Bárbaros en nuestras calles

Asturias es una de las regiones más seguras de España. Lo corroboran los datos. Eso no evita que una pandilla de salvajes provoque una refriega y como si de una guerra se tratara persigan a un grupo de jóvenes por las calles para apalearlos. Ocurrió el viernes en Gijón. Según los testigos, los agresores alcanzaron a Germán, que se había quedado rezagado por tratar de mediar en la pelea y le golpearon con una baldosa en la cabeza. Sus amigos reconocen que podía haberles ocurrido a cualquiera de ellos. Germán se convirtió en la víctima porque en el tumulto cruzó la calzada, se separó de sus acompañantes y quedó indefenso. El trabajo policial para atrapar a los delincuentes fue eficaz. El mismo día de la agresión dos jóvenes ya estaban detenidos. El problema de estos casos no suele ser encontrar a los culpables, sino evitar que actúen. Así que el único consuelo para la familia de Germán es que poco después de lo ocurrido los responsables se encontraban entre rejas. En Pamplona, un aficionado del Sporting recibió una paliza en un bar solo porque la camiseta de su equipo le identificaba como seguidor rojiblanco. Ni siquiera llegó a intercambiar una palabra con el individuo que le dejó tirado en el suelo sangrando. El agresor aún no ha sido detenido y el joven pide ayuda para encontrarlo: «Hoy he sido yo, pero mañana puede ser otro por llevar una bandera arcoíris o una chica por no aceptar que alguien le meta mano». Pocas cosas, por desgracia, más ciertas.
Evidentemente, se trata de hechos aislados. Habrá quien diga que forman parte del peaje del desenfreno nocturno en el clima general de seguridad en el que vivimos y que resultan imposibles de prever. Pero no por infrecuentes deberíamos ignorarlos. Asumimos con resignación el peligro asociado al ocio y acabamos por creer que el riesgo resulta inevitable en determinadas calles y en algunos festejos multitudinarios. Cada paso que damos hacia la aceptación lo cedemos ante la brutalidad. Peor que sentir miedo es acostumbrarse a vivir con él. Los bárbaros que salen de noche a apalear jóvenes, quienes aprovechan las fiestas para cometer abusos o los que golpean a alguien solo por llevar una camiseta que simboliza cualquier cosa que se les antoje despreciar no surgen en cuestión de minutos. Sus acciones tampoco nacen de un arrebato imprevisible, son el resultado de acumular durante años las suficientes dosis de odio, ignorancia y estupidez hasta el punto de considerar a quienes tienen a su alrededor como objetos a su disposición o enemigos mortales porque han tenido la desgracia de toparse con ellos. Cuando sus atrocidades nos estremecen, pedimos mejoras en la seguridad pública. En algunos lugares es obvio que resulta necesario. Por muy eficaz que sea nuestra policía en sus investigaciones, le debemos más cuando es capaz de evitar el delito, aunque ninguna estadística lo recoja. No deberíamos conformarnos con que las tasas de resolución de denuncias sean las más altas de España, sino preocuparnos de que los ajustes de plantilla, los experimentos organizativos y las limitaciones presupuestarias de los tiempos que nos ha tocado vivir no menoscaben la vigilancia que nos garantiza la maravillosa sensación de que podemos pasear por nuestras calles a cualquier hora del día o de la noche sin necesidad de echar la vista atrás. Ese es un privilegio del que aún disfrutamos y que tal vez no valoramos en lo que merece porque nos parece natural. Pero no lo es. Resulta muy fácil de perder. Basta con despreocuparnos, desentendernos de la realidad, consolarse con pensar que se trata de sucesos puntuales y dejar que el odio se alimente de nuestra indiferencia.

OBRAS Y ESCALAGÜERTOS

El verano se ha instalado en una Asturias que espera un nuevo récord de turistas con nubes y claros en su panorama político. El buen tiempo siempre facilita las obras. El ministro de Fomento y el consejero de Infraestructuras, viejos conocidos, parecen dispuestos a iniciar algunas obras que deberían llevar tiempo terminadas. Íñigo de la Serna y Fernando Lastra trabajaron un sábado por la mañana para colocar la primera piedra de las obras que intentan resolver los problemas de acceso al puerto de El Musel y a lo que pretende ser algún día la Zona de Actividades Logísticas de Asturias. Ambos apelaron al entendimiento, a la coordinación y al interés general, palabras que no se oían últimamente en los encuentros entre dos departamentos que han necesitado cambiar de responsables para entenderse. Queda ahora que las intenciones se tornen en hechos. «Toca trabajar», ha dicho el titular de Fomento. Bien harán ambos gobiernos en aprovechar la temporada alta, que en Asturias siempre es corta, para avanzar en los proyectos que pretenden dotar a El Musel de un acceso digno, garantizar a los asturianos una comunicación ferroviaria adecuada al siglo en el que vivimos, construir en Gijón una estación que sustituya al gran apeadero prefabricado al que ahora llegan los trenes y transformar un túnel inundado en la primera línea de metro de Asturias. Trabajo tienen por delante como para no tomarse demasiadas vacaciones.
El verano también es tiempo de serpientes políticas, que suelen provocar algún que otro susto, pero que resultan inofensivas. La campaña de las primarias en el PSOE ha subido la temperatura en las filas socialistas a nivel de ebullición y ha reanimado el culebrón de la moción de censura en Gijón. El Gobierno asturiano abrió el debate con su oferta de un acuerdo a Podemos e Izquierda Unida que incluye descabalgar de la Alcaldía a Carmen Moriyón. Los candidatos a la Secretaría General de la FSA asumen el objetivo. Aunque por el momento, la iniciativa ha servido para ver lo lejos que se encuentran quienes aspiran a liderar el socialismo asturiano. Adrián Barbón está convencido de que cualquier acuerdo de izquierdas resultará imposible mientras el referente de su partido sea su rival. José María Pérez cree que su adversario ofrece pactos «sin entender lo que ocurre en la ciudad». El portavoz de Xixón Sí Puede, que ve más futuro en determinar la política municipal desde la oposición que en sentarse a escuchar a los socialistas, ya les ha contestado que si tanta prisa tienen por recuperar la plaza para la izquierda que le nombren alcalde. IU ha hecho pública una encuesta en la que seis de cada diez votantes de izquierda creen que no es el momento adecuado para una moción de censura, lo mismo que piensan los dirigentes de la coalición. El asalto de la izquierda a la Alcaldía gijonesa parece tan abocado al fracaso como la alianza regional planteada por Javier Fernández, de la que todos hablan, pero a la que nadie ve el menor futuro al menos hasta que los socialistas decidan quién tomará las riendas de su partido. Por el momento, IU le ha contestado que el PSOE se ha gastado todos los cheques en blanco que le firmaron con la esperanza de que el Gobierno regional fuera más sensible a sus demandas. Así que no parece probable que los asturianos vayan a tropezarse con ningún cambio de gobierno este verano en Gijón ni tampoco con un pacto que ofrezca mayor estabilidad al Ejecutivo regional. En Asturias, lo que algunos quieren hacernos ver como peligrosas serpientes no son más que escalagüertos. Y a estos inofensivos reptiles, ya lo saben, lo único que les preocupa en verano es tomar el sol. Como a muchos políticos.

El rompecabezas asturiano

El empleo vuelve a aumentar en Asturias, pero uno de cada cuatro jóvenes trabajará para ir tirando como mayor expectativa. El último informe del Consejo de la Juventud recoge que solo el 18,4% de los asturianos menores de 29 años logra emanciparse. Las causas, evidentes. La reducción de los salarios, la temporalidad del empleo al que pueden aspirar y las dificultades para alquilar o comprar una vivienda hacen que la mayoría decida continuar bajo el paraguas de sus padres y estirar su sueldo hasta donde les alcance. Los datos de este estudio entroncan con otros como la constante pérdida de población de Asturias, el saldo migratorio negativo con el resto de comunidades autónomas o el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. La estadística encaja las piezas del rompecabezas asturiano para dibujar una región donde las esperanzas de la patronal, cuyo presidente asegura que este será el primero de muchos veranos en el que «iremos a la playa sin estar en crisis», conviven con la preocupación por una sociedad cada vez más envejecida y dependiente de las pensiones, un territorio que busca una industria más moderna mientras administra el imparable declive de sectores en los que antes asentaba su economía.
Asturias intenta apresurar su paso para salir de la crisis mientras los partidos se esfuerzan por adaptar sus discursos a la nueva sociedad en ciernes. La realidad, vista bajo el prisma de los intereses electorales, ofrece argumentos para la esperanza, el conformismo y hasta el desaliento, de todo se escucha en el parlamento asturiano. Lo último ha sido la oferta del presidente regional a los partidos de izquierda de un pacto con el que consolidar una alternativa progresista y social que impida a la derecha alcanzar el poder. La propuesta incluye desalojar a Carmen Moriyón de una alcaldía que el PSOE nunca se ha resignado a perder. La invitación del jefe del Ejecutivo coincide con el guiño de Podemos a una moción de censura y la división interna de los propios socialistas, lanzados a unas primarias en las que confrontan dos modelos de partido más antagónicos de lo que son conscientes. En estas revueltas aguas de la política asturiana la estrategia del PP es echar la caña a los votantes con un cierre de filas que disipe cualquier atisbo de división, ofreciendo su voto a un gobierno en minoría a cambio de demostrar su capacidad para dirigir la política asturiana. Tampoco Foro, Ciudadanos ni Izquierda Unida son ajenos a un cálculo que todos los partidos hacen ya con la mirada puesta en elecciones autonómicas y municipales. En los pasillos de la Junta se habla, mucho, de candidatos y listas, de pulsos internos y posibles alianzas.
En ese camino de los partidos hacia el poder se entiende una oferta de pacto que intenta situar en primer plano al portavoz socialista de Gijón, que recoge apoyos entre la militancia para liderar el PSOE asturiano; cobra sentido el reiterativo discurso de Podemos sobre la corrupción, se robustece el deseo de Izquierda Unida de mantener su independencia en Asturias, y se explican la silenciosa reorganización de Ciudadanos para la recta final de legislatura, el esfuerzo de Foro por demostrar su influencia con el valor de su voto en el Congreso y la preocupación del PP por reconstruir una estructura municipal que no se corresponde con su dimensión autonómica. Mientras los partidos intentan resolver sus dilemas, en las cifras de Asturias se pueden intuir los trazos del futuro. Ante ellas, sin entregarse al optimismo ni dejarse arrastrar por el desánimo, resulta evidente la necesidad de tomar decisiones para mejorar los resultados que ofrece la simple inercia. Queda por ver si a los partidos les queda interés por hacerlo en los próximos dos años, poco tiempo para las aspiraciones de algunos, demasiado para perderlo. Seguro que a los jóvenes asturianos que viven de un empleo que solo les permite el lujo de ser pobres les parece una eternidad.

EL HEROÍSMO DE LA DIGNIDAD

Ignacio Echeverría emigró a Londres, como tantos jóvenes españoles, en busca de las oportunidades que ofrecía una capital cosmopolita y pujante a un abogado especializado en la lucha contra la delincuencia económica. Sus restos mortales regresaron a España en un avión militar, con honores de héroe. La barbarie terrorista le ha convertido en lo que no pretendió, pero que nunca dejará de ser: un símbolo frente a los intentos de arrebatarnos la libertad a machetazos. Ignacio se enfrentó a los tres yihadistas que apuñalaban sin piedad a una mujer en el puente de Londres. El único policía que había llegado al lugar de los hechos, armado únicamente con su porra, cayó al suelo a merced de los verdugos. Del grupo de tres amigos que observaban la escena con incredulidad avanzó Ignacio, blandiendo su monopatín, para enfrentarse a tres individuos decididos a morir matando. Les plantó cara hasta que uno de ellos logró situarse a su espalda y asestarle una cuchillada mortal. Cada segundo que resistió en pie, ralentizó un ataque concebido para asesinar al mayor número posible de personas en poco tiempo. Los terroristas se habían atado latas a su pecho, simulando chalecos bomba. Querían infundir pavor, que sus víctimas temblaran con solo verlos para degollarlas sin que ofrecieran resistencia. Ignacio no corrió. No porque pensara en la magnitud de un ataque que ni siquiera la policía conocía en aquel momento. Su gesto respondió a sus creencias. Hay quien se ha preguntado cuánta reflexión previa se necesita para que una acción heroica se convierta en un símbolo cuando lo que importa es cuánto merecen la pena las razones por las que se llevó a cabo. El ejemplo de Ignacio Echeverría no se limita al arrojo de avanzar hacia la muerte, sino a los principios por los que vivía. Los mismos con los que su familia ha afrontado una situación que incluso el Gobierno español llegó a calificar de «inhumana».
La insoportable lentitud con la que las autoridades británicas llevaron a cabo la identificación de las víctimas, los errores en la vigilancia de dos de los tres yihadistas que participaron en el ataque, la insuficiente respuesta de unos políticos más ocupados en su campaña electoral que en atender a las víctimas justificarían las quejas de los familiares de Ignacio. Cuesta entender que una autopsia en la capital del Reino Unido se demore casi una semana. Solo la angustia de esperar a las puertas del hospital durante días la confirmación de que un hijo o un hermano está muerto haría comprensible cualquier desahogo. Sin embargo, dos de los hermanos de Ignacio comparecieron para agradecer con la entereza que fueron capaces de reunir la atención recibida de los funcionarios de la Policía británica, las explicaciones de la jueza que investiga el ataque y las atenciones de las autoridades españolas. Sin una concesión pública al enojo que tenían todo el derecho a sentir, sin permitirse ni siquiera el refugio de la soledad que a veces necesita el dolor. Sus convicciones les hacen creer que cualquier otra cosa hubiera sido conceder un mezquino triunfo a quienes asesinaron a Ignacio. Aquellos que buscan atemorizarnos y condicionar nuestra vida, quienes atentan contra las multitudes para hacernos observar con temor las celebraciones y acuchillan a ciudadanos indefensos para alimentar nuestra frustración. La dignidad con la que la familia de Ignacio Echeverría ha afrontado su muerte se sostiene en las mismas convicciones con las que él se enfrentó a los terroristas en el Puente de Londres. De ellas surge no solo el heroísmo, también las razones para defender nuestra libertad frente a la tentación del odio.

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN

En las calles de Oviedo coincidieron esta semana dos protestas reflejo de las nada bonancibles circunstancias de la educación. A la misma hora en que profesores, padres y hasta alumnos de los colegios concertados recorrían las calles de la capital asturiana para rechazar un recorte de aulas que entienden excesivo y arbitrario, los profesores de la enseñanza pública se manifestaban para reclamar la prometida restauración de sus condiciones laborales. Unos y otros corearon consignas ‘contra Genaro’ (Alonso), el consejero al que esta legislatura le toca lidiar con unos problemas cuya solución siempre termina por darse de bruces con el presupuesto. El titular de Educación ha tenido que responder a unos y a otros. A los centros conveniados, les ha dicho que las matriculaciones marcan el número de aulas que la Administración está dispuesta a costear, por mucho que los responsables de estos colegios digan que en algunos casos se han suprimido grupos por un alumno, que reivindiquen el histórico papel que han desempeñado en la enseñanza asturiana o recuerden sus buenos resultados académicos. En su caso, la demografía lo es todo y el Principado considera ilógico mantener la financiación cuando el número de alumnos es menor. «El deber de la Administración es gestionar con eficiencia y no sostener lo que no se puede mantener», ha justificado Genaro Alonso.
A los profesores de los centros públicos se les aumentó el horario con la promesa de restituir sus anteriores condiciones en cuanto la economía lo permitiera. Otras regiones ya se han atrevido a hacerlo. Asturias ha decidido esperar «por prudencia». En este caso, el titular de Educación entiende la pretensión de los profesores, pero recordó que el Gobierno central considera que no ha llegado el momento de aplicar una reducción de la carga lectiva que conllevaría un aumento de personal.
Ni públicos ni concertados pueden albergar demasiadas esperanzas de que manifestarse les ayude demasiado. Al margen del debate muchas veces más demagógico que útil sobre el modelo educativo de los distintos centros, la realidad que afrontan quienes cogen la tiza cada mañana no es tan distinta. Y en los últimos años ha estado marcada por los recortes en el gasto, la carencia de un proyecto estable, las discrepancias políticas y el abismo entre lo que se ha dicho esperar de la educación y lo que se ha hecho para conseguirlo. Los profesores no han sido ajenos a la congelación de sueldos y al aumento de horarios que la crisis ha impuesto en casi todos los empleos. Sus incentivos han bajado, el número de alumnos por aula ha crecido, el tan pregonado apoyo a la diversidad se ha diluido y los prometidos recursos para modernizar los centros han llegado con cuentagotas. En la sociedad de la tecnología y el conocimiento quedan colegios donde internet va según en qué aula e institutos en los que a muchos docentes la burocracia les ocupa más tiempo que las tutorías. Los educadores que se han jubilado en los últimos años han trabajado bajo la tutela de siete leyes distintas, todas efímeras, marcadas por las convicciones del Gobierno de turno y descafeinadas por el siguiente. Los ordenadores encargados por Zapatero y pagados por todos para situar a los colegios españoles en la vanguardia se apilan ya obsoletos. La reválida concebida por el Gobierno de Rajoy para elevar los resultados académicos resultó tan poco convincente que al final se ha quedado en un remedo de la selectividad de toda la vida. Esa es la realidad ante la que algunos profesores se resignan, otros protestan y la mayoría hace lo que puede. Todos, con menos autoridad de la que necesitan y con frecuencia con una consideración inferior a la que merecen.
A pesar de todo ello, le pedimos a la educación que prepare mejor a nuestros hijos, que construya una sociedad más justa e incluso que se convierta en el motor de la transformación que debe llevarnos de la inestable economía del ladrillo a competir con las principales potencias tecnológicas. Para conseguirlo, lo único que casi todos los líderes políticos han hecho hasta el momento ha sido invocar la necesidad de una ley de consenso y expresar su convicción sobre la importancia del sistema educativo para el futuro de nuestro país. Eso dijeron en la última campaña electoral, que tuvo en común con todas las anteriores las mismas declaraciones. ¿Y hasta la próxima?

LA HERENCIA DE LA POBREZA

Las administraciones han dado en llamarlos colectivo de difícil empleabilidad. Son trabajadores de mediana edad a los que la crisis ha dejado en el paro, madres de familia con niños a su cargo, jóvenes que no encuentran la oportunidad que merecen ni siquiera en precario. Muchos con una notable formación y una amplia trayectoria profesional han terminado en el saco de los nuevos pobres. El caso es que van camino de hacerse pobres antiguos sin más amparo que el salario social. Más de veinte mil asturianos necesitan esta prestación para poner un plato en la mesa. 2.090 viven pendientes de que se evalúe su situación para recibirla y otros seis mil aguardan a que se revise su petición en una angustiosa lista de espera. Cincuenta técnicos del Principado se ocupan de ellos. Si se toman su trabajo en serio, como merecen los ciudadanos para no ser tratados como expedientes, quienes hoy están los últimos de la cola serán atendidos dentro de año y medio. De este plazo, que costaría aceptar para el trámite administrativo más vulgar, depende la vida de muchas familias. Así que no resulta extraño que muchos de los beneficiarios del salario social rechacen un empleo si la perspectiva al final del contrato son dieciocho meses sin cobrar un euro. Pocos se atreven a correr ese riesgo. La mayoría se conforma con encontrar algún ingreso extra. Mientras los impuestos alcanzaron para financiar estas ayudas, casi nadie cuestionó su necesidad. Cuando la crisis disparó el número de solicitudes, la aplaudida red de protección social comenzó a mostrar la debilidad con la que estaban hilvanadas algunas de sus costuras. Las administraciones tienen dificultades para mantener su gasto, los funcionarios se ven desbordados y los beneficiarios de una ayuda concebida para salir del bache y evitar la exclusión se sienten condenados a la perpetua dependencia. Tacharles de conformistas como algunos hacen con excesiva facilidad resulta demasiado sencillo. Si tantas situaciones de necesidad tuvieran una conclusión tan simple, la solución también lo sería. Y no lo es. Como tampoco la picaresca de unos pocos permite juzgar a miles. Antes que a ellos, tal vez deberíamos condenar la impericia de los legisladores, que en ocasiones han abierto la puerta al oportunismo antes que a la justicia.
El Principado ha anunciado esta semana su intención de modificar los planes de empleo para que los beneficiarios del salario social tengan acceso prioritario. El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una renta social básica que les permitirá además hacer compras que alivien lo poco que dan de sí quinientos euros de la ayuda regional cuando todos los gastos de una familia dependen de ellos. Con ello, los gijoneses con menos recursos serán los asturianos que más ayuda reciban. Al menos, mientras el presupuesto municipal lo permita. Cada administración intenta romper a su manera los grilletes de la pobreza. Cada euro del presupuesto dedicado a evitar que un ciudadano viva de forma indigna no puede darse por malgastado. Pero quienes gestionan el dinero público no deberían limitarse a ofrecer analgésicos al dolor de unos padres obligados a decirle a su hijo que sus oportunidades corren a cargo de un subsidio. La crisis ha forjado una nueva sociedad en la que muchos no solo viven peor que antes, sino que han perdido la confianza en que su vida pueda mejorar algún día. De que no se desvanezca también su esperanza de legar a sus hijos algo más que un salario social depende nuestro futuro más de lo que podemos imaginar. La pobreza es la única herencia que aumenta en cada generación sin necesidad de hacer nada. Frente a ella, la política social no puede quedarse en un parche.

OTÍN Y EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN

Otro, en el lugar de Carlos López-Otín, habría cogido la puerta con su maleta, su prestigio y su equipo. Ni siquiera tendría que buscar un sitio adónde ir. Podría sentarse y no necesitaría esperar mucho tiempo para que los principales centros de investigación del mundo le ofrecieran un proyecto con más recursos económicos de los que ha tenido en tres décadas de trabajo en la Universidad de Oviedo. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular ha sufrido en los últimos tiempos la desazón de ver amenazado el futuro de su laboratorio. Sus investigaciones han cambiado las perspectivas de la ciencia, pero no le han permitido mantenerse al margen de las estrecheces que los ajustes han impuesto a los científicos españoles. Se ha quedado porque es «muy fan» de su universidad, se siente responsable de sus colaboradores y, sobre todo, porque su compromiso con la región en la que han crecido sus hijos le lleva a creer que «para Asturias no todo está perdido». Si hubiera decidido irse, ¿quién podría reprocharle una decisión por la que incluso se ha ensalzado a otros? Durante treinta años ha entregado a la investigación española mucho más de lo que ha recibido. Tal vez su marcha le hubiera granjeado incluso mayor admiración. En todo caso, la vida para él habría resultado mucho más sencilla que el estajanovismo que se ha exigido para traer a la Universidad de Oviedo los fondos que se disputan los principales centros de investigación de Europa. 2.400 proyectos han concurrido a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación. Solo 231 han logrado su objetivo, la élite científica mundial. Entre ellos, el presentado por López-Otín para estudiar los mecanismos moleculares del envejecimiento. El investigador y su equipo dispondrán de 2,5 millones para continuar sus trabajos. A sus colaboradores, «acostumbrados a la austeridad», les parece «muchísimo». Su objetivo es la búsqueda de «una longevidad saludable», un camino en el que pretenden encontrar las claves para luchar contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas. Hace no tanto, estas ambiciones hubieran parecido una ensoñación. Ahora, alimentan nuestra esperanza.
Llevará años alcanzar el conocimiento al que aspira el proyecto de una de las pocas mentes capaces de trazar el boceto del ser humano del próximo siglo. Las reflexiones a las que nos invita su proeza no deberían llevarnos tanto tiempo. La investigación ha demostrado que es capaz por sí misma de lograr recursos y generar riqueza, de ofrecer una alternativa a la emigración del talento formado en nuestras universidades y de garantizar el anclaje al territorio de las empresas de alto nivel tecnológico. Les resultará difícil encontrar en cualquier partido a un político que no comparta estos argumentos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha valorado a la investigación por lo que cuesta y no por lo que aporta. A los investigadores de alto nivel no les ha faltado quien les ensalce, pero sí quien les apoye. La proclamada confianza en la ciencia para transformar la economía no se ha reflejado en los presupuestos. España ha sido el país europeo que más recortó los fondos para investigación y desarrollo durante la crisis. Los resultados de gastar el dinero público en otras muchas cosas se aprecian de inmediato, la inversión en conocimiento exige paciencia y convicción. Dos virtudes difíciles de conjugar con las urgencias de los políticos. Al presentar un proyecto que sitúa a Asturias en la élite mundial de la ciencia, Carlos López-Otín se atrevió a proponer «invertir en bancos de conocimiento más que en los otros». Seguro muchos aplauden su opinión. Otra cuestión es que le hagan caso, aunque no vendría mal.

VÍCTIMAS DEL SILENCIO

El campeón olímpico y policía nacional Saúl Craviotto ha llamado a los maltratadores «basura, mierda y cobardes». Hubo quien se sorprendió de la dureza de su definición, en todo caso bastante precisa. Su intención era animar a las mujeres a denunciar. Sabe, por dolorosa experiencia, que en muchos de los casos más graves la Policía solo llega a tiempo de investigar un crimen. Las víctimas de la violencia machista lo son también del silencio. Del que imponen los verdugos, del que favorece la indiferencia y del administrativo, que no es el de las palabras, sino el de los hechos. Ocho mujeres de la asociación Ve-la luz iniciaron el 9 de febrero una huelga de hambre en la puerta del Sol sin más exigencia a los partidos que un pacto de Estado ante un drama que mantiene a 51.940 mujeres españolas bajo protección policial. Piden un «gabinete de crisis» para frenar una violencia que se traduce en setenta feminicidios cada año y miles de víctimas. En lo que va de 2017, la estadística que recoge nuestra vergüenza como sociedad presuntamente avanzada se ha disparado. Una víctima mortal cada tres días. El inicio de año más sangriento en una década. Los ciudadanos han vuelto a concentrarse en las calles y los políticos han incluido de nuevo el asunto en los argumentarios que cada día señalan a sus parlamentarios los asuntos de los que conviene hablar. El Gobierno ha anunciado que creará dos órganos con la misión de revisar los fondos asignados a los ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluar las órdenes de protección y reforzar las medidas dirigidas a los niños. Los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación se han marcado como objetivo profundizar en la formación de todos los agentes, mejorar la prevención en las redes sociales y revisar los protocolos de actuación. El Ejecutivo considera prioritario evaluar la eficacia de las órdenes de protección, fortalecer las campañas contra la violencia de género y fomentar las denuncias. Nada de ello sobra, aunque aflige pensar lo que ha costado algo que parece tan lógico como atender la petición de las ocho mujeres de la Puerta del Sol.
Hace tiempo que expertos como el catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo advierten de que el Sistema Integral en los Casos de Violencia de Género, bautizado con el mercadotécnico nombre de VioGen, no funciona. Entre otras razones, porque solo se activa si la víctima denuncia, algo que hacen pocas mujeres en situación de máximo riesgo, y las medidas de protección dependen de un cuestionario en el que se han detectado abundantes errores. Cierto que no es fácil de solucionar. Resulta complicado luchar contra individuos que no solo desprecian la vida, sino que les trae sin cuidado el castigo previsto en la ley. Uno de cada tres se suicida o lo intenta, por desgracia después de cometer el crimen, y del resto la mayoría se entrega. Pero la dificultad no justifica la inacción. Menos cuando lo que se pide no es más que un acuerdo que permita una política coherente, al margen de los bandazos de los cambios de gobierno o de responsables ministeriales, basada no en los prejuicios, sino en las opiniones de las organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y juristas que luchan cada día contra esta lacra. Una reclamación tan factible que desatenderla resultaría una mezquindad. El pacto de estado que demandan las asociaciones de mujeres no solucionará el problema, pero es imprescindible. Al menos, para no sentir vergüenza.

POBRE JUSTICIA

Solo nos falta servir cafés». «Nos han robado hasta el bolso». La fiscal superior de Asturias presentó en la Junta General la memoria del órgano que dirige con una expresiva y detallada descripción de las condiciones de trabajo de los fiscales. Su intervención mostró una imagen de los juzgados asturianos cercana a la que cabría imaginar de las instancias judiciales de un país con una democracia menesterosa. La Fiscalía, a la que la confianza en la Justicia nos anima a sentir como nuestro abogado defensor ante los delincuentes, ni siquiera tiene capacidad para custodiar con garantías los documentos en los que fundamenta su trabajo. Los fiscales, señaló María Esther Fernández, acaban por desempeñar las tareas de los asistentes porque carecen de la plantilla adecuada. Su trabajo es perseguir a los delincuentes, pero en las sedes judiciales ni siquiera un tabique les protege de ellos. Sus competencias crecen, se les exige investigar con rapidez, garantías y eficacia. Sin embargo, hasta la fiscal superior se pasa «mañanas enteras» dedicada a ordenar papeles, firmar partes de vacaciones o solventar problemas informáticos.
Mientras, los casos se les acumulan. Porque la sociedad requiere cada vez más su intervención, pero también hay que decirlo, porque los escritos a la Fiscalía se han convertido en un arma política y hasta propagandística. Todas y cada una de las denuncias deben ser estudiadas y respondidas. Con todo, en tiempos en los que la confianza en los gestores de lo público está bajo mínimos, la fe en los fiscales aumenta. Así que les pedimos que trabajen más, que investiguen incluso aunque solo sea para que podamos sentirnos más seguros. Pero tras la brillantez de sus togas se ocultan muchas penurias que el poder político ha hecho poco por aliviar. Los partidos, sin excepción, siempre han tenido más interés por orientar el desempeño de los fiscales que por escuchar sus problemas. Incluso el propio estatuto que rige el Ministerio Público mantiene preocupantes vestigios que facilitan las intromisiones en su independencia. Y para colmo, el traspaso de competencias cargó a las autonomías con los gastos de un sistema judicial al que se otorgó un presupuesto más pensado para perseguir a carteristas y camellos que a las complejas redes tejidas por la corrupción o la delincuencia organizada.
El descarnado relato de la fiscal superior ante los parlamentarios sirvió para que el Ejecutivo asturiano prometiese al día siguiente un plan de obras que garantice la seguridad en la custodia de los expedientes. Los problemas de los fiscales y de los jueces no se van a terminar con unos cuantos tabiques y cajoneras nuevas para guardar sus papeles. Tampoco con las ahora recurrentes comisiones de investigación invocadas para todo y que han servido para casi nada más que para remitir a la Fiscalía dictámenes tan efectistas como ineficaces.
El buen funcionamiento de la Justicia exige un presupuesto acorde a sus necesidades, no solo las que consideran los políticos, que por lo visto hasta ahora son escasas, ni siquiera las que la fiscal superior demanda, sino las que resulta esencial cubrir para que funcione con garantías el poder al que nos aferramos no solo cuando somos víctimas de la delincuencia común, sino en los momentos en los que las grietas en el edificio de nuestra democracia amenazan su estabilidad. Nos hemos acostumbrado a esperar a una justicia que a pesar de su paso renqueante siempre termina por llegar. Es un consuelo. Pero entristece pensar lo tarde que llega a veces, sobre todo sabiendo que tal vez sea porque nuestros eminentes juristas están pendientes de que no les birlen la cartera en su propio despacho.

POLÍTICA AMBIENTAL

Los anticiclones invernales han reavivado en los últimos años el debate sobre la polución en Asturias. Las altas presiones desencadenan el llamado proceso de ‘inversión térmica’: la circulación del aire se interrumpe en las capas más bajas, las emisiones no se disipan y las estaciones de medición alertan de las altas concentraciones de elementos contaminantes. Este mes ha ocurrido de nuevo. No es la primera vez ni será la última. La lluvia termina con este fenómeno y también con la polémica. Mientras llega y no la tormenta, las opiniones se enardecen y las grandes industrias se sienten atacadas porque las miradas suelen dirigirse a sus chimeneas. Las administraciones responden entonces con medidas que van desde la recomendación de evitar el uso de la calefacción en pleno enero al riego de calles o la advertencia de sanciones a las empresas, que sienten amenazado su futuro. En poco tiempo, el viento suele llevarse casi todo lo dicho. Sin embargo, los efectos más graves de la contaminación solo se aprecian a largo plazo. Las consecuencias de las improvisaciones, también. Y en ambos casos resultan irreparables.
En Asturias existen suficientes muestras para calibrar los resultados de la política pendular de aceptar un día, en aras del progreso, agresiones a la naturaleza que no deberían haberse producido y pasar el siguiente a espantar inversiones con discusiones extemporáneas. Son los resultados de las políticas de repentización. La experiencia y la inteligencia deberían llevar a los partidos a prolongar el debate más allá del tiempo que permanecen ante nuestros ojos las nubes contaminantes. Con sensatez y sin prejuicios. Conscientes de la lógica preocupación de los asturianos por su salud y de la cada vez mayor sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, pero también de la importancia de una industria en la que se sustenta el 20% del producto interior bruto de la región. La consejera de Medio Ambiente ha anunciado que se reunirá con 16 municipios del área central para diseñar un protocolo de actuación que ayude a atajar las consecuencias de la contaminación. No es mala idea para empezar, aunque haya sido lanzada al calor de una ‘inversión térmica’. Pero lo importante de las reuniones no son las convocatorias, sino sus resultados.
Asturias necesita planes ambientales con los que los ciudadanos se sientan protegidos y que permitan a las empresas reducir sus emisiones con proyectos que no pongan en riesgo su actividad. Con medidas más allá de endurecer las sanciones a la industria sin mayor afán que mejorar en la comparación con otras regiones y actuaciones que no se limiten a los momentos en los que las estaciones de medición superan los índices establecidos por la Unión Europea. Este tipo de respuestas a posteriori en poco ayudan a mejorar la calidad de vida de los asturianos. Lo mismo que la tentación en la que a veces incurren algunas organizaciones de exigir imposibles. La política ambiental solo puede ser eficaz cuando ofrece soluciones factibles, capaces de reducir o evitar los problemas, y de conjugar el crecimiento económico con la calidad de vida. Tal vez difícil, sí. Pero mucho más lógico que el extremismo de plantear la perversa y simple elección entre la industria o la salud. Si tiene sentido una aspiración es la de una región en la que se pueda trabajar y donde resulte deseable vivir. Sin un mínimo de ambas cosas, el fracaso está asegurado. El mundo está lleno de ejemplos.