La Sindicatura de Cuentas ha encontrado siete millones de euros en ‘facturas en los cajones’ de los ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Siero y Castrillón. La investigación del ente fiscalizador, referida a 2016, no aprecia delitos en la contabilidad municipal, pero sí la pervivencia de lo que algunos políticos dan en llamar ingeniería presupuestaria. Dicho de otra manera, el recurso de la triquiñuela para afrontar gastos que el gestor de turno considera necesarios y que no están previstos en los presupuestos. El informe, el octavo que este organismo presenta en nueve meses, vuelve a sacar los colores a algunos concejales y responsables de organismos municipales, no precisamente los de los consistorios con tan pocos recursos de personal como para alegar ignorancia. Hasta aquí el trabajo de los expertos de la Sindicatura, no poco meritorio en un año en el que se ha escrito más de los síndicos por sus propios errores en la contratación de personal que por su esmero en cumplir la tarea que se les encomendó: velar por la adecuación del gasto público a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia.
En los últimos tiempos, la entidad ha vivido la zozobra de la reprobación del síndico mayor, Avelino Viejo, que se ha librado de la revocación solo por la mayoría cualificada que exige la ley para echarle del cargo. El Partido Popular, Podemos y Foro sumaron 22 votos, pero se quedaron a cinco de los tres quintos necesarios para la destitución. La sentencia judicial que estableció la ilegalidad de la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura y el aprovisionamiento de los mismos puso en entredicho la idoneidad del síndico elegido por el Parlamento para demandar al resto de administraciones que cumplan la ley, entre otros ámbitos, en el mismo que él había esquivado. Las explicaciones de Avelino Viejo ante el Parlamento, lejos de calmar los ánimos, provocaron la dimisión de otros dos síndicos, Antonio Arias Rodríguez y Miguel Ángel Menéndez, que acusaron a su compañero de «mentir» para cargarles parte del mochuelo del patinazo.
La esperpéntica situación de ver a los fiscalizadores reprobados no ha frenado a los encargados de elaborar sus informes, pero ha vuelto a dejar al aire las carencias de la Sindicatura. En sus quince años de existencia, este organismo no ha logrado desprenderse de las sombras de politización que conlleva el sistema de elección de sus síndicos. Menos aún de ver reducido su papel de voz de la conciencia de las administraciones asturianas, un dedo acusador nada agradable para quienes se ven señalados por él, pero incapaz de poner coto a las situaciones que denuncia. Menos visibles, pero tal vez más graves, resultan las limitaciones que los políticos han impuesto al organismo a cuyo escrutinio deben someterse. Las reticencias en la entrega de la información, las carencias de personal y los plazos impuestos para la remisión de los datos menoscaban la acción de la Sindicatura hasta el punto de que su radiografía de la transparencia y el rigor de las administraciones suele llegar con retraso. Tanto, que es probable que el informe de las últimas cuentas de esta legislatura acabe por redactarse dos años después de que muchos de los responsables de la gestión analizada hayan dejado sus cargos. Así las cosas resulta fácil para los políticos encontrar excusas a los reproches de la Sindicatura y complicado que los asturianos aprecien la utilidad de un organismo que deberían apreciar como un buen sistema de tutela del dinero de sus impuestos. Conseguir esa confianza de los ciudadanos es difícil, pero no resulta imposible. Si se quiere.