Las matemáticas mantienen la política española estancada desde hace tres meses. A Pedro Sánchez no le salen las cuentas para alcanzar la Presidencia. Una simple suma hace evidente la debilidad del candidato socialista y, comprobado que Mariano Rajoy sigue convencido de que la nueva política no ha superado la imposibilidad de juntar peras con manzanas, al líder del PSOE solo parecen quedarle dos caminos: volver la mirada hacia Podemos, una opción que incluso sus socios de Ciudadanos han comenzado a vislumbrar, o confiar su futuro a unas nuevas elecciones ahora que sus barones parecen dispuestos a dejarle terminar la partida.
Pero Asturias tiene que hacer sus propios cálculos. El presidente del Principado esgrime las razones «aritméticas» para alcanzar pactos «con las mayorías posibles». Javier Fernández apela a negociar acuerdos que permitan a la región salir del marasmo de la prórroga presupuestaria. Los dos principales partidos de izquierda suman 23 de los 45 escaños en el Parlamento regional, pero hablan idiomas distintos. El acuerdo que el jefe del Ejecutivo requiere para «avanzar» lo entiende Emilio León como un «flotador» que no está dispuesto a lanzar gratis. Un debate en lenguas tan distintas y sin traductor solo puede acabar en un diálogo para sordos.
El Partido Popular anda más preocupado de sus propios asuntos. Gabino de Lorenzo ha puesto voz a quienes han sentido como una cuchillada la declaración de Mercedes Fernández ante la juez del ‘caso Pokemon’. El delegado del Gobierno ha desatado las hostilidades antes de lo que preveían la mayoría de sus compañeros de partido, más proclives a esperar a que Rajoy deshoje la margarita de la sucesión. Ciudadanos y Foro ni siquiera aparecen en la hoja de cálculo del presidente asturiano. Solo IU se ha atrevido a interpretar el papel de mediador, sin éxito hasta el momento. Desalentado de que su exhortación a un cambio no encuentre más que la cortesía de un acuse de recibo, Gaspar Llamazares ha llegado a preguntarse si la legislatura no está condenada a convertirse en una permanente campaña electoral. Razones tiene para pensarlo. Todos aguardan a que se disipe la neblina política más allá de Pajares mientras la Junta General sirve de escenario para una constante escaramuza que amenaza con llenar de resoluciones los archivos de las consejerías donde se guardan los papeles condenados a la indiferencia.
La espera puede ser larga, demasiado. Y la realidad de la región no cambiará por más que en la Moncloa se instale un nuevo inquilino. Más de 92.000 asturianos se encuentran en el paro, la falta de recursos socava la calidad de la sanidad, la Consejería de Educación se ve obligada a escatimar incluso en los gastos de gasolina de los profesores itinerantes y en Servicios Sociales saben que sin la aportación de los créditos extraordinarios será imposible atender las necesidades de los miles de personas a quienes la crisis ha llevado a situaciones que deberían avergonzarnos. No resulta extraño que los empresarios asturianos sean los más pesimistas de España. Visto el horizonte, el optimismo queda para los inconscientes. Al margen de lo que ocurra en Madrid, las únicas cuentas que le valen a Javier Fernández son las mismas desde mayo: acuerdos entre los partidos de izquierda o conseguir el respaldo del PP al menos para desbloquear la financiación que permita al Ejecutivo ir más allá de pagar las nóminas a fin de mes y afrontar los gastos más acuciantes. De la capacidad de los partidos para sumar depende que Asturias pueda sacar los pies del fango o continuar tres años más chapoteando en un lodazal en el que solo crece la desesperanza. ¿Alguien cree que esta región puede permitirse perder ese tiempo?