La sentencia contra la autodenominada ‘Manada’ considera probado que cinco incalificables condujeron a una joven de 18 años en estado de embriaguez a una encerrona, crearon un escenario opresivo, aprovecharon su número y corpulencia para llevarla a una situación de bloqueo emocional e hicieron con ella lo que les dio la gana. Por ello han sido condenados a nueve años de cárcel. Más allá de lo que pueda pensar cada cual de la duración de la pena, ha sido la calificación del delito como abuso lo que ha provocado un grito de indignación que se ha oído en toda España. La reacción no puede causar extrañeza. Resulta imposible pensar que cualquier persona sometida a esa tortura no solo se sienta violada, sino además víctima de un sistema que ve insuficiente la intimidación como para establecer que el delito se redujo al abuso sexual. No se trata de cuestionar el valor de una justicia que nos protege de la ley de la selva, pero el respeto a los tribunales no debe confundirse con la obligación de guardar un manso silencio ante lo incomprensible.
Para salvarnos de vivir sometidos a normas arcaicas y sentencias trasnochadas, el amparo legal en una democracia se actualiza con la aprobación de nuevas leyes, las necesarias para que nuestros derechos estén protegidos en los tiempos que nos toca vivir. Y por desgracia, hemos descubierto que un grupo de salvajes puede aprovechar los resquicios de la definición de un delito para hacer que dos magistrados opinen que no concurrieron los hechos necesarios para condenarles por violación. La opinión del juez que definió el vídeo como un acto de jolgorio y regocijo merece un tratamiento más que un análisis.
Tras la sentencia, los partidos políticos encargados de aprobar las leyes han puesto el grito en el cielo al unísono con tanta fuerza que el Poder Judicial les ha pedido que procuren no descalificar a los jueces hasta el punto de poner en entredicho la confianza de los ciudadanos. Ambos poderes han procurado ponerse a cubierto de la indignación de los ciudadanos: la Justicia, escudándose en las leyes vigentes; el legislativo, con la promesa de revisar el Código Penal. Su respuesta hace albergar la esperanza de que nuestro sistema actúe a la altura de lo que los ciudadanos pueden esperar de una democracia. Si los magistrados consideran de verdad hechos probados los que han recogido en su sentencia, resulta difícil pensar que no deseen más justicia que la pena impuesta a ‘La Manada’. Si los políticos creen con una mínima firmeza en lo que han dicho, no cabe más que esperar que actúen sin demoras para acabar con la impresión de que esta condena, más que disuadir a los violadores, les alienta a actuar con las precauciones necesarias para burlarse de la justicia.
Pero este juicio no solo ha demostrado cómo por las rendijas de la ley pueden escabullirse unos delincuentes. También que el trato a las víctimas deja mucho que desear. La joven forzada sin piedad por cinco animales en un rellano ha tenido que ver cuestionada su moralidad, ha escuchado que los acusados se sentían perjudicados por la cobertura de los medios de comunicación como si un acto tan indigno fuera tan común y banal como para no merecer atención e incluso se ha visto sometida a una investigación de la defensa con el afán de demostrar que su sufrimiento no era para tanto. Ha sido la sucesión de humillaciones rematada con una sentencia cuya pena se estrella contra la lógica lo que ha llevado a la sociedad española a ejercer su derecho a opinar. De la respuesta que reciba depende mucho más que este caso.
Fotografía: Mario Rojas