La perversión de ‘La manada’

El juicio contra ‘La manada’, los cinco detenidos por violar a una joven en los sanfermines de 2016, sentará precedente. No por la sentencia, que solo cabe esperar justa, sino por la respuesta social que ha desencadenado la estrategia de la defensa. Los abogados de los acusados han presentado ante el juez el seguimiento realizado por un detective a la víctima y diversas informaciones tendentes a señalar que hubo consentimiento para las relaciones sexuales y que la joven que denunció los abusos no sufre secuelas. Sus argumentos buscan la absolución o al menos rebajar las penas y la indemnización correspondiente. Desafía a la lógica y a la humanidad sostener que una mujer desea acabar la noche sometida a abusos sexuales en un portal, forzada por un grupo de bestias y grabada en vídeos que fueron enviados a los amigos acompañados de comentarios incalificables. Sin embargo, el juez decidió admitir estas pruebas.
El sistema judicial español es garantista, en caso de duda se inclina a facilitar la defensa para que la condena resulte irrefutable. Los juristas saben que esta decisión del magistrado no condiciona su veredicto. El catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo, especializado en violencia de género, señala incluso que la víctima puede ser la primera interesada en que se admitan todas las pruebas como la mejor manera de evitar que los acusados puedan alegar indefensión y solicitar la nulidad de las actuaciones. Desde el punto de vista procesal, no cabe más que acatar la resolución del juez. Pero la sociedad en cuyo nombre actúa la justicia se ha indignado. No porque pretenda impedir el innegable derecho a la defensa de cualquier acusado, sino por el convencimiento de que ‘La manada’ vuelve a abusar de su víctima. Tenemos la impresión de que la joven está siendo obligada a demostrar cuánto rechazaba lo ocurrido y que la violación le ha causado el suficiente sufrimiento como para justificar una condena. Durante el juicio ha tenido que escuchar que su vida ha continuado de manera normal, lo que intenta conducir al juez a la detestable conclusión de que no pasó nada que ella rechazase o que en todo caso tampoco fue para tanto. Los acusados han recurrido a la perversión de cuestionar no solo la veracidad de la denuncia, sino los padecimientos, la moralidad y la dignidad de su víctima. Deberíamos preguntarnos si algo falla en nuestro sistema de protección si el camino para encontrar justicia admite este calvario. Muchos deben creer que así es cuando miles de personas han salido a las calles para protestar por la respuesta que ha recibido la valentía de esta mujer.
Tras los reiterados casos de abusos a mujeres en las fiestas y zonas de ocio, las administraciones han multiplicado sus campañas de sensibilización, en las que animan a quienes sufren los ataques a denunciar y a los testigos a no permanecer impasibles. La sociedad española ha evolucionado lo suficiente para rechazar cada vez con mayor rotundidad cualquier tipo de acoso. Hemos avanzado, pero quizás no tanto como pensamos. Los especialistas en políticas de igualdad advierten de que muchos jóvenes han crecido con un acceso ilimitado a un consumo pornográfico que les lleva a la creencia de que someter a su antojo a una mujer resulta algo natural y aceptable, más cuando está por medio la excusa del consumo de alcohol. Las campañas institucionales son útiles y necesarias, pero insuficientes mientras las mujeres sientan que lo único que tienen garantizado cuando denuncian es la tortura de un proceso en el que la condena dependerá de demostrar que nunca podrán recuperarse del daño sufrido o del largo de la falda.

Un día amargo

No cabe mejor deseo que esperar que nada ocurra en el día en el que los independentistas tanto pretenden que suceda. Aún así, será un día amargo. Cuando el sentimiento de identidad se pervierte para alimentar el odio brota el totalitarismo, dispuesto a pisotear la ley y a estrangular las libertades. A este punto ha llegado el Gobierno catalán con la convocatoria de una consulta ilegal, una campaña en la que las discrepancias no han tenido cabida y una pantomima de referéndum para el que ha despojado a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. La Generalitat quiere sustentar una nación en el esperpento de un sufragio donde los votos se depositarán en cajitas de plástico compradas en China, carente de mesas electorales, con centros de votación abiertos a escondidas de la Policía y un censo electoral reducido a los incondicionales dispuestos a dar algún valor a un plebiscito tan improvisada como estéril. Ni el más convencido de los independentistas debería sentir el ansia de vivir en un país autoproclamado en las mismas condiciones en las que los estados fallidos eligen a sus tiranos. Ni siquiera lo inútil de la parodia electoral puede consolarnos a los demás del golpe que supone a nuestra democracia. El 1-O quedará como una jornada funesta para cualquiera que crea en la libertad y en la igualdad de derechos de los ciudadanos para decidir su futuro como pueblo. Nada se solucionará ni aclarará. A nadie, dentro o fuera de Cataluña, se le escapa esto. Solo los inconfesables intereses y ambiciones de quienes se han empeñado en hacernos pasar por este drama permiten entender el punto al que hemos llegado.
Tan inválida será cualquier cosa que resulte del mal llamado referéndum que nuestros políticos piensan ya en el día siguiente. Sus especulaciones oscilan entre la posibilidad de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, esté dispuesto a llevar su mesianismo al límite de proclamar la segregación para garantizarse un juicio en el que presentarse como mártir o se conforme con utilizar el victimismo del 1 de octubre como el primer acto de la próxima campaña electoral en Cataluña. El Gobierno de Mariano Rajoy cree que los líderes del independentismo han quedado desacreditados como interlocutores tras situarse al margen de la ley, por lo que de nada sirve hablar con ellos. El discurso del Ejecutivo se limita a señalar que ahora su misión es detener el referéndum o cualquier otro desafío ilegal, incluida una hipotética declaración de independencia. Por el momento, parece no haber más plan que dejar trabajar a los jueces y esperar que las aguas vuelvan a su cauce en unas anheladas elecciones autonómicas. En los corrillos del Congreso se comenta que tal vez una nueva mayoría política en Cataluña convierta en un mal sueño todo lo acontecido en los últimos años. O en el peor de los casos, quizás un nuevo gobierno de corte independentista, pero más pragmático, acceda a negociar unas condiciones aceptables para ambas partes. Hasta aquí llega lo que piensan muchos de nuestros parlamentarios y por lo que parece toda la estrategia política de los principales partidos frente al drama de Cataluña. Unos, en la confianza de que las urnas recompensarán su firmeza ante el desafío independentista. Otros, con la esperanza de que su apoyo a un referéndum en condiciones de legalidad se transforme en réditos electorales. Casi todos en la convicción de que unas elecciones traerán la calma. La misma receta que durante años muchos creyeron suficiente para solventar los problemas hasta convertir en un tópico el juego con el Gobierno catalán de tensar la cuerda para terminar satisfaciendo sus exigencias con unas cuantas concesiones. Pero en esta ocasión, después de que la Generalitat haya conducido a sus partidarios más radicales al límite de la insurrección, de que muchos catalanes hayan sufrido un acoso despiadado solo por expresar sus opiniones y de que tantos se sientan incomprendidos, tal vez convendría un debate político que nos ofrezca un futuro más seguro que las componendas y los remiendos.


Grupos violentos

 

Extremistas por definición, son más fáciles de identificar por su comportamiento que por su nomenclatura o su ideología, limitada a un batiburrillo de consignas, prejuicios y cánticos. Casi inofensivos por separado, mejor no cruzarse en su camino cuando van en rebaño, amparados por la masa, enardecidos por el alcohol y bajo el presunto anonimato de las capuchas. Los grupos violentos hacen de los terrenos de juego un campo de batalla, de las calles una encerrona y de los foros de internet un vertedero. Campan a sus anchas gracias a las pocas ganas de buscarse problemas de la mayoría, que expresamos el desprecio con la indiferencia, ignoramos sus insultos y preferimos cruzar de acera. Nuestra prudencia, cobardía a sus ojos, alimenta su sentimiento de impunidad. Conocen al dedillo la ley para saber hasta dónde las poses violentas y las amenazas veladas pueden hacer que cualquiera dé un paso atrás con la impresión de que han estado a punto de partirle la cara sin más razones que haber respondido a sus insultos, llevar una camiseta del rival o mirarles el tiempo suficiente para darles, sin pretenderlo, la excusa con la que iniciar una pelea. Pero como también son bulliciosos, coloristas y pagan entrada, durante mucho tiempo tuvieron un espacio reservado en los estadios de toda España. Muchos dirigentes de los clubes de fútbol preferían apaciguarlos con prebendas antes que plantarles cara y encontrarse con pintadas amenazantes o las ruedas del coche pinchadas. Al fin y al cabo, siempre estaban ahí, en los triunfos y los fracasos, incondicionales. Llevó tiempo que las autoridades y los equipos de fútbol se dieran cuenta de que la libertad no justificaba esperar a la tragedia y que la tibieza, lejos de apaciguarles, solo acrecentaba sus bravatas. Incluso costó vidas que nos hartásemos y nos convenciéramos de la necesidad de aprobar leyes específicas para combatirlos y sacarlos de los lugares a donde queríamos ir con nuestros hijos sin sentir miedo. Comenzamos a aplicarlas y nos creímos a salvo, hasta nos permitimos ponernos como ejemplo frente a la vergonzosa permisividad de otros países.
La seguridad también origina despreocupación y hace mucho que este problema, atenuado, dejó de inquietarnos. El código penal no prevé el riesgo de nuestra tolerancia, así que la policía y los jueces deben esperar a que empiecen los golpes y el jolgorio termine en disturbios. Solo entonces actuamos. En ocasiones, con poco éxito. Los puñetazos castigados con penas menores por lesiones y los daños sancionados con multas han convencido a más de uno de que sus delitos merecieron la pena. Tanto es así que los radicales que estábamos dispuestos a erradicar siguen ahí, rejuvenecidos, bajo nuevas denominaciones o incluso con su nombre de siempre. De vez en cuando se les va la mano. Es entonces cuando nos indignamos, exigimos medidas contundentes y recibimos promesas de inmediatas actuaciones. A las pocas semanas casi todo el mundo se olvida de lo ocurrido. Hasta el punto de que volvemos a admitirlos en nuestras celebraciones y en las gradas, donde se sienten con más derecho que nadie, cómodos y convencidos de que pueden seguir a lo suyo. Tanto, que si la policía carga contra ellos denuncian el abuso de autoridad. Cuando son detenidos, todos alegan que estaban en otra parte haciendo cualquier otra cosa, pero acuden al juzgado con pasamontañas, no como comparece quien se siente inocente, sino como se presentan quienes saben que la mayor dificultad para condenarles será desmontar sus mentiras. Porque todas las hazañas de las que presumen en las barras de los bares las cometen con la cara cubierta, y por supuesto, la culpa de que se vean ante un juez siempre es de quien se atreve a denunciar su brutalidad o del policía que los detuvo. Con todo, lo más peligroso no es su cinismo, sino la silenciosa complicidad que aún encuentran.

La tentación de la opacidad

Siete años y siete meses se hizo esperar la sentencia del ‘caso Renedo’. La denuncia de una mujer, atónita tras descubrir que una alta funcionaria regional había usurpado su identidad para desviar a su cuenta ayudas del Principado, llevó a la Policía y a una jueza a tirar de un hilo en cuyo extremo se encontraron a la cúpula de Educación compinchada con dos de las principales empresas suministradoras de la consejería para enriquecerse a costa del dinero de los asturianos. No ha sido el primer asunto de corrupción juzgado en Asturias. Antes, otros funcionarios y políticos fueron condenados. Pero nunca una investigación había terminado con 43 imputados, ocho condenas, unas penas que suman 40 años de cárcel y 6,7 millones de multa. Nunca los reos habían ocupado tan altas responsabilidades en la Administración ni habían llegado a condicionar el funcionamiento de una de las consejerías con mayor presupuesto para hacer compatible la gestión ordinaria con el cotidiano lucro personal. Las empresas financiaban a los altos cargos viajes, coches y hasta obras particulares. A cambio se llevaban la mayor parte de los contratos, algunos ficticios. El consejero José Luis Iglesias Riopedre pedía a los empresarios que contratasen los estudios geológicos a su hijo. Unos costosos sondeos para las arcas públicas que aseguraban a los benefactores la prioridad en las adjudicaciones. En esa tesitura, la ‘número dos’ de la consejería, María Jesús Otero, disfrutaba del privilegio de conocer los apaños que imponían el silencio a su jefe y el poder suficiente para conseguir, según recoge un informe policial, que las principales empresas abastecedoras de equipamiento para los colegios asturianos costeasen por anticipado sus gastos en joyerías.
El Gobierno asturiano cuantifica en «al menos cinco millones» el dinero que pasó de las arcas públicas a los bolsillos de los ahora penados. Acostumbrados nuestros oídos a las escandalosas cifras de los grandes casos de malversación en España aún habrá quien se encargue de buscar la benevolente comparación con los grandes corruptos ibéricos. Por muy misericordioso que se pretenda ser, la cuantía resulta demasiado indecente para pensar que lo ocurrido se redujo a un momento de debilidad personal. Hace falta un proceso sistemático para sisar esta cantidad de euros en contratos de obras menores, todo un entramado que terminó por condicionar la compra de muchas de las mesas y sillas en las que se sientan los escolares asturianos. Las penas impuestas por la Audiencia Provincial así lo refrendan además.
Si algo ha demostrado la investigación fue la ineficacia de la Administración para detectar la corrupción en su seno. De no haber sido por la torpeza de Marta Renedo de falsificar la firma de su jefe, lo que llevó a sus superiores en el Principado a presentar una denuncia y a los jueces a autorizar escuchas telefónicas, José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero estarían disfrutando de una apacible jubilación. La detención del exconsejero y su mano derecha terminó con la sensación de invulnerabilidad de los altos cargos, fortaleció el rigor en los controles y devolvió protagonismo a los funcionarios encargados de velar por la legalidad. Su condena deja claro que la justicia asturiana no titubea al repartir años de cárcel ante unos delitos que antes la sociedad parecía considerar menores y ahora intolerables.
Sin embargo, la resolución judicial no termina con la indignación de los ciudadanos. En primer lugar, porque a la mayoría les cuesta creer que los convictos ingresen en prisión y menos aún que devuelvan el dinero sustraído. Aunque también debería preocuparnos la situación de una justicia que ha tardado casi cuatro años en dictar sentencia desde que el juez Ángel Sorando diera por cerrada la instrucción, un tiempo en el que los culpables ya se sentían libres y los inocentes injustamente condenados. Y más aún debería inquietarnos que todas las leyes que los partidos anunciaron a bombo y platillo para garantizar la transparencia y perseguir la corrupción en Asturias lleven enfangadas en el Parlamento el tiempo suficiente para ofrecer a los políticos y funcionarios la tentación de una sugestiva opacidad. Si son tan necesarias como nos han dicho, mal se entiende que les cueste tanto aprobarlas.

El espíritu de Barcelona no son los pitos

Cabía esperar abucheos en la manifestación de Barcelona contra el terrorismo. Se hizo mucho para que los hubiera. El empeño en distinguir los uniformes de quienes están dispuestos a jugarse la vida para garantizar nuestra seguridad, la pugna entre administraciones por tener la última palabra sobre la investigación, la decisión de relegar a un segundo plano a los representantes institucionales y el interés por degradar el valor de la unidad a la categoría de un simple analgésico frente al dolor hacían presagiar que algunos no desaprovecharían la ocasión de hacerse oír. En la jornada previa, el presidente de Cataluña se olvidó de la importancia de la manifestación para centrarse en reivindicar ante la comunidad internacional su capacidad de autogestión ante la tragedia. Después de una semana de encontronazos, Mariano Rajoy se vio forzado a ensalzar la coordinación y el entendimiento entre administraciones para conjurar el riesgo de ofrecer al mundo una imagen de desunión. El Rey y el presidente del Gobierno podían contar con los pitos, las esteladas y las pancartas. Su decisión de sumarse a la marcha a sabiendas de lo que podía encontrarse redobla la importancia de su presencia en una jornada histórica, en la que una multitud salió a la calle para gritar «no tinc por». Era la marcha de todos, independentistas o no, de la izquierda y la derecha, de los españoles y los extranjeros, creyentes o ateos, de cualquiera cuyo credo defienda la paz frente a la barbarie. El gran error de las instituciones hubiera sido no entenderlo así y aceptar las reglas de quienes pretendieron convertirla en un acto con invitación.
Mayor equivocación supondría permitir que el clamor frente al terrorismo quedase acallado por los gritos de quienes han intentado aprovechar la atención del mundo para lanzar su campaña política. Tan peligroso como cerrar los ojos ante el discurso de la intolerancia y la islamofobia que también se ha atrevido a asomar sus colmillos tras el atentado de las Ramblas. Unos y otros con la misma intención: utilizar nuestra consternación en su beneficio. Entrar en el perverso juego de quienes buscan sacar partido del dolor sería tanto como conceder una victoria a los terroristas, asumir que la dureza de sus golpes es capaz de condicionar nuestras acciones y alterar nuestros principios. Decenas de miles de personas se concentraron en la plaza de Catalunya para recordar a las víctimas de la sinrazón, reivindicar una sociedad libre frente a quienes matan en nombre de un dios al que manipulan y proclamar el carácter cosmopolita, abierto e integrador de una ciudad y de un país dispuestos a defenderse con las normas que sus ciudadanos deciden darse frente a la ley de las balas.
Ante esta amenaza, reducir la concentración de Barcelona a los gritos de unos pocos o menoscabar su trascendencia a una suerte de terapia colectiva resulta tan estúpido y estéril como reducir nuestra estrategia de seguridad frente al terrorismo a contar bolardos o debatir sobre la valía de los uniformes. Peor aún, supone olvidarnos de unas víctimas a las que deberíamos rendir el homenaje que merecen, que no es otro que salvaguardar cada día la libertad que intentaron arrebatarnos con su muerte. Ese es el espíritu de Barcelona por mucho que algunos hayan querido hacer de él otra cosa.

El grito de Barcelona

Luchamos en una guerra en la que nuestro enemigo es un kamikaze casi sin edad para tener el carné de conducir. La Policía cree que un joven de origen marroquí, que hablaba catalán y nunca había mostrado interés por la religión, fue quien enfiló Las Ramblas a toda velocidad en una furgoneta con la que fue cazando a los transeúntes. Zigzagueando para teñir de sangre la calle que Lorca llamó la más alegre del mundo, «la única donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año». El asesino formaba parte de una célula yihadista cuyos integrantes apenas tenían suficientes años para pensar que su vida había comenzado, pero dispuestos a inmolarse para alcanzar un inexistente paraíso de néctares y huríes. Un grupo de adolescentes que en pocos meses pasaron de darle patadas a un balón en la escuela de fútbol sala de su pueblo a pedir el exterminio de todos los infieles. Un proceso de radicalización exprés en el que resulta improbable que tuvieran tiempo de leerse las enseñanzas de un libro que pervierten.
Los servicios de inteligencia de Marruecos calculan que el autoproclamado Estado Islámico cuenta en sus filas con al menos dos mil jóvenes crecidos en Europa. Terroristas que no conocen de la tierra natal que añoran más que la insidiosa propaganda que reciben, muchos de ellos sin antecedentes y entrenados para burlar a los servicios de inteligencia. No necesitan casi nada para matar porque no les importa morir. Un coche o una navaja les sirven como armas, sin renunciar a proyectos más ambiciosos con materiales explosivos, cuya utilización aprenden en el lado más oscuro de internet. Los responsables de la investigación creen que la célula de Ripoll preparaba la mayor masacre terrorista cometida en Europa. Su plan incluía ataques con furgonetas bomba, atropellos y apuñalamientos. La explosión de las bombonas de gas que manipulaban en un piso de Alcanar les llevó a actuar a la desesperada, antes de que la policía pudiera interrrogar al herido encontrado entre los escombros de la vivienda. Dos vehículos alquilados, un puñado de armas blancas y unos falsos cinturones bomba les alcanzaron para recordarnos que la barbarie no firma treguas.
Ninguna respuesta mejor que el clamor espontáneo de quienes se concentraron en Barcelona apenas unas horas después de la masacre. «No tenemos miedo». Un grito unánime con el que miles de ciudadanos expresaron no la valentía individual que muchos también demostraron en los momentos posteriores a los atentados, sino la determinación de un país dispuesto a luchar por sus creencias. Una reacción que brotó de nuestra identidad y que superó las opiniones impulsivas y estériles alimentadas al calor del desahogo: polémicas sobre bolardos teñidas de ideología, controversias sobre vídeos que ningún periódico aceptó publicar pero que muchos individuos estaban interesados en difundir, discusiones respecto al empleo del catalán en las ruedas de prensa o análisis a conveniencia de las consecuencias políticas de la sangre derramada por los terroristas. Debates acallados por un grito surgido de todo aquello por lo que merece la pena vivir frente a quienes solo tienen la muerte como argumentación; que nos recuerda la necesidad de vencer a quienes intentan conducirnos, por el camino de la sangre, hacia la duda y el enfrentamiento; capaz de hacernos sentir que más allá de la disparidad de opiniones que nos permite nuestra libertad, hemos construido una sociedad en la que podemos gritar nuestros principios bien alto y unidos. Ese es el primer paso que da una democracia cuando se ve obligada a defenderse. No paremos. Volvamos a caminar por Las Ramblas.

La tregua política de la Feria de Muestras

La política ha encontrado este año una zona franca en la urbe que cada verano bulle a orillas del Piles. Más allá de las susceptibilidades del acto inaugural, casi tan tradicionales que pronto estarán incluidas en el guion del protocolo, el territorio comanche que en otras ediciones fuera el recinto ferial para los políticos asturianos ha dejado paso a la cortesía institucional que abre las puertas a un entendimiento hasta hace poco inesperado. Tal vez por la moderación que requiere gobernar en minoría, quizás porque las administraciones perciben el hastío que provoca en los ciudadanos el discurso del apedreamiento, sin duda ante la necesidad de demostrar a los asturianos que gobernar es más que pilotar a la deriva, la Feria de Muestras, alcanzado su ecuador, ha dejado imágenes de diálogo y esperanzadores anuncios de inversión. Asumidas sus discrepancias, el Gobierno central, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón se han encontrado, no solo para saludarse, lo que en algunos casos ya resulta una novedad, sino también para expresar sus compromisos con los grandes proyectos paralizados por las estrecheces de la recesión, que también cobijaron muchas excusas. La necesidad de impulsar la alta velocidad ferroviaria, la urgencia de convertir el ‘solarón’ en una estación, la importancia de sumar El Musel a la red europea de autopistas del mar o la inaplazable obligación de desbrozar el camino de la recuperación con políticas que la hagan posible han marcado los discursos y las actitudes. La Feria de Muestras ha reivindicado este año su protagonismo como municipio de todos y lugar de encuentro de las muchas Asturias que llamamos Principado.
Los nuevos tiempos de los que tanto se habla y por los que tan poco se ha hecho aún requieren mucho más que la dimisión de Antonio Trevín, que tras una trayectoria que alcanza al menos para dos carreras políticas, ha decidido iniciar etapa en una empresa de laminados de zinc antes que quedarse en el Congreso de los Diputados en el papel de decorado. El futuro que deberíamos anhelar, distinto del inquietante porvenir que a veces se vislumbra, demanda más que la reivindicación etérea del cambio, la disputa por el cuño ideológico o la apropiación del logro en la que tantas veces se han quedado nuestros políticos. Si alguna lección nos ha dejado la crisis, a la que tanto deseamos despedir por mucho que algunas de sus peores consecuencias pervivan, ha sido que los discursos bienintencionados solo sirven cuando inspiran las acciones que los suceden. De lo contrario, apenas alcanzan para la aclamación de los incondicionales, la réplica de los adversarios o la publicación de antologías. Pero es importante que las palabras y las actitudes cambien para salir de la cómoda atonía de la confrontación en la que la falta de recursos ha llevado tantas veces a las administraciones. La Feria de Muestras, un espacio al menos tan bueno como cualquier otro, ha ofrecido a los políticos, una edición más, un escenario en el que exponer maneras distintas a las que tanta consideración les ha restado. También para encontrarse con una Asturias más real de la que permiten conocer los despachos repletos de prejuicios y estadísticas aderezadas a conveniencia, donde oír lo que tienen que decirles los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sociales y hasta los ocurrentes cómicos que han sacado los colores a más de un parlamentario en las avenidas de la ciudad ferial. Resulta esperanzador observar que algunos parecen dispuestos a escuchar pese a las discrepancias. Queda por ver si tan buena disposición sobrevive al estío.

‘Tourist go home’: debates y sandeces

La pintada en la iglesia de San Isidoro de Oviedo ‘Tourist go home’ (Turista vete a casa) demuestra que incluso la más evidente sandez puede encontrar imitadores. A diferencia de otras regiones, en Asturias ningún partido ha cometido aún el disparate de avalar con un discurso simplón y demagógico la campaña contra un sector que ha tenido mucho que ver en que los políticos puedan presumir de haber encontrado el camino para reducir el paro. La economía española se apoya cada vez más en los ingresos del turismo. El Gobierno prevé que 83 millones de personas lleguen este año a nuestro país atraídas por su naturaleza, el buen clima, la gastronomía, la cultura y la certeza de que serán bien recibidas. En Asturias, el sector turístico supone ya el 10% del PIB, pero aún tiene margen para crecer. De ello está convencido el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, que canta las excelencias de la región donde él mismo ha decidido disfrutar de sus vacaciones. A su juicio, el Principado es un ejemplo de cómo «está avanzando y mejorando la oferta, aunque no sea un destino tradicional de sol y playa». Destaca además que nuestra región ha logrado seducir a turistas de un segmento «más cosmopolita y con mayor capacidad de gasto».
El récord de visitantes, que apenas iniciado agosto se da por descontado, ha traído consigo nuevas deliberaciones. Administraciones y empresarios debaten sobre la política de precios, la capacidad de mejorar la promoción e incluso sobre la posibilidad de regular los principales focos de atracción para evitar la indeseada saturación. Se habla del número de canoas que bajan el Sella durante el verano, de las colas para subir al Urriellu, del futuro del acceso a los Lagos de Covadonga y de la necesidad de mejorar los accesos y la seguridad en las playas. Polémicas algunas antiguas pero aparcadas durante los tiempos en los que la crisis hacía al sector conformarse con sobrevivir al verano. Discusiones importantes, sin duda, que mantenemos gracias a los turistas que cada año vienen al Principado a gastar su dinero. Nuestro principal reto es lograr que la mayoría de ellos vuelvan a su casa a regañadientes y con el deseo de regresar a Asturias. Para ello el turismo asturiano necesita trazar el camino que desea recorrer con la ambición y la seriedad que merecen los muchos que viven de él y los todavía más que entre millones de posibilidades eligen pasar aquí sus vacaciones.
El sector turístico se ha ganado el derecho a convertirse en una de las grandes preocupaciones de nuestros políticos, un desafío a su capacidad de proponer medidas que le garanticen continuar su crecimiento de forma rentable y sostenible. La dimensión que ha alcanzado permite incluso vincular otros sectores a su capacidad de generar riqueza. Sin ir más lejos, el prestigio que la gastronomía asturiana se ha ganado con no poco esfuerzo y talento permite vincular a ella el desarrollo de un sector agroalimentario con mayor potencial del que en ocasiones sabemos reconocerle. La importancia del turismo merece todas las discusiones oportunas para conseguir que quienes nos visitan se sientan cada vez más cómodos en una región que debe cuidar su patrimonio natural y cultural para asegurar la permanencia de su disfrute. No sobra el debate, únicamente quienes están dispuestos a decirle a un turista que se vuelva a casa, lo que además de mala educación demuestra la mezquindad de aquellos a quienes les trae sin cuidado arruinar a quien sea con tal de que el declive favorezca a sus intereses. Por fortuna, son muy pocos y el carácter de los asturianos nos hace casi inmunes a este tipo de majaderías.

‘Todos somos Germán’

¿Quién es la persona más famosa de tu país? «Mohamed aly». ¿Qué es lo que más te desagrada? «Una persona sucia». ¿Debemos leer muchos libros? «Nada». Son las contestaciones de un chaval de veinte años en una red social en la que los jóvenes se conocen a través de un sistema de preguntas y respuestas. Ahora no puede dedicarse a esos menesteres. Está en la cárcel acusado de apalear a Germán Fernández. En esas mismas redes se especula con la vinculación del grupo de agresores, que se identificó a sí mismo como ‘la manada’ en una fotografía, con colectivos ultras de diverso pelaje. La biografía de los detenidos refleja un progresivo embrutecimiento a través de un gazpacho ideológico de simplezas que mezcla el culto a la fuerza, la egolatría y la afición a la litrona que desembocó en una brutal paliza a un joven que solo trató de mediar para que dejaran de vapulear a un amigo. Nadie con dos dedos de frente puede justificar una violencia tan gratuita, pero quienes golpearon a Germán ni siquiera parecen haber entendido la gravedad de su comportamiento. De no ser así, sus amigos nunca se hubieran atrevido a rendirles homenaje en la fiesta del Carmín. Tampoco comprenden los motivos por los que terminan en comisaría la mayor parte de los arrestados, cada vez más jóvenes, por las agresiones sexuales. No es la violencia de sus delitos lo más alarmante, sino la inconsciencia con la que cometen sus fechorías y la despreocupación por las consecuencias.
Las denuncias por abusos han aumentado porque la educación de varias generaciones ha reducido el estigma de culpabilidad de las víctimas, pero no la incapacidad de los agresores para entender el significado de una negativa. La violencia entre los jóvenes o las agresiones sexuales en las fiestas no son algo nuevo. Sí las condiciones en las que se producen. Aderezadas con el absoluto desenfreno que provoca la mezcla de alcohol, drogas y la falta de autocontrol.
Pese a los cambios en las leyes de consumo, los bebedores son cada vez más jóvenes. El modelo de ocio ha cambiado mucho, dudo que para mejor. La solución no es sencilla. Políticos, psicólogos y fuerzas de seguridad coinciden en que pasa en gran medida por la educación que reciben los adolescentes en sus familias y en los centros de enseñanza. Antes de alcanzar la mayoría de edad, los principios con los que vivirán ya están enraizados en su personalidad. Por desgracia, cuando se discuten las leyes educativas los partidos comienzan por buscar una atractiva fórmula con la que convencernos de que mejorarán los resultados académicos de nuestros hijos y terminan enfrentados por incluir o suprimir asignaturas en función de sus postulados ideológicos.
No existe diputado en el Congreso al que resulte necesario convencer de la necesidad de un gran pacto educativo que se adapte a la nueva realidad social y cimente la democracia en la que deseamos vivir durante las próximas décadas. Pero esos mismos políticos creen improbable alcanzar ese acuerdo en esta legislatura, con el Gobierno tan ocupado en lograr apoyos de supervivencia y la oposición atareada en darse codazos para ampliar su espacio respecto a las siglas de la competencia.
Los jóvenes que apalearon a Germán Fernández estudiaron en los mismos colegios que sus víctimas y que quienes dirigirán este país en los próximos años. Duele afrontar nuestra incapacidad para evitar que campen por nuestras calles jóvenes que salen a buscar camorra cada noche; estremece observar que a los compañeros de pupitre de quienes dan las palizas les parezcan tan inevitables estos comportamientos que renuncien a combatirlos. Al fin y al cabo, alcanzada la madurez siempre habrán tenido a su alrededor un cierto número de impresentables por metro cuadrado a los que padecer con resignación. Llegado el momento de tomar decisiones, tal vez miren atrás y simplemente digan lo mismo que ahora escuchan de sus mayores. Y no harán nada. Pese a todo, no pierdan la esperanza. Esta semana, cientos de personas salieron a la calle para gritar que ‘todos somos Germán’. Faltan palabras para agradecérselo.

Bárbaros en nuestras calles

Asturias es una de las regiones más seguras de España. Lo corroboran los datos. Eso no evita que una pandilla de salvajes provoque una refriega y como si de una guerra se tratara persigan a un grupo de jóvenes por las calles para apalearlos. Ocurrió el viernes en Gijón. Según los testigos, los agresores alcanzaron a Germán, que se había quedado rezagado por tratar de mediar en la pelea y le golpearon con una baldosa en la cabeza. Sus amigos reconocen que podía haberles ocurrido a cualquiera de ellos. Germán se convirtió en la víctima porque en el tumulto cruzó la calzada, se separó de sus acompañantes y quedó indefenso. El trabajo policial para atrapar a los delincuentes fue eficaz. El mismo día de la agresión dos jóvenes ya estaban detenidos. El problema de estos casos no suele ser encontrar a los culpables, sino evitar que actúen. Así que el único consuelo para la familia de Germán es que poco después de lo ocurrido los responsables se encontraban entre rejas. En Pamplona, un aficionado del Sporting recibió una paliza en un bar solo porque la camiseta de su equipo le identificaba como seguidor rojiblanco. Ni siquiera llegó a intercambiar una palabra con el individuo que le dejó tirado en el suelo sangrando. El agresor aún no ha sido detenido y el joven pide ayuda para encontrarlo: «Hoy he sido yo, pero mañana puede ser otro por llevar una bandera arcoíris o una chica por no aceptar que alguien le meta mano». Pocas cosas, por desgracia, más ciertas.
Evidentemente, se trata de hechos aislados. Habrá quien diga que forman parte del peaje del desenfreno nocturno en el clima general de seguridad en el que vivimos y que resultan imposibles de prever. Pero no por infrecuentes deberíamos ignorarlos. Asumimos con resignación el peligro asociado al ocio y acabamos por creer que el riesgo resulta inevitable en determinadas calles y en algunos festejos multitudinarios. Cada paso que damos hacia la aceptación lo cedemos ante la brutalidad. Peor que sentir miedo es acostumbrarse a vivir con él. Los bárbaros que salen de noche a apalear jóvenes, quienes aprovechan las fiestas para cometer abusos o los que golpean a alguien solo por llevar una camiseta que simboliza cualquier cosa que se les antoje despreciar no surgen en cuestión de minutos. Sus acciones tampoco nacen de un arrebato imprevisible, son el resultado de acumular durante años las suficientes dosis de odio, ignorancia y estupidez hasta el punto de considerar a quienes tienen a su alrededor como objetos a su disposición o enemigos mortales porque han tenido la desgracia de toparse con ellos. Cuando sus atrocidades nos estremecen, pedimos mejoras en la seguridad pública. En algunos lugares es obvio que resulta necesario. Por muy eficaz que sea nuestra policía en sus investigaciones, le debemos más cuando es capaz de evitar el delito, aunque ninguna estadística lo recoja. No deberíamos conformarnos con que las tasas de resolución de denuncias sean las más altas de España, sino preocuparnos de que los ajustes de plantilla, los experimentos organizativos y las limitaciones presupuestarias de los tiempos que nos ha tocado vivir no menoscaben la vigilancia que nos garantiza la maravillosa sensación de que podemos pasear por nuestras calles a cualquier hora del día o de la noche sin necesidad de echar la vista atrás. Ese es un privilegio del que aún disfrutamos y que tal vez no valoramos en lo que merece porque nos parece natural. Pero no lo es. Resulta muy fácil de perder. Basta con despreocuparnos, desentendernos de la realidad, consolarse con pensar que se trata de sucesos puntuales y dejar que el odio se alimente de nuestra indiferencia.