Alejandro Lerroux abandonó la jefatura del Gobierno de España a empellones en 1935 por culpa de la ruleta ‘Straperlo’. Cada vez que giraba la maquinita que él había autorizado, el 25% de los beneficios acababan en los bolsillos del presidente del Partido Radical, un político conocido también por haber aprobado la carrera de Derecho en un solo día con varias matrículas de honor. En materia de corrupción hay mucho inventado. Tanto que en el Partido Popular hubo quien se atrevió a incluirla en la contabilidad para gestionar con más rigor las tajadas. Luis Bárcenas y Francisco Correa administraban la ‘caja B’ de forma tan eficiente y notoria que los jueces no se han creído que el presidente del partido pudiera ignorarlo. El PP está condenado por lucrarse y la declaración de Mariano Rajoy como testigo ha sido tachada de mentira en una resolución judicial. No hay país con un mínimo de dignidad democrática en el que un gobierno pueda aguantar después de que la veracidad de su líder sea negada por una sentencia. También siguiendo la tradición política española, nadie con un cargo en el PP ha querido asumir ninguna responsabilidad, ni siquiera de la calamitosa estrategia de intentar taparlo todo a la espera de que unos jueces benévolos se llevaran por delante a unos cuantos pero dejasen al partido al margen. No fue así. Los magistrados fueron mucho más duros de lo que esperaba Rajoy e incluso de lo que vaticinaban quienes deseaban al PP el mayor de los sopapos.
La condena por la trama Gürtel ha abierto una brecha en las murallas del PP de una dimensión tal que los líderes políticos de la oposición, preparados para una batalla de desgaste más que para un asalto inmediato, tuvieron que frotarse los ojos para creérselo. El problema común a todos ellos es el estado de necesidad en el que por distintos motivos les ha pillado la oportunidad de derribar al Ejecutivo. Pedro Sánchez quiere afianzar su control de un PSOE aún dividido y situar a su partido como principal alternativa de gobierno, Albert Rivera aspira a demostrar que su victoria en Cataluña puede trasladarse a España y a Pablo Iglesias nada le ha podido venir mejor que un escándalo de esta dimensión para que la compra de su chalé pase a la categoría de anécdota. Repuestos de la incredulidad, se han lanzado hacia la brecha amparados en el sentido común que exige la reprobación del PP, pero con poco sentido de Estado. Solo unidos por conveniencia de borrar a Mariano Rajoy del mapa político. El PSOE ha presentado una moción de censura que permitirá a su líder lucirse en la tribuna de oradores, pero que además del cheque en blanco ofrecido por Podemos exige pactar con los nacionalistas. Pedro Sánchez estaría dispuesto incluso a gobernar en solitario, pero es el primero en saber lo difícil que resultaría tomar cualquier rumbo que no fuera hacia el precipicio con todas las decisiones en manos de otros y con la revisión del modelo territorial de España como primera concesión. Ciudadanos desea un adelanto electoral y solo está dispuesto a apoyar una moción que lo garantice, pero sin regalarle a Sánchez la ventaja de competir desde la Moncloa. Mientras, el PP, que ha hecho de la resistencia su mayor virtud durante los últimos años, se ha limitado a criticar la estrategia de los socialistas como si la responsabilidad de lo que ocurra solo fuera de otros. En el fondo, todos saben que el descrédito, la incertidumbre y la inestabilidad solo tienen solución con un Gobierno amparado por la legitimidad de unas nuevas elecciones. Hasta que eso ocurra, España continuará a merced del destructivo oleaje del separatismo, la desconfianza internacional y el temor a un frenazo económico. Llegados a este punto, la sensatez debería animarles a ahorrarnos desgracias.