esté convencido de que el baile de direcciones generales responde al intento de solucionar los problemas de gestión detectados en las consejerías durante este mandato. Los nuevos nombramientos obedecen a la necesidad de corregir los desajustes de una estructura que no puede permitirse errores de bulto en minoría parlamentaria y ante la previsión de lo que se le puede venir encima. Tan evidente resulta que la oposición se ha apresurado a pedir dimisiones allá donde los cambios han señalado los problemas. El Ejecutivo se ha limitado a cerrar filas y, por supuesto, a negarlo todo. Con distintas letras, más o menos afortunadas, pero a un compás que los políticos veteranos de muchas refriegas interpretan de memoria, el que conviene tocar cuando lo que se necesita es ganar tiempo para sobrevivir a los ahogos del verano. O al menos, para tomarse unas vacaciones.