Los llamados grupos radicales, que a estas alturas de la evolución deberían estar en vías de extinción, han sobrevivido a la ley contra toda lógica. Renovándose con jóvenes de toda condición. Muchos de ellos con poco más en común que su tendencia natural a resolver cualquier asunto a guantazos. Sin más ideología que una supuesta formación intelectual aprendida a costa de repetir consignas cuyo alcance, siendo generosos, cabe pensar que no entienden. Unidos por el fútbol o cualquier otra excusa para satisfacer su necesidad gregaria de sentirse más fuertes protegidos por la manada y el anonimato. Pero es la tolerancia ante sus excusas y, sobre todo, el miedo que son capaces de infundir lo que les hace más fuertes. Solo así se entiende que durante años hayan encontrado refugio en los campos de fútbol, respetados incluso como la parte más colorista y entregada de las aficiones, mimados por directivos y futbolistas que prefieren ser jaleados que verse insultados o incluso vivir amedrentados. No han sido los únicos en mirar para otro lado. También responsables de las peñas de las que forman parte individuos capaces de partir la cara a cualquiera por llevar la camiseta de otro equipo han estado más preocupados de acusar a todos de manchar su nombre que de expulsar a quienes deberían avergonzarles. Incluso los políticos llegaron a aceptar con cierta resignación sus salvajadas para no cuestionar la seguridad en las calles de nuestras ciudades. Los pocos que se han atrevido a decir que cerrar los ojos y cruzar de acera no era la solución al problema fueron con frecuencia tachados de alarmistas.
Algunos incluso intentaron convencernos de que los cánticos racistas en los campos de fútbol resultaban inevitables, que mantener a los violentos al margen de los recintos públicos suponía poco menos que un imposible y que las bufandas cubriendo la cara como un pasamontañas no era más que una manera de protegerse del frío en invierno y del calor en verano. Asistimos a actos solidarios con protagonistas que ocultaban su rostro ‘por discreción’ y escuchamos justificaciones tan peregrinas como que esgrimir una barra de hierro constituía un acto de legítima defensa. En todo caso, la culpa de su mala fama era de la Policía, que siempre la tomaba con los mismos ‘angelitos’, acostumbrados a reírse de los agentes cuando una multa pagada con chulería o la absolución por falta de testigos hacían que se sintieran impunes. Así fueron ganando confianza hasta amenazar a los periodistas que escribían sus fechorías y someter a las directivas de las entidades deportivas a sus caprichos. Con la certeza de que el castigo no sería peor esta vez, un grupo de estos radicales entró en un bar de Gijón y se lió a palos. Cinco fueron detenidos. En esta ocasión, la justicia fue rotunda. Tres ingresaron en prisión. Un grupo de amigos acudió a tapar con paraguas a los dos que quedaron en libertad con cargos en una clara muestra de su sentimiento de inocencia. De paso, aprovecharon para insultar a la periodista de EL COMERCIO que seguía la noticia, la misma que desveló que dos ultras con orden de alejamiento de El Molinón se sentaron en la misma mesa que un consejero del Sporting en Mareo para organizar un acto del club. Una imagen lo prueba. La escandalosa desfachatez de los ultras desvelada en esta noticia alcanzó un eco nacional. La respuesta de los simpatizantes de quienes fueron retratados en una clara mofa de las medidas cautelares ha sido una sarta de insultos en internet contra nuestro diario. La del Ayuntamiento de Gijón, una unánime condena y la exigencia de que la ley se cumpla en todos los recintos deportivos. La de las asociaciones vecinales y entidades sociales, unirse para luchar contra la violencia. La del delegado del Gobierno, instar al Sporting a actuar con «firmeza y rigor» contra los radicales. Y la de este periódico será continuar contando la verdad.