La simiente del odio en Cataluña

Banderas que son arriadas y destruidas, multitudes vociferantes en las plazas. Niños que corean consignas que no entienden, adultos que lloran de emoción. Un grupo de diputados que canta un himno patriótico tras declarar una república ilegal con setenta votos, en secreto, deprisa y con dudas. Miles de personas que corean el nombre de un presidente que ya no lo es. La fiesta de una mentira proclamada después de que el Senado aprobase entre aplausos la destitución del Gobierno de Cataluña y la intervención del Estado para rescatar la democracia de un secuestro. Cuesta entender los festejos en las calles de Barcelona tanto como las sonrisas de satisfacción de algunos parlamentarios en Madrid. Resulta difícil creer que alguien tenga nada que celebrar cuando las imágenes provocan el mismo escalofrío que la irracional euforia de quienes a lo largo de la historia han vitoreado a quienes desfilaban camino de una tragedia. La alegría resulta tan incomprensible como la indiferencia cuando se antoja tan sencillo sentirse en la piel de las miles de familias que viven con angustia, desgarro y miedo en Cataluña.
No cabe duda de la traición del Gobierno catalán. Antes que a su país, a los ciudadanos a quienes dice representar y que no han tenido el derecho a votar, ni siquiera a opinar, sobre una decisión solo sustentada en el griterío de una multitud convocada para justificarse. El independentismo apela a la voluntad del pueblo para situarse por encima de la democracia, el mismo argumento utilizado por todas las dictaduras para enterrar las leyes que salvaguardan a los ciudadanos de los abusos. El Govern se ha quitado finalmente la careta. Ha evitado el diálogo que reclamaba con la renuncia a defender sus reivindicaciones en la cámara donde los votos de los ciudadanos le entregaron su representación, ha dejado a un lado la política para imponer su despotismo sin ofrecer ninguna alternativa y ha rechazado convocar elecciones para no escuchar la verdadera opinión de los catalanes. Lo que sea que ha proclamado, aunque inexistente, insulta a la propia definición de una república o cualquier otro sistema democrático. La cuidadosa puesta en escena de los parlamentarios soberanistas arropados por los alcaldes armados con sus bastones de mando evidencia lo poco que el desafío independentista tuvo de improvisación y lo mucho que sus líderes están dispuestos a hacer para forzar un enfrentamiento. Las perversas consignas de las organizaciones secesionistas a los manifestantes que se agolpaban ante el Parlament para actuar en caso de una intervención policial demuestran lo sofisticado de la estrategia diseñada para presentar a España como una nación intolerante a pesar de que ha soportado los sucesivos agravios con un estoicismo casi vergonzante.
Llegados a este punto, no cabía más decisión que la tomada por el Gobierno. Mariano Rajoy ha decidido destituir al Ejecutivo catalán al completo, disolver el Parlament y convocar elecciones. Las urnas suponen el único camino para restaurar la democracia en Cataluña. Recuperar la convivencia será mucho más difícil. El independentismo sabe que su golpe de estado, burdamente disfrazado de parlamentarismo, no tiene más futuro que los tribunales. Su mayor peligro ya no está en las decisiones que pueda tomar, ni siquiera en el desastre provocado en la economía catalana, sino en la simiente del rencor que aún intenta sembrar a cada paso. Entre Cataluña y España, entre los propios catalanes. El mayor desafío para la democracia no será terminar con el régimen totalitario de Puigdemont, sino desmontar sus mentiras, desraizar su cosecha de odio antes de que dé sus frutos.

La ‘cumbre de Oviedo’

La ‘cumbre de Oviedo’ auspiciada por los Premios Princesa de Asturias quedará en la historia de lo mucho que por desgracia está por venir. Ojalá hubiera sido innecesaria, pero la contumacia del separatismo catalán nos impidió celebrar la fiesta en paz. Sí fue la ceremonia que España necesitaba. La fotografía del Rey con el presidente del Gobierno y los tres principales líderes de la Unión Europea quiso reflejar la respuesta de la unidad de los demócratas frente al riesgo de un nacionalismo que, en palabras de Antonio Tajani, «amenaza con llevarnos a los infiernos». Ante la mayor crisis territorial de su etapa democrática, España encontró el respaldo de las principales autoridades comunitarias, sin medias tintas. Las palabras del presidente del Parlamento Europeo destacaron por su rotundidad: «Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Su apelación a la concordia, su encendida defensa de una Europa creada para conquistar una democracia mejor para todos y, sobre todo, su categórica afirmación de que las resoluciones de la justicia «deben aplicarse, y punto» sorprendieron incluso. No fue la suya la voz de algunos líderes europeos que parecieron titubear ante las acusaciones de los partidos secesionistas sobre el empleo de la fuerza durante el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Su discurso dejó claro que es la Constitución el amparo de los valores democráticos que Europa defiende en su territorio y cerró la puerta a una de las principales aspiraciones del nacionalismo catalán: lograr que las autoridades comunitarias accedan a una mediación que suponga el reconocimiento implícito de un estatus como nación.
Las palabras de Tajani, como las del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y las del presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, respaldaron la determinación expresada por Felipe VI de resolver la crisis de Cataluña «por medio de las legítimas instituciones». Mariano Rajoy, que había programado con más detalle y anticipación de lo que se ha dicho su presencia en Asturias, logró transmitir al mundo la imagen de un respaldo internacional esencial antes de aprobar las medidas encaminadas «a restaurar el orden constitucional y el interés general en Cataluña». Más allá de la imagen, España ha encontrado, al fin, algo mucho más valioso ante la comunidad internacional: un discurso claro. Frente a la engañosa reivindicación de las libertades que expresa la Generalitat, el Gobierno tiene al fin una respuesta sencilla e irrefutable, no solo avalada por el Rey, sino también compartida por las democracias europeas. España no interviene en Cataluña porque sea incapaz de entender sus reivindicaciones identitarias, sino porque el Ejecutivo catalán está decidido a proclamar una independencia para la que carece de legitimidad. Por más disfraces con los que quieran vestir al secesionismo, las decisiones adoptadas por Puigdemont y sus socios valen lo mismo que las de cualquier grupo de iluminados por muy grande que sea. No existe una sola ley que les ampare, ni siquiera un respaldo social que les avale por más que digan. En nombre del pueblo solo se puede hablar tras una votación democrática, lo que no fue la parodia con la que pretenden justificarse. Esa es la explicación que el Gobierno español debe hacer llegar al mundo, algo que hasta el momento no ha logrado con la eficacia necesaria. La ‘cumbre de Oviedo’ ha supuesto un primer paso para que España aclare la verdadera naturaleza del ataque que ha sufrido su democracia. Pero no es suficiente con decirlo una vez. Por desgracia, es probable que el Gobierno necesite repetir en todos los foros internacionales la necesidad de defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos ante la amenaza de un nacionalismo totalitario. No cabe temer otra cosa tras la respuesta de Carles Puigdemont.

El futuro de Cataluña se juega a echar pies

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se han concedido unos días para echarse a pies la suspensión de la autonomía en Cataluña. El presidente del Gobierno, más cómodo en sus zapatos ahora que se ha sacado la chinita de la indecisión del PSOE. El autoproclamado campeón del independentismo, con los pies entumecidos en las botas que le ha puesto la CUP. Por más que encoja los dedos, el calzado no mengua. Ni monta, ni cabe. Es lo que tiene una independencia con fecha de consumo preferente. El Gobierno ha respondido a la secesión en suspenso con un artículo 155 condicionado a las explicaciones del president, que viene a ser algo así como un ‘dilo si te atreves’. La respuesta está en la cara que se les quedó a quienes el independentismo había convocado a la fiesta de la república y volvieron a casa convencidos de que les habían tomado el pelo. El PDeCAT, que antes de rebautizarse supo tantas veces tensar la cuerda y soltar a tiempo de recoger las prebendas, sabe que al avión de la independencia le falta potencia para despegar antes de estrellarse contra el muro de la justicia. De momento, Puigdemont, aunque no sea más que por saciar su ego, podrá decir que proclamó una república durante treinta segundos, por mucho que fuera con la boca pequeña y más ficticia que la ínsula Barataria. A pesar de ello, no renuncia a sacar tajada de su ambigüedad, aunque aún no tenga muy claro si no se la comerán Oriol Junqueras o Ada Colau.
El ruido de la declaración nonata le ha permitido presentar el conflicto catalán ante la comunidad internacional. Incluso Donald Trump, por más que algunos duden que sepa dónde queda Barcelona, ha tenido que pronunciarse. La UE ha respaldado al Gobierno, pero le ha pedido que dialogue. El discurso mártir del president ha tenido eco fuera de España. Resulta innegable. Su campaña de imagen resultó mucho más calculada que la fría versión oficial, que ni siquiera se atrevió a decir lo que piensa de la cifra de ochocientos heridos facilitada por la sanidad catalana. La precisa estrategia del victimismo ha logrado que el delegado del Gobierno en Cataluña casi pidiera disculpas porque la Policía hiciera su trabajo, ha llevado a Podemos a incluir el referéndum de autodeterminación en su programa electoral y ha forzado al PP a asumir la reforma constitucional exigida por Pedro Sánchez. Todo eso se ha echado al morral el independentismo catalán a costa de una sangría de empresas propia de un conflicto armado. El dinero no atiende al afecto, se aferra a las certezas, y lo único seguro con Puigdemont es su desprecio a las leyes. La estampida empresarial pesó más en la etérea declaración del Ejecutivo catalán que las apelaciones al diálogo.
Rajoy puede sentirse más seguro que hace unas semanas. La firmeza del Rey, el respaldo de la Justicia, la profesionalidad de la Policía y, sobre todo, los votos del PSOE y Ciudadanos le garantizan la capacidad de aplicar las medidas necesarias, incluida la suspensión de la autonomía. Pero con el artículo 155 o sin él, la respuesta debe ser rigurosa, sensata e inteligente. No se trata de vencer, sino de garantizar a los ciudadanos de Cataluña los derechos que intentan arrebatarles. Sin enredos ni atajos. A estas alturas, es probable que Puigdemont desee tanto como los partidos que las reclaman unas elecciones, pero nada agradecería más que un argumento para gritar al mundo un nuevo agravio a Cataluña y sus instituciones. Seguro que él preferiría lograr una mayoría en las urnas, no como las que compró en los chinos para el simulacro de referéndum, sino en las de verdad, las únicas que legitiman un proyecto político. No ignora que las aspiraciones de los catalanes solo tienen futuro con unos socios más fiables que quienes llaman a tomar las calles y saltarse la ley. Ese camino, el de los tiranos, conduce al infortunio. Bien lo sabe. Pero sus fullerías mientras calcula los pies que le faltan para pisar el límite son una tragedia para Cataluña.

El ‘procés’ totalitario

El camino hacia el abismo del delirio llamado ‘procés’ ha comenzado a mostrar su verdadera cara, que no es la reivindicación soberana que esgrime, ni el sentimiento identitario alimentado de agravios reales o ficticios, sino el autoritarismo de quien está dispuesto a imponer sus ideas con absoluto desprecio a las consecuencias y a la opinión de los demás, incluso de la mayoría. Por más que el discurso secesionista se parapete tras el legítimo derecho de los catalanes a expresar su opinión, solo en un régimen sin libertad ocurre que los policías vivan atrincherados en hoteles, que los niños abandonen los colegios para no sufrir humillaciones, que las empresas emprendan la fuga, que los ciudadanos tengan miedo a dar su opinión para no ser, como mínimo, señalados con el dedo…
Cuesta creer que ni siquiera el más ferviente partidario del independentismo aspire a construir un estado sobre los cimientos de la imposición y el miedo. No es democracia lo que defiende quien se erige en la voz del pueblo tras una farsa plebiscitaria que ni siquiera los observadores de parte se atrevieron a avalar. Tan carnavalesca resultó la consulta que Carles Puigdemont anunció sus intenciones de proclamar la independencia antes de facilitar los datos, consciente de que carecían de toda credibilidad. El ‘procés’ se sustenta en la fractura social, la intransigencia, la intimidación y el nacionalismo irracional. La histórica receta del autoritarismo de todos los colores. Y no resulta fácil defenderse de él cuando consigue arrastrar tras de sí incluso a quienes creen defender todo lo contrario. La historia nos ha enseñado el error que supone combatirlo con el odio, la fuerza o el miedo, pero no nos impide cometer errores. Poco ayudan los llamamientos a la fuerza sin contemplaciones o las disputas entre líderes políticos, incluso de un mismo partido, que ni siquiera saben si discrepan o se tropiezan.
Ayer, miles de personas se manifestaron en toda España, en marchas separadas, unas para defender la unidad, otras para reclamar diálogo. Habrá quien vea en ello una muestra de división. No resultaría extraño que los adalides de la declaración unilateral de independencia intentaran utilizarlas como argumento de que su estrategia ha logrado abrir una brecha entre los españoles. Solo será así si se lo permitimos. Porque antes que nada fueron el reflejo de una España plural donde caben opiniones distintas, complementarias o incluso contrarias, ante un mismo problema. Ese es uno de los privilegios que nos garantiza la Constitución y que solo desde la inconsciencia podemos minusvalorar. Esa ley que nos ampara es el único camino que podemos seguir para solucionar la mayor crisis territorial a la que nos hemos enfrentado. Solo a partir de ella cabe ese diálogo tan invocado y despreciado al mismo tiempo que muchos han terminado por pensar que algo esencial resulta inútil. Solo con la plena vigencia de unas condiciones democráticas tendremos la posibilidad de continuar decidiendo juntos cuáles son las reglas con las que queremos regular nuestra convivencia. Por desgracia, eso no ocurre en estos momentos en Cataluña, donde el Govern está dispuesto a dictar sus propias normas de forma arbitraria, sin la menor garantía de amparo de los derechos fundamentales, ni siquiera para quienes respaldan la independencia. Por eso es tan urgente restaurar el orden constitucional. No para demostrar la fortaleza del Estado, sino para evitar que la única ley vigente sea la del más fuerte. Por eso conviene no equivocarse en las formas. Y a partir de ahí, de todo cabría hablar y votar en democracia. Un estado de derecho no debe impedir jamás que sus ciudadanos opinen, pero sí garantizarnos que podamos hacerlo con auténtica libertad.

Un día amargo

No cabe mejor deseo que esperar que nada ocurra en el día en el que los independentistas tanto pretenden que suceda. Aún así, será un día amargo. Cuando el sentimiento de identidad se pervierte para alimentar el odio brota el totalitarismo, dispuesto a pisotear la ley y a estrangular las libertades. A este punto ha llegado el Gobierno catalán con la convocatoria de una consulta ilegal, una campaña en la que las discrepancias no han tenido cabida y una pantomima de referéndum para el que ha despojado a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. La Generalitat quiere sustentar una nación en el esperpento de un sufragio donde los votos se depositarán en cajitas de plástico compradas en China, carente de mesas electorales, con centros de votación abiertos a escondidas de la Policía y un censo electoral reducido a los incondicionales dispuestos a dar algún valor a un plebiscito tan improvisada como estéril. Ni el más convencido de los independentistas debería sentir el ansia de vivir en un país autoproclamado en las mismas condiciones en las que los estados fallidos eligen a sus tiranos. Ni siquiera lo inútil de la parodia electoral puede consolarnos a los demás del golpe que supone a nuestra democracia. El 1-O quedará como una jornada funesta para cualquiera que crea en la libertad y en la igualdad de derechos de los ciudadanos para decidir su futuro como pueblo. Nada se solucionará ni aclarará. A nadie, dentro o fuera de Cataluña, se le escapa esto. Solo los inconfesables intereses y ambiciones de quienes se han empeñado en hacernos pasar por este drama permiten entender el punto al que hemos llegado.
Tan inválida será cualquier cosa que resulte del mal llamado referéndum que nuestros políticos piensan ya en el día siguiente. Sus especulaciones oscilan entre la posibilidad de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, esté dispuesto a llevar su mesianismo al límite de proclamar la segregación para garantizarse un juicio en el que presentarse como mártir o se conforme con utilizar el victimismo del 1 de octubre como el primer acto de la próxima campaña electoral en Cataluña. El Gobierno de Mariano Rajoy cree que los líderes del independentismo han quedado desacreditados como interlocutores tras situarse al margen de la ley, por lo que de nada sirve hablar con ellos. El discurso del Ejecutivo se limita a señalar que ahora su misión es detener el referéndum o cualquier otro desafío ilegal, incluida una hipotética declaración de independencia. Por el momento, parece no haber más plan que dejar trabajar a los jueces y esperar que las aguas vuelvan a su cauce en unas anheladas elecciones autonómicas. En los corrillos del Congreso se comenta que tal vez una nueva mayoría política en Cataluña convierta en un mal sueño todo lo acontecido en los últimos años. O en el peor de los casos, quizás un nuevo gobierno de corte independentista, pero más pragmático, acceda a negociar unas condiciones aceptables para ambas partes. Hasta aquí llega lo que piensan muchos de nuestros parlamentarios y por lo que parece toda la estrategia política de los principales partidos frente al drama de Cataluña. Unos, en la confianza de que las urnas recompensarán su firmeza ante el desafío independentista. Otros, con la esperanza de que su apoyo a un referéndum en condiciones de legalidad se transforme en réditos electorales. Casi todos en la convicción de que unas elecciones traerán la calma. La misma receta que durante años muchos creyeron suficiente para solventar los problemas hasta convertir en un tópico el juego con el Gobierno catalán de tensar la cuerda para terminar satisfaciendo sus exigencias con unas cuantas concesiones. Pero en esta ocasión, después de que la Generalitat haya conducido a sus partidarios más radicales al límite de la insurrección, de que muchos catalanes hayan sufrido un acoso despiadado solo por expresar sus opiniones y de que tantos se sientan incomprendidos, tal vez convendría un debate político que nos ofrezca un futuro más seguro que las componendas y los remiendos.


El PSOE asturiano, en ebullición

Un segundo después de la incontestable victoria de Adrián Barbón comenzó en el PSOE asturiano la inevitable ebullición que sucede a un cambio de liderazgo. Son etapas que la militancia vive con exaltación, propicias también para las resurrecciones, las conversiones exprés y los ajustes de cuentas. La política asturiana ha entrado en un nuevo ciclo en el que casi todo lo que está por venir dependerá de la bicefalia que encarnan dos personalidades muy distintas.
Adrián Barbón ha prometido renovar el PSOE y respaldar la acción del Ejecutivo. En sus declaraciones, en las que ha pedido mesura, se advierte la prudencia de quien sabe lo complicado que resultará conjugar ambas cosas. La militancia ha avalado su oferta de cambio con una amplia mayoría, pero los próximos resultados electorales dependerán también, y mucho, de lo que haga un gobierno que apoyó a su rival.
Javier Fernández anunció su intención de completar su mandato en el Principado al mismo tiempo que renunciaba a la reelección al frente del partido. El presidente regional entiende esta promesa como la medida de su sentido de la responsabilidad, el mismo que le llevó a situarse frente a Pedro Sánchez y a compartir con Susana Díaz el bando de los perdedores. Tampoco él lo tendrá fácil. Sus discrepancias con la nueva mayoría socialista en Asturias son evidentes y profundas. Y tan peligrosos como sus adversarios, el puñado de autoproclamados incondicionales decididos a continuar la guerra por su cuenta. Solo así se entienden la aspereza de algunos y las ausencias de otros en las asambleas en las que se votó la gestión de Javier Fernández. El Gobierno asturiano podía esperar la ofensiva de los ‘sanchistas’, pero no que parte de sus paladines se retiraran para salvar sus muebles aún a costa de erosionar la figura del presidente.
Si algo pueden compartir los líderes que personifican la retoñada bicefalia del socialismo asturiano serán las dificultades para aplazar las facturas de las muchas cuentas pendientes cuando a los militantes les queda tanto por decidir. En primer lugar, quién será el próximo candidato regional. Aunque la liturgia del partido no lo incluya aún en el orden del día, en los corrillos de afiliados lo que interesa es conocer los designios de Adriana Lastra, la asturiana con más peso en la Ejecutiva de Pedro Sánchez; las intenciones de Fernando Lastra, al que tres meses al frente de la Consejería de Infraestructuras le han bastado para convertirse en un referente para muchos de los que buscan un aspirante alternativo al nuevo aparato; los afanes de Guillermo Martínez, el consejero que sostiene el escudo del presidente; las ideas de Francisco Blanco, renacido en el ‘sanchismo’ tras dejar el Gobierno; el criterio de Gimena Llamedo, que tendrá mucho que decir en casi todo, y por supuesto, los propósitos de José Luis Alperi, que no necesita alzar la voz para que ahora todos en el PSOE le escuchen.
Entre la militancia también se habla, y mucho, del futuro de las principales agrupaciones. Queda por solventar el liderazgo de la AMSO tras la renuncia de Wenceslao López, que no ha querido aprovechar su condición de alcalde para acomodarse en una secretaría general que pocos se atreverían a discutirle en este momento. En la sede socialista de Gijón no hay otro tema de conversación que la continuidad de José María Pérez, más que en entredicho no solo por su derrota frente a Barbón, sino porque el resultado de la última asamblea evidenció la debilidad de sus apoyos. Y sobre Avilés, muchos se preguntan qué hará Mariví Monteserín después de erigirse en baluarte del bando derrotado en las primarias.
Con todo esto por resolver, a Javier Fernández y Adrián Barbón les queda por delante en las próximas semanas no solo un congreso del PSOE en el que se medirán sus posibilidades de entendimiento, también el debate sobre el presupuesto regional, que la oposición espera como agua de mayo para dejar en evidencia sus diferencias y contradicciones. Todo un reto para los compromisos que ellos mismos se han impuesto.

Ante el precipicio de la intolerancia

La grotesca aprobación del referéndum en el patio de comedias del Parlament dejó claro no solo que la legalidad, incluso la propia, les importa un comino a los independentistas catalanes, sino lo lejos que están dispuestos a llegar para doblegar a todo un país. Asomados de repente al abismo de la ruptura a muchos dejaron de parecerles exagerados quienes alertaban del riesgo y prudentes los que se conforman con esperar a que el tiempo arregle el asunto. La única ventaja de la soez patada que los secesionistas han propinado a las leyes ha sido que la Fiscalía ni siquiera ha necesitado trabajar demasiado para que los tribunales comiencen a investigar a todo el Govern por delitos penados con prisión. El Ejecutivo central también ha logrado que el Constitucional advierta a 62 altos cargos de la Generalitat y a los 948 alcaldes de Cataluña de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa encaminada a facilitar la consulta ilegal. Queda por ver hasta dónde están dispuestos a llegar Carles Puigdemont y sus secuaces, empeñados en presentarse como mártires del republicanismo catalán. Poco les ha importado dejar sin argumentos a quienes defendían la votación popular como una salida razonable. Sin garantías legales ni el mínimo respeto a los principios democráticos, el referéndum, además de una pantomima, se quedaría en una indefendible asonada. Pero la estrategia para forzar la ruptura no busca los caminos de la democracia. El secesionismo apurará todas las opciones para celebrar el referéndum hasta el último minuto del 1 de octubre, que será el primero de una nueva campaña electoral con tintes de plebiscito independendista. Su intención es estirar la cuerda hasta que el miedo a discrepar impida cualquier respuesta al totalitarismo de quienes desprecian incluso a quienes solo imploran un poco de cordura.
La respuesta a un desafío con ribetes de sedición se la ha dejado el Gobierno a la justicia, que no es más que lo lógico en un Estado de Derecho. El poder judicial debe desempeñar su papel como garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. En ello está; parece que sin titubeos. El recurso presentado por el Ejecutivo prevé frenar cada paso hacia la consulta. Por el momento ha conseguido que los ayuntamientos, incluido el de Barcelona, se nieguen a ceder sus locales para cometer un delito. Mariano Rajoy asegura que la reacción del Ejecutivo será no solo rápida, sino también firme, inteligente, serena y proporcional. Sus decisiones para evitar que la Generalitat plante las urnas en la calle cuentan con el respaldo por anticipado del PSOE y Ciudadanos, que junto a los populares abandonaron el Parlament para dejar en evidencia una pantomima en la que ni siquiera se respetaron las opiniones de quienes intentaron recordar las obligaciones que conlleva ocupar un escaño. Pero la solución al conflicto con Cataluña no llegará solo con las sentencias de los tribunales. Una sociedad democrática se protege con las leyes, pero se construye con la política. Y en los últimos tiempos quienes intentan minarla han trabajado sin descanso mientras los grandes partidos han oscilado entre la inacción, la duda, la superficialidad y el interés por sacar tajada electoral. Cada uno a lo suyo hasta que la intolerancia nos ha mostrado el precipicio. No se trata ya de buscar la fórmula legal para frenar la demencial huida hacia adelante de Puigdemont y Junqueras, sino de buscar el consenso necesario para impedir una fractura en Cataluña que haga imposible la convivencia. Este es el gran desafío que plantea un independentismo al que poco le importa lograr su objetivo por mayoría o por la fuerza. Para enfrentarse a él, de poco servirán las candorosas ocurrencias que aspiran a contentar a todos ni la obcecada negación de la realidad. Hacen falta políticos a la altura de unas circunstancias que el tancredismo solo puede empeorar.

La tregua política de la Feria de Muestras

La política ha encontrado este año una zona franca en la urbe que cada verano bulle a orillas del Piles. Más allá de las susceptibilidades del acto inaugural, casi tan tradicionales que pronto estarán incluidas en el guion del protocolo, el territorio comanche que en otras ediciones fuera el recinto ferial para los políticos asturianos ha dejado paso a la cortesía institucional que abre las puertas a un entendimiento hasta hace poco inesperado. Tal vez por la moderación que requiere gobernar en minoría, quizás porque las administraciones perciben el hastío que provoca en los ciudadanos el discurso del apedreamiento, sin duda ante la necesidad de demostrar a los asturianos que gobernar es más que pilotar a la deriva, la Feria de Muestras, alcanzado su ecuador, ha dejado imágenes de diálogo y esperanzadores anuncios de inversión. Asumidas sus discrepancias, el Gobierno central, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón se han encontrado, no solo para saludarse, lo que en algunos casos ya resulta una novedad, sino también para expresar sus compromisos con los grandes proyectos paralizados por las estrecheces de la recesión, que también cobijaron muchas excusas. La necesidad de impulsar la alta velocidad ferroviaria, la urgencia de convertir el ‘solarón’ en una estación, la importancia de sumar El Musel a la red europea de autopistas del mar o la inaplazable obligación de desbrozar el camino de la recuperación con políticas que la hagan posible han marcado los discursos y las actitudes. La Feria de Muestras ha reivindicado este año su protagonismo como municipio de todos y lugar de encuentro de las muchas Asturias que llamamos Principado.
Los nuevos tiempos de los que tanto se habla y por los que tan poco se ha hecho aún requieren mucho más que la dimisión de Antonio Trevín, que tras una trayectoria que alcanza al menos para dos carreras políticas, ha decidido iniciar etapa en una empresa de laminados de zinc antes que quedarse en el Congreso de los Diputados en el papel de decorado. El futuro que deberíamos anhelar, distinto del inquietante porvenir que a veces se vislumbra, demanda más que la reivindicación etérea del cambio, la disputa por el cuño ideológico o la apropiación del logro en la que tantas veces se han quedado nuestros políticos. Si alguna lección nos ha dejado la crisis, a la que tanto deseamos despedir por mucho que algunas de sus peores consecuencias pervivan, ha sido que los discursos bienintencionados solo sirven cuando inspiran las acciones que los suceden. De lo contrario, apenas alcanzan para la aclamación de los incondicionales, la réplica de los adversarios o la publicación de antologías. Pero es importante que las palabras y las actitudes cambien para salir de la cómoda atonía de la confrontación en la que la falta de recursos ha llevado tantas veces a las administraciones. La Feria de Muestras, un espacio al menos tan bueno como cualquier otro, ha ofrecido a los políticos, una edición más, un escenario en el que exponer maneras distintas a las que tanta consideración les ha restado. También para encontrarse con una Asturias más real de la que permiten conocer los despachos repletos de prejuicios y estadísticas aderezadas a conveniencia, donde oír lo que tienen que decirles los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sociales y hasta los ocurrentes cómicos que han sacado los colores a más de un parlamentario en las avenidas de la ciudad ferial. Resulta esperanzador observar que algunos parecen dispuestos a escuchar pese a las discrepancias. Queda por ver si tan buena disposición sobrevive al estío.

Negarlo todo

Avanza el estío con sus sofocos, inoportunas banderas rojas en las playas, colas para trepar al Urriellu y peregrinos en fila india camino de Santiago. Sosegado para los afortunados de sentirse turistas y frenético para muchos, cada vez más, que necesitan hacer su agosto para llegar a final de año. Al compás de sus propias canciones, efímeras unas, perennes otras. Canta Joaquín Sabina que lo niega todo, incluso la verdad, con notable éxito. Su cinismo rima tan bien que consuela. Suya debe ser la canción del verano cuando tantos están dispuestos a añadir sus propias estrofas. Mariano Rajoy, presidente y testigo, también negó ante el juez lo mucho que desde hace años le imputan sus adversarios políticos. El líder del PP dejó claro que lo suyo es la política y no las cuentas, que nunca supo nada de maletines ni corruptelas, que jamás entraron en su casa sueldos en sobres y que puso a Luis Bárcenas de patitas en la calle en cuanto le dijeron que el tesorero del PP tal vez tenía su propia caja para el dinero del partido. No se inmoló como esperaba la oposición, empeñada en convertir en imputado a quien testificaba, muy a su pesar, para aclarar los negocios que según el fiscal permitieron a unos cuantos hacerse muy ricos a costa de las siglas que gobiernan España.
Rajoy demostró que la experiencia sobre las tablas del parlamento sirve también para los interrogatorios judiciales y despachó a las acusaciones con respuestas tan imprecisas como que «hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa, hacemos lo que podemos». Tan cómodo pareció sentirse en la Audiencia Nacional que incluso se permitió reivindicar su ‘galleguismo’ y replicar desafiante al abogado Manuel Benítez de Lugo que se había confundido de testigo. No cantó Mariano Rajoy como esperaban muchos. Al presidente del PP le alcanzó con su oficio de fajador parlamentario y negarlo todo de principio a fin. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que pidieron su dimisión casi al unísono, han tenido que conformarse con ver por primera vez a un presidente del Gobierno sentado ante un juez. Para la izquierda, el trago por el que Rajoy se ha visto obligado a pasar ya supone un triunfo, aunque tal vez lo sea más para una justicia que ha tenido la ocasión de demostrar que puede ser igual para todos a pesar de las aparentes prisas del presidente de la sala por despachar el interrogatorio. La actuación de Rajoy se quedó en una cantinela, pero los populares mostraron su satisfacción con una ovación casi desproporcionada. Incluso parecieron arrepentirse de haber solicitado con tanta reiteración una declaración por videoconferencia para evitar los inconvenientes del paseíllo en directo. El hecho es que Rajoy se escapó vivo de sus acusadores rumbo a Galicia porque, guste o no, la carga de la prueba corre a cargo de la acusación, excepto que el investigado esté dispuesto a suicidarse.
Lo mismo ocurre en la política asturiana, que durante las últimas semanas ha visto al Gobierno autonómico reconstruirse tras la dimisión de dos consejeros y una reorganización de altos cargos justificada por la necesidad de dar un «nuevo impulso». La puerta abierta para que salieran quienes menos respaldaban la acción del Ejecutivo ha servido también para que entren políticos de mayor oficio y probada lealtad. Pero no existe parlamentario, ni siquiera en el PSOE, que no esté convencido de que el baile de direcciones generales responde al intento de solucionar los problemas de gestión detectados en las consejerías durante este mandato. Los nuevos nombramientos obedecen a la necesidad de corregir los desajustes de una estructura que no puede permitirse errores de bulto en minoría parlamentaria y ante la previsión de lo que se le puede venir encima. Tan evidente resulta que la oposición se ha apresurado a pedir dimisiones allá donde los cambios han señalado los problemas. El Ejecutivo se ha limitado a cerrar filas y, por supuesto, a negarlo todo. Con distintas letras, más o menos afortunadas, pero a un compás que los políticos veteranos de muchas refriegas interpretan de memoria, el que conviene tocar cuando lo que se necesita es ganar tiempo para sobrevivir a los ahogos del verano. O al menos, para tomarse unas vacaciones.

OBRAS Y ESCALAGÜERTOS

El verano se ha instalado en una Asturias que espera un nuevo récord de turistas con nubes y claros en su panorama político. El buen tiempo siempre facilita las obras. El ministro de Fomento y el consejero de Infraestructuras, viejos conocidos, parecen dispuestos a iniciar algunas obras que deberían llevar tiempo terminadas. Íñigo de la Serna y Fernando Lastra trabajaron un sábado por la mañana para colocar la primera piedra de las obras que intentan resolver los problemas de acceso al puerto de El Musel y a lo que pretende ser algún día la Zona de Actividades Logísticas de Asturias. Ambos apelaron al entendimiento, a la coordinación y al interés general, palabras que no se oían últimamente en los encuentros entre dos departamentos que han necesitado cambiar de responsables para entenderse. Queda ahora que las intenciones se tornen en hechos. «Toca trabajar», ha dicho el titular de Fomento. Bien harán ambos gobiernos en aprovechar la temporada alta, que en Asturias siempre es corta, para avanzar en los proyectos que pretenden dotar a El Musel de un acceso digno, garantizar a los asturianos una comunicación ferroviaria adecuada al siglo en el que vivimos, construir en Gijón una estación que sustituya al gran apeadero prefabricado al que ahora llegan los trenes y transformar un túnel inundado en la primera línea de metro de Asturias. Trabajo tienen por delante como para no tomarse demasiadas vacaciones.
El verano también es tiempo de serpientes políticas, que suelen provocar algún que otro susto, pero que resultan inofensivas. La campaña de las primarias en el PSOE ha subido la temperatura en las filas socialistas a nivel de ebullición y ha reanimado el culebrón de la moción de censura en Gijón. El Gobierno asturiano abrió el debate con su oferta de un acuerdo a Podemos e Izquierda Unida que incluye descabalgar de la Alcaldía a Carmen Moriyón. Los candidatos a la Secretaría General de la FSA asumen el objetivo. Aunque por el momento, la iniciativa ha servido para ver lo lejos que se encuentran quienes aspiran a liderar el socialismo asturiano. Adrián Barbón está convencido de que cualquier acuerdo de izquierdas resultará imposible mientras el referente de su partido sea su rival. José María Pérez cree que su adversario ofrece pactos «sin entender lo que ocurre en la ciudad». El portavoz de Xixón Sí Puede, que ve más futuro en determinar la política municipal desde la oposición que en sentarse a escuchar a los socialistas, ya les ha contestado que si tanta prisa tienen por recuperar la plaza para la izquierda que le nombren alcalde. IU ha hecho pública una encuesta en la que seis de cada diez votantes de izquierda creen que no es el momento adecuado para una moción de censura, lo mismo que piensan los dirigentes de la coalición. El asalto de la izquierda a la Alcaldía gijonesa parece tan abocado al fracaso como la alianza regional planteada por Javier Fernández, de la que todos hablan, pero a la que nadie ve el menor futuro al menos hasta que los socialistas decidan quién tomará las riendas de su partido. Por el momento, IU le ha contestado que el PSOE se ha gastado todos los cheques en blanco que le firmaron con la esperanza de que el Gobierno regional fuera más sensible a sus demandas. Así que no parece probable que los asturianos vayan a tropezarse con ningún cambio de gobierno este verano en Gijón ni tampoco con un pacto que ofrezca mayor estabilidad al Ejecutivo regional. En Asturias, lo que algunos quieren hacernos ver como peligrosas serpientes no son más que escalagüertos. Y a estos inofensivos reptiles, ya lo saben, lo único que les preocupa en verano es tomar el sol. Como a muchos políticos.