Dentro de unos años resultará difícil explicar a quien no le tocó vivirlo que hubo un tiempo en Asturias en el que las decisiones más importantes del Gobierno dependían del parecer de José Ángel Fernández Villa. El todopoderoso secretario general del SOMA tenía razones para jactarse de poner la política asturiana patas arriba sin necesidad de salir de Tuilla. Al fin y al cabo, era él quien había doblegado a ministros para que los pozos de Hunosa siguieran abiertos, conseguido más de dos mil millones en fondos mineros para la región y negociado unas generosas prejubilaciones que contribuían a reducir el empleo en el sector del carbón sin traumas sociales.
El poder para determinar desde el sindicato el liderazgo en el PSOE le permitía también promover museos, decidir el trazado de autovías, levantar geriátricos o cambiar presidentes regionales. Y aún disponía de tiempo para ejercer de diputado autonómico, senador, miembro de la ejecutiva del PSOE, consejero de la empresa hullera estatal en representación del Parlamento y presidente de la Fundación Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide). Ninguno a su alrededor se atrevía a cuestionar su liderazgo. Ni a poner en duda que el presupuesto para reactivar las cuencas sirviera para construir boleras, mejorar alcantarillados, asfaltar caminos o financiar empresas efímeras. Mucho menos a preguntarle dónde estaba el dinero que el sindicato recibía de Hunosa o en qué se gastaban las cuotas que pagaban los afiliados. Nadie ignoraba cuáles eran las consecuencias de enojar al ‘jefe’. Desde el guaje que aspiraba a ser vigilante hasta los miembros de su ejecutiva, pasando por los liberados de cada mina. A todos los trataba con el cariño y el rigor de un cabeza de familia. No resulta extraño que Villa terminara por pensar que el SOMA era su casa y el dinero del sindicato, suyo. Esa fue la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que han remitido a la Fiscalía el informe desvelado por EL COMERCIO en el que aseguran que el líder minero usaba al SOMA-UGT «de pantalla para lucrarse». Solo de los fondos remitidos por Hunosa como pago de las dietas del comité intercentros se habría embolsado 541.057 euros. Transformado el sindicato en SOMA-Fitag-UGT, la organización original, sin actividad y carente de mecanismos de control, habría quedado en las manos del entonces secretario general, que terminó por utilizarla como una suerte de sociedad interpuesta en la que entraba el dinero destinado a mantener la acción sindical y salía hacia sus bolsillos. La opacidad de las cuentas era tal que los agentes reconocen que no han logrado aclarar el destino de 4,3 millones de euros procedentes de las cuotas de los afiliados.
Será un juez quien determine los posibles delitos cometidos por José Ángel Fernández Villa, pero su caso ha demostrado la endeblez de los controles no solo en el sindicato que lideró durante 34 años, sino en la política asturiana. El Parlamento que le designó como representante en el consejo de administración de Hunosa ni siquiera pudo conseguir una explicación en la comisión de investigación. Alegó que un «síndrome confusional agudo» le impedía comparecer. En el mismo hemiciclo al que se negó a acudir se ha debatido esta semana una ley de transparencia que incluye la creación de una oficina contra la corrupción ante la que los ciudadanos podrán presentar sus denuncias. ¿Un paso adelante? Está por ver.