LA DICOTOMÍA ASTURIANA

Asturias es propensa al desánimo. Sus razones tiene. Los asturianos han sido vapuleados lo suficiente como para hacer comprensible su tendencia a un desencanto tan inclinado a la ironía como al lamento. En esta frustración enraíza el discurso político de que poco más se puede hacer que culpar a otros o al empedrado. Existe una Asturias tópica, ocupada en administrarse vergajazos, con querencia a pararse a discutir en las encrucijadas, donde algunos se sienten cómodos porque creen que la inacción les beneficia. Su negocio, al fin y al cabo, ya está hecho. También hay otra Asturias consciente de que no puede permitirse el lujo de desperdiciar sus oportunidades en debates etéreos ni está dispuesta a mantener la única esperanza de que la rotación de la Tierra mute en su beneficio. Ambas conviven en el territorio de una región donde los partidos aún están a tiempo de reivindicar unidos la variante de Pajares en lugar de buscar excusas y especular con los beneficios electorales de su retraso. Algo deberían hacer antes de que la movilización ciudadana deje en evidencia la desganada actuación de muchos políticos durante los últimos quince años por más que la crisis sirviera de excusa. El innegable riesgo de viajar al futuro en el vagón de segunda clase ha llevado a los partidos asturianos, los sindicatos y los empresarios a una esperanzadora reclamación ante Fomento. Una excepcional unanimidad en el debate político regional, ocupado con demasiada frecuencia en buscar coartadas para las decisiones tomadas en Madrid por quienes poco entienden la acuciante necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias en la región. Al fin y al cabo, cuando vengan será en un vuelo que pagarán en parte quienes siguen esperando a que se construya el AVE.
La Asturias que se niega a aceptar la decepción como su estado natural lo tiene difícil. Quienes pretenden cosechar los réditos del inmovilismo no son la mayoría, pero hacen mucho para que nada cambie. Tan perjudiciales como aquellos que aspiran a construir nuevos muros con el hormigón del sectarismo. La inercia del fracaso no es tan inexorable pese a los vaticinios de los agoreros. Los grupos municipales de Gijón tienen una buena ocasión de demostrarlo con la negociación de un plan urbanístico capaz de superar los tabús ideológicos para cimentar el crecimiento de la ciudad. Sin agraviar una vez más a la zona rural ni condenar a los gijoneses a un parón urbanístico en el que solo los especuladores podrían sentirse cómodos. El acuerdo de cinco de los seis partidos de la Corporación para la aprobación inicial devolvió la esperanza a quienes están convencidos de que los intereses generales se defienden mejor desde la razón que con la aplicación de los encorsetados clichés de las siglas.
En Oviedo, el debate presupuestario también demostrará si una decisión cargada de prejuicios puede ocultar, una vez más, la crudeza de la realidad. Pese a lo mucho que deberían decir las cuentas sobre las aspiraciones de la capital asturiana para los próximos años, el debate se ha centrado en los tijeretazos que la Concejalía de Cultura ha dispensado a algunas instituciones. Un recorte que nada ayudará a levantar la losa de casi 33 millones de deuda heredada del despropósito de Villa Magdalena, pero facilitará las cosas a quienes se sienten más cómodos en el protagonismo de la polémica que en el trabajo de construir un nuevo modelo de ciudad. Otra prueba, una más, para la dicotomía asturiana.

POPULISMO

Se ha muerto Leonard Cohen, el poeta que cantó casi en un susurro que todo el mundo sabía lo podrido que estaba el sistema. Lega a quien los quiera escuchar sus versos más cáusticos para recordarnos que el viejo código occidental amenaza con romperse. Su profunda voz de profeta irreverente y libre se apagó mientras media humanidad espera, pasmada e inquieta, a que Donald Trump se repantigue en el sillón reservado al hombre más poderoso del mundo. Al nuevo presidente norteamericano se le ha tachado de todo. Machista, xenófobo, racista, intolerante, imprudente, peligroso… Y casi todo se lo han llamado con motivo, aunque bastantes de quienes lo hicieron se arrepienten de ello tanto como de la confianza que depositaron en las encuestas que preveían una solvente victoria de Hillary Clinton. La elección de Trump ha supuesto, concluyen los mismos analistas que dieron por descontada su derrota, el triunfo de un radicalismo político de imprevisibles consecuencias. Muchos han encontrado buena parte de la explicación en las singularidades de una nación que se siente imperio, en los temores y prejuicios de una clase media, blanca, devota y rural venida a menos en la que el discurso superficial y escandaloso del candidato republicano se propagó como un virus. Otros señalan los errores de su rival en la carrera hacia la Casa Blanca: su excesiva frialdad, su apego al poder y su incapacidad para movilizar el voto de las inmensas minorías que confiaron en Obama. Parece que las pocas ganas de los electores de devolver al Despacho Oval a otro de los clanes del ‘establishment’ tampoco ayudaron a Hillary.
La Europa de la vieja democracia ha recibido a Donald Trump con indisimulada preocupación y cierta simpleza, expresada en un lamento por el éxito del populismo. La mirada europea denota incluso lástima porque el patriótico y simplón americano medio, tan alejado del ideal que nos ofrece Hollywood, se haya visto deslumbrado por las promesas grandilocuentes de un político esculpido en un concurso de talentos. La Real Academia Española define el populismo como la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, utilizada habitualmente en sentido despectivo. Una descripción escueta de un término que ningún político quiere para sí, que todos desprecian en público y temen en privado. «Consiste en ofrecer una explicación sencilla, demagógica e imposible de llevar a cabo a problemas complejos». Con matices, esta es la explicación que los principales partidos españoles emplean con reiteración para una palabra que en nuestro país se ha convertido en un arma blanca en las tertulias. Alertan de su peligroso reverso totalitario. Tienen razón. Quien desea el poder tanto como para engañar a sus compatriotas no se para en principios ni se detiene por una guerra para conseguirlo. Sobran ejemplos. Tal vez por eso, la mayor parte de los europeos piensan que en el caso de Trump estaría bien por una vez que un presidente hiciera lo acostumbrado, incumplir su programa electoral, o que los mecanismos de salvaguarda de la democracia actuasen en legítima defensa. Queda confiar en la capacidad de nuestros políticos para aprender de sus errores. Los salvapatrias aparecen cuando la razón se ausenta, la decepción arraiga y quienes deben solucionar los problemas viven tan ajenos a ellos que nada de lo que dicen importa a los ciudadanos. Llegados a ese punto, los votantes pueden conformarse con alguien que al menos parezca compartir sus preocupaciones. Aunque hable a gritos, resulte detestable y ofrezca salidas tan ridículas como inmorales. Quienes abrieron la puerta a nuestros peores miedos señalan ahora el peligro con el dedo como niños asustados, pero echan la culpa a circunstancias insalvables o a la inmadurez de los electores. Cualquier cosa menos asumir que aquellos a quienes llaman populistas se alimentan de su inmovilismo y su fracaso.

SALIR DEL FORTÍN

España tiene Gobierno, al fin. El que cabía esperar por mucho que alguno confundiera sus deseos con la dialéctica de Mariano Rajoy. El nuevo Ejecutivo responde a la lógica de lo predecible en la que el presidente, que en política ha sido casi todo menos revolucionario, ha fundamentado su carrera. Incluso había expresado sus propósitos en el discurso de investidura. El líder del PP proclamó que España necesitaba un Gobierno no solo con urgencia, sino también «previsible». Con la elección de sus ministros ha cumplido su declaración de intenciones. El núcleo duro del gabinete con el que aspira a consolidar la pretendida recuperación continuará con las mismas carteras en sus manos, aunque con algún cambio de papeles. Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez tienen clara su principal tarea: mejorar el depauperado nivel de vida de los españoles. Un objetivo tan fácil de señalar como difícil de conseguir. Así que la principal crítica al nuevo Consejo de Ministros ha sido su carácter continuista. Probablemente, Rajoy la asuma incluso con agrado. Los cambios han llegado con la aplicación del manual de estilo del PP, que aconseja prescindir siempre de los ministros más impopulares, integrar las distintas sensibilidades unciendo ambiciones y aprovechar la etapa en el poder para cimentar los futuros liderazgos con la selección natural que conlleva el riesgo de tomar decisiones.
El primer mandato de Rajoy a sus ministros ha sido el de «dialogar y pactar mucho», justo lo que el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, teme que no ocurra. No solo él. Toda la oposición ve con desconfianza un Ejecutivo que considera «muy de partido». En realidad, no dista mucho de lo que la izquierda esperaba, por más que haya encontrado en ello el principal argumento para sus críticas. El hecho es que si el PP desea una legislatura de cierta duración no le quedará más remedio que abandonar el fortín construido con una mayoría de la que ahora carece y salir a explorar el siempre intrincado territorio de los acuerdos. Los tiempos por venir no son para ministros enrocados en la gracia de la audiencia, sino para políticos dispuestos a escuchar incluso antes de mandar sus leyes al Parlamento. Suya será la principal responsabilidad de que el tren de la recuperación no choque contra el muro de la oposición, aunque también conviene recordar que la negociación necesita un interlocutor dispuesto para no resultar baldía.
El cambio de talante necesario para el imprevisible y complejo ciclo con el que deberán bregar los nuevos ministros debería notarse además en la relación con las autonomías que, como Asturias, han visto estancadas sus expectativas primero por la crisis y después por la parálisis institucional de una Administración parapetada en unas funciones de mínimos. En su disposición para afrontar lo mucho que cabe hacer en colaboración con las administraciones regionales y locales pueden encontrar los ministros buena parte del respaldo que necesitan para sus proyectos. Por ello, será bueno que salgan de Madrid con más frecuencia de lo que la mayoría acostumbraban en la pasada legislatura. Algunos tan poco, que recién llegado al Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna ya puede presumir de haber visitado más el Principado por su responsabilidad como alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios que buena parte de sus compañeros de gabinete en los últimos cuatro años. Pero llegan nuevos tiempos. Al menos, eso cabe desear.

ASTURIAS, CON MUCHO QUE ESPERAR

La definitiva sesión de investidura cumplió el aforismo sobre las segundas partes. Cuando el desenlace es previsible y el argumento reiterado, solo los actores pueden salvar una secuela. En el Congreso, ninguno de los protagonistas se salió del guion. Así que la emoción de la trama quedó para el afán por improvisar de los parlamentarios socialistas disconformes con el final escrito por la gestora y el intento de Pedro Sánchez por cambiar el título de la película con su renuncia al acta. Mariano Rajoy, en su papel de presidente, gallego y político avezado, tiró de socarronería y sentido de la distancia para ofrecer diálogo un día, reivindicarse otro, y dejar pasar las réplicas camino de la segunda votación. Pablo Iglesias recurrió a su versión más histriónica para tratar de acercarse a la calle y distanciarse del PSOE. Albert Rivera subió a la tribuna para mostrar sus dotes en la interpretación del delfín esperado por el centroderecha. Y Antonio Hernando, con el tiempo justo para aprenderse sus líneas y sin apenas ensayos, pasó de secundario de lujo a protagonista a regañadientes forzado por las circunstancias. Bastante hizo. Cada uno en su papel, olvidaron que la finalidad de una sesión de investidura es debatir un programa de gobierno antes de apretar el botón para votar. Todos tenían prisa. El PP, por celebrarlo, y el resto por contar los ‘noes’ de la bancada socialista.
Lo sustancial fue un resultado que permite a Rajoy iniciar su segundo mandato. Enhorabuena es lo primero que corresponde decir a un candidato elegido por la cámara que representa a todo un país. Y suerte, porque en su caso más que ninguno debería ser la de los demás. Dos campañas electorales y diez meses en funciones apremian el desempeño del nuevo ejecutivo, del que se espera mucho en Asturias, una región sobre la que Mariano Rajoy ha debido pensar bastante en las últimas semanas. Aunque solo sea por lo pendiente que ha necesitado estar de las idas y venidas del presidente asturiano a Ferraz y del empeño de Foro por recordarle durante esta investidura a dos vueltas el programa electoral firmado por su partido para concurrir en coalición. Y aunque siempre es mejor que un líder se guarde sus cavilaciones, los políticos con experiencia, algo que a Rajoy le sobra, deben sopesar las aspiraciones de quienes representan el poder territorial de su partido al nombrar un nuevo gobierno. El PP asturiano también tiene sus ambiciones y su presidente las conoce.
Más allá de eso, el Principado afronta esta legislatura con abundantes asuntos que exigen ser abordados con urgencia. Hace más de doce años que la Administración central colocó la primera dovela de una variante de Pajares que continúa lastrada más por la falta de presupuesto que por la inestabilidad de las laderas y las filtraciones de agua, por mucho que los problemas técnicos hayan servido de excusa. La regasificadora de El Musel sigue parada mientras en otros lugares de España, algunos no muy lejanos, instalaciones similares han sido puestas en marcha bajo la justificación de una necesidad estratégica. La minería del carbón reclama un futuro que se le ha negado desde Europa y por el que España no ha peleado lo suficiente. La empresa Hunosa, en otros tiempos emblema del sector público y ahora reflejo de su declive, ha iniciado un camino hacia la diversificación, incluso esperanzador, si desde Madrid se confía en ella más que para gestionar prejubilaciones, algo que está por ver. Bajo los terrenos del plan de vías de Gijón, adecentados como parque provisional, discurre un túnel cuyo destino es tan incierto como su estado. El Musel reivindica el papel que le corresponde en las conexiones con el exterior con más empeño que respaldo. Y el acero, que sustenta buena parte de la economía asturiana, necesita mejor defensa de la que ha tenido en los últimos meses.
La crisis ha azotado a todos. Es cierto. Pero los asturianos sienten que ninguna otra autonomía ha visto encallarse tantos asuntos esenciales para su economía. Lo dicho. Nuestra región tiene mucho que esperar del nuevo Gobierno. Desde luego, más que una compensación en reconocimiento al sentido de estado de su presidente autonómico. Por el momento, el PP asturiano ha esbozado su disposición a apoyar unos presupuestos regionales de los que se ha debatido su ideología más que sus partidas. Y poco más. Si el debate que ha permitido la investidura de Rajoy ha marcado, como proclaman sus protagonistas, el inicio de una nueva era en la política española, aquí tienen el mejor lugar para demostrarlo.

NUEVA ETAPA

La entrega de los Premios Princesa de Asturias reunió en el Teatro Campoamor a los dos hombres de quienes depende que España tenga un gobierno en los próximos días. Albert Rivera, que ha pactado su apoyo al PP, y Javier Fernández, quien realmente decidirá la investidura de Mariano Rajoy, aunque sea a través de una abstención asumida ya como la única decisión razonable para un PSOE que tras las elecciones de junio parecía empeñado en caminar en círculos. Ante ellos, frente a la presidenta del Congreso y con la representación de un ejecutivo ya casi sin funciones, el Rey pronunció un discurso del que se ha destacado la evidente ausencia de alusiones explícitas a la actual situación política. Felipe VI ensalzó la cultura que «enriquece la convivencia» y apeló a una España «alejada del pesimismo, el desencanto y el desaliento». Un país en el que «nadie pueda sentirse solo en el dolor o la adversidad», la nación de «brazos abiertos» que deseó Unamuno. Un discurso sin emplazamientos a los políticos que han necesitado dos convocatorias electorales ni a los que aún pretenden una tercera. Sin citar a quienes hurgan en una herida territorial que amenaza con gangrenarse ni recriminar los egoísmos partidistas y personales que han llevado a los ciudadanos de la ilusión al desengaño y la desazón. Y tal vez por ello, con su discurso el Rey ha promulgado un nuevo tiempo en el que los partidos deberían salir de la comodidad de los terrenos acotados al camino por el que transitan los ciudadanos a quienes piden sus votos.
La sesión de investidura aspira a poner fin a una interinidad que amenazaba con atrofiar la vitalidad de un país que aún intenta recuperar sus pulsaciones, pero no será más que el comienzo de una legislatura de incierta duración. En la que Mariano Rajoy afronta la necesidad de negociar alianzas a la que no está acostumbrado mientras reforma un partido carcomido por los casos de corrupción y en el que solo la prioridad de su reelección como presidente ha aplazado la toma de posiciones de sus delfines, reconocidos o no. Javier Fernández no lo tendrá más fácil. Suya será la tarea de reconstruir un PSOE dividido por un debate más demagógico que realista entre la razón y el sentimiento. No es la primera cura que los socialistas han necesitado desde que la llegada al poder de Felipe González consagró su proyecto como la alternativa de gobierno de izquierdas, pero hasta ahora sus dolencias nunca habían sido tan graves. Por el momento, Javier Fernández intenta ganar el tiempo que requiere un tratamiento prolongado. Sin embargo, ninguna de las dos grandes fuerzas políticas puede acomodarse en la inmovilidad que facilitaba la certeza de la alternancia en el poder. También para los nuevos partidos, ya sin la coartada de serlo, comienza una etapa diferente. En la que los ciudadanos tienen la posibilidad de confrontar sus promesas con la confianza que les han entregado en las urnas y en la que la crítica a quienes ocupan las instituciones son una opción, pero no la única.
En este contexto del que no habló, el Rey reivindicó que la cultura inspire nuestra libertad. «Un pueblo que quiera, respete y ampare la cultura nunca le temerá al futuro» proclamó en Oviedo. Cierto. La cultura tiene la virtud de encontrar horizontes sin renunciar al acervo que le permite reconocerlos. Hacia ellos deberían dirigir sus ojos los políticos españoles en lugar de refugiarse en la que incluso con jactancia han llamado cultura de partido y que en la mayor parte de ocasiones no ha dejado de ser una excusa para mirar hacia otro lado.

CORRUPTOS

La naturalidad con la que Francisco Correa relató ante el juez su conversión de modélico directivo en adinerado comisionista, su perversa presentación de la mordida como una práctica habitual provocan más tristeza que asombro. «De bien nacidos es ser agradecidos», declaró con el aplomo de quien aún aspira a la honorabilidad del delincuente cabal, dispuesto a pagar en la cárcel la vergüenza de haber sido atrapado, pero no la deshonra de actuar contra las normas de su calaña. Por eso, su forzada confesión mueve a la lástima. No hacia el personaje en sí, sino por lo que su testimonio refleja de una sociedad que le ha permitido creer que lo único que debe reprocharse son los errores que descubrieron sus tejemanejes. Alrededor de la política y los negocios pululan individuos como Correa. Hombres de éxito, admirados, aceptados en los círculos más selectos y capaces de cualquier cosa con tal de acrecentar su patrimonio. Son tipos que nunca se presentarán a unas elecciones, pero que medran alrededor de quienes tienen en sus manos el dinero público. Con todo, estos sujetos no son los peores, sino quienes han creado el ecosistema en el que prosperan con tanta robustez que parecen inevitables. Sus palabras reivindican una España para los listos, en la que el pillaje se da por descontado y el honesto es tachado de torpe, en la que una buena mentira vale más que una gran idea si produce los mismos beneficios y donde los defraudadores se sienten justicieros. Desde luego, muchos ciudadanos no estarían tan cabreados si no lo hubieran visto así y pensaran, una vez más, que los creen idiotas.
El azar quiso que la declaración del presunto cerebro de la trama ‘Gürtel’ coincidiera en el tiempo con el ingreso en el hospital de José Ángel Fernández Villa, para quien el tribunal que debe juzgarle ha pedido una prueba neurológica con el fin de establecer si está en condiciones de testificar sobre el origen de su fortuna. Es probable que el exlíder del SOMA, si su delicada salud se lo permite, sufra similares remordimientos que Francisco Correa. También que albergue los mismos sentimientos: la vergüenza de no haber sido lo bastante inteligente para eludir a los investigadores, la afrenta de sentirse traicionado por quienes le hicieron creerse invulnerable y la humillación de resultar rechazado por los que antes le halagaban. Me atrevo a pensarlo porque como en otros casos de notables corruptos que les han precedido, ninguno de los dos ha expresado a los ciudadanos cuya confianza han malversado más disculpas que las aconsejadas por sus abogados defensores. Aunque vivan en un país obligado a congelar las incorporaciones al servicio público, cuyos profesores interinos se ven forzados a pleitear una carrera profesional, en el que el coste de la sanidad se mantiene en entredicho, que teme por el futuro de sus pensiones y en el que muchos jóvenes reciben su legado como un timo. A los corruptos poco les importa todo eso. Ellos no acostumbran a pedir perdón porque creen sus acciones más que justificadas. Están convencidos de que otros ocuparán su lugar para hacer lo mismo y, gracias a sus tropiezos, tal vez con mejor fortuna. Con ese credo no terminarán las sentencias de los jueces. Tampoco la pobre justificación esgrimida por algunos políticos de que los encarcelamientos prueban la intransigencia frente a los delincuentes, ni la demagogia que otros repiten con cada detención para amortizar el desgaste del adversario, ni el abuso de la vía judicial como una demostración de rigurosa persecución de los mangantes. Combatir la corrupción resultará mucho más trabajoso de lo que buena parte de nuestra clase política intenta hacernos ver. Antes, los partidos tendrán que asumir que es tan factible como necesario. Y luego, legislar para protegernos, no para contentarnos.

EL CAMINO DE LA SENSATEZ

Javier Fernández y Mariano Rajoy han tenido que dar un paso al frente en la última semana y superar incluso el discurso de sus propios partidos para enderezar el rumbo de la investidura. El líder socialista tiene ante sí la complicada tarea de acallar los ecos del ‘no es no’ que Pedro Sánchez había convertido en su grito de guerra. Al presidente en funciones no le ha quedado otra que llamar al orden a quienes en el PP quisieron aprovechar la situación para exigir poco menos que una humillante rendición incondicional del principal partido de la oposición. Ambos están convencidos de que las terceras elecciones supondrían un desastre. Y poco ganan sus partidos con otros comicios. El PSOE, fracturado y sin tiempo para preparar un candidato, solo podía esperar un batacazo electoral. El PP tampoco puede ignorar que parapetarse ahora en la intransigencia le restaría más apoyo que sus adversarios. Así que ambos dirigentes han apelado al discurso de la sensatez para acabar con el marasmo político propio de un estado fallido. El itinerario que ambos han elegido solo puede conducir a la investidura. Para facilitar el viraje socialista, Javier Fernández ha encontrado el concepto de ‘abstención técnica’, esto es, dejar que los conservadores gobiernen sin asumir más compromisos que el de ejercer una leal oposición. Este apoyo calculado, no más del preciso, permitirá al PP continuar en La Moncloa sin el riesgo de llevar a los socialistas a un atolladero que haga imposible el diálogo cuando las exigencias de Bruselas, el desafío soberanista o la financiación autonómica requieran una respuesta que sus 137 diputados no alcanzan a dar.
Quien alcanza la responsabilidad de gobernar debe asumir que los discursos bienintencionados solo sirven durante un tiempo antes de parecer excusas. Al poder Ejecutivo se le juzga por sus acciones más que por sus palabras. Mariano Rajoy y Javier Fernández lo saben. Y en Asturias, tareas tienen para demostrarlo. La más urgente para el Ejecutivo regional, la aprobación de unos presupuestos que conjuren el riesgo de una región encadenada a una prórroga que le impida tanto llegar a tiempo a una recuperación aún incierta como atender las profundas heridas que ha dejado la crisis. El Gobierno asturiano quiere que las cuentas reflejen la mayoría de izquierdas del Parlamento autonómico. Podemos e IU han advertido de que el respaldo a Rajoy aleja la posibilidad de un acuerdo. En mal lugar quedan los intereses de Asturias y sus políticos si sus cuentas solo dependen de lo que se decida en el Congreso de los Diputados. El PP asturiano, que durante la última semana ha reclamado altura de miras al presidente de la gestora socialista, dispone en este asunto de la ocasión de predicar con el ejemplo en su tierra. Si lo poco en lo que están de acuerdo todos los partidos es que una prórroga conduce a un insuficiente más de lo mismo algo más deberían hacer por evitarla que mirar a lo que acontece en Madrid.
El nuevo Gobierno central, amparado en su limitación de funciones desde hace un año, podrá actuar en el Principado con el sentido común que ha reclamado para facilitar la investidura. La variante de Pajares, la regasificadora de El Musel, la nueva depuradora de Gijón, la tarifa eléctrica o el futuro del carbón suponen para la región cuestiones demasiado trascendentales para aguardar al próximo cálculo electoral. Durante sucesivas legislaturas, el debate de los partidos sobre el futuro de Asturias se ha limitado a una tediosa y recíproca atribución de responsabilidades mientras sus decisiones acrecentaban el sentimiento de agravio respecto a otras autonomías. Nada más alejado de los intereses generales invocados durante las últimas semanas para ordenar la política española. Ahora que el camino anunciado es el de la sensatez, la clase política tiene en esta región un buen trecho para recorrer.

EL EDIFICIO SOCIALISTA

Pedro Sánchez parece inclinado a la fascinación ante la fatalidad de la izquierda. ‘La lengua de las mariposas’, dijo en una entrevista, ha sido tal vez la película que ha visto en más ocasiones. Quizás atraído por el magnetismo de los hombres dispuestos a morir por sus ideales. O simplemente quiso, cuando eligió el filme, recurrir a la heroica figura del maestro republicano trazado por Manuel Rivas para contrarrestar ante el electorado la imagen de candidato de cartón, adecuado para los carteles y obcecado por su ambición, que sus adversarios, dentro y fuera del PSOE, han intentando endilgarle. «A veces el infierno somos nosotros mismos». Esa fue una de las lecciones con las que don Gregorio, el inolvidable profesor del largometraje que tanto gusta a Sánchez, trascendió en sus alumnos más allá de la intransigencia de quienes acallaban las discrepancias a tiros. Ayer, el líder socialista descubrió su propio infierno en la sede de Ferraz. También él dejará sus enseñanzas a una generación de políticos fraguada en la convulsa etapa que le ha tocado vivir. Mucho han aprendido los dirigentes del PSOE y sus rivales a expensas de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, los riesgos de la improvisación para calmar la sed de democracia interna y liderazgo de sus militantes.
El PSOE eligió a su líder con el respaldo del 49% de sus afiliados. El secretario general se vio forzado a apagar los rescoldos con una ejecutiva en la que repartió los cargos entre los leales, los eventuales aliados e incluso sus oponentes. Todos juntos en el mismo ‘aparato’, la palabra con la que en el Partido Socialista resume su complejo sistema orgánico de cuotas territoriales e institucionales. De lograr unos resultados electorales convincentes dependía el futuro del secretario general. Pedro Sánchez perdió las suficientes elecciones para que el inestable edificio socialista se resquebrajara.
Ocupado en alcanzar el poder ha desatendido las necesarias reparaciones y las fisuras alcanzaron el tamaño de grietas. A través de ellas se han visto muchas de las cuestiones sin resolver que se apilaban en las estanterías de Ferraz: la mal resuelta transición con los anteriores liderazgos, la necesidad de encontrar un discurso diferenciado en la izquierda, la indefinición de la estrategia ante los partidos emergentes, la incapacidad de mantener la unidad entre los líderes territoriales y las profundas discrepancias para afrontar el desafío del nacionalismo. Las urgencias electorales reemplazaron debates imprescindibles por silencios en los que germinó la incomprensión. Las tretas, que muchas hubo, alimentaron los rencores hasta llegar al desprecio mutuo entre el secretario general y un amplio sector cada día más crítico. Y aunque algunas plantas de la construcción socialista amenazaban con derrumbarse, Pedro Sánchez decidió parapetarse en su despacho en lugar de salir a buscar ayuda por temor a encontrarse a la presidenta andaluza sentada en su sillón a la vuelta. El líder socialista se aferró al refrendo de las bases para evitar el desalojo forzoso de quienes le acusaron de anteponer su cargo a la pervivencia de las siglas. Un congreso no arreglará por sí solo lo mucho que el PSOE tiene por reparar, aunque nadie duda de que son los militantes el verdadero soporte de un partido obligado a solicitar a la Policía que se interpusiera entre quienes intentaban salvar sus muebles y las baronías, que prefieren emplear a fondo la piqueta, facilitar que España tenga un Gobierno e iniciar cuanto antes la refundación. El nuevo líder, quien sea que los militantes elijan, necesitará que unos y otros, los que quisieron desahuciar a Sánchez con una moción de censura y quienes intentaron cerrar las puertas desde dentro, participen en la reconstrucción antes de que solo quede un solar que malvender. La sonrojante reunión del comité federal que terminó con la dimisión de Sánchez hace dudar de que los cimientos del edificio socialista aguanten mucho más. Por el momento, su futuro queda en manos de una gestora y los buenos oficios de Javier Fernández.

POLÍTICOS ATRINCHERADOS

Pedro Sánchez ha aprovechado la tortuosa guerra de trincheras de la política española para lanzarse a la descubierta dentro de sus propias filas. El líder socialista quiere que el comité federal afloje sus ligaduras para negociar un pacto de gobierno o que sus díscolos barones se enfrenten a él en unas primarias tan apresuradas que cualquier alternativa, además de improvisada, aparezca ante los militantes como una desafección hacia el candidato electoral. El órdago del secretario general ha indignado a quienes dentro de su partido piensan desde hace meses que los 85 diputados conseguidos en las últimas elecciones aconsejan liderar la oposición, iniciar un proceso de reconstrucción interna que mantenga al PSOE como alternativa de gobierno y esperar a que la amenaza de Podemos se debilite. El gran inconveniente para Sánchez de esta estrategia es su certeza de que no cuentan con él para llevarla a cabo. Así que ha elegido un camino que amenaza con una fractura interna y conduce a una tercera convocatoria electoral. Si quiere impedirlo, el sector crítico que encarnan los presidentes regionales, tendrá que jugárselo todo a una carta. Lo que sea del partido se verá luego, antes se decidirá quién manda.
Tampoco en Podemos andan sobrados de unidad. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han decretado una tregua después de despacharse con algunos dardos que dejaron en evidencia sus discrepancias sobre el modelo de partido con el que pretenden aglutinar el voto de izquierdas. Sus diferencias resultan obvias desde hace tiempo, pero ni siquiera sus adversarios podían esperar que en plena campaña de las elecciones gallegas y vascas cometiesen la imprudencia de echar un pulso por el timón de la nave. Ahora que en Podemos hay cargos que ejercer y decisiones que tomar también existen las disputas internas.
Los partidos de la izquierda española intuyen que su futuro para los próximos años puede decidirse en pocos meses con unas nuevas elecciones por medio. Así que la mayor preocupación de sus líderes es fortificar su despacho y esperar que el tren del poder se detenga ante su puerta. En eso no existen diferencias ideológicas. Mariano Rajoy, a quien pronosticaban un otoño de sinsabores judiciales por la corrupción, confía en que su partido pueda ser el gran beneficiado si los ciudadanos se ven obligados a deshacer el entuerto con su voto. Albert Rivera, que no encuentra ninguna alegría en las previsiones de las encuestas, tiene que conformarse con recordar que ha hecho todo lo que sus escaños le permiten para que haya un gobierno. En todo caso, mientras sus votos resulten necesarios para la investidura de cualquiera, Ciudadanos no perderá protagonismo. Una nueva convocatoria electoral parece convenir a demasiados de quienes tienen en su mano evitarla. Por eso, las apelaciones a la responsabilidad y los intereses generales resultan tan poco creíbles como los debates de un Congreso en el que poco más se ha decidido que el reparto de cargos en la mesa.
Los días pasan con nuestros políticos atrincherados en su poltrona, ocupados en culparse unos a otros con los mismos argumentos desde hace meses y menos pendientes de sus adversarios en las urnas que de los enemigos con los que comparten siglas. Mientras, España sigue en funciones, las autonomías continúan sin interlocutor, los presupuestos se intuyen una quimera, las inversiones esperan a que escampe y los ciudadanos pierden la paciencia. En un país que aún intenta convencerse de que la recuperación es posible, los riesgos inmediatos de la parálisis institucional resultan evidentes. A largo plazo, las consecuencias estremecen.

INERCIA POLÍTICA

Antes que a la lógica, los políticos españoles responden a la ley de la inercia, un principio por el que tienden a permanecer en estado de reposo o en actividad aparente hasta que las circunstancias les favorezcan o de forma inevitable les empujen a moverse para salvar su cargo. Mariano Rajoy aguardó inmóvil y en silencio a que Rita Barberá eligiera la salida más conveniente tras su imputación. La senadora tomó a casi empellones la puerta del Grupo Mixto, con un sueldo de casi siete mil euros mensuales que le garantizan un buen abogado defensor y las ventajas del aforamiento. Solo cuando el silencio se hizo tan incómodo como para amenazar en convertirse en complicidad, el líder del PP habló. En tercera persona, como si levantara un acta de defunción, constató que la exalcaldesa de Valencia ha abandonado el PP y por lo tanto su antiguo partido carece de autoridad sobre ella. Y a otra cosa, que no es más que contar los días que faltan para las terceras elecciones al menos que el PSOE las impida.
Pedro Sánchez no está por la labor. Pese al aparente trajín de la campaña en Galicia y el País Vasco, el secretario general de los socialistas continúa tan quieto como su rival. Por mucho que los barones invoquen su derecho a decir lo que piensan y su ejecutiva se líe «a gorrazos» con ellos, que diría Guillermo Fernández Vara, al candidato del PSOE le basta el ‘no es no’ como eslogan y el paso de las semanas para que la convocatoria electoral le garantice una oportunidad que buena parte de su comité federal preferiría ahorrarse. Ahora que ha encontrado un punto de equilibro en la cuerda floja del camino hacia la Moncloa, tampoco él piensa menearse demasiado.
A España no le queda otra que esperar también, harta y en funciones, a que la realidad haga imposible el camuflaje. Los partidos no se organizan para forjar hombres de Estado, sino para ganar elecciones. Mientras los protagonistas otean el horizonte con la esperanza de que a su rival lo fulmine un rayo, el guión de las directrices del partido establece dos alternativas para los secundarios: hacer mutis por el foro o disimular lo mejor que sepan, la opción más digna ante la opinión pública para los cargos electos. Solo en esa obligada pose preelectoral de nadar y guardar la ropa se entiende que los políticos asturianos hayan discutido durante meses las posibles alianzas presupuestarias sin entrar en mayores honduras que la posibilidad de establecer impuestos para las bebidas con gas. El PSOE asturiano ha lamentado en reiteradas ocasiones la dificultad de elaborar unas cuentas sin que el Gobierno central concrete los fondos que la región recibirá el próximo año. Los socialistas no han dejado de repetir su deseo de negociar un acuerdo con Podemos e IU para que el presupuesto responda a la mayoría parlamentaria de izquierdas. El partido de Emilio León ha contestado tantas veces como le han preguntado que su apoyo está condicionado a un cambio de política por parte del Ejecutivo de Javier Fernández. El PP asturiano asegura estar dispuesto a aprobar el presupuesto si el Gobierno acepta sus propuestas fiscales, entre ellas, la supresión del impuesto de sucesiones. Tantas ocasiones como ha podido lanzar su oferta Mercedes Fernández ha tenido luego para afear al PSOE su silencio. A Foro, Ciudadanos e Izquierda Unida la imposibilidad de resultar decisivos en solitario les permite criticar a diestra y siniestra la incapacidad de los partidos con mayor representación en la Junta para superar el más de lo mismo. Los parlamentarios asturianos llevan dos meses en el bucle de un debate reiterativo, pero con la vista puesta, sin distracciones, en la política nacional, cuya parálisis también les sirve de coartada para que las buenas intenciones se queden para engordar los libros de sesiones del Parlamento asturiano.
La realidad de Asturias mantiene su propia dinámica, que la obliga a caminar por detrás de las regiones con mayores recursos hacia un horizonte de incierta recuperación. El presupuesto, aunque dependiente en gran medida de las aportaciones estatales, es el escaso margen de maniobra de la política regional para acelerar el paso de una autonomía lastrada por el envejecimiento de su población, el crecimiento de la deuda pública y la complicada transformación de su economía. Sin embargo, la inercia de la política asturiana parece dispuesta a mantenerse en la parsimonia de una prórroga que todos los partidos consideran indeseable y casi nada hacen por evitar.