Un catedrático de Derecho de la Universidad de Salamanca forjó su reputación de ‘hueso’ entre el alumnado con un repertorio de peculiaridades que incluían la costumbre de acudir a los exámenes de impecable traje negro, corbata incluida. Justificaba su ineludible atuendo, un infausto augurio para muchos de sus discípulos, con el argumento de que «todo el mundo tiene derecho a su parte del espectáculo». No ignoraba que las pruebas finales suponían un angustioso trance para sus alumnos, atenazados muchos por el nerviosismo y el convencimiento de que en cada nota se jugaban parte de su futuro. Sospecho que, en el fondo, su rigurosa solemnidad no era más que una silenciosa e inconfesable carcajada ante los muchos que entre los muros académicos aún equiparaban lo aparente con lo importante.
En Asturias, ocho mil escolares de sexto de Primaria están convocados a la reválida el próximo 15 de junio. Los alumnos dispondrán de 85 minutos para demostrar sus competencias en lengua castellana y, tras un descanso de casi media hora, afrontarán otro examen que medirá sus conocimientos de Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Los tutores corregirán las pruebas y una comisión de siete personas elegidas por la Consejería de Educación pondrá la calificación final. Los resultados serán remitidos a los centros, que los comunicarán a las familias. De esta forma, profesores, padres y alumnos dispondrán de las conclusiones de una evaluación que el consejero de Educación, Genaro Alonso, considera «una maldad». Entre las autonomías que llegarán a gastarse más de 300.000 euros para contratar a una empresa que se ocupe de llevar a cabo estos exámenes y las que se han negado a realizarlos, Asturias ha optado por una solución que pretende salomónica: una reválida más barata y casi opcional. Los alumnos no lo tendrán difícil para esquivar la prueba, un justificante de los padres será suficiente para librarse de ella. Diversas asociaciones de estudiantes, sindicatos y movimientos en favor de la escuela pública han organizado durante los últimos días charlas para promover la insumisión frente a un examen que consideran inútil. Una reválida descafeinada es lo que ha quedado de una prueba que el Partido Popular había incluido en la LOMCE con el objetivo de evaluar la calidad de la educación. Solo la continuidad de los populares en el Gobierno garantiza una mínima pervivencia de una norma cuestionada por Ciudadanos y rechazada por todos los partidos de izquierda, que ven en ella el camino abierto hacia la privatización de la enseñanza.
El Gobierno en funciones plantea las reválidas como una contribución a la mejora de la educación, pero no ha logrado convencer a los profesores de la necesidad de que su trabajo sea revisado por una consultora para comprobar si los niños han aprendido lo suficiente. La oposición ahora en campaña ya ha alcanzado un acuerdo que garantiza la derogación de la ley en caso de contar con mayoría en el Parlamento. Lo único en lo que los partidos políticos han estado de acuerdo sobre la educación en los últimos años ha sido en la necesidad de un consenso que nunca ha pasado de una declaración de intenciones. El debate se ha quedado en las reválidas, la religión y las lenguas cooficiales. Relevantes cuestiones, sin duda. Como lo son la formación del profesorado, los incentivos para quienes se ocupan de educar a nuestros hijos, las carencias de equipamiento que sufren los centros, las becas que reciben los estudiantes, la asfixia de la escuela rural o los más de 31 millones de euros que cuestan solo en Asturias un porcentaje de alumnos repetidores en Secundaria que duplica la media de los países de la OCDE. De esto último también se habla, pero cuesta oír las propuestas, ahogadas por el griterío ideológico. Y desdibujadas por los tópicos. Entre ellos, la necesidad de un modelo académico que aproxime nuestros resultados a los de Corea del Sur en el informe Pisa. Mientras nuestros docentes sueñan con emigrar a Finlandia, donde pocos empleos ofrecen tanto prestigio como el de maestro, en España iniciamos el debate por la reválida. La Consejería de Educación intentará que «perturbe lo menos posible la dinámica de los centros y minimizar los efectos negativos de la prueba, aprovechando lo bueno que pueda tener». En definitiva, garantizar el espectáculo para cumplir la ley. Como en aquel profesor de Derecho, bajo el atavío se intuye el sarcasmo.