Nadie se lo habrá dicho, pero en Asturias hay quien se siente en deuda con Azucena. Su denuncia por suplantación de identidad permitió desenmascarar a Marta Renedo, la funcionaria que utilizó sus datos personales para subvencionarse sus zapatos Louboutin y alguna que otra escapada a París. Convencida de su impunidad, Renedo incluso se constituyó en empresa para adjudicarse contratos de mayor cuantía cuando las ayudas a los emigrantes retornados no le alcanzaron para llegar a su gravoso fin de mes. A la demanda de Azucena se sumó la del director general de Modernización, José Alberto Pérez Cueto, cuando descubrió que su firma, falsificada, adjudicaba contratos a una sociedad de la jefa de servicio de Procesos Administrativos.
El Principado abrió sus puertas a la Policía y los jueces para que investigasen las felonías de la considerada hasta entonces colaboradora ejemplar, pero una vez dentro los agentes decidieron levantar algunas alfombras y pinchar unos cuantos teléfonos. Las pesquisas se cerraron con trece imputados, entre ellos el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, y dos destacados empresarios. El fiscal sostiene que a cambio de regalos de todo tipo, incluidos contratos con la empresa del hijo del titular de Educación e inversiones en las sociedades familiares de la ‘número dos’ de la consejería, la Administración regional llegó a comprar equipamientos que los centros educativos no necesitaban y que en ocasiones ni siquiera recibían.
Mañana comienza un proceso judicial en el que los acusados afrontan 57 años de cárcel. Amparados por la presunción de inocencia se sentarán en el banquillo ante tres magistrados de la Audiencia Provincial. Los delitos que se les imputan aún están por demostrar. Aunque en el ‘caso Renedo’ existen ya hechos probados. El primero, las evidentes carencias que padece la justicia asturiana. Casi seis años tardó en completarse la instrucción de un caso en el que sobraron trabas y faltaron medios. Ángel Sorando, el juez que aprovechaba sus vacaciones para redactar los autos durante la investigación, terminó por pedir su traslado fuera de Asturias en cuanto completó su tarea. A los magistrados encargados de dictar sentencia les ha costado conseguir no solo personal de refuerzo, sino un escáner y hasta un sistema de videoconferencia. Por suerte para la Audiencia, reducir a menos de la mitad los treinta imputados iniciales ha facilitado la labor. Las modestas peticiones del tribunal, convertidas en problemas, dan una idea de los exiguos pertrechos con los que cuenta el poder judicial en Asturias para combatir la corrupción.
Un lustro de lentas averiguaciones también sirvió para demostrar la debilidad de un modelo de adjudicaciones en el que los controles de la Administración apenas lograron frenar una mínima parte de las supuestas irregularidades que ahora se juzgan. La absolución o la condena de quienes ocuparán el asiento de los acusados atañe únicamente a los jueces, pero cimentar un sistema que no tolere las corruptelas de presuntos funcionarios y supuestos políticos corresponde a los legisladores. Aunque el ‘caso Renedo’ llevó al Ejecutivo regional a modificar las fórmulas de contratación, los partidos asturianos parecen más preocupados en soslayar los mangantes propios y convertir en votos los ajenos que en tapar las grietas por las que se esfuma el dinero del contribuyente. Resultará complicado evitar la convicción de que por este camino no acabarán entre rejas los más nocivos, sino los más torpes. Como la funcionaria que intentó convencer a Azucena de que aceptara un regalito a cambio de no ir con el cuento a la comisaría.