‘La Manada’ anda suelta de nuevo, aunque con obligación de presentarse en un juzgado tres veces por semana, gracias a un auto chocante para los legos en apelaciones o quienes se empeñan en usar el tamiz de la lógica. Los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra han dejado en libertad, bajo fianza de seis mil euros, a los cinco condenados a nueve años de cárcel por abusar de una joven a la que acorralaron y agredieron sexualmente. Los argumentos de los magistrados se resumen en que los reos carecen de antecedentes –el otro caso en el que están implicados cuatro de ellos aún se está investigando– y ven «poco menos que impensable» que vuelvan a actuar ahora que les conoce toda España. También creen que será difícil que hagan «vida social» y no existe riesgo de fuga dado que carecen de dinero para intentarlo. En todo caso, rematan los jueces, «su localización sería una tarea fácil y al alcance de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin mayor esfuerzo». La confianza en los agentes de la Guardia Civil y la Policía es lo que mejor encaja con el sencillo análisis del común de los mortales. Bien podría haber añadido el tribunal que un hatajo de canallas capaz de medir sus acciones para someter a una mujer a todo tipo de vejaciones y sortear lo que la ley entiende por uso de la fuerza es improbable que actúe de forma tan estúpida como para regresar a la cárcel. Aunque lo popular de su imagen pública queda en entredicho al cotejar la conocida fotografía de la vergonzosa cuadrilla vestida para los sanfermines con la pinta que ofrecían al salir de la cárcel. La declaración de insolvencia resulta por desgracia habitual cuando se afronta el pago de indemnizaciones a las víctimas. Pero lo que más indignación ha provocado ha sido su excarcelación sin cumplir ni siquiera un tercio de la pena. Sobre todo, si dedicamos un momento a pensar cómo se sentirá una víctima que ha visto respaldada su denuncia con una condena al verles en la calle dos meses después de la sentencia.
La puesta en libertad del ‘Prenda’ y sus amigos ha desatado la misma reacción que su condena. Miles de personas han vuelto a manifestarse para protestar por lo que sienten como una injusticia. Los políticos han estado un poco más prudentes tras las reiteradas invitaciones de la magistratura a que se lean las leyes y las resoluciones antes de cuestionar a los jueces. No obstante, el Gobierno quiso demostrar sensibilidad hacia las víctimas y anunció que está dispuesto a personarse en los juicios por delitos sexuales. Las palabras de la portavoz Isabel Celaá suscitaron inmediatos interrogantes. Algunos teóricos, sobre la diferencia entre el papel de la Fiscalía y el que estaría dispuesto a desempeñar el Ejecutivo. Prácticos otros, como el número de abogados del Estado necesarios, en caso de encomendarles esta tarea, para estudiar y participar en los procesos judiciales por el centenar de agresiones sexuales de carácter grave que se producen cada mes en España. Ante estas dudas, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tuvo que salir al quite, apelar a un debate más «sereno» y señalar que son necesarios «cambios de mentalidades» ante los delitos contra la libertad sexual. Cierto que la cifra de abusos, violaciones y asesinatos de mujeres abochorna y refleja lo distantes que aún se encuentran muchos del siglo en el que viven. Pero igual de evidente es que gran parte de la sociedad ha dejado de asumir el silencio como una opción. Por fortuna, hace mucho tiempo que la capacidad de las mujeres para padecer en silencio dejó de apreciarse como una virtud. Las críticas hacia la legislación, la justicia y las administraciones emergen porque la opinión pública ha cambiado, mucho. Y la actitud de las mujeres, más. Convendría que los poderes públicos apretasen el paso para avanzar al mismo ritmo que la sociedad a la que representan los políticos y protegen las leyes. Sin caer en la chapucería del oportunismo, pero tampoco en la irresponsabilidad de la desidia.