VARIANTE DE PAJARES: DEBATES Y PRETEXTOS

El 11 de febrero de 2004, el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, plantaba en Lena una simbólica dovela que marcaba el inicio de la variante de Pajares. El objetivo de la que se definió como la obra de ingeniería «más ambiciosa de Europa» era que los asturianos pudiesen viajar en AVE de Gijón a Madrid en menos de tres horas. El Gobierno calculó entonces que se necesitarían seis años para excavar los túneles. Han pasado trece, se han invertido más de tres mil millones y los asturianos que viajan en tren a Madrid continúan padeciendo la extenuante escalada por la decimonónica rampa de Pajares. A partir de León, los pasajeros entran en el siglo XXI. La obra de la alta velocidad más lenta de España no ha dejado de encontrar dificultades: deficiencias en los proyectos, fugas de agua, deslizamientos de los taludes, discrepancias con las constructoras… Los sucesivos ministros se han encargado de detallarlas para justificar los retrasos y defender los recortes. Hasta el punto de que incluso la idea de perforar dos túneles y abrir solo uno fue aceptada por muchos con resignación. Aunque el problema nunca ha sido de ingeniería, sino de voluntad y, sobre todo, de dinero. Bajo el azote de la crisis, la obra ferroviaria más cara del país en una región con poco más de un millón de habitantes parecía un lujo. Algún político se atrevió a decir, eso sí desde Madrid, que tal vez nunca debía haberse iniciado.
Mientras los trabajos se ralentizaban hasta rozar la paralización, los partidos políticos han tenido mucho tiempo para debatir el equipamiento de los túneles. El PSOE ha defendido el ancho ibérico como la fórmula para compatibilizar el tráfico de pasajeros y mercancías. El Gobierno asturiano sostiene que solo este trazado permite amortizar la costosa inversión. El PP, que había prometido un AVE «como el que va a Sevilla», cambió su postura en 2013, cuando Ana Pastor optó por renunciar al ancho internacional. A pesar de ello, los populares firmaron con Foro un pacto para concurrir juntos a las elecciones generales en el que se recogía el compromiso de recuperar el diseño original. Un acuerdo que tal vez no habría tenido más consecuencias si no fuera por el hecho de que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado puede depender del voto de Isidro Martínez Oblanca, el parlamentario de Foro integrado en la candidatura conjunta por Asturias. En ese contexto, el partido fundado por Cascos ha encontrado el momento para recordar al PP lo suscrito. La presidenta de Foro, Cristina Coto, remitió dos cartas a Mariano Rajoy advirtiéndole de que el AVE era condición innegociable para dar su apoyo a las cuentas. Y al presidente del Gobierno no le sobra ni un voto. Tras el ultimátum epistolar, Fomento varió su postura. No sin reticencias. El departamento que ahora dirige Íñigo de la Serna ha avisado de que el cambio conllevará «plazos más largos» y requerirá 145 millones adicionales para mantener y renovar la rampa de Pajares, por donde tendrían que circular las mercancías pesadas.
El Ejecutivo regional considera la decisión «un disparate, un error histórico y un mazazo al futuro económico de Asturias». La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, opina que Rajoy se ha rendido «a un capricho» y anuncia que está dispuesta a dar la batalla. Ha solicitado una entrevista con el titular de Fomento para expresarle la indignación del Ejecutivo y su preocupación por el impacto que supondrá para la industria asturiana que las mercancías tengan que subir por el puerto, a su juicio, «un despilfarro». En cambio, Francisco Álvarez-Cascos está convencido de que la intervención de su partido ha librado a los asturianos de una histórica discriminación, al lograr que el AVE cruce la variante y puedan viajar en los mismos trenes que los andaluces o los catalanes.
No es malo que los partidos debatan sobre la variante, lo negativo para la región ha sido que desde los años ochenta no han logrado ponerse de acuerdo ni siquiera en la urgencia de terminarla. En ese tiempo, otras autonomías han afrontado discusiones similares, acabado las obras y cabe suponer que mejorado el transporte porque no se han quejado de que sus ciudadanos viajen en trenes de alta velocidad. En el caso de Asturias, la polémica ha servido con frecuencia de parapeto al ministro de turno. En los tres últimos años, la empresa adjudicataria de la vía en la vertiente asturiana no ha puesto ni una sola dovela e incluso ha pedido al ministerio la rescisión del contrato porque considera imposible su cumplimiento. El anuncio de abrir antes un solo túnel no sirvió para agilizar las obras. La modificación del proyecto hace cuatro años, tampoco. La fecha en la que los asturianos dejaremos de viajar a Madrid en segunda clase dependerá más del dinero que el Gobierno esté dispuesto a gastarse que de ninguna otra cosa. Lo demás, son pretextos.

LA VERDAD ESTÁ EN EL PRESUPUESTO

La empresa contratada para colocar la vía en la vertiente asturiana de la variante de Pajares ha solicitado por tercera vez la rescisión del contrato. Dragados reclama al Ministerio de Fomento 2,2 millones de indemnización, casi el 24% del coste de una obra que ni siquiera ha llegado a iniciar. Es el resultado de una adjudicación ‘a la española’ en la que la Administración y los contratistas acuerdan la ejecución de un proyecto por un presupuesto insuficiente, calculado más con la intención de ganar el concurso que de realizar las obras y la convicción de la empresa de que los modificados permitirán financiar los trabajos y obtener el margen de beneficio deseado. El peculiar sistema ibérico de contratación convierte cada obra en un pulso entre Fomento y las empresas, de modo que los tajos avanzan al ritmo de las sucesivas inyecciones de fondos. Si el regateo no termina en un acuerdo, la obra encalla. En el caso de la variante de Pajares, el tendido de vía fue adjudicado en 2014 con una rebaja del 51,4%. Desde entonces no se ha colocado ni una sola traviesa. Primero, porque el retraso de otros trabajos impedía su inicio. Ahora, porque la empresa considera que resulta imposible cumplir lo estipulado con el presupuesto que aceptó. El ministro Íñigo de la Serna se ve obligado a decidir si asume el modificado propuesto por Dragados o rescinde el contrato e inicia una nueva licitación. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno de abrir al menos uno de los túneles este año se sumará a la larga lista de incumplimientos con los que se ha escrito la historia de la variante.
Mientras las traviesas se orean en Los Pontones a la espera de la resolución ministerial, el Principado ha presentado un pacto por las infraestructuras «que Asturias necesita». Veinte entidades, incluidos los empresarios y los sindicatos, lo han suscrito. De los partidos de la oposición, solo IU. La negociación abierta por la consejera de Infraestructuras no logró sumar al PP, que ha calificado el documento de «papel mojado»; ni a Foro, que reclama garantías de que el tren que cruce Pajares sea un AVE y la futura estación de Gijón ocupe el emplazamiento pactado por la ministra Ana Pastor y el Ayuntamiento; ni a Podemos, que acusa al ministerio de estar en manos del «cártel del hormigón»; ni siquiera a Ciudadanos, que se agarra al acuerdo de gobierno suscrito con Mariano Rajoy para reclamar que la variante esté terminada este año. Y aunque no lo dicen, lo que piensan todos ellos es que no están dispuestos a rubricar un texto que consideran una traslación del programa del PSOE y las prioridades del Ejecutivo. Ante esta situación, el presidente del Principado optó por liderar la presentación del documento, que defendió con una apelación a «lo que es de justicia».
Queda por ver la respuesta del ministro de Fomento, obligado a decidir entre lo que propugna el Gobierno asturiano, lo que reclaman sus socios electorales, lo que exige el partido que abrió la puerta a Rajoy para la investidura y lo que aconsejan los técnicos de su departamento. Aunque sobre todo, su resolución estará condicionada por un presupuesto con el que debe afrontar los compromisos pendientes y los recién adquiridos con otras regiones. En la España de las autonomías, cada cual barre para su casa y hace valer su peso en la política nacional. El dinero se reparte hasta donde alcanza. En los últimos años, a Asturias le ha llegado con cuentagotas y lo aprobado para la variante ni siquiera ha llegado a gastarse. Los sucesivos ministros han culpado a las filtraciones de agua, a la inestabilidad de los taludes, a la elaboración de los proyectos y, por supuesto, al empedrado del legado recibido. Lo cierto es que la alta velocidad avanza al ritmo de la voluntad expresada en los presupuestos. Es en la página de inversiones donde los ministros dicen de verdad lo que piensan.

EL VALOR DE LA HISTORIA

Dos mil días y 168 detenidos después de declarar el alto el fuego, ETA ha anunciado que entregará las armas. El negocio cimentado en 829 asesinatos baja la persiana cuando han pasado ya siete años de su último crimen. El 17 de marzo de 2017 aparecerá en los libros de historia. Esperemos que no como pretenden los albaceas del testamento terrorista, sino como la fecha en la que los españoles derrotaron a una banda que no puso fin a su barbarie por convicción, sino ante la fuerza de la democracia. ETA camina hacia su disolución acorralada por el rechazo de la ciudadanía, la fortaleza del Estado de derecho y el extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Le quedan alrededor de trescientas armas desperdigadas por zulos en el monte y domicilios de sus colaboradores. Obsoletas, pero aún mortales, la organización se resistía a entregarlas para forzar a los gobiernos de España y Francia a escenificar una negociación. Ha fracasado en su objetivo. En febrero de 2013, la delegación terrorista que aguardaba en Noruega la llegada de algún enviado del Gobierno fue expulsada del país a petición de España. Poco después, dos encapuchados pusieron un minúsculo arsenal en manos de dos miembros de una comisión internacional de verificación, un paripé para darse importancia que tampoco les sirvió de nada. La propuesta del Ejecutivo vasco de ocuparse del desarme ni siquiera tuvo respuesta de Rajoy. La banda anuncia ahora que cederá su arsenal a un centenar de simpatizantes antes del 8 de abril para que lo entreguen. Otro acto de propaganda al que acertadamente no ha querido sumarse el Gobierno español. Serán las autoridades francesas quienes reciban unas armas entre las que probablemente no estarán las que ayudarían a resolver los 300 crímenes a cuyos autores la Justicia española aún no ha podido poner nombre.
ETA y sus simpatizantes intentan lavar su imagen para la posteridad, levantar la moral de sus tropas encarceladas, convertir su inevitable rendición en un armisticio y vincular sus siglas a la política vasca como si su única contribución no fuera el dolor. La pretensión de la banda de equiparar a los asesinos con el resto de los ciudadanos nada tiene que ver con el perdón, un desgraciado derecho que solo corresponde a las víctimas, ni con la paz, que no hicieron más que postergar con su sangrienta obcecación por encontrar una fórmula lo bastante cruel como para acabar con la resistencia de los demócratas. La clase política no debe permitir que los asesinos endulcen su capitulación ni obtengan beneficio de ella. La indiferencia, aunque sea alentada por los mejores deseos, no cabe ante la actual estrategia de los terroristas. Los últimos responsables de coordinar a los pocos delincuentes que siguen libres y los muchos que están en prisión aspiran a mantenerse como gestores de las concesiones que puedan arrancar a los partidos. Supondría una equivocación aceptar su juego cuando solo sin más alternativas han entregado sus armas, después de pensárselo durante cinco años en los que aún han intentado sacar tajada de la mucha sangre derramada. No son ellos ni tampoco los que durante décadas intentaron aprovecharse de sus crímenes bajo unas siglas que suponían una burla a la democracia quienes tienen derecho a dictarnos la crónica de su final. Es la mayoría de la sociedad española, obligada a pagar con sangre sus convicciones, la que debe relatar, sin omisiones, sus sacrificios para alcanzar la paz. El olvido solo interesa a quienes tienen razones para desearlo. La memoria, en cambio, permitirá que quienes tengan la suerte de conocer a ETA solo por lo escrito sepan cuánto nos ha costado lo que tenemos. Por eso la historia es tan valiosa.

EXCELENCIA MÉDICA

El 1 de febrero de 1998 el equipo de Cirugía Cardiaca del Hospital Central realizaba su primer trasplante de corazón. José Luis Fernández, un minero de Morcín, entró en la historia de los avances médicos como el primer paciente asturiano en beneficiarse del extraordinario avance, aunque más importante para él, los médicos del HUCA le regalaron el tiempo suficiente para conocer a su nieta. En menos de dos décadas, este tipo de intervenciones se han hecho frecuentes en el principal hospital asturiano. Quienes superan los primeros meses tras la operación, más del 50%, tienen una esperanza de vida por encima de quince años. Una prórroga ganada a una ley de la naturaleza que no hace tanto parecía inexorable. El pasado 1 de marzo, los cardiólogos del HUCA implantaron por primera vez un corazón artificial. Un sierense de 44 años pendiente de un trasplante ha encontrado en el ‘Heart Mate 3’ un salvavidas al que agarrarse cuando su tiempo ya se agotaba. El novedoso dispositivo ayudará a su corazón a bombear la sangre mientras llega la esperada donación. La intervención duró apenas una hora y cuarto. Fue una de las operaciones de este tipo más rápidas llevadas a cabo en España. «Los asturianos que padezcan insuficiencia cardiaca tienen ahora a su disposición los tratamientos más adecuados», aseguró el cardiólogo José Luis Lambert, uno de los responsables de que la sanidad asturiana haya logrado este nuevo hito.
El equipo de cardiología goza de un merecido prestigio en España. Entre los especialistas y lo que es más importante, entre sus pacientes. Intervenciones que antes suponían un enorme riesgo y una penosa convalecencia se han convertido en pocos años en una precisa rutina y una rápida recuperación. Como otras técnicas antes, el implante de corazones artificiales supone ya una más de las opciones que los cardiólogos del HUCA tienen a su alcance para salvar la vida de los asturianos. Para conseguirlo ha sido necesario formar a 120 profesionales de la sanidad asturiana en Alemania y Barcelona. La primera operación ha supuesto un gasto de casi cien mil euros, 78.000 que cuesta el dispositivo implantado al paciente y 22.000 más para preparar al equipo, al enfermo y a su familia para la cirugía y los cuidados que necesitará a partir de ahora. Cada euro, bien gastado. En una época en la que las listas de espera pesan como una losa sobre la gestión diaria de los hospitales, que ha exigido a los médicos trabajar en ocasiones con menos recursos de los que creen apropiados y en la que incluso ha llegado a cuestionarse la viabilidad del modelo sanitario, incorporar tratamientos tan costosos no resulta sencillo. Tampoco contar con los profesionales capacitados para llevarlos a cabo. Por fortuna, la excelencia alcanzada por el área de cardiología del HUCA no supone una excepción en la sanidad asturiana, que a pesar de las dificultades de los últimos años ha logrado retener mucho del talento de sus equipos. En no pocos casos, por una razón tan sencilla como el compromiso personal con los pacientes y con el equipo con el que se ha compartido el empeño de alcanzar el éxito sin necesidad de hacer las maletas. Comprobar que el dinero de los impuestos que en tantas ocasiones creemos malgastado también permite ser atendido por médicos capaces de mantener a Asturias en la primera línea de la medicina ofrece más argumentos en defensa de la sanidad pública que ningún discurso político. Sencillamente, porque está al alcance de todos. Todavía.

LAS CUENTAS POR SALDAR DE VILLA

Despojado de la púrpura sindical, José Ángel Fernández Villa se presentó en el juzgado catorce meses y once recursos después de que sus antiguos compañeros le denunciasen por la supuesta apropiación de 420.000 euros del SOMA. Sin los pretorianos que guardaban su espalda en mítines y piquetes. Apoyado en un bastón, su esposa y su letrada. Sin decir palabra. Parapetado en sus achaques y en el silencio que siempre le ha amparado, impuesto antes por su poder, alimentado ahora por la conveniencia y aún el miedo. Solo respondió a las preguntas de su abogada. De forma «coherente», según el dictamen del tribunal. Alegó padecer depresión, problemas de corazón, columna, próstata… y demencia, aunque su defensa tuvo la lucidez de una estrategia legal bien estudiada. Villa no recuerda haber firmado ningún gasto, pero declaró que casi cualquier «amañosu» del sindicato podía haberlo hecho en su nombre porque su rúbrica era fácil de imitar. De la tarjeta de crédito alegó ignorar «el pin», pero recordó que el contable y hasta su secretaria conocían el número. En definitiva, que mientras él negociaba convenios y ayudas al carbón eran sus compañeros, en los que confiaba «plenamente», quienes se ocupaban de la contabilidad. Cuando lideraba huelgas y organizaba congresos dejaba la intendencia a cargo de sus subordinados. Y nadie le advirtió de ninguna irregularidad. Dos horas de comparecencia resumidas en un argumento: si alguien metió mano en la caja fue otro.
El ex secretario general del SOMA descarga la responsabilidad de cualquier posible ilegalidad en quienes antes eran sus lugartenientes. A estas alturas ya solo le preocupan los pleitos en los tribunales y el juicio de la historia. Para afrontar este último, confesó estar escribiendo su autobiografía, aunque reconoció no sentirse «en las mejores condiciones para terminar el libro». Finalizadas o no, sus memorias causarán más de un desvelo. El tigre de Tuilla ya no ruge en la plaza de la Salve, pero hay quien todavía teme sus zarpazos.
José Ángel Fernández Villa sufre el ocaso que nunca imaginó. El sindicato desde el que presumía ante los ministros de gobernar Asturias reniega de él. Quienes como él mismo dijo ante la jueza nunca se atrevieron a llamarle la atención, «aunque razones tenían», ahora ni siquiera le llaman por teléfono. Su futuro se reduce a pleitear con sus excompañeros, a vivir bajo la amenaza de una investigación de Hacienda que busca aclarar de dónde sacó el dinero que intentó regularizar durante la amnistía fiscal y procurar a su familia, de cuyo sufrimiento se lamentó en sede judicial, la mejor situación posible.
La Asturias donde su voz era ley es pasado. Ni siquiera quienes le endiosaron hasta atribuirle cualidades sobrehumanas le conceden ahora el menor mérito. Incluso algunos de sus más leales enemigos se han rendido a la piedad que les inspira un hombre acorralado por la justicia y abandonado por casi todos los que le seguían sin preguntar. Pero la cuenta pendiente entre Villa y Asturias va mucho más allá de los gastos del sindicato, incluso del posible origen fraudulento de su fortuna. Quedan pendientes de saldar el tiempo perdido, los millonarios fondos mal empleados y el patrimonio del respaldo malversado. Con esas cuentas claras no se reparará el daño, pero tal vez evitemos repetir los errores. Mientras Villa esgrimía ante la jueza sus trastornos «neurológicos» para justificar casi todo lo que no quiso explicar, el Parlamento asturiano discutía asuntos «neurálgicos». Solo con no dejarse confundir de nuevo por la paronimia de ambos términos, la política asturiana habrá dado un gran paso.

VÍCTIMAS DEL SILENCIO

El campeón olímpico y policía nacional Saúl Craviotto ha llamado a los maltratadores «basura, mierda y cobardes». Hubo quien se sorprendió de la dureza de su definición, en todo caso bastante precisa. Su intención era animar a las mujeres a denunciar. Sabe, por dolorosa experiencia, que en muchos de los casos más graves la Policía solo llega a tiempo de investigar un crimen. Las víctimas de la violencia machista lo son también del silencio. Del que imponen los verdugos, del que favorece la indiferencia y del administrativo, que no es el de las palabras, sino el de los hechos. Ocho mujeres de la asociación Ve-la luz iniciaron el 9 de febrero una huelga de hambre en la puerta del Sol sin más exigencia a los partidos que un pacto de Estado ante un drama que mantiene a 51.940 mujeres españolas bajo protección policial. Piden un «gabinete de crisis» para frenar una violencia que se traduce en setenta feminicidios cada año y miles de víctimas. En lo que va de 2017, la estadística que recoge nuestra vergüenza como sociedad presuntamente avanzada se ha disparado. Una víctima mortal cada tres días. El inicio de año más sangriento en una década. Los ciudadanos han vuelto a concentrarse en las calles y los políticos han incluido de nuevo el asunto en los argumentarios que cada día señalan a sus parlamentarios los asuntos de los que conviene hablar. El Gobierno ha anunciado que creará dos órganos con la misión de revisar los fondos asignados a los ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluar las órdenes de protección y reforzar las medidas dirigidas a los niños. Los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación se han marcado como objetivo profundizar en la formación de todos los agentes, mejorar la prevención en las redes sociales y revisar los protocolos de actuación. El Ejecutivo considera prioritario evaluar la eficacia de las órdenes de protección, fortalecer las campañas contra la violencia de género y fomentar las denuncias. Nada de ello sobra, aunque aflige pensar lo que ha costado algo que parece tan lógico como atender la petición de las ocho mujeres de la Puerta del Sol.
Hace tiempo que expertos como el catedrático de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo advierten de que el Sistema Integral en los Casos de Violencia de Género, bautizado con el mercadotécnico nombre de VioGen, no funciona. Entre otras razones, porque solo se activa si la víctima denuncia, algo que hacen pocas mujeres en situación de máximo riesgo, y las medidas de protección dependen de un cuestionario en el que se han detectado abundantes errores. Cierto que no es fácil de solucionar. Resulta complicado luchar contra individuos que no solo desprecian la vida, sino que les trae sin cuidado el castigo previsto en la ley. Uno de cada tres se suicida o lo intenta, por desgracia después de cometer el crimen, y del resto la mayoría se entrega. Pero la dificultad no justifica la inacción. Menos cuando lo que se pide no es más que un acuerdo que permita una política coherente, al margen de los bandazos de los cambios de gobierno o de responsables ministeriales, basada no en los prejuicios, sino en las opiniones de las organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y juristas que luchan cada día contra esta lacra. Una reclamación tan factible que desatenderla resultaría una mezquindad. El pacto de estado que demandan las asociaciones de mujeres no solucionará el problema, pero es imprescindible. Al menos, para no sentir vergüenza.

LAS LECCIONES DEL ‘CASO NÓOS’

Las sentencias y la lluvia nunca caen a gusto de todos, pero dan para hablar y más cuando pillan a la nobleza a la intemperie. El fallo del ‘caso Nóos’ exigía la precisión de una intervención quirúrgica y el tribunal presidido por la jueza Samantha Romero ha procurado extirpar el tumor de la corrupción con el bisturí de la ley sin caer en la tentación de encarnizarse por la presión social. Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que llegaron al final del juicio convencidos de que no les pasaría nada, ocuparán el poco deseable lugar en la Historia de haberse convertido en los primeros miembros de una familia real europea que se han sentado en el banquillo de los acusados. La condena social para ambos ha sido de cinco años, once meses y dos días, el tiempo que ha llevado la investigación, la instrucción y el juicio del desvío de fondos públicos a los bolsillos del exjugador de balonmano, antes duque y ahora convicto.
La resolución judicial absuelve a la infanta, alegando que desconocía el origen de su creciente fortuna, pero le impone una multa de 265.000 euros por disfrutar a título lucrativo del dinero que conseguía su cónyuge. Según el texto de la sentencia, Urdangarin se sirvió de su «privilegiado posicionamiento institucional» para ejercer «una presión moral de entidad suficiente para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades». En términos del código penal, cometió delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La enumeración hace que la condena de seis años de prisión parezca liviana. No es la primera vez que la opinión pública se queda con la impresión de que un caso de corrupción se salda con una pena de mínimos. El fallo aplica a Iñaki Urdangarin los grados más bajos para los delitos cometidos y le impone menos de un tercio de la pena de cárcel que solicitaba la Fiscalía. Así que ofrece argumentos a quienes como el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos consideran que la justicia ha funcionado, pero también Podemos e Izquierda Unida los encuentran para calificar de «calderilla» la multa a la hermana del Rey. Opinan estos últimos que el sistema ha perdido una oportunidad de empezar su regeneración con una sentencia ejemplar y sostienen que el desenlace judicial del caso supone la ratificación de que determinadas instancias del poder continúan ajenas a la ley que rige para el resto de los mortales. Incluso el juez José Castro, a quien nadie puede restar el mérito de haber investigado unos supuestos delitos ahora probados, ha expresado su decepción. Reconoce que no esperaba tanta benevolencia de las tres magistradas del tribunal, que a su juicio han consagrado el papel de Cristina de Borbón como «mujer florero».
Lo cierto es que ni siquiera los ahora más frustrados estaban seguros hace cinco años de que los duques de Palma fueran imputados. No pocos opinaron que Iñaki Urdangarin nunca sería condenado y que su esposa jamás pasaría el trago de declarar ante un tribunal. Todo eso ha ocurrido. Iñaki Urdangarin vive ahora pendiente de su ingreso en prisión y la infanta Cristina prepara las maletas para trasladarse de Suiza a Lisboa, una residencia que facilitará sus presumibles visitas a la cárcel. Guste o no, lo ocurrido y recogido en un sumario de 76.000 folios ha tenido no pocas consecuencias. El ‘caso Nóos’ ha supuesto un test de garantías para una democracia no tan añeja. La denuncia reflejó el hartazgo de la sociedad española ante la corrupción, la investigación cuestionó la independencia de la Fiscalía; la vista oral aceleró la abdicación de Juan Carlos I e impuso un cambio de formas en la Casa Real y la sentencia ha reivindicado la necesaria primacía de la ley. Más allá del alivio de unos y el pesar de otros, la democracia se construye al tiempo que se ejercita y ningún delito le causa tanto daño como ignorar las lecciones que ofrece.

POBRE JUSTICIA

Solo nos falta servir cafés». «Nos han robado hasta el bolso». La fiscal superior de Asturias presentó en la Junta General la memoria del órgano que dirige con una expresiva y detallada descripción de las condiciones de trabajo de los fiscales. Su intervención mostró una imagen de los juzgados asturianos cercana a la que cabría imaginar de las instancias judiciales de un país con una democracia menesterosa. La Fiscalía, a la que la confianza en la Justicia nos anima a sentir como nuestro abogado defensor ante los delincuentes, ni siquiera tiene capacidad para custodiar con garantías los documentos en los que fundamenta su trabajo. Los fiscales, señaló María Esther Fernández, acaban por desempeñar las tareas de los asistentes porque carecen de la plantilla adecuada. Su trabajo es perseguir a los delincuentes, pero en las sedes judiciales ni siquiera un tabique les protege de ellos. Sus competencias crecen, se les exige investigar con rapidez, garantías y eficacia. Sin embargo, hasta la fiscal superior se pasa «mañanas enteras» dedicada a ordenar papeles, firmar partes de vacaciones o solventar problemas informáticos.
Mientras, los casos se les acumulan. Porque la sociedad requiere cada vez más su intervención, pero también hay que decirlo, porque los escritos a la Fiscalía se han convertido en un arma política y hasta propagandística. Todas y cada una de las denuncias deben ser estudiadas y respondidas. Con todo, en tiempos en los que la confianza en los gestores de lo público está bajo mínimos, la fe en los fiscales aumenta. Así que les pedimos que trabajen más, que investiguen incluso aunque solo sea para que podamos sentirnos más seguros. Pero tras la brillantez de sus togas se ocultan muchas penurias que el poder político ha hecho poco por aliviar. Los partidos, sin excepción, siempre han tenido más interés por orientar el desempeño de los fiscales que por escuchar sus problemas. Incluso el propio estatuto que rige el Ministerio Público mantiene preocupantes vestigios que facilitan las intromisiones en su independencia. Y para colmo, el traspaso de competencias cargó a las autonomías con los gastos de un sistema judicial al que se otorgó un presupuesto más pensado para perseguir a carteristas y camellos que a las complejas redes tejidas por la corrupción o la delincuencia organizada.
El descarnado relato de la fiscal superior ante los parlamentarios sirvió para que el Ejecutivo asturiano prometiese al día siguiente un plan de obras que garantice la seguridad en la custodia de los expedientes. Los problemas de los fiscales y de los jueces no se van a terminar con unos cuantos tabiques y cajoneras nuevas para guardar sus papeles. Tampoco con las ahora recurrentes comisiones de investigación invocadas para todo y que han servido para casi nada más que para remitir a la Fiscalía dictámenes tan efectistas como ineficaces.
El buen funcionamiento de la Justicia exige un presupuesto acorde a sus necesidades, no solo las que consideran los políticos, que por lo visto hasta ahora son escasas, ni siquiera las que la fiscal superior demanda, sino las que resulta esencial cubrir para que funcione con garantías el poder al que nos aferramos no solo cuando somos víctimas de la delincuencia común, sino en los momentos en los que las grietas en el edificio de nuestra democracia amenazan su estabilidad. Nos hemos acostumbrado a esperar a una justicia que a pesar de su paso renqueante siempre termina por llegar. Es un consuelo. Pero entristece pensar lo tarde que llega a veces, sobre todo sabiendo que tal vez sea porque nuestros eminentes juristas están pendientes de que no les birlen la cartera en su propio despacho.

LOS HÉROES DEL ‘GURE UXUA’

La palabra héroe se ha desgastado La palabra héroe se ha desgastado tanto de regalársela cada fin de semana a cualquiera sin más méritos que marcar un gol que ahora resulta pequeña para unos hombres capaces de sobrevolar el mar Cantábrico en helicóptero con vientos de más de cien kilómetros por hora, descolgarse por un cable hasta una balsa a la deriva entre olas de diez metros y salvar doce vidas de una condena a muerte. Eso fue lo que hicieron el viernes los equipos de Salvamento Marítimo que salieron en busca de los tripulantes del pesquero gallego ‘Gure Uxua’, hundido a cincuenta millas de la costa de Navia tras una desesperada travesía en pleno temporal. El Helimer Cantábrico despegó de El Musel a las tres y media de la tarde con un equipo de cuatro personas: José Ramón Cruz, Iván Ortega, Fidel Cantos y Jorge Fernández. Dos horas y media después, regresó a su base con siete pescadores a bordo. Angustiados, la mayoría con una severa hipotermia, todos a salvo.
El éxito de una misión de rescate desarrollada en unas condiciones meteorológicas que el poco impresionable Alejandro Busto, jefe de Salvamento Marítimo de Gijón, calificó de «terroríficas» solo cabe a costa de un valor que devuelve al término heroísmo su verdadero significado, pero al que resulta imprescindible añadir el conocimiento y los medios necesarios. El equipo Helimer Cantábrico inició su labor en Gijón en 1994 con el personal justo y un helicóptero con sistemas de vuelo todavía manuales. En sus primeros diez años de trabajo realizó más de setecientas misiones y rescató a medio millar de personas. La innegociable exigencia de sus responsables es que el helicóptero esté en el aire, con su tripulación dispuesta a jugarse la vida, pocos minutos después de que la torre de control reciba el aviso de una emergencia. Con este fin, el día a día de quienes forman parte de los equipos de rescate se convierte en un constante entrenamiento. Cada grupo de los que se turnan en permanente guardia sobrevuela el Cantábrico más de cuarenta horas al mes. Y con más frecuencia de lo que les gustaría, la mar les examina a vida o muerte. La imagen de los marineros del ‘Gure Uxua’ sonrientes en la seguridad del helicóptero, realizando con sus manos la señal de la victoria, es la mejor respuesta sobre el nivel de cualificación de la plantilla de Salvamento Marítimo de Gijón.
La mejora en la seguridad marítima de Asturias también ha tenido mucho que ver con la actividad del Centro Jovellanos. Concebido para la investigación y formación, las últimas dos décadas casi noventa mil alumnos se han inscrito en sus cursos. De sus pruebas de selección han salido buena parte de quienes ahora participan en misiones de salvamento marítimo en toda España. Los bomberos de Gijón y Oviedo recurren a sus especialistas para realizar simulacros con fuego real. Sin alharacas, Salvamento Marítimo ha situado a Asturias como referencia europea en materia de seguridad. La mejor formación y los medios más avanzados es lo menos que las administraciones deben ofrecer a quienes se atreven a hacer del heroísmo su profesión. Cuando celebramos el éxito de haber salvado doce vidas tiene más sentido recordarlo. Sobre todo, para cuando los frágiles de memoria se empeñen de nuevo en revisarlo todo con criterios que nada tienen de heroicos y ni siquiera de honrosos.

EL MURO DEL MIEDO DE TRUMP

Quienes esperaban que Donald Trump resultara un bravucón ya pueden sentirse decepcionados. El presidente norteamericano no es de esa clase de tipos que echan mano de las baladronadas solo para alcanzar el poder. Un puñado de manifestaciones en su contra ha bastado para demostrar su determinación de gobernar a machote. Los cien días de gracia le han sobrado para firmar la orden ejecutiva con la que ha encargado completar un muro que separe Estados Unidos de México. Aún no ha desvelado si se contentará con las más económicas y marciales concertinas o pretende levantar un más perdurable paredón de cemento. En todo caso, su promesa es mantener fuera de su redil a los inmigrantes de dudosa lealtad y escasos recursos. La viabilidad y la eficacia de plantar una valla o construir un tabique de tres mil kilómetros están por ver. Poco le importan a Donald Trump. Sus objetivos son otros. El primero, demostrar que lleva a cabo sus promesas. Aunque resulten tan estúpidas como plantar en la frontera una muralla equivalente a la distancia entre Gijón y Minsk. Al fin y al cabo, una empresa de tal calibre solo puede estar al alcance del hombre más poderoso del mundo. Le queda encontrar la fórmula para cumplir la segunda parte de su compromiso electoral: que los mexicanos paguen de su bolsillo la barbaridad con la que aspira a poner fin a los problemas de desempleo, violencia y gasto social que atribuye a los espaldas mojadas.
Más preocupantes son las razones que subyacen en sus prisas por reforzar la frontera estadounidense. Donald Trump gobernará con el proteccionismo como bandera, lo ha proclamado; el populismo como discurso, de lo que ya dio pruebas en su investidura, y el miedo como herramienta. Aunque ello suponga equiparar con terroristas a las masas que patrullan la frontera en busca del sueño de tres comidas diarias. El temor ha levantado grandes muros a lo largo de la historia. Los emperadores chinos construyeron una muralla de roca a lo largo de 21.000 kilómetros para protegerse de las invasiones de los pueblos nómadas, el emperador Adriano ordenó levantar la fortificación que lleva su nombre para defender a Roma de los belicosos pictos y Stalin dejó caer un telón de acero con la excusa de preservar el sistema soviético de las perversiones capitalistas. En todos los casos, al otro lado de la piedra, el ladrillo o la alambrada estaba el enemigo. La misma percepción de la realidad que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere para los ciudadanos de un país que se siente imperio. Más allá del Río Grande están los bárbaros.
El muro del miedo de Donald Trump es una llamada al patriotismo norteamericano, la primera demostración de la fortaleza de su nuevo comandante en jefe. Y también una advertencia a la comunidad internacional de que su política de ‘América, lo primero’ no admite concesiones. Su grito de guerra ha tenido efecto. El temor sirve para unir y también para someter. Solo hay que ver la timorata respuesta que muchos países, entre ellos España, han dado al puñetazo del mandatario republicano en la mesa de los mexicanos. Una tibieza alentada por la advertencia de que la nueva administración norteamericana no admitirá medias tintas. No pocos gobiernos han quedado ya convencidos de que lo más conveniente a sus intereses es una prudente equidistancia. A corto plazo, la balanza comercial garantiza más rentabilidad que reivindicar unos principios que no encajan en la nueva diplomacia del miedo. Incluso el presidente de México parece conformarse con la etérea garantía de que Donald Trump intentará evitar las discusiones en público sobre quién pagará la fiesta. Queda por ver si la tímida respuesta internacional no se aprecia desde la Casa Blanca como una prometedora genuflexión.