Dijo la ministra de Defensa que el Ejército se encontró “en algunas residencias a ancianos muertos en sus camas”. Después de esto no comentó mucho más del asunto y ha dejado a la imaginación la posibilidad de que los fallecidos no hubieran podido ser retirados por el colapso en los servicios que ha provocado el coronavirus o que los encargados de ciertas residencias sean de una calaña inenarrable. El caso es que la Fiscalía ha decidido abrir una investigación, también en Asturias. La Consejería de Derechos Sociales ha exigido a todos los centros de la región un informe detallado de su situación bajo la amenaza de sancionar a los que no ofrezcan hasta el último dato. De momento, lo único que se ha sabido de las residencias son dos cosas. Ambas evidentes. La primera, que durante esta pandemia constituyen un lugar de alto riesgo. La segunda, que la mayor parte tiene un personal con el que los términos de entrega, valor y solidaridad se quedan pequeños. Queda por saber si a los responsables de algunas residencias les queda corto el Código Penal o a la ministra el cargo le viene amplio. En cualquier caso, cuando esto pase, convendría no volver a dejar sus necesidades para mañana. Y, sobre todo, respetar a su personal como se merece.
Fotografía: Damián Arienza