Cristina Narbona defiende la liquidación de las térmicas con tan bondadosas promesas que debe resultarle difícil entender que el Gobierno asturiano aún no haya comparecido en pleno para darle las gracias por sacarle de su obcecado rechazo al cierre de la central de Lada. La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE asegura que la clausura de las plantas traerá innumerables beneficios. A la indiscutible reducción de emisiones se sumará, añade, que la sustitución del carbón por energías renovables abaratará el precio de la luz. Por si fuera poco, plantea que los trabajadores de las factorías desmanteladas tengan a su alcance un plan de formación que les garantizará un nuevo empleo y que las comarcas más afectadas por la descarbonización dispongan de un fondo de transición para sobreponerse sin mayores contratiempos. Con tan luminoso futuro a nuestro alcance, resulta difícil entender que el Principado, los sindicatos y hasta el secretario general de su propio partido en Asturias prefieran mantenerse en la oscuridad y la obstinación. Quizás aún no han encontrado los informes en los que Narbona sustenta su convicción de que el recibo de la luz será más barato. Pudiera suceder que su ofuscación no les permita apreciar las bondades de una solución tan evidente. O tal vez sea que la realidad asturiana resulte tan difícil de apreciar más allá de Pajares como de costumbre.
El hecho es que la mitad de la potencia instalada en nuestra región es termoeléctrica y el carbón supone aún más del 60% de la energía consumida en Asturias, donde las grandes industrias absorben más del 65% de la electricidad y cualquier variación al alza en los precios de la energía supone una amenaza a su rentabilidad. No es que a los asturianos nos satisfaga que esto sea así, pero es lo que tenemos. Sin duda preferiríamos parecernos a Silicon Valley, pero nuestra economía depende de los productos siderúrgicos, de la industria electrointensiva y de cuatro centrales térmicas más que de ninguna otra cosa. Para complicar el asunto, los expertos advierten de que el cierre de las térmicas no conllevará necesariamente la apertura de otras instalaciones. España ya cuenta con más de cincuenta plantas de gas, unas cuantas de ellas paradas, lo que lleva a pensar que las compañías eléctricas decidirán utilizarlas antes que construir otras. Suprimido el carbón y con las renovables todavía a años luz de satisfacer la demanda de la región, lo más probable es que el Principado se enfrentara a la necesidad de ‘importar’ energía de otras comunidades a merced de los futuros precios del gas. Un panorama nada desagradable a los ojos de algunas empresas, sobre todo de aquellas que más han invertido en regasificadoras durante los últimos años, pero más que preocupante para los intereses de Asturias si la transición al nuevo modelo energético se realiza de forma precipitada y chapucera.
El objetivo de la Unión Europea de lograr que el 50% de la electricidad consumida provenga de las energías renovables en la próxima década no es nuevo, ni tampoco su compromiso de reducir los gases contaminantes al menos un 40%. Europa está decidida a erigirse como referente en la lucha contra el cambio climático. En este marco, Asturias aparece en el mapa como un garbanzo negro incapaz de abastecer a su industria sin quemar carbón. Pero la innegable necesidad de avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y de nuestra salud no debería servir de coartada a los políticos, sin duda bienintencionados, que nos invitan a despreocuparnos. De programas de salvación con fondos inexistentes o mal empleados sabemos tanto los asturianos que solo cabe pedir que no vengan a convencernos de que la alternativa a vivir bajo el humo son planes hechos con él.