Pedro Sánchez ha aprovechado la tortuosa guerra de trincheras de la política española para lanzarse a la descubierta dentro de sus propias filas. El líder socialista quiere que el comité federal afloje sus ligaduras para negociar un pacto de gobierno o que sus díscolos barones se enfrenten a él en unas primarias tan apresuradas que cualquier alternativa, además de improvisada, aparezca ante los militantes como una desafección hacia el candidato electoral. El órdago del secretario general ha indignado a quienes dentro de su partido piensan desde hace meses que los 85 diputados conseguidos en las últimas elecciones aconsejan liderar la oposición, iniciar un proceso de reconstrucción interna que mantenga al PSOE como alternativa de gobierno y esperar a que la amenaza de Podemos se debilite. El gran inconveniente para Sánchez de esta estrategia es su certeza de que no cuentan con él para llevarla a cabo. Así que ha elegido un camino que amenaza con una fractura interna y conduce a una tercera convocatoria electoral. Si quiere impedirlo, el sector crítico que encarnan los presidentes regionales, tendrá que jugárselo todo a una carta. Lo que sea del partido se verá luego, antes se decidirá quién manda.
Tampoco en Podemos andan sobrados de unidad. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han decretado una tregua después de despacharse con algunos dardos que dejaron en evidencia sus discrepancias sobre el modelo de partido con el que pretenden aglutinar el voto de izquierdas. Sus diferencias resultan obvias desde hace tiempo, pero ni siquiera sus adversarios podían esperar que en plena campaña de las elecciones gallegas y vascas cometiesen la imprudencia de echar un pulso por el timón de la nave. Ahora que en Podemos hay cargos que ejercer y decisiones que tomar también existen las disputas internas.
Los partidos de la izquierda española intuyen que su futuro para los próximos años puede decidirse en pocos meses con unas nuevas elecciones por medio. Así que la mayor preocupación de sus líderes es fortificar su despacho y esperar que el tren del poder se detenga ante su puerta. En eso no existen diferencias ideológicas. Mariano Rajoy, a quien pronosticaban un otoño de sinsabores judiciales por la corrupción, confía en que su partido pueda ser el gran beneficiado si los ciudadanos se ven obligados a deshacer el entuerto con su voto. Albert Rivera, que no encuentra ninguna alegría en las previsiones de las encuestas, tiene que conformarse con recordar que ha hecho todo lo que sus escaños le permiten para que haya un gobierno. En todo caso, mientras sus votos resulten necesarios para la investidura de cualquiera, Ciudadanos no perderá protagonismo. Una nueva convocatoria electoral parece convenir a demasiados de quienes tienen en su mano evitarla. Por eso, las apelaciones a la responsabilidad y los intereses generales resultan tan poco creíbles como los debates de un Congreso en el que poco más se ha decidido que el reparto de cargos en la mesa.
Los días pasan con nuestros políticos atrincherados en su poltrona, ocupados en culparse unos a otros con los mismos argumentos desde hace meses y menos pendientes de sus adversarios en las urnas que de los enemigos con los que comparten siglas. Mientras, España sigue en funciones, las autonomías continúan sin interlocutor, los presupuestos se intuyen una quimera, las inversiones esperan a que escampe y los ciudadanos pierden la paciencia. En un país que aún intenta convencerse de que la recuperación es posible, los riesgos inmediatos de la parálisis institucional resultan evidentes. A largo plazo, las consecuencias estremecen.