Depure o no algún día, la planta de tratamiento de aguas residuales de El Pisón quedará como un monumento al modo ibérico de hacer las cosas. La depuradora que debería prestar servicio a toda la zona este de Gijón lleva dos años finalizada. Y parada por una sentencia. La Confederación Hidrográfica eligió su emplazamiento en 2008. Entre otras razones, para completar el trabajo de ‘La Plantona’, una instalación en la misma zona que ya le había costado al Ministerio de Medio Ambiente más de un disgusto y un puñado de juicios con los vecinos. La batalla legal contra la nueva depuradora se veía venir. Comenzó al mismo tiempo que las obras, en 2012. Dos años después, la Audiencia Nacional declaró nulo el estudio de impacto ambiental que sustentaba el proyecto. Los jueces apreciaron arbitraria y sin motivación la resolución con la que se había decidido el emplazamiento. Pero la Administración prefirió seguir adelante con la construcción y el pleito, que concluyeron casi a la vez. En 2016, el Supremo ratificó la invalidez de la tramitación. Gijón se encontró entonces con una depuradora nueva que no podía utilizar y una planta de tratamiento antigua en la que ya se habían desmantelado los filtros de desarenado y desengrasado. Así que media ciudad vierte sus aguas directamente de la cloaca al mar. Pese a lo preocupante que debiera resultar esta situación, el ministerio tardó un año en encargar un nuevo estudio con la pretensión de legalizar la planta.
El pasado miércoles, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso a España una multa de doce millones de euros por incumplir la legislación en materia de gestión de sus aguas residuales urbanas. Entre las nueve poblaciones responsables de esta sanción, el nombre de Gijón destaca por su relevancia. Tanto, que cada día de retraso en completar el sistema de depuración de la mayor ciudad asturiana le costará al Estado más de veinte mil euros, el costoso incentivo fijado por las autoridades comunitarias para despejar la pereza española en la materia. El correctivo europeo ha surtido efecto. La nueva ministra de Transición Ecológica ha señalado como una «superurgencia» solucionar el asunto. «Hay ciudades y pueblos que, la verdad, uno no se explica por qué no se ha sido capaz de abordar esto con anticipación y tiempo», se ha lamentado Teresa Ribera. Lo dice con conocimiento de causa. Fue ella misma quien rubricó hace nueve años la declaración de impacto ambiental que puso en marcha la obra y en la que los vecinos encontraron los argumentos para ganar al Estado un juicio tras otro. Dos días después de la sentencia comunitaria, la Confederación Hidrográfica desveló que el nuevo informe ratifica la ubicación de la depuradora. El informe señala que El Pisón es la mejor alternativa desde el punto de vista territorial, técnico, ambiental y económico. Los expertos también podrían haber añadido la lógica a sus razones. Decir otra cosa después de gastarse 36 millones y con la llave de las instalaciones en la mano desbordaría la definición de esperpento. El Gobierno central confía en que este dictamen permita completar con éxito una tramitación que aún tardará año y medio, el plazo más optimista para legalizar y poner en servicio la planta. Mientras tanto, los jueces han autorizado una entrada parcial en funcionamiento de la depuradora, lo que permitirá tamizar las aguas residuales. Un apaño que incluso se ha planteado como un logro. Aunque no será este remiendo administrativo el mayor éxito de nuestros políticos, sino el haber superado quince años de errores, derrotas judiciales y un irreparable daño a la imagen de Gijón sin haber asumido ninguna responsabilidad.
Fotografía: Joaquín Pañeda