OTÍN Y EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN

Otro, en el lugar de Carlos López-Otín, habría cogido la puerta con su maleta, su prestigio y su equipo. Ni siquiera tendría que buscar un sitio adónde ir. Podría sentarse y no necesitaría esperar mucho tiempo para que los principales centros de investigación del mundo le ofrecieran un proyecto con más recursos económicos de los que ha tenido en tres décadas de trabajo en la Universidad de Oviedo. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular ha sufrido en los últimos tiempos la desazón de ver amenazado el futuro de su laboratorio. Sus investigaciones han cambiado las perspectivas de la ciencia, pero no le han permitido mantenerse al margen de las estrecheces que los ajustes han impuesto a los científicos españoles. Se ha quedado porque es «muy fan» de su universidad, se siente responsable de sus colaboradores y, sobre todo, porque su compromiso con la región en la que han crecido sus hijos le lleva a creer que «para Asturias no todo está perdido». Si hubiera decidido irse, ¿quién podría reprocharle una decisión por la que incluso se ha ensalzado a otros? Durante treinta años ha entregado a la investigación española mucho más de lo que ha recibido. Tal vez su marcha le hubiera granjeado incluso mayor admiración. En todo caso, la vida para él habría resultado mucho más sencilla que el estajanovismo que se ha exigido para traer a la Universidad de Oviedo los fondos que se disputan los principales centros de investigación de Europa. 2.400 proyectos han concurrido a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación. Solo 231 han logrado su objetivo, la élite científica mundial. Entre ellos, el presentado por López-Otín para estudiar los mecanismos moleculares del envejecimiento. El investigador y su equipo dispondrán de 2,5 millones para continuar sus trabajos. A sus colaboradores, «acostumbrados a la austeridad», les parece «muchísimo». Su objetivo es la búsqueda de «una longevidad saludable», un camino en el que pretenden encontrar las claves para luchar contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas. Hace no tanto, estas ambiciones hubieran parecido una ensoñación. Ahora, alimentan nuestra esperanza.
Llevará años alcanzar el conocimiento al que aspira el proyecto de una de las pocas mentes capaces de trazar el boceto del ser humano del próximo siglo. Las reflexiones a las que nos invita su proeza no deberían llevarnos tanto tiempo. La investigación ha demostrado que es capaz por sí misma de lograr recursos y generar riqueza, de ofrecer una alternativa a la emigración del talento formado en nuestras universidades y de garantizar el anclaje al territorio de las empresas de alto nivel tecnológico. Les resultará difícil encontrar en cualquier partido a un político que no comparta estos argumentos. Sin embargo, en demasiadas ocasiones se ha valorado a la investigación por lo que cuesta y no por lo que aporta. A los investigadores de alto nivel no les ha faltado quien les ensalce, pero sí quien les apoye. La proclamada confianza en la ciencia para transformar la economía no se ha reflejado en los presupuestos. España ha sido el país europeo que más recortó los fondos para investigación y desarrollo durante la crisis. Los resultados de gastar el dinero público en otras muchas cosas se aprecian de inmediato, la inversión en conocimiento exige paciencia y convicción. Dos virtudes difíciles de conjugar con las urgencias de los políticos. Al presentar un proyecto que sitúa a Asturias en la élite mundial de la ciencia, Carlos López-Otín se atrevió a proponer «invertir en bancos de conocimiento más que en los otros». Seguro muchos aplauden su opinión. Otra cuestión es que le hagan caso, aunque no vendría mal.

VÍCTIMAS DEL SILENCIO

El campeón olímpico y policía nacional Saúl Craviotto ha llamado a los maltratadores «basura, mierda y cobardes». Hubo quien se sorprendió de la dureza de su definición, en todo caso bastante precisa. Su intención era animar a las mujeres a denunciar. Sabe, por dolorosa experiencia, que en muchos de los casos más graves la Policía solo llega a tiempo de investigar un crimen. Las víctimas de la violencia machista lo son también del silencio. Del que imponen los verdugos, del que favorece la indiferencia y del administrativo, que no es el de las palabras, sino el de los hechos. Ocho mujeres de la asociación Ve-la luz iniciaron el 9 de febrero una huelga de hambre en la puerta del Sol sin más exigencia a los partidos que un pacto de Estado ante un drama que mantiene a 51.940 mujeres españolas bajo protección policial. Piden un «gabinete de crisis» para frenar una violencia que se traduce en setenta feminicidios cada año y miles de víctimas. En lo que va de 2017, la estadística que recoge nuestra vergüenza como sociedad presuntamente avanzada se ha disparado. Una víctima mortal cada tres días. El inicio de año más sangriento en una década. Los ciudadanos han vuelto a concentrarse en las calles y los políticos han incluido de nuevo el asunto en los argumentarios que cada día señalan a sus parlamentarios los asuntos de los que conviene hablar. El Gobierno ha anunciado que creará dos órganos con la misión de revisar los fondos asignados a los ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluar las órdenes de protección y reforzar las medidas dirigidas a los niños. Los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación se han marcado como objetivo profundizar en la formación de todos los agentes, mejorar la prevención en las redes sociales y revisar los protocolos de actuación. El Ejecutivo considera prioritario evaluar la eficacia de las órdenes de protección, fortalecer las campañas contra la violencia de género y fomentar las denuncias. Nada de ello sobra, aunque aflige pensar lo que ha costado algo que parece tan lógico como atender la petición de las ocho mujeres de la Puerta del Sol.
Hace tiempo que expertos como el catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo advierten de que el Sistema Integral en los Casos de Violencia de Género, bautizado con el mercadotécnico nombre de VioGen, no funciona. Entre otras razones, porque solo se activa si la víctima denuncia, algo que hacen pocas mujeres en situación de máximo riesgo, y las medidas de protección dependen de un cuestionario en el que se han detectado abundantes errores. Cierto que no es fácil de solucionar. Resulta complicado luchar contra individuos que no solo desprecian la vida, sino que les trae sin cuidado el castigo previsto en la ley. Uno de cada tres se suicida o lo intenta, por desgracia después de cometer el crimen, y del resto la mayoría se entrega. Pero la dificultad no justifica la inacción. Menos cuando lo que se pide no es más que un acuerdo que permita una política coherente, al margen de los bandazos de los cambios de gobierno o de responsables ministeriales, basada no en los prejuicios, sino en las opiniones de las organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y juristas que luchan cada día contra esta lacra. Una reclamación tan factible que desatenderla resultaría una mezquindad. El pacto de estado que demandan las asociaciones de mujeres no solucionará el problema, pero es imprescindible. Al menos, para no sentir vergüenza.

POBRE JUSTICIA

Solo nos falta servir cafés». «Nos han robado hasta el bolso». La fiscal superior de Asturias presentó en la Junta General la memoria del órgano que dirige con una expresiva y detallada descripción de las condiciones de trabajo de los fiscales. Su intervención mostró una imagen de los juzgados asturianos cercana a la que cabría imaginar de las instancias judiciales de un país con una democracia menesterosa. La Fiscalía, a la que la confianza en la Justicia nos anima a sentir como nuestro abogado defensor ante los delincuentes, ni siquiera tiene capacidad para custodiar con garantías los documentos en los que fundamenta su trabajo. Los fiscales, señaló María Esther Fernández, acaban por desempeñar las tareas de los asistentes porque carecen de la plantilla adecuada. Su trabajo es perseguir a los delincuentes, pero en las sedes judiciales ni siquiera un tabique les protege de ellos. Sus competencias crecen, se les exige investigar con rapidez, garantías y eficacia. Sin embargo, hasta la fiscal superior se pasa «mañanas enteras» dedicada a ordenar papeles, firmar partes de vacaciones o solventar problemas informáticos.
Mientras, los casos se les acumulan. Porque la sociedad requiere cada vez más su intervención, pero también hay que decirlo, porque los escritos a la Fiscalía se han convertido en un arma política y hasta propagandística. Todas y cada una de las denuncias deben ser estudiadas y respondidas. Con todo, en tiempos en los que la confianza en los gestores de lo público está bajo mínimos, la fe en los fiscales aumenta. Así que les pedimos que trabajen más, que investiguen incluso aunque solo sea para que podamos sentirnos más seguros. Pero tras la brillantez de sus togas se ocultan muchas penurias que el poder político ha hecho poco por aliviar. Los partidos, sin excepción, siempre han tenido más interés por orientar el desempeño de los fiscales que por escuchar sus problemas. Incluso el propio estatuto que rige el Ministerio Público mantiene preocupantes vestigios que facilitan las intromisiones en su independencia. Y para colmo, el traspaso de competencias cargó a las autonomías con los gastos de un sistema judicial al que se otorgó un presupuesto más pensado para perseguir a carteristas y camellos que a las complejas redes tejidas por la corrupción o la delincuencia organizada.
El descarnado relato de la fiscal superior ante los parlamentarios sirvió para que el Ejecutivo asturiano prometiese al día siguiente un plan de obras que garantice la seguridad en la custodia de los expedientes. Los problemas de los fiscales y de los jueces no se van a terminar con unos cuantos tabiques y cajoneras nuevas para guardar sus papeles. Tampoco con las ahora recurrentes comisiones de investigación invocadas para todo y que han servido para casi nada más que para remitir a la Fiscalía dictámenes tan efectistas como ineficaces.
El buen funcionamiento de la Justicia exige un presupuesto acorde a sus necesidades, no solo las que consideran los políticos, que por lo visto hasta ahora son escasas, ni siquiera las que la fiscal superior demanda, sino las que resulta esencial cubrir para que funcione con garantías el poder al que nos aferramos no solo cuando somos víctimas de la delincuencia común, sino en los momentos en los que las grietas en el edificio de nuestra democracia amenazan su estabilidad. Nos hemos acostumbrado a esperar a una justicia que a pesar de su paso renqueante siempre termina por llegar. Es un consuelo. Pero entristece pensar lo tarde que llega a veces, sobre todo sabiendo que tal vez sea porque nuestros eminentes juristas están pendientes de que no les birlen la cartera en su propio despacho.

POLÍTICA AMBIENTAL

Los anticiclones invernales han reavivado en los últimos años el debate sobre la polución en Asturias. Las altas presiones desencadenan el llamado proceso de ‘inversión térmica’: la circulación del aire se interrumpe en las capas más bajas, las emisiones no se disipan y las estaciones de medición alertan de las altas concentraciones de elementos contaminantes. Este mes ha ocurrido de nuevo. No es la primera vez ni será la última. La lluvia termina con este fenómeno y también con la polémica. Mientras llega y no la tormenta, las opiniones se enardecen y las grandes industrias se sienten atacadas porque las miradas suelen dirigirse a sus chimeneas. Las administraciones responden entonces con medidas que van desde la recomendación de evitar el uso de la calefacción en pleno enero al riego de calles o la advertencia de sanciones a las empresas, que sienten amenazado su futuro. En poco tiempo, el viento suele llevarse casi todo lo dicho. Sin embargo, los efectos más graves de la contaminación solo se aprecian a largo plazo. Las consecuencias de las improvisaciones, también. Y en ambos casos resultan irreparables.
En Asturias existen suficientes muestras para calibrar los resultados de la política pendular de aceptar un día, en aras del progreso, agresiones a la naturaleza que no deberían haberse producido y pasar el siguiente a espantar inversiones con discusiones extemporáneas. Son los resultados de las políticas de repentización. La experiencia y la inteligencia deberían llevar a los partidos a prolongar el debate más allá del tiempo que permanecen ante nuestros ojos las nubes contaminantes. Con sensatez y sin prejuicios. Conscientes de la lógica preocupación de los asturianos por su salud y de la cada vez mayor sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, pero también de la importancia de una industria en la que se sustenta el 20% del producto interior bruto de la región. La consejera de Medio Ambiente ha anunciado que se reunirá con 16 municipios del área central para diseñar un protocolo de actuación que ayude a atajar las consecuencias de la contaminación. No es mala idea para empezar, aunque haya sido lanzada al calor de una ‘inversión térmica’. Pero lo importante de las reuniones no son las convocatorias, sino sus resultados.
Asturias necesita planes ambientales con los que los ciudadanos se sientan protegidos y que permitan a las empresas reducir sus emisiones con proyectos que no pongan en riesgo su actividad. Con medidas más allá de endurecer las sanciones a la industria sin mayor afán que mejorar en la comparación con otras regiones y actuaciones que no se limiten a los momentos en los que las estaciones de medición superan los índices establecidos por la Unión Europea. Este tipo de respuestas a posteriori en poco ayudan a mejorar la calidad de vida de los asturianos. Lo mismo que la tentación en la que a veces incurren algunas organizaciones de exigir imposibles. La política ambiental solo puede ser eficaz cuando ofrece soluciones factibles, capaces de reducir o evitar los problemas, y de conjugar el crecimiento económico con la calidad de vida. Tal vez difícil, sí. Pero mucho más lógico que el extremismo de plantear la perversa y simple elección entre la industria o la salud. Si tiene sentido una aspiración es la de una región en la que se pueda trabajar y donde resulte deseable vivir. Sin un mínimo de ambas cosas, el fracaso está asegurado. El mundo está lleno de ejemplos.

LA VALENTÍA DE AMARESH

Amaresh Fernández falleció el 31 de diciembre. Tenía 24 años. Padecía, desde la adolescencia, obesidad mórbida. Llevaba cinco años en la lista de espera para una operación de reducción de estómago. Los médicos le habían advertido de que aún debería aguardar otros cuatro más antes de pasar por el quirófano. De familia humilde, su sueldo de auxiliar administrativa no le alcanzaba para costearse una intervención de cirugía bariátrica en una clínica privada. Los especialistas de la sanidad pública habían probado diversos tratamientos con fármacos, estrictas dietas y programas de ejercicios. Sin éxito. Llegó a pesar 125 kilos. La obesidad y una severa diabetes que se había complicado al desarrollar resistencia a la insulina, condicionaron su vida desde los 16 años. Tuvo que realizar dos cursos de Secundaria desde las aulas hospitalarias. Su esfuerzo le valió un reconocimiento de la Consejería de Educación. Su existencia fue una constante lucha contra sus dolencias, las trabas burocráticas y los prejuicios, que también los sufrió. Se negaba a rendirse, a perder la sonrisa y menos aún su valentía. Cuando los médicos le dijeron que la operación en la que había depositado todas sus esperanzas de mejora no tenía fecha remitió una queja al Defensor del Paciente. «Estudiado su caso por los facultativos que corresponde, manifiestan que no tiene factores de riesgo o variables clínicas que pudieran suponer la consideración de urgencia o preferencia», fue la respuesta de la Administración, que en 2015 confiaba en atender su caso en el plazo de doce meses. Pasado ese tiempo, la joven envió una nueva carta de protesta. «Mi salud, tanto física como mental, cada vez se deteriora más. Tan solo tengo 24 años y llevo la vida de una persona de 80. Hay infinidad de cosas que ni siquiera puedo plantearme hacer por la obesidad que padezco y cada vez surgen más complicaciones». Ante el mutismo administrativo, acudió a EL COMERCIO para que la sociedad asturiana conociera la dura realidad que afrontan los enfermos de obesidad mórbida. «Me da igual dónde, solo quiero que me operen porque de seguir así seguro que voy a morir». Por desgracia, su pública denuncia no evitó el final que ella misma pronosticó.
Especular ahora con lo que habría pasado si su reclamación hubiera tenido otra respuesta de nada sirve. Cuestionar el criterio de los especialistas que rechazaron la urgencia de su caso carece de sentido. Si consideraron que Amaresh debía continuar en la lista de espera del Hospital Central fue a buen seguro porque el resto de los enfermos de obesidad mórbida se encontraban en una situación similar o peor. Lo inaceptable es que pretendan convencernos de que lo normal es que una intervención quirúrgica asumida por la sanidad pública como necesaria acumule una lista de espera de cuatro años. Por nimia que sea la dolencia, solo un inconsciente asumiría sin rechistar una cita con el quirófano para dentro de un lustro.
El jefe de Cirugía General del HUCA, Lino Vázquez, ha reconocido que la demanda de estas operaciones «está creciendo de forma apabullante». El 40% de los asturianos tiene problemas de sobrepeso. El único hospital de la región en el que se realizan estas intervenciones programa dos por semana. Sin embargo, cada siete días entran tres nuevos pacientes en una lista de espera que acumula trescientos nombres. Pocas cuentas hacen falta para darle la razón a Amaresh. Probablemente, no tenía derecho a operarse antes de lo previsto. Quiero creer que así era, a ello me inclina la confianza que merecen los profesionales de la medicina en Asturias. Pero a Amaresh Fernández le sobraban razones para pensar que el sistema que protege nuestra salud, y pagamos todos, no atiende de forma adecuada a quienes padecen una enfermedad sobre la que sobrevuelan demasiados tópicos. No se trata de estética, sino de supervivencia. La cirugía bariátrica, una operación de riesgo, supone el último recurso de la sanidad pública cuando la obesidad amenaza la vida del paciente. Por eso, más que el motivo de la muerte de Amaresh es el suplicio que marcó su vida lo que exige una respuesta. Ella tuvo el valor de poner su voz al hasta entonces silencioso drama de una lista de espera que se resiste a la lógica. Así despidió su último escrito a las autoridades sanitarias: «Gracias por su tiempo y atención. Espero sus noticias». Lo mismo digo.

MALA EDUCACIÓN

Después de tres años de guerra educativa, el Gobierno ha decidido convertir las reválidas en un ejercicio escolar, casi en un día de asueto, y recuperar la vieja Selectividad. La reforma educativa del Partido Popular, irrenunciable con mayoría absoluta, se ha convertido en prescindible, urnas mediantes. La educación española tiene ahora ocasión de encontrar un consenso del que jamás ha disfrutado y solucionar sus problemas, que no son pocos, sin caer de nuevo en la habitual tentación de los partidos de poner su marchamo ideológico en los libros de texto. En diez legislaturas, los colegios han tenido que adaptarse a siete leyes distintas. Esta misma semana, los profesores asturianos han reclamado para sí la misma protección legal ante las agresiones de la que disfrutan los médicos. Entre otras situaciones, relataron el caso de una madre de un niño de Infantil que llegó a agredir al maestro porque retrasó la hora de salida de clase. Una encuesta elaborada por el sindicato ANPE asegura que el 57% del profesorado no se siente apoyado por la dirección de su centro y que el 14% no sabe o prefiere no contestar. El mismo informe detecta un aumento de la indisciplina, las conductas agresivas de alumnos y los enfrentamientos con los padres.
Tampoco las familias parecen demasiado satisfechas con la atención que reciben sus hijos. «Somos parte de la comunidad educativa, pero cuando opinamos sobre algo relacionado con la escuela que no sea hacer fiestas y trajes o repartir lotería se nos reprocha argumentando que nos entrometemos en la labor docente», ha dicho la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Los padres acaban de poner fin a una huelga contra los deberes con la que han tratado de reivindicar su derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas en el ámbito familiar, «de carácter privado, sin que la escuela pueda invadirlas».
Padres y profesores pueden tener opiniones diversas, resulta comprensible. Es una de las razones por las que depositamos en la Administración la responsabilidad de organizar el sistema educativo. Sin embargo, los partidos se han empeñado con reiteración en formar afiliados antes que ciudadanos. Y periódicamente, cuando algún supuestamente infalible organismo internacional deja a nuestros colegios en mal lugar o nuestras universidades aparecen en los últimos puestos de las clasificaciones de excelencia se reabre el debate sobre la necesidad de revisar el sistema educativo español. Es entonces cuando nos preguntamos si queremos ser suecos o coreanos, construir universidades como las norteamericanas o establecer programas de formación profesional como los de Alemania. Pero nos guste más o menos, seguimos siendo españoles. La educación asturiana, según el último informe del Estudio Internacional en Matemáticas y Ciencias, obtiene buenas calificaciones, incluso por encima de la media de los 64 países evaluados. A pesar de sus diferencias, las familias y profesores algo hacen bien incluso cuando las administraciones no han demostrado la menor coherencia al trazar el camino a seguir. No obstante, el mismo estudio que ha servido al Principado para felicitarse también indica que el 30% de los estudiantes presencia de forma esporádica situaciones de acoso, que repetir curso es casi sinónimo de fracaso y que uno de los elementos que más influye en el éxito escolar es la riqueza de las familias. Indicadores tal vez más relevantes que la posición en el ránking de turno, por mucho que nos guste compararnos con los demás, y que no se arreglan con más carga lectiva ni con entrenar los test con los que se evalúa a los centros. Problemas cuya solución requiere ideas claras, leyes estables y recursos económicos sin los que a largo plazo solo podemos aspirar a un tipo de educación: mala.

NUEVA ETAPA

La entrega de los Premios Princesa de Asturias reunió en el Teatro Campoamor a los dos hombres de quienes depende que España tenga un gobierno en los próximos días. Albert Rivera, que ha pactado su apoyo al PP, y Javier Fernández, quien realmente decidirá la investidura de Mariano Rajoy, aunque sea a través de una abstención asumida ya como la única decisión razonable para un PSOE que tras las elecciones de junio parecía empeñado en caminar en círculos. Ante ellos, frente a la presidenta del Congreso y con la representación de un ejecutivo ya casi sin funciones, el Rey pronunció un discurso del que se ha destacado la evidente ausencia de alusiones explícitas a la actual situación política. Felipe VI ensalzó la cultura que «enriquece la convivencia» y apeló a una España «alejada del pesimismo, el desencanto y el desaliento». Un país en el que «nadie pueda sentirse solo en el dolor o la adversidad», la nación de «brazos abiertos» que deseó Unamuno. Un discurso sin emplazamientos a los políticos que han necesitado dos convocatorias electorales ni a los que aún pretenden una tercera. Sin citar a quienes hurgan en una herida territorial que amenaza con gangrenarse ni recriminar los egoísmos partidistas y personales que han llevado a los ciudadanos de la ilusión al desengaño y la desazón. Y tal vez por ello, con su discurso el Rey ha promulgado un nuevo tiempo en el que los partidos deberían salir de la comodidad de los terrenos acotados al camino por el que transitan los ciudadanos a quienes piden sus votos.
La sesión de investidura aspira a poner fin a una interinidad que amenazaba con atrofiar la vitalidad de un país que aún intenta recuperar sus pulsaciones, pero no será más que el comienzo de una legislatura de incierta duración. En la que Mariano Rajoy afronta la necesidad de negociar alianzas a la que no está acostumbrado mientras reforma un partido carcomido por los casos de corrupción y en el que solo la prioridad de su reelección como presidente ha aplazado la toma de posiciones de sus delfines, reconocidos o no. Javier Fernández no lo tendrá más fácil. Suya será la tarea de reconstruir un PSOE dividido por un debate más demagógico que realista entre la razón y el sentimiento. No es la primera cura que los socialistas han necesitado desde que la llegada al poder de Felipe González consagró su proyecto como la alternativa de gobierno de izquierdas, pero hasta ahora sus dolencias nunca habían sido tan graves. Por el momento, Javier Fernández intenta ganar el tiempo que requiere un tratamiento prolongado. Sin embargo, ninguna de las dos grandes fuerzas políticas puede acomodarse en la inmovilidad que facilitaba la certeza de la alternancia en el poder. También para los nuevos partidos, ya sin la coartada de serlo, comienza una etapa diferente. En la que los ciudadanos tienen la posibilidad de confrontar sus promesas con la confianza que les han entregado en las urnas y en la que la crítica a quienes ocupan las instituciones son una opción, pero no la única.
En este contexto del que no habló, el Rey reivindicó que la cultura inspire nuestra libertad. «Un pueblo que quiera, respete y ampare la cultura nunca le temerá al futuro» proclamó en Oviedo. Cierto. La cultura tiene la virtud de encontrar horizontes sin renunciar al acervo que le permite reconocerlos. Hacia ellos deberían dirigir sus ojos los políticos españoles en lugar de refugiarse en la que incluso con jactancia han llamado cultura de partido y que en la mayor parte de ocasiones no ha dejado de ser una excusa para mirar hacia otro lado.

POLÍTICOS ATRINCHERADOS

Pedro Sánchez ha aprovechado la tortuosa guerra de trincheras de la política española para lanzarse a la descubierta dentro de sus propias filas. El líder socialista quiere que el comité federal afloje sus ligaduras para negociar un pacto de gobierno o que sus díscolos barones se enfrenten a él en unas primarias tan apresuradas que cualquier alternativa, además de improvisada, aparezca ante los militantes como una desafección hacia el candidato electoral. El órdago del secretario general ha indignado a quienes dentro de su partido piensan desde hace meses que los 85 diputados conseguidos en las últimas elecciones aconsejan liderar la oposición, iniciar un proceso de reconstrucción interna que mantenga al PSOE como alternativa de gobierno y esperar a que la amenaza de Podemos se debilite. El gran inconveniente para Sánchez de esta estrategia es su certeza de que no cuentan con él para llevarla a cabo. Así que ha elegido un camino que amenaza con una fractura interna y conduce a una tercera convocatoria electoral. Si quiere impedirlo, el sector crítico que encarnan los presidentes regionales, tendrá que jugárselo todo a una carta. Lo que sea del partido se verá luego, antes se decidirá quién manda.
Tampoco en Podemos andan sobrados de unidad. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han decretado una tregua después de despacharse con algunos dardos que dejaron en evidencia sus discrepancias sobre el modelo de partido con el que pretenden aglutinar el voto de izquierdas. Sus diferencias resultan obvias desde hace tiempo, pero ni siquiera sus adversarios podían esperar que en plena campaña de las elecciones gallegas y vascas cometiesen la imprudencia de echar un pulso por el timón de la nave. Ahora que en Podemos hay cargos que ejercer y decisiones que tomar también existen las disputas internas.
Los partidos de la izquierda española intuyen que su futuro para los próximos años puede decidirse en pocos meses con unas nuevas elecciones por medio. Así que la mayor preocupación de sus líderes es fortificar su despacho y esperar que el tren del poder se detenga ante su puerta. En eso no existen diferencias ideológicas. Mariano Rajoy, a quien pronosticaban un otoño de sinsabores judiciales por la corrupción, confía en que su partido pueda ser el gran beneficiado si los ciudadanos se ven obligados a deshacer el entuerto con su voto. Albert Rivera, que no encuentra ninguna alegría en las previsiones de las encuestas, tiene que conformarse con recordar que ha hecho todo lo que sus escaños le permiten para que haya un gobierno. En todo caso, mientras sus votos resulten necesarios para la investidura de cualquiera, Ciudadanos no perderá protagonismo. Una nueva convocatoria electoral parece convenir a demasiados de quienes tienen en su mano evitarla. Por eso, las apelaciones a la responsabilidad y los intereses generales resultan tan poco creíbles como los debates de un Congreso en el que poco más se ha decidido que el reparto de cargos en la mesa.
Los días pasan con nuestros políticos atrincherados en su poltrona, ocupados en culparse unos a otros con los mismos argumentos desde hace meses y menos pendientes de sus adversarios en las urnas que de los enemigos con los que comparten siglas. Mientras, España sigue en funciones, las autonomías continúan sin interlocutor, los presupuestos se intuyen una quimera, las inversiones esperan a que escampe y los ciudadanos pierden la paciencia. En un país que aún intenta convencerse de que la recuperación es posible, los riesgos inmediatos de la parálisis institucional resultan evidentes. A largo plazo, las consecuencias estremecen.