Las sentencias y la lluvia nunca caen a gusto de todos, pero dan para hablar y más cuando pillan a la nobleza a la intemperie. El fallo del ‘caso Nóos’ exigía la precisión de una intervención quirúrgica y el tribunal presidido por la jueza Samantha Romero ha procurado extirpar el tumor de la corrupción con el bisturí de la ley sin caer en la tentación de encarnizarse por la presión social. Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que llegaron al final del juicio convencidos de que no les pasaría nada, ocuparán el poco deseable lugar en la Historia de haberse convertido en los primeros miembros de una familia real europea que se han sentado en el banquillo de los acusados. La condena social para ambos ha sido de cinco años, once meses y dos días, el tiempo que ha llevado la investigación, la instrucción y el juicio del desvío de fondos públicos a los bolsillos del exjugador de balonmano, antes duque y ahora convicto.
La resolución judicial absuelve a la infanta, alegando que desconocía el origen de su creciente fortuna, pero le impone una multa de 265.000 euros por disfrutar a título lucrativo del dinero que conseguía su cónyuge. Según el texto de la sentencia, Urdangarin se sirvió de su «privilegiado posicionamiento institucional» para ejercer «una presión moral de entidad suficiente para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades». En términos del código penal, cometió delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La enumeración hace que la condena de seis años de prisión parezca liviana. No es la primera vez que la opinión pública se queda con la impresión de que un caso de corrupción se salda con una pena de mínimos. El fallo aplica a Iñaki Urdangarin los grados más bajos para los delitos cometidos y le impone menos de un tercio de la pena de cárcel que solicitaba la Fiscalía. Así que ofrece argumentos a quienes como el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos consideran que la justicia ha funcionado, pero también Podemos e Izquierda Unida los encuentran para calificar de «calderilla» la multa a la hermana del Rey. Opinan estos últimos que el sistema ha perdido una oportunidad de empezar su regeneración con una sentencia ejemplar y sostienen que el desenlace judicial del caso supone la ratificación de que determinadas instancias del poder continúan ajenas a la ley que rige para el resto de los mortales. Incluso el juez José Castro, a quien nadie puede restar el mérito de haber investigado unos supuestos delitos ahora probados, ha expresado su decepción. Reconoce que no esperaba tanta benevolencia de las tres magistradas del tribunal, que a su juicio han consagrado el papel de Cristina de Borbón como «mujer florero».
Lo cierto es que ni siquiera los ahora más frustrados estaban seguros hace cinco años de que los duques de Palma fueran imputados. No pocos opinaron que Iñaki Urdangarin nunca sería condenado y que su esposa jamás pasaría el trago de declarar ante un tribunal. Todo eso ha ocurrido. Iñaki Urdangarin vive ahora pendiente de su ingreso en prisión y la infanta Cristina prepara las maletas para trasladarse de Suiza a Lisboa, una residencia que facilitará sus presumibles visitas a la cárcel. Guste o no, lo ocurrido y recogido en un sumario de 76.000 folios ha tenido no pocas consecuencias. El ‘caso Nóos’ ha supuesto un test de garantías para una democracia no tan añeja. La denuncia reflejó el hartazgo de la sociedad española ante la corrupción, la investigación cuestionó la independencia de la Fiscalía; la vista oral aceleró la abdicación de Juan Carlos I e impuso un cambio de formas en la Casa Real y la sentencia ha reivindicado la necesaria primacía de la ley. Más allá del alivio de unos y el pesar de otros, la democracia se construye al tiempo que se ejercita y ningún delito le causa tanto daño como ignorar las lecciones que ofrece.