El ‘procés’ totalitario

El camino hacia el abismo del delirio llamado ‘procés’ ha comenzado a mostrar su verdadera cara, que no es la reivindicación soberana que esgrime, ni el sentimiento identitario alimentado de agravios reales o ficticios, sino el autoritarismo de quien está dispuesto a imponer sus ideas con absoluto desprecio a las consecuencias y a la opinión de los demás, incluso de la mayoría. Por más que el discurso secesionista se parapete tras el legítimo derecho de los catalanes a expresar su opinión, solo en un régimen sin libertad ocurre que los policías vivan atrincherados en hoteles, que los niños abandonen los colegios para no sufrir humillaciones, que las empresas emprendan la fuga, que los ciudadanos tengan miedo a dar su opinión para no ser, como mínimo, señalados con el dedo…
Cuesta creer que ni siquiera el más ferviente partidario del independentismo aspire a construir un estado sobre los cimientos de la imposición y el miedo. No es democracia lo que defiende quien se erige en la voz del pueblo tras una farsa plebiscitaria que ni siquiera los observadores de parte se atrevieron a avalar. Tan carnavalesca resultó la consulta que Carles Puigdemont anunció sus intenciones de proclamar la independencia antes de facilitar los datos, consciente de que carecían de toda credibilidad. El ‘procés’ se sustenta en la fractura social, la intransigencia, la intimidación y el nacionalismo irracional. La histórica receta del autoritarismo de todos los colores. Y no resulta fácil defenderse de él cuando consigue arrastrar tras de sí incluso a quienes creen defender todo lo contrario. La historia nos ha enseñado el error que supone combatirlo con el odio, la fuerza o el miedo, pero no nos impide cometer errores. Poco ayudan los llamamientos a la fuerza sin contemplaciones o las disputas entre líderes políticos, incluso de un mismo partido, que ni siquiera saben si discrepan o se tropiezan.
Ayer, miles de personas se manifestaron en toda España, en marchas separadas, unas para defender la unidad, otras para reclamar diálogo. Habrá quien vea en ello una muestra de división. No resultaría extraño que los adalides de la declaración unilateral de independencia intentaran utilizarlas como argumento de que su estrategia ha logrado abrir una brecha entre los españoles. Solo será así si se lo permitimos. Porque antes que nada fueron el reflejo de una España plural donde caben opiniones distintas, complementarias o incluso contrarias, ante un mismo problema. Ese es uno de los privilegios que nos garantiza la Constitución y que solo desde la inconsciencia podemos minusvalorar. Esa ley que nos ampara es el único camino que podemos seguir para solucionar la mayor crisis territorial a la que nos hemos enfrentado. Solo a partir de ella cabe ese diálogo tan invocado y despreciado al mismo tiempo que muchos han terminado por pensar que algo esencial resulta inútil. Solo con la plena vigencia de unas condiciones democráticas tendremos la posibilidad de continuar decidiendo juntos cuáles son las reglas con las que queremos regular nuestra convivencia. Por desgracia, eso no ocurre en estos momentos en Cataluña, donde el Govern está dispuesto a dictar sus propias normas de forma arbitraria, sin la menor garantía de amparo de los derechos fundamentales, ni siquiera para quienes respaldan la independencia. Por eso es tan urgente restaurar el orden constitucional. No para demostrar la fortaleza del Estado, sino para evitar que la única ley vigente sea la del más fuerte. Por eso conviene no equivocarse en las formas. Y a partir de ahí, de todo cabría hablar y votar en democracia. Un estado de derecho no debe impedir jamás que sus ciudadanos opinen, pero sí garantizarnos que podamos hacerlo con auténtica libertad.

Ante el precipicio de la intolerancia

La grotesca aprobación del referéndum en el patio de comedias del Parlament dejó claro no solo que la legalidad, incluso la propia, les importa un comino a los independentistas catalanes, sino lo lejos que están dispuestos a llegar para doblegar a todo un país. Asomados de repente al abismo de la ruptura a muchos dejaron de parecerles exagerados quienes alertaban del riesgo y prudentes los que se conforman con esperar a que el tiempo arregle el asunto. La única ventaja de la soez patada que los secesionistas han propinado a las leyes ha sido que la Fiscalía ni siquiera ha necesitado trabajar demasiado para que los tribunales comiencen a investigar a todo el Govern por delitos penados con prisión. El Ejecutivo central también ha logrado que el Constitucional advierta a 62 altos cargos de la Generalitat y a los 948 alcaldes de Cataluña de su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa encaminada a facilitar la consulta ilegal. Queda por ver hasta dónde están dispuestos a llegar Carles Puigdemont y sus secuaces, empeñados en presentarse como mártires del republicanismo catalán. Poco les ha importado dejar sin argumentos a quienes defendían la votación popular como una salida razonable. Sin garantías legales ni el mínimo respeto a los principios democráticos, el referéndum, además de una pantomima, se quedaría en una indefendible asonada. Pero la estrategia para forzar la ruptura no busca los caminos de la democracia. El secesionismo apurará todas las opciones para celebrar el referéndum hasta el último minuto del 1 de octubre, que será el primero de una nueva campaña electoral con tintes de plebiscito independendista. Su intención es estirar la cuerda hasta que el miedo a discrepar impida cualquier respuesta al totalitarismo de quienes desprecian incluso a quienes solo imploran un poco de cordura.
La respuesta a un desafío con ribetes de sedición se la ha dejado el Gobierno a la justicia, que no es más que lo lógico en un Estado de Derecho. El poder judicial debe desempeñar su papel como garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. En ello está; parece que sin titubeos. El recurso presentado por el Ejecutivo prevé frenar cada paso hacia la consulta. Por el momento ha conseguido que los ayuntamientos, incluido el de Barcelona, se nieguen a ceder sus locales para cometer un delito. Mariano Rajoy asegura que la reacción del Ejecutivo será no solo rápida, sino también firme, inteligente, serena y proporcional. Sus decisiones para evitar que la Generalitat plante las urnas en la calle cuentan con el respaldo por anticipado del PSOE y Ciudadanos, que junto a los populares abandonaron el Parlament para dejar en evidencia una pantomima en la que ni siquiera se respetaron las opiniones de quienes intentaron recordar las obligaciones que conlleva ocupar un escaño. Pero la solución al conflicto con Cataluña no llegará solo con las sentencias de los tribunales. Una sociedad democrática se protege con las leyes, pero se construye con la política. Y en los últimos tiempos quienes intentan minarla han trabajado sin descanso mientras los grandes partidos han oscilado entre la inacción, la duda, la superficialidad y el interés por sacar tajada electoral. Cada uno a lo suyo hasta que la intolerancia nos ha mostrado el precipicio. No se trata ya de buscar la fórmula legal para frenar la demencial huida hacia adelante de Puigdemont y Junqueras, sino de buscar el consenso necesario para impedir una fractura en Cataluña que haga imposible la convivencia. Este es el gran desafío que plantea un independentismo al que poco le importa lograr su objetivo por mayoría o por la fuerza. Para enfrentarse a él, de poco servirán las candorosas ocurrencias que aspiran a contentar a todos ni la obcecada negación de la realidad. Hacen falta políticos a la altura de unas circunstancias que el tancredismo solo puede empeorar.