EXCELENCIA MÉDICA

El 1 de febrero de 1998 el equipo de Cirugía Cardiaca del Hospital Central realizaba su primer trasplante de corazón. José Luis Fernández, un minero de Morcín, entró en la historia de los avances médicos como el primer paciente asturiano en beneficiarse del extraordinario avance, aunque más importante para él, los médicos del HUCA le regalaron el tiempo suficiente para conocer a su nieta. En menos de dos décadas, este tipo de intervenciones se han hecho frecuentes en el principal hospital asturiano. Quienes superan los primeros meses tras la operación, más del 50%, tienen una esperanza de vida por encima de quince años. Una prórroga ganada a una ley de la naturaleza que no hace tanto parecía inexorable. El pasado 1 de marzo, los cardiólogos del HUCA implantaron por primera vez un corazón artificial. Un sierense de 44 años pendiente de un trasplante ha encontrado en el ‘Heart Mate 3’ un salvavidas al que agarrarse cuando su tiempo ya se agotaba. El novedoso dispositivo ayudará a su corazón a bombear la sangre mientras llega la esperada donación. La intervención duró apenas una hora y cuarto. Fue una de las operaciones de este tipo más rápidas llevadas a cabo en España. «Los asturianos que padezcan insuficiencia cardiaca tienen ahora a su disposición los tratamientos más adecuados», aseguró el cardiólogo José Luis Lambert, uno de los responsables de que la sanidad asturiana haya logrado este nuevo hito.
El equipo de cardiología goza de un merecido prestigio en España. Entre los especialistas y lo que es más importante, entre sus pacientes. Intervenciones que antes suponían un enorme riesgo y una penosa convalecencia se han convertido en pocos años en una precisa rutina y una rápida recuperación. Como otras técnicas antes, el implante de corazones artificiales supone ya una más de las opciones que los cardiólogos del HUCA tienen a su alcance para salvar la vida de los asturianos. Para conseguirlo ha sido necesario formar a 120 profesionales de la sanidad asturiana en Alemania y Barcelona. La primera operación ha supuesto un gasto de casi cien mil euros, 78.000 que cuesta el dispositivo implantado al paciente y 22.000 más para preparar al equipo, al enfermo y a su familia para la cirugía y los cuidados que necesitará a partir de ahora. Cada euro, bien gastado. En una época en la que las listas de espera pesan como una losa sobre la gestión diaria de los hospitales, que ha exigido a los médicos trabajar en ocasiones con menos recursos de los que creen apropiados y en la que incluso ha llegado a cuestionarse la viabilidad del modelo sanitario, incorporar tratamientos tan costosos no resulta sencillo. Tampoco contar con los profesionales capacitados para llevarlos a cabo. Por fortuna, la excelencia alcanzada por el área de cardiología del HUCA no supone una excepción en la sanidad asturiana, que a pesar de las dificultades de los últimos años ha logrado retener mucho del talento de sus equipos. En no pocos casos, por una razón tan sencilla como el compromiso personal con los pacientes y con el equipo con el que se ha compartido el empeño de alcanzar el éxito sin necesidad de hacer las maletas. Comprobar que el dinero de los impuestos que en tantas ocasiones creemos malgastado también permite ser atendido por médicos capaces de mantener a Asturias en la primera línea de la medicina ofrece más argumentos en defensa de la sanidad pública que ningún discurso político. Sencillamente, porque está al alcance de todos. Todavía.

LAS CUENTAS POR SALDAR DE VILLA

Despojado de la púrpura sindical, José Ángel Fernández Villa se presentó en el juzgado catorce meses y once recursos después de que sus antiguos compañeros le denunciasen por la supuesta apropiación de 420.000 euros del SOMA. Sin los pretorianos que guardaban su espalda en mítines y piquetes. Apoyado en un bastón, su esposa y su letrada. Sin decir palabra. Parapetado en sus achaques y en el silencio que siempre le ha amparado, impuesto antes por su poder, alimentado ahora por la conveniencia y aún el miedo. Solo respondió a las preguntas de su abogada. De forma «coherente», según el dictamen del tribunal. Alegó padecer depresión, problemas de corazón, columna, próstata… y demencia, aunque su defensa tuvo la lucidez de una estrategia legal bien estudiada. Villa no recuerda haber firmado ningún gasto, pero declaró que casi cualquier «amañosu» del sindicato podía haberlo hecho en su nombre porque su rúbrica era fácil de imitar. De la tarjeta de crédito alegó ignorar «el pin», pero recordó que el contable y hasta su secretaria conocían el número. En definitiva, que mientras él negociaba convenios y ayudas al carbón eran sus compañeros, en los que confiaba «plenamente», quienes se ocupaban de la contabilidad. Cuando lideraba huelgas y organizaba congresos dejaba la intendencia a cargo de sus subordinados. Y nadie le advirtió de ninguna irregularidad. Dos horas de comparecencia resumidas en un argumento: si alguien metió mano en la caja fue otro.
El ex secretario general del SOMA descarga la responsabilidad de cualquier posible ilegalidad en quienes antes eran sus lugartenientes. A estas alturas ya solo le preocupan los pleitos en los tribunales y el juicio de la historia. Para afrontar este último, confesó estar escribiendo su autobiografía, aunque reconoció no sentirse «en las mejores condiciones para terminar el libro». Finalizadas o no, sus memorias causarán más de un desvelo. El tigre de Tuilla ya no ruge en la plaza de la Salve, pero hay quien todavía teme sus zarpazos.
José Ángel Fernández Villa sufre el ocaso que nunca imaginó. El sindicato desde el que presumía ante los ministros de gobernar Asturias reniega de él. Quienes como él mismo dijo ante la jueza nunca se atrevieron a llamarle la atención, «aunque razones tenían», ahora ni siquiera le llaman por teléfono. Su futuro se reduce a pleitear con sus excompañeros, a vivir bajo la amenaza de una investigación de Hacienda que busca aclarar de dónde sacó el dinero que intentó regularizar durante la amnistía fiscal y procurar a su familia, de cuyo sufrimiento se lamentó en sede judicial, la mejor situación posible.
La Asturias donde su voz era ley es pasado. Ni siquiera quienes le endiosaron hasta atribuirle cualidades sobrehumanas le conceden ahora el menor mérito. Incluso algunos de sus más leales enemigos se han rendido a la piedad que les inspira un hombre acorralado por la justicia y abandonado por casi todos los que le seguían sin preguntar. Pero la cuenta pendiente entre Villa y Asturias va mucho más allá de los gastos del sindicato, incluso del posible origen fraudulento de su fortuna. Quedan pendientes de saldar el tiempo perdido, los millonarios fondos mal empleados y el patrimonio del respaldo malversado. Con esas cuentas claras no se reparará el daño, pero tal vez evitemos repetir los errores. Mientras Villa esgrimía ante la jueza sus trastornos «neurológicos» para justificar casi todo lo que no quiso explicar, el Parlamento asturiano discutía asuntos «neurálgicos». Solo con no dejarse confundir de nuevo por la paronimia de ambos términos, la política asturiana habrá dado un gran paso.

POBRE JUSTICIA

Solo nos falta servir cafés». «Nos han robado hasta el bolso». La fiscal superior de Asturias presentó en la Junta General la memoria del órgano que dirige con una expresiva y detallada descripción de las condiciones de trabajo de los fiscales. Su intervención mostró una imagen de los juzgados asturianos cercana a la que cabría imaginar de las instancias judiciales de un país con una democracia menesterosa. La Fiscalía, a la que la confianza en la Justicia nos anima a sentir como nuestro abogado defensor ante los delincuentes, ni siquiera tiene capacidad para custodiar con garantías los documentos en los que fundamenta su trabajo. Los fiscales, señaló María Esther Fernández, acaban por desempeñar las tareas de los asistentes porque carecen de la plantilla adecuada. Su trabajo es perseguir a los delincuentes, pero en las sedes judiciales ni siquiera un tabique les protege de ellos. Sus competencias crecen, se les exige investigar con rapidez, garantías y eficacia. Sin embargo, hasta la fiscal superior se pasa «mañanas enteras» dedicada a ordenar papeles, firmar partes de vacaciones o solventar problemas informáticos.
Mientras, los casos se les acumulan. Porque la sociedad requiere cada vez más su intervención, pero también hay que decirlo, porque los escritos a la Fiscalía se han convertido en un arma política y hasta propagandística. Todas y cada una de las denuncias deben ser estudiadas y respondidas. Con todo, en tiempos en los que la confianza en los gestores de lo público está bajo mínimos, la fe en los fiscales aumenta. Así que les pedimos que trabajen más, que investiguen incluso aunque solo sea para que podamos sentirnos más seguros. Pero tras la brillantez de sus togas se ocultan muchas penurias que el poder político ha hecho poco por aliviar. Los partidos, sin excepción, siempre han tenido más interés por orientar el desempeño de los fiscales que por escuchar sus problemas. Incluso el propio estatuto que rige el Ministerio Público mantiene preocupantes vestigios que facilitan las intromisiones en su independencia. Y para colmo, el traspaso de competencias cargó a las autonomías con los gastos de un sistema judicial al que se otorgó un presupuesto más pensado para perseguir a carteristas y camellos que a las complejas redes tejidas por la corrupción o la delincuencia organizada.
El descarnado relato de la fiscal superior ante los parlamentarios sirvió para que el Ejecutivo asturiano prometiese al día siguiente un plan de obras que garantice la seguridad en la custodia de los expedientes. Los problemas de los fiscales y de los jueces no se van a terminar con unos cuantos tabiques y cajoneras nuevas para guardar sus papeles. Tampoco con las ahora recurrentes comisiones de investigación invocadas para todo y que han servido para casi nada más que para remitir a la Fiscalía dictámenes tan efectistas como ineficaces.
El buen funcionamiento de la Justicia exige un presupuesto acorde a sus necesidades, no solo las que consideran los políticos, que por lo visto hasta ahora son escasas, ni siquiera las que la fiscal superior demanda, sino las que resulta esencial cubrir para que funcione con garantías el poder al que nos aferramos no solo cuando somos víctimas de la delincuencia común, sino en los momentos en los que las grietas en el edificio de nuestra democracia amenazan su estabilidad. Nos hemos acostumbrado a esperar a una justicia que a pesar de su paso renqueante siempre termina por llegar. Es un consuelo. Pero entristece pensar lo tarde que llega a veces, sobre todo sabiendo que tal vez sea porque nuestros eminentes juristas están pendientes de que no les birlen la cartera en su propio despacho.

LOS HÉROES DEL ‘GURE UXUA’

La palabra héroe se ha desgastado La palabra héroe se ha desgastado tanto de regalársela cada fin de semana a cualquiera sin más méritos que marcar un gol que ahora resulta pequeña para unos hombres capaces de sobrevolar el mar Cantábrico en helicóptero con vientos de más de cien kilómetros por hora, descolgarse por un cable hasta una balsa a la deriva entre olas de diez metros y salvar doce vidas de una condena a muerte. Eso fue lo que hicieron el viernes los equipos de Salvamento Marítimo que salieron en busca de los tripulantes del pesquero gallego ‘Gure Uxua’, hundido a cincuenta millas de la costa de Navia tras una desesperada travesía en pleno temporal. El Helimer Cantábrico despegó de El Musel a las tres y media de la tarde con un equipo de cuatro personas: José Ramón Cruz, Iván Ortega, Fidel Cantos y Jorge Fernández. Dos horas y media después, regresó a su base con siete pescadores a bordo. Angustiados, la mayoría con una severa hipotermia, todos a salvo.
El éxito de una misión de rescate desarrollada en unas condiciones meteorológicas que el poco impresionable Alejandro Busto, jefe de Salvamento Marítimo de Gijón, calificó de «terroríficas» solo cabe a costa de un valor que devuelve al término heroísmo su verdadero significado, pero al que resulta imprescindible añadir el conocimiento y los medios necesarios. El equipo Helimer Cantábrico inició su labor en Gijón en 1994 con el personal justo y un helicóptero con sistemas de vuelo todavía manuales. En sus primeros diez años de trabajo realizó más de setecientas misiones y rescató a medio millar de personas. La innegociable exigencia de sus responsables es que el helicóptero esté en el aire, con su tripulación dispuesta a jugarse la vida, pocos minutos después de que la torre de control reciba el aviso de una emergencia. Con este fin, el día a día de quienes forman parte de los equipos de rescate se convierte en un constante entrenamiento. Cada grupo de los que se turnan en permanente guardia sobrevuela el Cantábrico más de cuarenta horas al mes. Y con más frecuencia de lo que les gustaría, la mar les examina a vida o muerte. La imagen de los marineros del ‘Gure Uxua’ sonrientes en la seguridad del helicóptero, realizando con sus manos la señal de la victoria, es la mejor respuesta sobre el nivel de cualificación de la plantilla de Salvamento Marítimo de Gijón.
La mejora en la seguridad marítima de Asturias también ha tenido mucho que ver con la actividad del Centro Jovellanos. Concebido para la investigación y formación, las últimas dos décadas casi noventa mil alumnos se han inscrito en sus cursos. De sus pruebas de selección han salido buena parte de quienes ahora participan en misiones de salvamento marítimo en toda España. Los bomberos de Gijón y Oviedo recurren a sus especialistas para realizar simulacros con fuego real. Sin alharacas, Salvamento Marítimo ha situado a Asturias como referencia europea en materia de seguridad. La mejor formación y los medios más avanzados es lo menos que las administraciones deben ofrecer a quienes se atreven a hacer del heroísmo su profesión. Cuando celebramos el éxito de haber salvado doce vidas tiene más sentido recordarlo. Sobre todo, para cuando los frágiles de memoria se empeñen de nuevo en revisarlo todo con criterios que nada tienen de heroicos y ni siquiera de honrosos.

LOS COMPROMISOS DEL MINISTRO

El ministro de Fomento no ha querido que el paso del tiempo cuestione su interés por desbloquear el plan de vías. En una semana en la que el temporal de frío ha concedido poca tregua a su departamento, Íñigo de la Serna visitó Gijón para reunirse con la presidenta de su partido en Asturias, el Ayuntamiento y el Principado. En poco más de dos horas intentó sentar las bases para resucitar un proyecto agonizante por la falta de presupuesto y los desacuerdos políticos. ‘Compromiso’ fue la palabra más repetida por el titular de Fomento en su comparecencia. El suyo, concretado en la voluntad de seguir adelante con el soterramiento, en la decisión de construir la futura estación junto al Museo del Ferrocarril y, sobre todo, en la posibilidad de buscar una fórmula de financiación complementaria a la venta de unos terrenos que hasta el momento nadie ha querido comprar.
El ministro ha anunciado la elaboración de un estudio de mercado, que promete elaborar «con celeridad», pero también con el rigor necesario «para no limitarnos a lanzar al Boletín Oficial la enajenación de las parcelas sin posibilidades de éxito». Su objetivo, ha dicho, es evitar «las patadas hacia adelante» en las que las administraciones incurrían en el pasado, con propuestas inviables que exigían un crédito tras otro «sin que se viera la luz al final del túnel». De la Serna pretende ser «realista» y ha reconocido que las plusvalías del ‘Solarón’ pueden no alcanzar para costear las obras. Pero también ha recordado sus compromisos al resto de administraciones implicadas: «Todos tenemos que colaborar». Dicho más claro, el ministerio no pondrá más dinero si el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento no asumen la parte que les corresponde por su participación en la sociedad que gestiona el plan de vías. El titular de Fomento ha apelado a la lógica para mantener en Gijón un proyecto al que ciudades como Valladolid, León o Santander se han visto obligadas a renunciar o modificar. La principal razón es que en ninguna de ellas se habían gastado 137 millones de dinero público en excavar un túnel. Sensatez no se le puede negar. Tampoco la coherencia política de defender la estación intermodal en la ubicación que su antecesora en el cargo, Ana Pastor, pactó con la alcaldesa de Gijón. Poco más se puede exigir a quien apenas lleva dos meses en el cargo y ha reservado a Gijón la deferencia de ser la primera ciudad que visita para abordar sus planes de integración ferroviaria.
Pero aún queda mucho trecho por recorrer para que Gijón deje de tener la estación provisional más duradera de España y un túnel inundado como único resultado del proyecto más ambicioso iniciado en la ciudad durante este siglo. El primer paso será completar la elaboración del prometido estudio, para lo que no se ha fijado fecha. Después, resultará imprescindible el consenso entre las tres administraciones implicadas, algo que no parece sencillo vistos los precedentes y la insistencia del Principado en recuperar el antiguo proyecto. La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, reivindicó ayer de nuevo la estación diseñada en Moreda durante la etapa de gobierno del PSOE. Su principal argumento es que una diferencia de trescientos metros no garantiza la centralidad, sino que ésta debe llegar a través de la estación de la plaza de Europa, capaz de recuperar para el tren 400.000 viajeros al año. Por añadidura, el Principado considera que existe mucho trabajo aprovechable del realizado para aquella propuesta inicial. Aunque la Administración regional asegura que su voluntad de sacar adelante el plan de vías «es firme», enredarse en el debate de dónde se sitúa la estación, una polémica que incluso llevó a los gijoneses a manifestarse en la calle, poco puede ayudar a agilizar un proyecto del que no se ha movido ni un papel en los últimos diez meses. No ha sido el diseño de las estaciones lo que ha dado al traste con la mayor parte de los planes para suprimir las barreras ferroviarias en las ciudades españolas, sino el empeño por mantener obras sobradas de ambición y carentes de presupuesto. Trece años han pasado desde que comenzó la excavación del túnel del metrotrén. Tiempo de sobra han tenido los partidos para ponerse de acuerdo, pero han dedicado más esfuerzos al cálculo político que al económico. El ministro de Fomento, aunque sin comprometer un euro más, ha dado razones para aferrarse a la esperanza de que algún día los trenes de alta velocidad lleguen a una estación adecuada. Si no la tantas veces prometida, al menos la que los asturianos merecen. Ahora, toca trabajar por ello.

POLÍTICA AMBIENTAL

Los anticiclones invernales han reavivado en los últimos años el debate sobre la polución en Asturias. Las altas presiones desencadenan el llamado proceso de ‘inversión térmica’: la circulación del aire se interrumpe en las capas más bajas, las emisiones no se disipan y las estaciones de medición alertan de las altas concentraciones de elementos contaminantes. Este mes ha ocurrido de nuevo. No es la primera vez ni será la última. La lluvia termina con este fenómeno y también con la polémica. Mientras llega y no la tormenta, las opiniones se enardecen y las grandes industrias se sienten atacadas porque las miradas suelen dirigirse a sus chimeneas. Las administraciones responden entonces con medidas que van desde la recomendación de evitar el uso de la calefacción en pleno enero al riego de calles o la advertencia de sanciones a las empresas, que sienten amenazado su futuro. En poco tiempo, el viento suele llevarse casi todo lo dicho. Sin embargo, los efectos más graves de la contaminación solo se aprecian a largo plazo. Las consecuencias de las improvisaciones, también. Y en ambos casos resultan irreparables.
En Asturias existen suficientes muestras para calibrar los resultados de la política pendular de aceptar un día, en aras del progreso, agresiones a la naturaleza que no deberían haberse producido y pasar el siguiente a espantar inversiones con discusiones extemporáneas. Son los resultados de las políticas de repentización. La experiencia y la inteligencia deberían llevar a los partidos a prolongar el debate más allá del tiempo que permanecen ante nuestros ojos las nubes contaminantes. Con sensatez y sin prejuicios. Conscientes de la lógica preocupación de los asturianos por su salud y de la cada vez mayor sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, pero también de la importancia de una industria en la que se sustenta el 20% del producto interior bruto de la región. La consejera de Medio Ambiente ha anunciado que se reunirá con 16 municipios del área central para diseñar un protocolo de actuación que ayude a atajar las consecuencias de la contaminación. No es mala idea para empezar, aunque haya sido lanzada al calor de una ‘inversión térmica’. Pero lo importante de las reuniones no son las convocatorias, sino sus resultados.
Asturias necesita planes ambientales con los que los ciudadanos se sientan protegidos y que permitan a las empresas reducir sus emisiones con proyectos que no pongan en riesgo su actividad. Con medidas más allá de endurecer las sanciones a la industria sin mayor afán que mejorar en la comparación con otras regiones y actuaciones que no se limiten a los momentos en los que las estaciones de medición superan los índices establecidos por la Unión Europea. Este tipo de respuestas a posteriori en poco ayudan a mejorar la calidad de vida de los asturianos. Lo mismo que la tentación en la que a veces incurren algunas organizaciones de exigir imposibles. La política ambiental solo puede ser eficaz cuando ofrece soluciones factibles, capaces de reducir o evitar los problemas, y de conjugar el crecimiento económico con la calidad de vida. Tal vez difícil, sí. Pero mucho más lógico que el extremismo de plantear la perversa y simple elección entre la industria o la salud. Si tiene sentido una aspiración es la de una región en la que se pueda trabajar y donde resulte deseable vivir. Sin un mínimo de ambas cosas, el fracaso está asegurado. El mundo está lleno de ejemplos.

LA VALENTÍA DE AMARESH

Amaresh Fernández falleció el 31 de diciembre. Tenía 24 años. Padecía, desde la adolescencia, obesidad mórbida. Llevaba cinco años en la lista de espera para una operación de reducción de estómago. Los médicos le habían advertido de que aún debería aguardar otros cuatro más antes de pasar por el quirófano. De familia humilde, su sueldo de auxiliar administrativa no le alcanzaba para costearse una intervención de cirugía bariátrica en una clínica privada. Los especialistas de la sanidad pública habían probado diversos tratamientos con fármacos, estrictas dietas y programas de ejercicios. Sin éxito. Llegó a pesar 125 kilos. La obesidad y una severa diabetes que se había complicado al desarrollar resistencia a la insulina, condicionaron su vida desde los 16 años. Tuvo que realizar dos cursos de Secundaria desde las aulas hospitalarias. Su esfuerzo le valió un reconocimiento de la Consejería de Educación. Su existencia fue una constante lucha contra sus dolencias, las trabas burocráticas y los prejuicios, que también los sufrió. Se negaba a rendirse, a perder la sonrisa y menos aún su valentía. Cuando los médicos le dijeron que la operación en la que había depositado todas sus esperanzas de mejora no tenía fecha remitió una queja al Defensor del Paciente. «Estudiado su caso por los facultativos que corresponde, manifiestan que no tiene factores de riesgo o variables clínicas que pudieran suponer la consideración de urgencia o preferencia», fue la respuesta de la Administración, que en 2015 confiaba en atender su caso en el plazo de doce meses. Pasado ese tiempo, la joven envió una nueva carta de protesta. «Mi salud, tanto física como mental, cada vez se deteriora más. Tan solo tengo 24 años y llevo la vida de una persona de 80. Hay infinidad de cosas que ni siquiera puedo plantearme hacer por la obesidad que padezco y cada vez surgen más complicaciones». Ante el mutismo administrativo, acudió a EL COMERCIO para que la sociedad asturiana conociera la dura realidad que afrontan los enfermos de obesidad mórbida. «Me da igual dónde, solo quiero que me operen porque de seguir así seguro que voy a morir». Por desgracia, su pública denuncia no evitó el final que ella misma pronosticó.
Especular ahora con lo que habría pasado si su reclamación hubiera tenido otra respuesta de nada sirve. Cuestionar el criterio de los especialistas que rechazaron la urgencia de su caso carece de sentido. Si consideraron que Amaresh debía continuar en la lista de espera del Hospital Central fue a buen seguro porque el resto de los enfermos de obesidad mórbida se encontraban en una situación similar o peor. Lo inaceptable es que pretendan convencernos de que lo normal es que una intervención quirúrgica asumida por la sanidad pública como necesaria acumule una lista de espera de cuatro años. Por nimia que sea la dolencia, solo un inconsciente asumiría sin rechistar una cita con el quirófano para dentro de un lustro.
El jefe de Cirugía General del HUCA, Lino Vázquez, ha reconocido que la demanda de estas operaciones «está creciendo de forma apabullante». El 40% de los asturianos tiene problemas de sobrepeso. El único hospital de la región en el que se realizan estas intervenciones programa dos por semana. Sin embargo, cada siete días entran tres nuevos pacientes en una lista de espera que acumula trescientos nombres. Pocas cuentas hacen falta para darle la razón a Amaresh. Probablemente, no tenía derecho a operarse antes de lo previsto. Quiero creer que así era, a ello me inclina la confianza que merecen los profesionales de la medicina en Asturias. Pero a Amaresh Fernández le sobraban razones para pensar que el sistema que protege nuestra salud, y pagamos todos, no atiende de forma adecuada a quienes padecen una enfermedad sobre la que sobrevuelan demasiados tópicos. No se trata de estética, sino de supervivencia. La cirugía bariátrica, una operación de riesgo, supone el último recurso de la sanidad pública cuando la obesidad amenaza la vida del paciente. Por eso, más que el motivo de la muerte de Amaresh es el suplicio que marcó su vida lo que exige una respuesta. Ella tuvo el valor de poner su voz al hasta entonces silencioso drama de una lista de espera que se resiste a la lógica. Así despidió su último escrito a las autoridades sanitarias: «Gracias por su tiempo y atención. Espero sus noticias». Lo mismo digo.

EL TREN DE EUROPA, PARADO EN LEÓN

El descarrilamiento de un tren que transportaba carbón entre El Musel y León cortó el viernes la comunicación por ferrocarril con la Meseta toda la tarde. Casi a la misma hora del accidente, el Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Gijón sufrió una avería que le mantuvo parado durante veinte minutos. Cuando consiguió arrancar, recibió la orden de regresar a Busdongo. El convoy de mercancías siniestrado bloqueaba el paso en la rampa de Pajares, así que Renfe optó, una vez más, por trasladar en autobús a los pasajeros. Llegaron a su destino con tres horas y media de retraso, salieron de Madrid después de desayunar y llegaron a Asturias para la cena. Es lo que tiene depender de un trazado decimonónico por el que circulan trenes del siglo XX. Es la deplorable situación de una línea férrea que unida a túneles de metro tapiados, estaciones provisionales que se eternizan y la falta de inversiones en matenimiento dibujan una situación tan pintoresca del ferrocarril en Asturias que solo algún país en vías de desarrollo resulta apetecible para compararse.
Cierto que el Gobierno central se ha gastado tres mil millones en la variante de Pajares. Con este presupuesto lo único que ha conseguido en quince años es que el aire circule por los túneles. Mientras aún se preguntan cuándo pasará por ellos el AVE, muchos asturianos viajan en coche a León para coger el tren a Madrid. Íñigo de la Serna visitó Asturias esta semana para otear lo que sus ciudadanos esperan de él. El titular de Fomento no se ahorró reuniones. Tomó café con la presidenta del PP, conversó durante noventa minutos con el presidente regional y dedicó una hora a escuchar los planteamientos de Foro. Aún tuvo tiempo de pasar revista a las obras de la autovía en Salas e incluso para recoger las quejas de la plataforma de los sufridos usuarios de los cercanías. Poco más de un mes tardó el ministro en presentarse en el Principado. Con ello demostró interés en conocer las necesidades de la región. Supo administrar su agenda para respetar el plano institucional, atender a sus socios en el Parlamento e incluso evitar incómodos encuentros entre quienes encarnan facciones enfrentadas dentro del PP asturiano. Signo de pericia política. En su comparecencia, su formación de ingeniero de caminos y la prudencia evitaron que repitiera los errores de algunos de sus compañeros de gabinete que se atrevieron a cantar las excelencias de la política de infraestructuras de su partido en una autonomía que durante los últimos años se ha sentido más agraviada que atendida en esta materia. De la Serna prometió «correr todo posible» para abrir la variante, pero sin garantizar que los trenes circularán por ella en 2017 como establece el acuerdo que Rajoy rubricó con Ciudadanos. Sabe que es prácticamente imposible, así que pidió tres meses para anunciar un compromiso factible.
Tiempo no le sobra con una legislatura. Su predecesora ya demostró lo difícil que le puede resultar a un ministro terminar una obra. En Asturias, Ana Pastor se conformó con finalizar la autovía del Cantábrico. El AVE no fue su prioridad. El nuevo titular de Fomento proclamó en Oviedo que para él la variante de Pajares sí lo es. A su favor cuenta con un consenso forjado por la crisis que ha llevado a los partidos, empresarios y organizaciones sociales del Principado a aceptar que una mejora en la línea entre Pola de Lena y Gijón es preferible a la promesa de un nuevo trazado de coste e impacto ambiental tal vez inasumibles. También las reivindicaciones de Gijón se han quedado en una petición más que razonable: buscar una fórmula de financiación para el plan de vías que permita construir una estación digna sin perder otros cuatro años en unas cuentas de la lechera que hasta el momento solo han permitido ajardinar un solar. Ninguna ciudad española con más de 250.000 habitantes recibe a sus viajeros en una estación de tren que supera en poco a un gran apeadero y una terminal de autobuses reducida a poco más que unos andenes. Pocos más argumentos que un par de fotografías debería necesitar el ministro para convencerse de la urgencia del proyecto. Y apenas un reloj y las cifras de viajeros para comprobar que los cercanías de la región circulan hacia la ruina.
Los asturianos no piden más que la posibilidad de viajar en tren a Madrid en menos de tres horas desde una estación que merezca ese nombre. Las empresas asturianas no demandan mayores ventajas que transportar sus mercancías a la misma velocidad desde El Musel o Avilés que desde cualquier otro puerto de España. Asturias no exige más que lo justo para dejar de sentir que el tren de Europa sigue parado en León.

MALA EDUCACIÓN

Después de tres años de guerra educativa, el Gobierno ha decidido convertir las reválidas en un ejercicio escolar, casi en un día de asueto, y recuperar la vieja Selectividad. La reforma educativa del Partido Popular, irrenunciable con mayoría absoluta, se ha convertido en prescindible, urnas mediantes. La educación española tiene ahora ocasión de encontrar un consenso del que jamás ha disfrutado y solucionar sus problemas, que no son pocos, sin caer de nuevo en la habitual tentación de los partidos de poner su marchamo ideológico en los libros de texto. En diez legislaturas, los colegios han tenido que adaptarse a siete leyes distintas. Esta misma semana, los profesores asturianos han reclamado para sí la misma protección legal ante las agresiones de la que disfrutan los médicos. Entre otras situaciones, relataron el caso de una madre de un niño de Infantil que llegó a agredir al maestro porque retrasó la hora de salida de clase. Una encuesta elaborada por el sindicato ANPE asegura que el 57% del profesorado no se siente apoyado por la dirección de su centro y que el 14% no sabe o prefiere no contestar. El mismo informe detecta un aumento de la indisciplina, las conductas agresivas de alumnos y los enfrentamientos con los padres.
Tampoco las familias parecen demasiado satisfechas con la atención que reciben sus hijos. «Somos parte de la comunidad educativa, pero cuando opinamos sobre algo relacionado con la escuela que no sea hacer fiestas y trajes o repartir lotería se nos reprocha argumentando que nos entrometemos en la labor docente», ha dicho la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Los padres acaban de poner fin a una huelga contra los deberes con la que han tratado de reivindicar su derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas en el ámbito familiar, «de carácter privado, sin que la escuela pueda invadirlas».
Padres y profesores pueden tener opiniones diversas, resulta comprensible. Es una de las razones por las que depositamos en la Administración la responsabilidad de organizar el sistema educativo. Sin embargo, los partidos se han empeñado con reiteración en formar afiliados antes que ciudadanos. Y periódicamente, cuando algún supuestamente infalible organismo internacional deja a nuestros colegios en mal lugar o nuestras universidades aparecen en los últimos puestos de las clasificaciones de excelencia se reabre el debate sobre la necesidad de revisar el sistema educativo español. Es entonces cuando nos preguntamos si queremos ser suecos o coreanos, construir universidades como las norteamericanas o establecer programas de formación profesional como los de Alemania. Pero nos guste más o menos, seguimos siendo españoles. La educación asturiana, según el último informe del Estudio Internacional en Matemáticas y Ciencias, obtiene buenas calificaciones, incluso por encima de la media de los 64 países evaluados. A pesar de sus diferencias, las familias y profesores algo hacen bien incluso cuando las administraciones no han demostrado la menor coherencia al trazar el camino a seguir. No obstante, el mismo estudio que ha servido al Principado para felicitarse también indica que el 30% de los estudiantes presencia de forma esporádica situaciones de acoso, que repetir curso es casi sinónimo de fracaso y que uno de los elementos que más influye en el éxito escolar es la riqueza de las familias. Indicadores tal vez más relevantes que la posición en el ránking de turno, por mucho que nos guste compararnos con los demás, y que no se arreglan con más carga lectiva ni con entrenar los test con los que se evalúa a los centros. Problemas cuya solución requiere ideas claras, leyes estables y recursos económicos sin los que a largo plazo solo podemos aspirar a un tipo de educación: mala.

PARAMNESIA

Si usted ha finalizado la semana con síntomas de paramnesia no se alarme. Tal vez ha prestado demasiada atención a los políticos asturianos. Las reuniones de los grupos parlamentarios en busca de un acuerdo presupuestario han servido para reafirmar posturas, confirmar desencuentros y repetir fotografías. Esto es, para casi nada. El PSOE mantiene que su prioridad es un pacto de izquierdas, aunque solo con IU ha logrado algún avance que la aritmética hace inútil. De poco han servido por el momento las apelaciones al diálogo de Gaspar Llamazares, el esfuerzo de Cristina Coto por presentar un documento alternativo o la paciencia de Nicanor García, que soportó una hora de plantón a la espera de que los socialistas finalizasen una reunión previa. Al Gobierno regional solo le salen las cuentas con los votos de Podemos o el PP. Pero los encuentros del PSOE con el partido morado han terminado con la recíproca impresión de que cuanto mejor se conocen más se detestan. Tanto, que el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, llegó a pedir a quienes su formación intenta cortejar como socio preferente que abandonen «el teatrillo» y las excusas. Desde las antípodas, Emilio León desgranó el viernes las muchas diferencias que impiden avanzar hacia el acuerdo: el rechazo del Ejecutivo a una reforma fiscal que incluya el IRPF y Patrimonio, su actitud contraria a modificar el gasto, la negativa a bajar el sueldo de los altos cargos… Los principales partidos de la izquierda asturiana están más preocupados por endilgarse la culpa del fracaso de las negociaciones que por explicar sus propuestas. El pulso que mantienen no admite treguas. El partido de Pablo Iglesias ve ante sí la oportunidad para tomar nuevas posiciones mientras el PSOE busca un nuevo liderazgo e intenta restañar las heridas de una batalla interna en la que continúan las escaramuzas.
Con una izquierda al borde del guantazo en el Parlamento asturiano, no es de extrañar que la presidenta del PP acuda tan sonriente a las reuniones en las que se negocia el presupuesto. Mercedes Fernández no anda falta de problemas en su propio partido, pero en lo que se refiere a las cuentas regionales lo tiene fácil. Nadie en Génova le reprochará que rebaje la presión sobre un presidente regional con quien Mariano Rajoy tendrá bastante que hablar en los próximos meses. Y facilitar la aprobación del presupuesto casa bien con el discurso de estabilidad que el líder de los populares ha dictado como base filosófica para conservar los votos de la derecha. No hay parlamentario en la Junta General que dude de que el PP está dispuesto a rebajar sus pretensiones a casi nada para dar su voto. Los populares han sido muy claros: «Asturias está mejor con presupuesto que sin él». Pero el PSOE intuye una emboscada en el puente de plata que le ofrecen para vadear la prórroga presupuestaria. En Madrid se aprecian mal los matices de la política asturiana. Poco tardarían en el Congreso de los Diputados en acusar al presidente de la gestora socialista de haberse cobrado parte de la deuda de la investidura. Hace semanas el PSOE asturiano asumió que finalmente deberá elegir entre lo malo y lo peor para sus intereses, entre gobernar asfixiado por un presupuesto extemporáneo o sufrir el desgaste de utilizar al PP como muleta. Un dilema tan peligroso para su cálculo electoral como injusto si los intereses de los asturianos quedan al margen de sus cavilaciones. Sobre todo, después de tanto escuchar a los consejeros del Gobierno asturiano repetir durante semanas que casi todo lo que esta región puede esperar de ellos depende de la aprobación del presupuesto.