Ramón Sampedro nos dejó una pregunta que continúa sin respuesta. ¿Por qué no pueden ayudarme a morir si es lo que deseo? En los años noventa del siglo pasado, este tetrapléjico gallego se hizo famoso por defender ante las cámaras de televisión su derecho a una muerte digna. Había intentado que los tribunales le consintieran poner fin a una vida que solo le permitía sufrir. «Soy una cabeza atada a un cuerpo muerto», suplicó. Fue en vano. Los jueces le recordaron que con la ley en la mano cumplir su deseo era un delito. Su cuidadora, Ramona Maneiro, fue detenida seis días después de la muerte de Sampedro y puesta en libertad por falta de pruebas. Años más tarde, ella reconoció lo evidente. Dos décadas después, el caso de María José Carrasco ha venido a demostrar que poco han cambiado las cosas. Su marido, Ángel Hernández, fue arrestado por suministrarle pentobarbital, el fármaco usual para ayudar a morir a las personas en los países donde la eutanasia es legal. Ella lo compró por internet y detalló a su esposo cómo quería despedirse después de 30 años de padecimientos por la esclerosis múltiple. María José no quería sufrir más, pero deseaba que su muerte, como la de Ramón Sampedro, obligara a los políticos a pronunciarse.
Desde los años noventa, los sucesivos intentos por regular la eutanasia han fracasado. Desde que Pilar Rahola presentó en 1994 una proposición no de ley apelando al caso de Sampedro, en todas las legislaturas algún partido ha tratado de sacar adelante una iniciativa similar. Todas se han estrellado contra la división de opiniones en el Congreso. Algunas autonomías, entre ellas Asturias, han regulado la muerte digna hasta el límite de sus competencias. En junio de 2018, el Parlamento asturiano aprobó por unanimidad una norma que permite a los pacientes rechazar tratamientos, garantiza los cuidados paliativos y ofrece a los médicos una seguridad jurídica de la que carecían para afrontar las complejas situaciones de los enfermos terminales. Pero esta ley aún está muy lejos de permitir la eutanasia. Desde la muerte de Ramón Sampedro, la legislación apenas ha cambiado. Sin embargo, muchos españoles han cambiado de opinión. En aquel momento, los sondeos del CIS señalaban que poco más de la mitad de los ciudadanos defendía la eutanasia. La última vez que este organismo oficial preguntó por este tema fue en 2011. Más del 75% de los encuestados se declararon partidarios de regular el derecho a una muerte digna. Pero los partidos políticos continúan sin ponerse de acuerdo. La legislatura ha terminado con la propuesta del Gobierno sobre la eutanasia estancada después de 19 aplazamientos. Las opiniones de los principales líderes políticos oscilan entre un decidido apoyo a la eutanasia o una regulación de los cuidados paliativos que garantice una muerte digna. Que debatan es comprensible. Que en el año 2019 Ángel Hernández tuviera que velar a su mujer desde un calabozo, no.