Grupos violentos

 

Extremistas por definición, son más fáciles de identificar por su comportamiento que por su nomenclatura o su ideología, limitada a un batiburrillo de consignas, prejuicios y cánticos. Casi inofensivos por separado, mejor no cruzarse en su camino cuando van en rebaño, amparados por la masa, enardecidos por el alcohol y bajo el presunto anonimato de las capuchas. Los grupos violentos hacen de los terrenos de juego un campo de batalla, de las calles una encerrona y de los foros de internet un vertedero. Campan a sus anchas gracias a las pocas ganas de buscarse problemas de la mayoría, que expresamos el desprecio con la indiferencia, ignoramos sus insultos y preferimos cruzar de acera. Nuestra prudencia, cobardía a sus ojos, alimenta su sentimiento de impunidad. Conocen al dedillo la ley para saber hasta dónde las poses violentas y las amenazas veladas pueden hacer que cualquiera dé un paso atrás con la impresión de que han estado a punto de partirle la cara sin más razones que haber respondido a sus insultos, llevar una camiseta del rival o mirarles el tiempo suficiente para darles, sin pretenderlo, la excusa con la que iniciar una pelea. Pero como también son bulliciosos, coloristas y pagan entrada, durante mucho tiempo tuvieron un espacio reservado en los estadios de toda España. Muchos dirigentes de los clubes de fútbol preferían apaciguarlos con prebendas antes que plantarles cara y encontrarse con pintadas amenazantes o las ruedas del coche pinchadas. Al fin y al cabo, siempre estaban ahí, en los triunfos y los fracasos, incondicionales. Llevó tiempo que las autoridades y los equipos de fútbol se dieran cuenta de que la libertad no justificaba esperar a la tragedia y que la tibieza, lejos de apaciguarles, solo acrecentaba sus bravatas. Incluso costó vidas que nos hartásemos y nos convenciéramos de la necesidad de aprobar leyes específicas para combatirlos y sacarlos de los lugares a donde queríamos ir con nuestros hijos sin sentir miedo. Comenzamos a aplicarlas y nos creímos a salvo, hasta nos permitimos ponernos como ejemplo frente a la vergonzosa permisividad de otros países.
La seguridad también origina despreocupación y hace mucho que este problema, atenuado, dejó de inquietarnos. El código penal no prevé el riesgo de nuestra tolerancia, así que la policía y los jueces deben esperar a que empiecen los golpes y el jolgorio termine en disturbios. Solo entonces actuamos. En ocasiones, con poco éxito. Los puñetazos castigados con penas menores por lesiones y los daños sancionados con multas han convencido a más de uno de que sus delitos merecieron la pena. Tanto es así que los radicales que estábamos dispuestos a erradicar siguen ahí, rejuvenecidos, bajo nuevas denominaciones o incluso con su nombre de siempre. De vez en cuando se les va la mano. Es entonces cuando nos indignamos, exigimos medidas contundentes y recibimos promesas de inmediatas actuaciones. A las pocas semanas casi todo el mundo se olvida de lo ocurrido. Hasta el punto de que volvemos a admitirlos en nuestras celebraciones y en las gradas, donde se sienten con más derecho que nadie, cómodos y convencidos de que pueden seguir a lo suyo. Tanto, que si la policía carga contra ellos denuncian el abuso de autoridad. Cuando son detenidos, todos alegan que estaban en otra parte haciendo cualquier otra cosa, pero acuden al juzgado con pasamontañas, no como comparece quien se siente inocente, sino como se presentan quienes saben que la mayor dificultad para condenarles será desmontar sus mentiras. Porque todas las hazañas de las que presumen en las barras de los bares las cometen con la cara cubierta, y por supuesto, la culpa de que se vean ante un juez siempre es de quien se atreve a denunciar su brutalidad o del policía que los detuvo. Con todo, lo más peligroso no es su cinismo, sino la silenciosa complicidad que aún encuentran.

‘Todos somos Germán’

¿Quién es la persona más famosa de tu país? «Mohamed aly». ¿Qué es lo que más te desagrada? «Una persona sucia». ¿Debemos leer muchos libros? «Nada». Son las contestaciones de un chaval de veinte años en una red social en la que los jóvenes se conocen a través de un sistema de preguntas y respuestas. Ahora no puede dedicarse a esos menesteres. Está en la cárcel acusado de apalear a Germán Fernández. En esas mismas redes se especula con la vinculación del grupo de agresores, que se identificó a sí mismo como ‘la manada’ en una fotografía, con colectivos ultras de diverso pelaje. La biografía de los detenidos refleja un progresivo embrutecimiento a través de un gazpacho ideológico de simplezas que mezcla el culto a la fuerza, la egolatría y la afición a la litrona que desembocó en una brutal paliza a un joven que solo trató de mediar para que dejaran de vapulear a un amigo. Nadie con dos dedos de frente puede justificar una violencia tan gratuita, pero quienes golpearon a Germán ni siquiera parecen haber entendido la gravedad de su comportamiento. De no ser así, sus amigos nunca se hubieran atrevido a rendirles homenaje en la fiesta del Carmín. Tampoco comprenden los motivos por los que terminan en comisaría la mayor parte de los arrestados, cada vez más jóvenes, por las agresiones sexuales. No es la violencia de sus delitos lo más alarmante, sino la inconsciencia con la que cometen sus fechorías y la despreocupación por las consecuencias.
Las denuncias por abusos han aumentado porque la educación de varias generaciones ha reducido el estigma de culpabilidad de las víctimas, pero no la incapacidad de los agresores para entender el significado de una negativa. La violencia entre los jóvenes o las agresiones sexuales en las fiestas no son algo nuevo. Sí las condiciones en las que se producen. Aderezadas con el absoluto desenfreno que provoca la mezcla de alcohol, drogas y la falta de autocontrol.
Pese a los cambios en las leyes de consumo, los bebedores son cada vez más jóvenes. El modelo de ocio ha cambiado mucho, dudo que para mejor. La solución no es sencilla. Políticos, psicólogos y fuerzas de seguridad coinciden en que pasa en gran medida por la educación que reciben los adolescentes en sus familias y en los centros de enseñanza. Antes de alcanzar la mayoría de edad, los principios con los que vivirán ya están enraizados en su personalidad. Por desgracia, cuando se discuten las leyes educativas los partidos comienzan por buscar una atractiva fórmula con la que convencernos de que mejorarán los resultados académicos de nuestros hijos y terminan enfrentados por incluir o suprimir asignaturas en función de sus postulados ideológicos.
No existe diputado en el Congreso al que resulte necesario convencer de la necesidad de un gran pacto educativo que se adapte a la nueva realidad social y cimente la democracia en la que deseamos vivir durante las próximas décadas. Pero esos mismos políticos creen improbable alcanzar ese acuerdo en esta legislatura, con el Gobierno tan ocupado en lograr apoyos de supervivencia y la oposición atareada en darse codazos para ampliar su espacio respecto a las siglas de la competencia.
Los jóvenes que apalearon a Germán Fernández estudiaron en los mismos colegios que sus víctimas y que quienes dirigirán este país en los próximos años. Duele afrontar nuestra incapacidad para evitar que campen por nuestras calles jóvenes que salen a buscar camorra cada noche; estremece observar que a los compañeros de pupitre de quienes dan las palizas les parezcan tan inevitables estos comportamientos que renuncien a combatirlos. Al fin y al cabo, alcanzada la madurez siempre habrán tenido a su alrededor un cierto número de impresentables por metro cuadrado a los que padecer con resignación. Llegado el momento de tomar decisiones, tal vez miren atrás y simplemente digan lo mismo que ahora escuchan de sus mayores. Y no harán nada. Pese a todo, no pierdan la esperanza. Esta semana, cientos de personas salieron a la calle para gritar que ‘todos somos Germán’. Faltan palabras para agradecérselo.

Bárbaros en nuestras calles

Asturias es una de las regiones más seguras de España. Lo corroboran los datos. Eso no evita que una pandilla de salvajes provoque una refriega y como si de una guerra se tratara persigan a un grupo de jóvenes por las calles para apalearlos. Ocurrió el viernes en Gijón. Según los testigos, los agresores alcanzaron a Germán, que se había quedado rezagado por tratar de mediar en la pelea y le golpearon con una baldosa en la cabeza. Sus amigos reconocen que podía haberles ocurrido a cualquiera de ellos. Germán se convirtió en la víctima porque en el tumulto cruzó la calzada, se separó de sus acompañantes y quedó indefenso. El trabajo policial para atrapar a los delincuentes fue eficaz. El mismo día de la agresión dos jóvenes ya estaban detenidos. El problema de estos casos no suele ser encontrar a los culpables, sino evitar que actúen. Así que el único consuelo para la familia de Germán es que poco después de lo ocurrido los responsables se encontraban entre rejas. En Pamplona, un aficionado del Sporting recibió una paliza en un bar solo porque la camiseta de su equipo le identificaba como seguidor rojiblanco. Ni siquiera llegó a intercambiar una palabra con el individuo que le dejó tirado en el suelo sangrando. El agresor aún no ha sido detenido y el joven pide ayuda para encontrarlo: «Hoy he sido yo, pero mañana puede ser otro por llevar una bandera arcoíris o una chica por no aceptar que alguien le meta mano». Pocas cosas, por desgracia, más ciertas.
Evidentemente, se trata de hechos aislados. Habrá quien diga que forman parte del peaje del desenfreno nocturno en el clima general de seguridad en el que vivimos y que resultan imposibles de prever. Pero no por infrecuentes deberíamos ignorarlos. Asumimos con resignación el peligro asociado al ocio y acabamos por creer que el riesgo resulta inevitable en determinadas calles y en algunos festejos multitudinarios. Cada paso que damos hacia la aceptación lo cedemos ante la brutalidad. Peor que sentir miedo es acostumbrarse a vivir con él. Los bárbaros que salen de noche a apalear jóvenes, quienes aprovechan las fiestas para cometer abusos o los que golpean a alguien solo por llevar una camiseta que simboliza cualquier cosa que se les antoje despreciar no surgen en cuestión de minutos. Sus acciones tampoco nacen de un arrebato imprevisible, son el resultado de acumular durante años las suficientes dosis de odio, ignorancia y estupidez hasta el punto de considerar a quienes tienen a su alrededor como objetos a su disposición o enemigos mortales porque han tenido la desgracia de toparse con ellos. Cuando sus atrocidades nos estremecen, pedimos mejoras en la seguridad pública. En algunos lugares es obvio que resulta necesario. Por muy eficaz que sea nuestra policía en sus investigaciones, le debemos más cuando es capaz de evitar el delito, aunque ninguna estadística lo recoja. No deberíamos conformarnos con que las tasas de resolución de denuncias sean las más altas de España, sino preocuparnos de que los ajustes de plantilla, los experimentos organizativos y las limitaciones presupuestarias de los tiempos que nos ha tocado vivir no menoscaben la vigilancia que nos garantiza la maravillosa sensación de que podemos pasear por nuestras calles a cualquier hora del día o de la noche sin necesidad de echar la vista atrás. Ese es un privilegio del que aún disfrutamos y que tal vez no valoramos en lo que merece porque nos parece natural. Pero no lo es. Resulta muy fácil de perder. Basta con despreocuparnos, desentendernos de la realidad, consolarse con pensar que se trata de sucesos puntuales y dejar que el odio se alimente de nuestra indiferencia.

VÍCTIMAS DEL SILENCIO

El campeón olímpico y policía nacional Saúl Craviotto ha llamado a los maltratadores «basura, mierda y cobardes». Hubo quien se sorprendió de la dureza de su definición, en todo caso bastante precisa. Su intención era animar a las mujeres a denunciar. Sabe, por dolorosa experiencia, que en muchos de los casos más graves la Policía solo llega a tiempo de investigar un crimen. Las víctimas de la violencia machista lo son también del silencio. Del que imponen los verdugos, del que favorece la indiferencia y del administrativo, que no es el de las palabras, sino el de los hechos. Ocho mujeres de la asociación Ve-la luz iniciaron el 9 de febrero una huelga de hambre en la puerta del Sol sin más exigencia a los partidos que un pacto de Estado ante un drama que mantiene a 51.940 mujeres españolas bajo protección policial. Piden un «gabinete de crisis» para frenar una violencia que se traduce en setenta feminicidios cada año y miles de víctimas. En lo que va de 2017, la estadística que recoge nuestra vergüenza como sociedad presuntamente avanzada se ha disparado. Una víctima mortal cada tres días. El inicio de año más sangriento en una década. Los ciudadanos han vuelto a concentrarse en las calles y los políticos han incluido de nuevo el asunto en los argumentarios que cada día señalan a sus parlamentarios los asuntos de los que conviene hablar. El Gobierno ha anunciado que creará dos órganos con la misión de revisar los fondos asignados a los ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluar las órdenes de protección y reforzar las medidas dirigidas a los niños. Los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación se han marcado como objetivo profundizar en la formación de todos los agentes, mejorar la prevención en las redes sociales y revisar los protocolos de actuación. El Ejecutivo considera prioritario evaluar la eficacia de las órdenes de protección, fortalecer las campañas contra la violencia de género y fomentar las denuncias. Nada de ello sobra, aunque aflige pensar lo que ha costado algo que parece tan lógico como atender la petición de las ocho mujeres de la Puerta del Sol.
Hace tiempo que expertos como el catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo advierten de que el Sistema Integral en los Casos de Violencia de Género, bautizado con el mercadotécnico nombre de VioGen, no funciona. Entre otras razones, porque solo se activa si la víctima denuncia, algo que hacen pocas mujeres en situación de máximo riesgo, y las medidas de protección dependen de un cuestionario en el que se han detectado abundantes errores. Cierto que no es fácil de solucionar. Resulta complicado luchar contra individuos que no solo desprecian la vida, sino que les trae sin cuidado el castigo previsto en la ley. Uno de cada tres se suicida o lo intenta, por desgracia después de cometer el crimen, y del resto la mayoría se entrega. Pero la dificultad no justifica la inacción. Menos cuando lo que se pide no es más que un acuerdo que permita una política coherente, al margen de los bandazos de los cambios de gobierno o de responsables ministeriales, basada no en los prejuicios, sino en las opiniones de las organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y juristas que luchan cada día contra esta lacra. Una reclamación tan factible que desatenderla resultaría una mezquindad. El pacto de estado que demandan las asociaciones de mujeres no solucionará el problema, pero es imprescindible. Al menos, para no sentir vergüenza.