Ante el precipicio de la intolerancia

La grotesca aprobación del referéndum en el patio de comedias del Parlament dejó claro no solo que la legalidad, incluso la propia, les importa un comino a los independentistas catalanes, sino lo lejos que están dispuestos a llegar para doblegar a todo un país. Asomados de repente al abismo de la ruptura a muchos dejaron de parecerles exagerados quienes alertaban del riesgo y prudentes los que se conforman con esperar a que el tiempo arregle el asunto. La única ventaja de la soez patada que los secesionistas han propinado a las leyes ha sido que la Fiscalía ni siquiera ha necesitado trabajar demasiado para que los tribunales comiencen a investigar a todo el Govern por delitos penados con prisión. El Ejecutivo central también ha logrado que el Constitucional advierta a 62 altos cargos de la Generalitat y a los 948 alcaldes de Cataluña de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa encaminada a facilitar la consulta ilegal. Queda por ver hasta dónde están dispuestos a llegar Carles Puigdemont y sus secuaces, empeñados en presentarse como mártires del republicanismo catalán. Poco les ha importado dejar sin argumentos a quienes defendían la votación popular como una salida razonable. Sin garantías legales ni el mínimo respeto a los principios democráticos, el referéndum, además de una pantomima, se quedaría en una indefendible asonada. Pero la estrategia para forzar la ruptura no busca los caminos de la democracia. El secesionismo apurará todas las opciones para celebrar el referéndum hasta el último minuto del 1 de octubre, que será el primero de una nueva campaña electoral con tintes de plebiscito independendista. Su intención es estirar la cuerda hasta que el miedo a discrepar impida cualquier respuesta al totalitarismo de quienes desprecian incluso a quienes solo imploran un poco de cordura.
La respuesta a un desafío con ribetes de sedición se la ha dejado el Gobierno a la justicia, que no es más que lo lógico en un Estado de Derecho. El poder judicial debe desempeñar su papel como garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. En ello está; parece que sin titubeos. El recurso presentado por el Ejecutivo prevé frenar cada paso hacia la consulta. Por el momento ha conseguido que los ayuntamientos, incluido el de Barcelona, se nieguen a ceder sus locales para cometer un delito. Mariano Rajoy asegura que la reacción del Ejecutivo será no solo rápida, sino también firme, inteligente, serena y proporcional. Sus decisiones para evitar que la Generalitat plante las urnas en la calle cuentan con el respaldo por anticipado del PSOE y Ciudadanos, que junto a los populares abandonaron el Parlament para dejar en evidencia una pantomima en la que ni siquiera se respetaron las opiniones de quienes intentaron recordar las obligaciones que conlleva ocupar un escaño. Pero la solución al conflicto con Cataluña no llegará solo con las sentencias de los tribunales. Una sociedad democrática se protege con las leyes, pero se construye con la política. Y en los últimos tiempos quienes intentan minarla han trabajado sin descanso mientras los grandes partidos han oscilado entre la inacción, la duda, la superficialidad y el interés por sacar tajada electoral. Cada uno a lo suyo hasta que la intolerancia nos ha mostrado el precipicio. No se trata ya de buscar la fórmula legal para frenar la demencial huida hacia adelante de Puigdemont y Junqueras, sino de buscar el consenso necesario para impedir una fractura en Cataluña que haga imposible la convivencia. Este es el gran desafío que plantea un independentismo al que poco le importa lograr su objetivo por mayoría o por la fuerza. Para enfrentarse a él, de poco servirán las candorosas ocurrencias que aspiran a contentar a todos ni la obcecada negación de la realidad. Hacen falta políticos a la altura de unas circunstancias que el tancredismo solo puede empeorar.

La tregua política de la Feria de Muestras

La política ha encontrado este año una zona franca en la urbe que cada verano bulle a orillas del Piles. Más allá de las susceptibilidades del acto inaugural, casi tan tradicionales que pronto estarán incluidas en el guion del protocolo, el territorio comanche que en otras ediciones fuera el recinto ferial para los políticos asturianos ha dejado paso a la cortesía institucional que abre las puertas a un entendimiento hasta hace poco inesperado. Tal vez por la moderación que requiere gobernar en minoría, quizás porque las administraciones perciben el hastío que provoca en los ciudadanos el discurso del apedreamiento, sin duda ante la necesidad de demostrar a los asturianos que gobernar es más que pilotar a la deriva, la Feria de Muestras, alcanzado su ecuador, ha dejado imágenes de diálogo y esperanzadores anuncios de inversión. Asumidas sus discrepancias, el Gobierno central, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón se han encontrado, no solo para saludarse, lo que en algunos casos ya resulta una novedad, sino también para expresar sus compromisos con los grandes proyectos paralizados por las estrecheces de la recesión, que también cobijaron muchas excusas. La necesidad de impulsar la alta velocidad ferroviaria, la urgencia de convertir el ‘solarón’ en una estación, la importancia de sumar El Musel a la red europea de autopistas del mar o la inaplazable obligación de desbrozar el camino de la recuperación con políticas que la hagan posible han marcado los discursos y las actitudes. La Feria de Muestras ha reivindicado este año su protagonismo como municipio de todos y lugar de encuentro de las muchas Asturias que llamamos Principado.
Los nuevos tiempos de los que tanto se habla y por los que tan poco se ha hecho aún requieren mucho más que la dimisión de Antonio Trevín, que tras una trayectoria que alcanza al menos para dos carreras políticas, ha decidido iniciar etapa en una empresa de laminados de zinc antes que quedarse en el Congreso de los Diputados en el papel de decorado. El futuro que deberíamos anhelar, distinto del inquietante porvenir que a veces se vislumbra, demanda más que la reivindicación etérea del cambio, la disputa por el cuño ideológico o la apropiación del logro en la que tantas veces se han quedado nuestros políticos. Si alguna lección nos ha dejado la crisis, a la que tanto deseamos despedir por mucho que algunas de sus peores consecuencias pervivan, ha sido que los discursos bienintencionados solo sirven cuando inspiran las acciones que los suceden. De lo contrario, apenas alcanzan para la aclamación de los incondicionales, la réplica de los adversarios o la publicación de antologías. Pero es importante que las palabras y las actitudes cambien para salir de la cómoda atonía de la confrontación en la que la falta de recursos ha llevado tantas veces a las administraciones. La Feria de Muestras, un espacio al menos tan bueno como cualquier otro, ha ofrecido a los políticos, una edición más, un escenario en el que exponer maneras distintas a las que tanta consideración les ha restado. También para encontrarse con una Asturias más real de la que permiten conocer los despachos repletos de prejuicios y estadísticas aderezadas a conveniencia, donde oír lo que tienen que decirles los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sociales y hasta los ocurrentes cómicos que han sacado los colores a más de un parlamentario en las avenidas de la ciudad ferial. Resulta esperanzador observar que algunos parecen dispuestos a escuchar pese a las discrepancias. Queda por ver si tan buena disposición sobrevive al estío.

Negarlo todo

Avanza el estío con sus sofocos, inoportunas banderas rojas en las playas, colas para trepar al Urriellu y peregrinos en fila india camino de Santiago. Sosegado para los afortunados de sentirse turistas y frenético para muchos, cada vez más, que necesitan hacer su agosto para llegar a final de año. Al compás de sus propias canciones, efímeras unas, perennes otras. Canta Joaquín Sabina que lo niega todo, incluso la verdad, con notable éxito. Su cinismo rima tan bien que consuela. Suya debe ser la canción del verano cuando tantos están dispuestos a añadir sus propias estrofas. Mariano Rajoy, presidente y testigo, también negó ante el juez lo mucho que desde hace años le imputan sus adversarios políticos. El líder del PP dejó claro que lo suyo es la política y no las cuentas, que nunca supo nada de maletines ni corruptelas, que jamás entraron en su casa sueldos en sobres y que puso a Luis Bárcenas de patitas en la calle en cuanto le dijeron que el tesorero del PP tal vez tenía su propia caja para el dinero del partido. No se inmoló como esperaba la oposición, empeñada en convertir en imputado a quien testificaba, muy a su pesar, para aclarar los negocios que según el fiscal permitieron a unos cuantos hacerse muy ricos a costa de las siglas que gobiernan España.
Rajoy demostró que la experiencia sobre las tablas del parlamento sirve también para los interrogatorios judiciales y despachó a las acusaciones con respuestas tan imprecisas como que «hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa, hacemos lo que podemos». Tan cómodo pareció sentirse en la Audiencia Nacional que incluso se permitió reivindicar su ‘galleguismo’ y replicar desafiante al abogado Manuel Benítez de Lugo que se había confundido de testigo. No cantó Mariano Rajoy como esperaban muchos. Al presidente del PP le alcanzó con su oficio de fajador parlamentario y negarlo todo de principio a fin. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que pidieron su dimisión casi al unísono, han tenido que conformarse con ver por primera vez a un presidente del Gobierno sentado ante un juez. Para la izquierda, el trago por el que Rajoy se ha visto obligado a pasar ya supone un triunfo, aunque tal vez lo sea más para una justicia que ha tenido la ocasión de demostrar que puede ser igual para todos a pesar de las aparentes prisas del presidente de la sala por despachar el interrogatorio. La actuación de Rajoy se quedó en una cantinela, pero los populares mostraron su satisfacción con una ovación casi desproporcionada. Incluso parecieron arrepentirse de haber solicitado con tanta reiteración una declaración por videoconferencia para evitar los inconvenientes del paseíllo en directo. El hecho es que Rajoy se escapó vivo de sus acusadores rumbo a Galicia porque, guste o no, la carga de la prueba corre a cargo de la acusación, excepto que el investigado esté dispuesto a suicidarse.
Lo mismo ocurre en la política asturiana, que durante las últimas semanas ha visto al Gobierno autonómico reconstruirse tras la dimisión de dos consejeros y una reorganización de altos cargos justificada por la necesidad de dar un «nuevo impulso». La puerta abierta para que salieran quienes menos respaldaban la acción del Ejecutivo ha servido también para que entren políticos de mayor oficio y probada lealtad. Pero no existe parlamentario, ni siquiera en el PSOE, que no esté convencido de que el baile de direcciones generales responde al intento de solucionar los problemas de gestión detectados en las consejerías durante este mandato. Los nuevos nombramientos obedecen a la necesidad de corregir los desajustes de una estructura que no puede permitirse errores de bulto en minoría parlamentaria y ante la previsión de lo que se le puede venir encima. Tan evidente resulta que la oposición se ha apresurado a pedir dimisiones allá donde los cambios han señalado los problemas. El Ejecutivo se ha limitado a cerrar filas y, por supuesto, a negarlo todo. Con distintas letras, más o menos afortunadas, pero a un compás que los políticos veteranos de muchas refriegas interpretan de memoria, el que conviene tocar cuando lo que se necesita es ganar tiempo para sobrevivir a los ahogos del verano. O al menos, para tomarse unas vacaciones.

OBRAS Y ESCALAGÜERTOS

El verano se ha instalado en una Asturias que espera un nuevo récord de turistas con nubes y claros en su panorama político. El buen tiempo siempre facilita las obras. El ministro de Fomento y el consejero de Infraestructuras, viejos conocidos, parecen dispuestos a iniciar algunas obras que deberían llevar tiempo terminadas. Íñigo de la Serna y Fernando Lastra trabajaron un sábado por la mañana para colocar la primera piedra de las obras que intentan resolver los problemas de acceso al puerto de El Musel y a lo que pretende ser algún día la Zona de Actividades Logísticas de Asturias. Ambos apelaron al entendimiento, a la coordinación y al interés general, palabras que no se oían últimamente en los encuentros entre dos departamentos que han necesitado cambiar de responsables para entenderse. Queda ahora que las intenciones se tornen en hechos. «Toca trabajar», ha dicho el titular de Fomento. Bien harán ambos gobiernos en aprovechar la temporada alta, que en Asturias siempre es corta, para avanzar en los proyectos que pretenden dotar a El Musel de un acceso digno, garantizar a los asturianos una comunicación ferroviaria adecuada al siglo en el que vivimos, construir en Gijón una estación que sustituya al gran apeadero prefabricado al que ahora llegan los trenes y transformar un túnel inundado en la primera línea de metro de Asturias. Trabajo tienen por delante como para no tomarse demasiadas vacaciones.
El verano también es tiempo de serpientes políticas, que suelen provocar algún que otro susto, pero que resultan inofensivas. La campaña de las primarias en el PSOE ha subido la temperatura en las filas socialistas a nivel de ebullición y ha reanimado el culebrón de la moción de censura en Gijón. El Gobierno asturiano abrió el debate con su oferta de un acuerdo a Podemos e Izquierda Unida que incluye descabalgar de la Alcaldía a Carmen Moriyón. Los candidatos a la Secretaría General de la FSA asumen el objetivo. Aunque por el momento, la iniciativa ha servido para ver lo lejos que se encuentran quienes aspiran a liderar el socialismo asturiano. Adrián Barbón está convencido de que cualquier acuerdo de izquierdas resultará imposible mientras el referente de su partido sea su rival. José María Pérez cree que su adversario ofrece pactos «sin entender lo que ocurre en la ciudad». El portavoz de Xixón Sí Puede, que ve más futuro en determinar la política municipal desde la oposición que en sentarse a escuchar a los socialistas, ya les ha contestado que si tanta prisa tienen por recuperar la plaza para la izquierda que le nombren alcalde. IU ha hecho pública una encuesta en la que seis de cada diez votantes de izquierda creen que no es el momento adecuado para una moción de censura, lo mismo que piensan los dirigentes de la coalición. El asalto de la izquierda a la Alcaldía gijonesa parece tan abocado al fracaso como la alianza regional planteada por Javier Fernández, de la que todos hablan, pero a la que nadie ve el menor futuro al menos hasta que los socialistas decidan quién tomará las riendas de su partido. Por el momento, IU le ha contestado que el PSOE se ha gastado todos los cheques en blanco que le firmaron con la esperanza de que el Gobierno regional fuera más sensible a sus demandas. Así que no parece probable que los asturianos vayan a tropezarse con ningún cambio de gobierno este verano en Gijón ni tampoco con un pacto que ofrezca mayor estabilidad al Ejecutivo regional. En Asturias, lo que algunos quieren hacernos ver como peligrosas serpientes no son más que escalagüertos. Y a estos inofensivos reptiles, ya lo saben, lo único que les preocupa en verano es tomar el sol. Como a muchos políticos.

El rompecabezas asturiano

El empleo vuelve a aumentar en Asturias, pero uno de cada cuatro jóvenes trabajará para ir tirando como mayor expectativa. El último informe del Consejo de la Juventud recoge que solo el 18,4% de los asturianos menores de 29 años logra emanciparse. Las causas, evidentes. La reducción de los salarios, la temporalidad del empleo al que pueden aspirar y las dificultades para alquilar o comprar una vivienda hacen que la mayoría decida continuar bajo el paraguas de sus padres y estirar su sueldo hasta donde les alcance. Los datos de este estudio entroncan con otros como la constante pérdida de población de Asturias, el saldo migratorio negativo con el resto de comunidades autónomas o el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. La estadística encaja las piezas del rompecabezas asturiano para dibujar una región donde las esperanzas de la patronal, cuyo presidente asegura que este será el primero de muchos veranos en el que «iremos a la playa sin estar en crisis», conviven con la preocupación por una sociedad cada vez más envejecida y dependiente de las pensiones, un territorio que busca una industria más moderna mientras administra el imparable declive de sectores en los que antes asentaba su economía.
Asturias intenta apresurar su paso para salir de la crisis mientras los partidos se esfuerzan por adaptar sus discursos a la nueva sociedad en ciernes. La realidad, vista bajo el prisma de los intereses electorales, ofrece argumentos para la esperanza, el conformismo y hasta el desaliento, de todo se escucha en el parlamento asturiano. Lo último ha sido la oferta del presidente regional a los partidos de izquierda de un pacto con el que consolidar una alternativa progresista y social que impida a la derecha alcanzar el poder. La propuesta incluye desalojar a Carmen Moriyón de una alcaldía que el PSOE nunca se ha resignado a perder. La invitación del jefe del Ejecutivo coincide con el guiño de Podemos a una moción de censura y la división interna de los propios socialistas, lanzados a unas primarias en las que confrontan dos modelos de partido más antagónicos de lo que son conscientes. En estas revueltas aguas de la política asturiana la estrategia del PP es echar la caña a los votantes con un cierre de filas que disipe cualquier atisbo de división, ofreciendo su voto a un gobierno en minoría a cambio de demostrar su capacidad para dirigir la política asturiana. Tampoco Foro, Ciudadanos ni Izquierda Unida son ajenos a un cálculo que todos los partidos hacen ya con la mirada puesta en elecciones autonómicas y municipales. En los pasillos de la Junta se habla, mucho, de candidatos y listas, de pulsos internos y posibles alianzas.
En ese camino de los partidos hacia el poder se entiende una oferta de pacto que intenta situar en primer plano al portavoz socialista de Gijón, que recoge apoyos entre la militancia para liderar el PSOE asturiano; cobra sentido el reiterativo discurso de Podemos sobre la corrupción, se robustece el deseo de Izquierda Unida de mantener su independencia en Asturias, y se explican la silenciosa reorganización de Ciudadanos para la recta final de legislatura, el esfuerzo de Foro por demostrar su influencia con el valor de su voto en el Congreso y la preocupación del PP por reconstruir una estructura municipal que no se corresponde con su dimensión autonómica. Mientras los partidos intentan resolver sus dilemas, en las cifras de Asturias se pueden intuir los trazos del futuro. Ante ellas, sin entregarse al optimismo ni dejarse arrastrar por el desánimo, resulta evidente la necesidad de tomar decisiones para mejorar los resultados que ofrece la simple inercia. Queda por ver si a los partidos les queda interés por hacerlo en los próximos dos años, poco tiempo para las aspiraciones de algunos, demasiado para perderlo. Seguro que a los jóvenes asturianos que viven de un empleo que solo les permite el lujo de ser pobres les parece una eternidad.

AL CALOR DE LA POLÍTICA ASTURIANA

La ola de calor sin tregua que agosta la política regional se ha llevado por delante a la consejera de Infraestructuras. Belén Fernández, cansada de padecer sofocos parlamentarios, sintiéndose maltratada por la oposición y desamparada por los suyos, ha tirado la toalla. Deja su puesto asfixiada por la situación límite de Sogepsa, el parón de la Zalia, el bloqueo político del área central y su reprobación por la ineficacia de sus medidas frente a la contaminación. Tan distanciada de los ecologistas como de las empresas, su perfil de gestora eficaz se ha derretido ante la previsión de las altas presiones que se pronostican para el Ejecutivo asturiano en los dos años que restan de mandato. Su fatiga llegó al punto de que el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se vio obligado a sostener el escudo de su defensa en la Junta. Tampoco acudió la consejera a la cita con Íñigo de la Serna en Gijón. Belén Fernández prefirió no aparecer en la foto del anuncio ministerial de quinientos millones de inversión para el plan de vías de la ciudad y se evitó responder al órdago del Gobierno central en la tesitura de mantener su rechazo al proyecto pese a las mínimas exigencias de gasto para el Principado. Su decisión ya estaba tomada. Aunque muchos dentro y fuera del PSOE no lograban explicarse que Javier Fernández no hubiera aprovechado la marcha del titular de Industria un mes antes para rediseñar el Gobierno sin su consejera más impopular, esta muestra de confianza no fue suficiente para que Belén Fernández repensara su marcha.
Fernando Lastra, el diputado más veterano de la Junta, afronta la tarea de apagar los muchos incendios que hereda con la experiencia de 34 años de carrera política. Javier Fernández incorpora a la defensa del Gobierno a su mariscal de campo parlamentario. Nada de experimentos. Fidelidad más que demostrada en la batalla contra el ‘sanchismo’, en la que Lastra sostuvo la bandera de la actual ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana incluso después de que su líder se retirara del congreso. Los partidarios de Javier Fernández esperan el avance de Pedro Sánchez a la conquista de un territorio político en el que el nuevo líder socialista se siente respaldado por la mayoría de la militancia tras las primarias. Una nueva generación está dispuesta no solo a asumir el control del PSOE asturiano, sino a exigir otras formas de hacer en un partido que consideran alejado de la ciudadanía. La llegada de Fernando Lastra suma al Ejecutivo a un consejero que ha fijado la doctrina socialista en todos los asuntos de importancia de la política asturiana de las últimas décadas, a un negociador rocoso y a un carácter que no rehúye de la refriega. Sus virtudes como látigo del PSOE en el parlamento, el temor de sus adversarios y la admiración de sus afines, situaron su nombre en las quinielas para todo durante años.
La izquierda, a quien Javier Fernández ofrecía un pacto apenas un par de horas antes de anunciar el relevo en la consejería, y la derecha, que ve en la dimisión de la consejera un triunfo político, coinciden en que el presidente asturiano ha optado por encastillarse junto a sus incondicionales. Huir de las probaturas tiene su lógica. Se necesita lealtad para permanecer en un gobierno del que formar parte supone arriesgar toda una carrera política. Los dos años de legislatura que restan amenazan con situar a los consejeros ante la complicada perspectiva de adoptar las decisiones que consideran necesarias a riesgo de chocar incluso con su propio secretario general. Nada más difícil para un ejecutivo que mantener la marcha con un Parlamento en el que cada comparecencia puede convertirse en una emboscada y sin la garantía de encontrar refugio en sus propias filas. Una prueba definitoria de la capacidad de un Consejo de Gobierno en un momento en el que la región necesita de quienes estén dispuestos a salir a la descubierta aún a riesgo de resultar quemados por el sol de la política asturiana.

LAS DECISIONES DEL MINISTRO

El ministro de Fomento ha reconocido que el AVE no cruzará Pajares hasta 2021. Lo dijo en León al presentar la solución al fondo de saco en el que los asturianos viajamos 25 minutos hacia ninguna parte. Íñigo de la Serna espera poner fin a este sinsentido a finales de 2018. La prometida reducción de hora y media en el trayecto entre Gijón y Madrid aún tardará tres años más. Los trenes del siglo XXI llegarán a Asturias con dos décadas de retraso. Al ministro le han llovido las críticas desde el Principado. El Gobierno regional ha calificado de «revés mayúsculo» el nuevo calendario, Ciudadanos considera un «despropósito» una fecha que deja en papel mojado su acuerdo de investidura, Podemos opina que el Ejecutivo ha perdido «la legitimidad para hablar de plazos» y desde Izquierda Unida se ha pedido la declaración del titular de Fomento como «persona ‘non grata’». Unas reacciones que el ministro podía intuir. Aunque lleve 227 días en el cargo, De la Serna sabe que le toca recoger los platos rotos de una década de adjudicaciones deficientes, escasos presupuestos, proyectos indeterminados e infinidad de excusas. La ventaja del túnel para quienes le antecedieron fue que la oscuridad del trazado bajo tierra ocultó durante años una obra prácticamente paralizada. Solo el inexplicable tiempo consumido acabó por sacar a la luz la cruda realidad con la que le ha tocado lidiar.
De la Serna ha fijado la sexta fecha comprometida desde el Gobierno central para completar la variante. Sostiene que poner plazo a cada tarea pendiente es la mejor manera de garantizar el control de los trabajos y apela al pragmatismo. Por el momento, ha mandado a la papelera el proyecto del nuevo trazado entre Pola de Lena y Gijón. Está convencido de que las variantes que permitirían ahorrar unos pocos minutos más no justifican un gasto colosal y un irreparable impacto en el medio ambiente. Prefiere mejorar el tendido actual, adecuar las vías a los nuevos trenes y reducir las limitaciones de velocidad. Algo que se podía haber decidido antes y que la lógica parecía dictar, pero que nadie en su puesto se había atrevido a decir. Lo asumible de este planteamiento se ha notado en las pocas críticas que ha recibido de los políticos asturianos a pesar de dar carpetazo a una obra de 1.600 millones. En lo único que todos los partidos están de acuerdo es que lo realmente importante es finalizar la variante. Guste más o menos, el nuevo ministro ya tiene su propia hoja de ruta, marcada por el acuerdo presupuestario con Foro Asturias. Su responsabilidad será cumplir lo que ahora ha prometido otorgándose un margen de tiempo que agota la legislatura.
Aún le queda una gran decisión por anunciar: concretar su propuesta para evitar que el AVE llegue a la estación prefabricada de Gijón, una solución provisional que va camino de eternizarse. Íñigo de la Serna visitará la ciudad en breve para presentar su alternativa a un plan de vías concebido tan al calor de la burbuja inmobiliaria que de momento solo ha permitido acondicionar un parque a medias. La alcaldesa de Gijón le reclama compromisos concretos, como los asumidos «en su periplo por varias ciudades del Mediterráneo, el País Vasco y Santander». Carmen Moriyón está convencida de que si su partido no hace valer el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, Gijón puede dar por perdida la estación que necesita. Tras su última reunión sobre el asunto, el ministro señaló estar sorprendido de que tras una década de debate los partidos aún no se hubieran puesto de acuerdo sobre la ubicación de la terminal. El Principado, socio del ministerio en el organismo que gestiona el proyecto, reniega del pacto suscrito por Fomento y la alcaldesa para llevar la estación junto al Museo del Ferrocarril. En el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, los partidos de izquierda también sumaron sus votos para rechazar el traslado. El ministro tiene ante sí diversas opciones: esperar un consenso imposible, plantear el enésimo informe sobre la ubicación o apostar por su propia solución y aprobar la inversión que la haga factible sin condicionar su desarrollo a una quimérica operación urbanística ni a presupuestos que otras administraciones no están dispuestas a aportar. De todas ellas, solo una garantiza que Gijón tenga una estación al menos digna a la que poner un plazo creíble. Resulta tan evidente cuál es la única decisión plausible que no necesita explicaciones.

VILLA Y EL ESTADO DE DECEPCIÓN

El espectro de José Ángel Fernández Villa regresa al Parlamento con cada paso de la Justicia contra quien fue el hombre más poderoso del sindicalismo asturiano. Han pasado tres años desde que la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación sobre la fortuna oculta del ex secretario general del SOMA, copado ahora por dos procesos judiciales, el que le acerca al banquillo de los acusados por meterse en el bolsillo el dinero destinado a pagar las obras del geriátrico del Montepío de la Minería Asturiana y el abierto a instancias de la organización que lideró durante más de tres décadas por utilizar la tarjeta de crédito del sindicato como si fuera la suya propia. Y cada vez que los jueces mueven un papel, el ruido del escándalo alcanza al Parlamento como el eco de un terremoto. Los partidos de la oposición miran a la bancada del Gobierno y recuerdan al presidente que el hombre que ahora visita los juzgados del brazo de su esposa, su hija y su procuradora presumía de ejercer el poder absoluto en el PSOE y dominar la política asturiana sin salir de Sama. En cada respuesta, el jefe del Ejecutivo insiste en que nunca ha negado su relación personal con Villa; también que no dejó pasar ni veinticuatro horas para expulsarlo del PSOE. Javier Fernández asegura que siente la tranquilidad de vivir sin temor «a lo que sepan ni a lo que digan los corrompidos». Dice no temer las «salpicaduras» que los partidos quieran lanzar sobre él porque «la contundencia y la rapidez» con la que los socialistas pusieron a su referente histórico de patitas en la calle «fortalecen mucho el alma para venir aquí y presentarme ante esta especie de comité de salud pública con un grupo de incorruptibles presidido por el Robespierre de bolsillo». Así están las cosas de la política asturiana, que encuentra sus metáforas en el reinado del terror de la revolución francesa.
La tranquilidad de espíritu de nuestros políticos nos interesa en lo que atañe a su honestidad y al buen gobierno. Su propensión a derivar el debate hacia la funesta tendencia jacobina de guillotinar al adversario puede resultarnos inquietante. Pero lo que más debería preocuparnos es recuperar el dinero de todos que acabó en casa de unos pocos. Las administraciones públicas y los sindicatos pactaron invertir seis mil millones en las cuencas para compensar el declive de los pozos de carbón. Su distribución la aprobaron el Gobierno central y los sindicatos, en facilitar que se gastaran colaboraron el Principado y los ayuntamientos, y a aportar ideas se sumó casi cualquiera que fuera escuchado por quien mandaba. Y José Ángel Fernández Villa mandaba mucho en casi todo. Sin su consentimiento nunca se hubiera construido una autovía, la minera, tan deprisa que se olvidaron los enlaces, añadidos luego; ni se habrían asentado en las cuencas un buen número de empresas, la mayoría cerradas en los últimos años. Imposible sin su beneplácito adecentar parques por decenas, asfaltar caleyas por kilómetros o edificar un campus antes de decidir qué estudios se impartirían. Ni mucho menos, se habría construido en unos terrenos alejados de los principales núcleos de población una residencia para la tercera edad con pretensiones palaciegas que costó 32,5 millones. Nada de eso se hizo sin el permiso y la tutela de José Ángel Fernández Villa. Pero tampoco sin la aquiescencia de quienes debían controlar el adecuado gasto del dinero público. Cerrada la cuantía de los fondos para apaciguar al belicoso líder hullero, poco se discutió de los proyectos a los que se destinaba, menos aún del riguroso control con el que deberían haberse tutelado unos fondos de los que dependía el futuro de unas comarcas condenadas. El presidente del Principado ha reconocido que una de sus mayores preocupaciones es la «decepción» que en el sindicalismo asturiano y en las filas socialistas ha causado afrontar que el hombre que sometía a todos a la romana de su moral guardaba en su casa 1,2 millones de origen injustificado. La desilusión alcanza más allá; a muchos en Asturias que ahora comparten con Villa la convicción de que el único buen negocio posible en las cuencas es un geriátrico.

NUEVO LÍDER PARA EL PSOE ASTURIANO

Podría haberse ahorrado completar la explicación. En la frecuente hipocresía partidista, a nadie le habría sorprendido que Javier Fernández se hubiese parapetado en su prolongado mandato y en su deseo de abrir paso a una nueva etapa como únicos argumentos para no optar a la reelección. Un par de tópicos suficientes para recibir el aplauso de sus incondicionales, pero lejos de la altura política del secretario general que durante diecisiete años evitó con pulso firme las disputas internas en el socialismo asturiano. Dijo sí, que su decisión estaba tomada antes de las primarias, pero reconoció que la victoria de Pedro Sánchez «la ratificó». Su experiencia, que le llevó a intuir el triunfo del ‘sanchismo’ frente a una candidata que limitó su campaña a recorrer la Península bajo el palio de los barones, le alcanza de sobra para evitar el error de aferrarse al cargo frente a la opinión de la militancia. Sus propios partidarios presentaron las primarias en Asturias como un plebiscito del respaldo con el que aún contaba. Visto el resultado, Javier Fernández no ha querido refugiarse en la excusa de que no era su continuidad lo que se decidía. Se reconoce entre los perdedores y ha asumido su responsabilidad. Una decisión que le evita aparecer como un escollo y le permite demandar a quien ha ganado la «sintonía» necesaria para gobernar «sin interferencias». Situándose al margen de la batalla por la Secretaría General, no solo intenta ahorrarse una nueva derrota de la que incluso quienes le apoyan están casi convencidos, sino salvaguardar su Gobierno de un pulso en el que los socialistas asturianos necesitarán mucha generosidad y altura de miras para no caer en la tentación de cobrarse las afrentas infligidas durante una campaña en la que muchos, aunque en público dijesen lo contrario, se prometieron no dar cuartelillo al derrotado.
De la capacidad del PSOE asturiano para encontrar un líder que restañe las heridas y recupere la unidad dependerá mucho la acción de un Gobierno en minoría cuyos aciertos y errores serán el principal bagaje de los socialistas en la próxima campaña electoral. El Ejecutivo no lo tendrá fácil en un Parlamento donde todos están dispuestos a aprovechar su debilidad para sacar rédito. Al menos, en el Consejo de Gobierno sí parece garantizada la unanimidad tras la marcha del único consejero que no apoyó a Susana Díaz. Hace tiempo que Francisco Blanco tenía razones para sentirse de prestado en su despacho de la Consejería de Industria. La evidente crítica que supuso su alusión a ‘Julio César’ tras el derrocamiento de Pedro Sánchez hizo que el debate sobre su continuidad se centrase en la fecha. Tampoco él se sentía cómodo obligado a aceptar decisiones, políticas y presupuestos que no compartía. Tan evidentes fueron sus discrepancias en determinados casos, que algunos de sus compañeros recibieron su dimisión con alivio y el portavoz socialista en el Parlamento, Fernando Lastra, llegó aún más lejos que él mismo al dar por acabada su carrera política, aunque luego matizó sus palabras. Dos días después, ambos se sentaban juntos en la reunión de la Ejecutiva regional del PSOE en la que Javier Fernández abría la puerta a un nuevo liderazgo. El PSOE se divide ahora en Asturias entre los que esperan para entrar en la sede de la FSA, quienes buscan la manera de evitar el desalojo y algún otro que intenta recomponer su figura tras equivocar su apuesta. Con todo ello deberá lidiar la persona de quien Javier Fernández espera que «consiga la concordia» en un partido fracturado. Una tarea similar a la que él mismo tuvo que afrontar cuando llegó a la Secretaría General, pero que tendrá para su sucesor dificultades añadidas, con la irrupción de nuevas siglas y maneras de hacer política que amenazan la hegemonía de las siglas que gobiernan en el Principado y en la mayor parte de los concejos. Del acierto de los socialistas asturianos en encontrar ese nuevo liderazgo, dependerá el futuro de su partido. Y también, en la medida de la confianza que les entreguen las urnas, el de Asturias.

MOAB

En una semana, Donald Trump ha bombardeado Siria, enviado uno de sus portaaviones rumbo a la península de Corea y sepultado a casi un centenar de talibanes en Afganistán con la mayor bomba no nuclear de su arsenal. Ha sido su particular interpretación de ‘Primera victoria’. En el tedioso culebrón bélico de Otto Preminger el único héroe que no muere acaba mutilado, pero todo sacrificio es poco con tal de zurrar al enemigo y elevar el espíritu patriótico. Con idéntica pretensión, el emperador de Occidente ha incorporado a la tragedia cotidiana un nuevo acrónimo: MOAB. El presidente norteamericano ha tardado menos de tres meses en echar mano de ‘la madre de todas las bombas’, el aterrador proyectil que Estados Unidos construyó hace catorce años, pero que aún no se había atrevido a emplear. La bomba, concebida para arrasar túneles subterráneos, tiene una capacidad de destrucción similar a la de una cabeza nuclear. Sus más de ocho toneladas de explosivo vaporizan cualquier ser vivo en casi dos kilómetros a la redonda, pero ahorran la contaminación y las explicaciones de la energía atómica. El mandatario estadounidense ha calificado el ataque con la mayor bomba lanzada desde Hiroshima y Nagasaki como «un nuevo éxito» del ejército estadounidense. Lo que el expresidente afgano Hamil Karzai condena como «el uso brutal e inhumano» del territorio de su país como laboratorio de pruebas del nuevo armamento, ha supuesto para la Casa Blanca la conclusión de que la nueva política de «machacar a los terroristas» ofrece mejores resultados que la timorata táctica de Barack Obama, que el año pasado lanzó 1.300 bombas en Afganistán sin lograr ni la mitad de repercusión que Trump con una sola detonación.
Los analistas aseguran que las letales bravuconadas ordenadas desde el despacho oval pretenden enviar un mensaje rotundo a la comunidad internacional: Estados Unidos es la potencia hegemónica por mucho que Rusia intente mover sus piezas en el tablero geopolítico o Corea del Norte haga desfilar sus armas nucleares. Donald Trump ha defendido ufano sus decisiones. En su justificación del ataque de represalia en Siria por el uso de armamento químico confundió a este país con Irak y alardeó de haber autorizado el bombardeo mientras cenaba con Xi Jinping. En el postre, frente al pastel de chocolate «más hermoso que hayas visto», comunicó al líder chino que todos los proyectiles habían dado en el blanco. Pocos guionistas de Hollywood se habrían atrevido a tanta frivolidad. El hecho es que Donald Trump ha insuflado energía a su depauperado índice de apoyo, el más bajo de un presidente norteamericano en el inicio de su mandato. Aunque tomó posesión bajo el eslogan de ‘América primero’, ha tardado poco en aprovechar que nada une tanto como el enemigo. Siempre que el antagonista sea el Estado Islámico o un dictador que utiliza gas nervioso contra la población civil, pocos mandatarios internacionales se atreverán a alzar la voz. Mientras las bajas sean en el otro bando, su popularidad en las encuestas aumentará.
Lo que aún no se ha molestado en explicar el comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta es si su estrategia se limita a las operaciones militares de alto impacto en la opinión pública. La construcción de un orden internacional exige mucho más que escuadrillas de bombarderos. Aunque el presidente norteamericano considera estúpidos a casi todos sus antecesores, cabe suponer que más de uno habría estado dispuesto a lanzar unas cuantas bombas con tal de acabar con el terrorismo. Si Donald Trump no es capaz de diseñar una política exterior más allá de apretar el botón del Pentágono para despachurrar al enemigo, el único camino que le quedará a la diplomacia será el que lleva a una edad de piedra con misiles.