LISTAS DE ESPERA

A los pacientes que antes o después somos todos nos gusta creer que a nuestro médico no le preocupa nada más que atinar con el diagnóstico y aplicar el remedio oportuno. Y también que nuestra condición de ciudadanos nos garantiza un trato igualitario, en el que solo la enfermedad marca la diferencia entre lo urgente y lo demorable. Sobre esa confianza más que en el dinero se sostiene la sanidad pública, que nos hace sentir la tranquilidad de pensar que, a diferencia de otros lugares, nuestras posibilidades de supervivencia no dependerán de la cuenta bancaria. Que nuestro sistema sanitario es bueno conviene recordarlo para no malograr lo conseguido. Y también saber que resulta mejorable porque supondría un disparate apartar la vista de sus dificultades. Las listas de espera reflejan muchas de ellas. 116.573 asturianos, el 10% de los habitantes de la región, tienen su nombre en los registros de quienes aguardan por una consulta especializada o una intervención quirúrgica. Hay quienes permanecerán en ellos un par de meses, otros hasta tres años. En la comparativa con otras autonomías, la sanidad asturiana no sale malparada, pero estar mejor que el de la cama de al lado nunca ha sido un alivio para ningún paciente.
Para analizar estas demoras se aprobó una comisión en la Junta General, con muchas reticencias por parte del Gobierno regional, que desde el principio vio en ella un arma política para atacar la gestión de la consejería, y el deseo por parte de los grupos de la oposición de poner de manifiesto la incompetencia de los responsables de la sanidad asturiana. Por el momento, ha servido para que nuestros representantes políticos constaten lo que muchos ciudadanos sabían por experiencia sin necesidad de solicitar la declaración facultativa en sede parlamentaria: que las listas de espera tienen a veces poco que ver con la realidad. Algunos médicos han definido esta situación como resultado de una «ingeniería» legal, pero tramposa, que permite ajustar las cifras de los retrasos para que resulten más aceptables. Otros han hablado sin tapujos de «maquillaje» de los datos, a través de sistemas más o menos sofisticados como meter en carpetas algunas citas. Estas afirmaciones han llevado al Servicio de Salud del Principado a abrir una investigación en el Servicio de Aparato Digestivo de Cabueñes, uno de cuyos médicos alertó de estas prácticas. El PSOE afirma que llevará a la Fiscalía las denuncias sobre supuestas irregularidades que los comparecientes realicen. La oposición ha tachado de «matonismo político» la advertencia de los socialistas, a quienes atribuyen un intento de amedrentar a los galenos para que no cuestionen el actual sistema de listas de espera, y el Colegio de Médicos ha instado a Sanidad a «no matar al mensajero».
La polémica sobre la fiabilidad de las listas de espera lleva años latente en la sanidad. Desde el momento en el que los responsables políticos se convencieron de que lo importante para capear las críticas era solucionar los números y no los problemas. Incluso hubo épocas en las que el consejero de turno prefirió no publicar los datos para ahorrarse explicaciones. El actual titular de Sanidad ha prometido que su departamento no quedará callado. «Como consejero no puedo meter la cabeza debajo del ala», ha señalado Francisco del Busto.
Si nos aferramos al optimismo, podríamos decir que los políticos asturianos han dado al menos un paso. Todos están de acuerdo en que la situación de las demoras sanitarias exige medidas. Les queda lo más importante: aportar soluciones. Una sugerencia: establecer mecanismos de control convincentes sobre las listas de espera. Si consideramos que sus cifras constituyen la evaluación en datos de las dolencias de la sanidad asturiana convendría no aplicarles un tratamiento con medicamentos de efecto placebo. El pequeño paso de garantizar la credibilidad de los datos quitaría algunos quebraderos de cabeza a los ciudadanos, como la tentación de pensar que tal vez por la falta de vigilancia quien acude a la consulta privada de un médico pueda ver agilizado su tratamiento en la sanidad pública, pero sobre todo garantizaría un análisis eficaz y realista de la situación. Con una adecuada diagnosis, tal vez el camino que tiene por recorrer la sanidad asturiana, abocada a tratar a una población cada vez más envejecida y achacosa, resulte menos tortuoso. La comisión de las listas de espera pondrá a prueba la capacidad de los partidos asturianos para alcanzar algún mínimo acuerdo sobre el que cimentar las decisiones de mayor calado que el sistema sanitario público requerirá en los próximos años. Pero si el debate queda reducido a sembrar dudas, escurrir el bulto, perseguir a los médicos o la demagogia de enfrentar a la sanidad privada con la pública flaco favor le estará haciendo nuestra clase política a esa confianza con la que necesitamos sentarnos ante nuestro médico.