EL MURO DEL MIEDO DE TRUMP

Quienes esperaban que Donald Trump resultara un bravucón ya pueden sentirse decepcionados. El presidente norteamericano no es de esa clase de tipos que echan mano de las baladronadas solo para alcanzar el poder. Un puñado de manifestaciones en su contra ha bastado para demostrar su determinación de gobernar a machote. Los cien días de gracia le han sobrado para firmar la orden ejecutiva con la que ha encargado completar un muro que separe Estados Unidos de México. Aún no ha desvelado si se contentará con las más económicas y marciales concertinas o pretende levantar un más perdurable paredón de cemento. En todo caso, su promesa es mantener fuera de su redil a los inmigrantes de dudosa lealtad y escasos recursos. La viabilidad y la eficacia de plantar una valla o construir un tabique de tres mil kilómetros están por ver. Poco le importan a Donald Trump. Sus objetivos son otros. El primero, demostrar que lleva a cabo sus promesas. Aunque resulten tan estúpidas como plantar en la frontera una muralla equivalente a la distancia entre Gijón y Minsk. Al fin y al cabo, una empresa de tal calibre solo puede estar al alcance del hombre más poderoso del mundo. Le queda encontrar la fórmula para cumplir la segunda parte de su compromiso electoral: que los mexicanos paguen de su bolsillo la barbaridad con la que aspira a poner fin a los problemas de desempleo, violencia y gasto social que atribuye a los espaldas mojadas.
Más preocupantes son las razones que subyacen en sus prisas por reforzar la frontera estadounidense. Donald Trump gobernará con el proteccionismo como bandera, lo ha proclamado; el populismo como discurso, de lo que ya dio pruebas en su investidura, y el miedo como herramienta. Aunque ello suponga equiparar con terroristas a las masas que patrullan la frontera en busca del sueño de tres comidas diarias. El temor ha levantado grandes muros a lo largo de la historia. Los emperadores chinos construyeron una muralla de roca a lo largo de 21.000 kilómetros para protegerse de las invasiones de los pueblos nómadas, el emperador Adriano ordenó levantar la fortificación que lleva su nombre para defender a Roma de los belicosos pictos y Stalin dejó caer un telón de acero con la excusa de preservar el sistema soviético de las perversiones capitalistas. En todos los casos, al otro lado de la piedra, el ladrillo o la alambrada estaba el enemigo. La misma percepción de la realidad que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere para los ciudadanos de un país que se siente imperio. Más allá del Río Grande están los bárbaros.
El muro del miedo de Donald Trump es una llamada al patriotismo norteamericano, la primera demostración de la fortaleza de su nuevo comandante en jefe. Y también una advertencia a la comunidad internacional de que su política de ‘América, lo primero’ no admite concesiones. Su grito de guerra ha tenido efecto. El temor sirve para unir y también para someter. Solo hay que ver la timorata respuesta que muchos países, entre ellos España, han dado al puñetazo del mandatario republicano en la mesa de los mexicanos. Una tibieza alentada por la advertencia de que la nueva administración norteamericana no admitirá medias tintas. No pocos gobiernos han quedado ya convencidos de que lo más conveniente a sus intereses es una prudente equidistancia. A corto plazo, la balanza comercial garantiza más rentabilidad que reivindicar unos principios que no encajan en la nueva diplomacia del miedo. Incluso el presidente de México parece conformarse con la etérea garantía de que Donald Trump intentará evitar las discusiones en público sobre quién pagará la fiesta. Queda por ver si la tímida respuesta internacional no se aprecia desde la Casa Blanca como una prometedora genuflexión.

LOS COMPROMISOS DEL MINISTRO

El ministro de Fomento no ha querido que el paso del tiempo cuestione su interés por desbloquear el plan de vías. En una semana en la que el temporal de frío ha concedido poca tregua a su departamento, Íñigo de la Serna visitó Gijón para reunirse con la presidenta de su partido en Asturias, el Ayuntamiento y el Principado. En poco más de dos horas intentó sentar las bases para resucitar un proyecto agonizante por la falta de presupuesto y los desacuerdos políticos. ‘Compromiso’ fue la palabra más repetida por el titular de Fomento en su comparecencia. El suyo, concretado en la voluntad de seguir adelante con el soterramiento, en la decisión de construir la futura estación junto al Museo del Ferrocarril y, sobre todo, en la posibilidad de buscar una fórmula de financiación complementaria a la venta de unos terrenos que hasta el momento nadie ha querido comprar.
El ministro ha anunciado la elaboración de un estudio de mercado, que promete elaborar «con celeridad», pero también con el rigor necesario «para no limitarnos a lanzar al Boletín Oficial la enajenación de las parcelas sin posibilidades de éxito». Su objetivo, ha dicho, es evitar «las patadas hacia adelante» en las que las administraciones incurrían en el pasado, con propuestas inviables que exigían un crédito tras otro «sin que se viera la luz al final del túnel». De la Serna pretende ser «realista» y ha reconocido que las plusvalías del ‘Solarón’ pueden no alcanzar para costear las obras. Pero también ha recordado sus compromisos al resto de administraciones implicadas: «Todos tenemos que colaborar». Dicho más claro, el ministerio no pondrá más dinero si el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento no asumen la parte que les corresponde por su participación en la sociedad que gestiona el plan de vías. El titular de Fomento ha apelado a la lógica para mantener en Gijón un proyecto al que ciudades como Valladolid, León o Santander se han visto obligadas a renunciar o modificar. La principal razón es que en ninguna de ellas se habían gastado 137 millones de dinero público en excavar un túnel. Sensatez no se le puede negar. Tampoco la coherencia política de defender la estación intermodal en la ubicación que su antecesora en el cargo, Ana Pastor, pactó con la alcaldesa de Gijón. Poco más se puede exigir a quien apenas lleva dos meses en el cargo y ha reservado a Gijón la deferencia de ser la primera ciudad que visita para abordar sus planes de integración ferroviaria.
Pero aún queda mucho trecho por recorrer para que Gijón deje de tener la estación provisional más duradera de España y un túnel inundado como único resultado del proyecto más ambicioso iniciado en la ciudad durante este siglo. El primer paso será completar la elaboración del prometido estudio, para lo que no se ha fijado fecha. Después, resultará imprescindible el consenso entre las tres administraciones implicadas, algo que no parece sencillo vistos los precedentes y la insistencia del Principado en recuperar el antiguo proyecto. La consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, reivindicó ayer de nuevo la estación diseñada en Moreda durante la etapa de gobierno del PSOE. Su principal argumento es que una diferencia de trescientos metros no garantiza la centralidad, sino que ésta debe llegar a través de la estación de la plaza de Europa, capaz de recuperar para el tren 400.000 viajeros al año. Por añadidura, el Principado considera que existe mucho trabajo aprovechable del realizado para aquella propuesta inicial. Aunque la Administración regional asegura que su voluntad de sacar adelante el plan de vías «es firme», enredarse en el debate de dónde se sitúa la estación, una polémica que incluso llevó a los gijoneses a manifestarse en la calle, poco puede ayudar a agilizar un proyecto del que no se ha movido ni un papel en los últimos diez meses. No ha sido el diseño de las estaciones lo que ha dado al traste con la mayor parte de los planes para suprimir las barreras ferroviarias en las ciudades españolas, sino el empeño por mantener obras sobradas de ambición y carentes de presupuesto. Trece años han pasado desde que comenzó la excavación del túnel del metrotrén. Tiempo de sobra han tenido los partidos para ponerse de acuerdo, pero han dedicado más esfuerzos al cálculo político que al económico. El ministro de Fomento, aunque sin comprometer un euro más, ha dado razones para aferrarse a la esperanza de que algún día los trenes de alta velocidad lleguen a una estación adecuada. Si no la tantas veces prometida, al menos la que los asturianos merecen. Ahora, toca trabajar por ello.

POLÍTICA AMBIENTAL

Los anticiclones invernales han reavivado en los últimos años el debate sobre la polución en Asturias. Las altas presiones desencadenan el llamado proceso de ‘inversión térmica’: la circulación del aire se interrumpe en las capas más bajas, las emisiones no se disipan y las estaciones de medición alertan de las altas concentraciones de elementos contaminantes. Este mes ha ocurrido de nuevo. No es la primera vez ni será la última. La lluvia termina con este fenómeno y también con la polémica. Mientras llega y no la tormenta, las opiniones se enardecen y las grandes industrias se sienten atacadas porque las miradas suelen dirigirse a sus chimeneas. Las administraciones responden entonces con medidas que van desde la recomendación de evitar el uso de la calefacción en pleno enero al riego de calles o la advertencia de sanciones a las empresas, que sienten amenazado su futuro. En poco tiempo, el viento suele llevarse casi todo lo dicho. Sin embargo, los efectos más graves de la contaminación solo se aprecian a largo plazo. Las consecuencias de las improvisaciones, también. Y en ambos casos resultan irreparables.
En Asturias existen suficientes muestras para calibrar los resultados de la política pendular de aceptar un día, en aras del progreso, agresiones a la naturaleza que no deberían haberse producido y pasar el siguiente a espantar inversiones con discusiones extemporáneas. Son los resultados de las políticas de repentización. La experiencia y la inteligencia deberían llevar a los partidos a prolongar el debate más allá del tiempo que permanecen ante nuestros ojos las nubes contaminantes. Con sensatez y sin prejuicios. Conscientes de la lógica preocupación de los asturianos por su salud y de la cada vez mayor sensibilidad hacia la protección del medio ambiente, pero también de la importancia de una industria en la que se sustenta el 20% del producto interior bruto de la región. La consejera de Medio Ambiente ha anunciado que se reunirá con 16 municipios del área central para diseñar un protocolo de actuación que ayude a atajar las consecuencias de la contaminación. No es mala idea para empezar, aunque haya sido lanzada al calor de una ‘inversión térmica’. Pero lo importante de las reuniones no son las convocatorias, sino sus resultados.
Asturias necesita planes ambientales con los que los ciudadanos se sientan protegidos y que permitan a las empresas reducir sus emisiones con proyectos que no pongan en riesgo su actividad. Con medidas más allá de endurecer las sanciones a la industria sin mayor afán que mejorar en la comparación con otras regiones y actuaciones que no se limiten a los momentos en los que las estaciones de medición superan los índices establecidos por la Unión Europea. Este tipo de respuestas a posteriori en poco ayudan a mejorar la calidad de vida de los asturianos. Lo mismo que la tentación en la que a veces incurren algunas organizaciones de exigir imposibles. La política ambiental solo puede ser eficaz cuando ofrece soluciones factibles, capaces de reducir o evitar los problemas, y de conjugar el crecimiento económico con la calidad de vida. Tal vez difícil, sí. Pero mucho más lógico que el extremismo de plantear la perversa y simple elección entre la industria o la salud. Si tiene sentido una aspiración es la de una región en la que se pueda trabajar y donde resulte deseable vivir. Sin un mínimo de ambas cosas, el fracaso está asegurado. El mundo está lleno de ejemplos.

LA VALENTÍA DE AMARESH

Amaresh Fernández falleció el 31 de diciembre. Tenía 24 años. Padecía, desde la adolescencia, obesidad mórbida. Llevaba cinco años en la lista de espera para una operación de reducción de estómago. Los médicos le habían advertido de que aún debería aguardar otros cuatro más antes de pasar por el quirófano. De familia humilde, su sueldo de auxiliar administrativa no le alcanzaba para costearse una intervención de cirugía bariátrica en una clínica privada. Los especialistas de la sanidad pública habían probado diversos tratamientos con fármacos, estrictas dietas y programas de ejercicios. Sin éxito. Llegó a pesar 125 kilos. La obesidad y una severa diabetes que se había complicado al desarrollar resistencia a la insulina, condicionaron su vida desde los 16 años. Tuvo que realizar dos cursos de Secundaria desde las aulas hospitalarias. Su esfuerzo le valió un reconocimiento de la Consejería de Educación. Su existencia fue una constante lucha contra sus dolencias, las trabas burocráticas y los prejuicios, que también los sufrió. Se negaba a rendirse, a perder la sonrisa y menos aún su valentía. Cuando los médicos le dijeron que la operación en la que había depositado todas sus esperanzas de mejora no tenía fecha remitió una queja al Defensor del Paciente. «Estudiado su caso por los facultativos que corresponde, manifiestan que no tiene factores de riesgo o variables clínicas que pudieran suponer la consideración de urgencia o preferencia», fue la respuesta de la Administración, que en 2015 confiaba en atender su caso en el plazo de doce meses. Pasado ese tiempo, la joven envió una nueva carta de protesta. «Mi salud, tanto física como mental, cada vez se deteriora más. Tan solo tengo 24 años y llevo la vida de una persona de 80. Hay infinidad de cosas que ni siquiera puedo plantearme hacer por la obesidad que padezco y cada vez surgen más complicaciones». Ante el mutismo administrativo, acudió a EL COMERCIO para que la sociedad asturiana conociera la dura realidad que afrontan los enfermos de obesidad mórbida. «Me da igual dónde, solo quiero que me operen porque de seguir así seguro que voy a morir». Por desgracia, su pública denuncia no evitó el final que ella misma pronosticó.
Especular ahora con lo que habría pasado si su reclamación hubiera tenido otra respuesta de nada sirve. Cuestionar el criterio de los especialistas que rechazaron la urgencia de su caso carece de sentido. Si consideraron que Amaresh debía continuar en la lista de espera del Hospital Central fue a buen seguro porque el resto de los enfermos de obesidad mórbida se encontraban en una situación similar o peor. Lo inaceptable es que pretendan convencernos de que lo normal es que una intervención quirúrgica asumida por la sanidad pública como necesaria acumule una lista de espera de cuatro años. Por nimia que sea la dolencia, solo un inconsciente asumiría sin rechistar una cita con el quirófano para dentro de un lustro.
El jefe de Cirugía General del HUCA, Lino Vázquez, ha reconocido que la demanda de estas operaciones «está creciendo de forma apabullante». El 40% de los asturianos tiene problemas de sobrepeso. El único hospital de la región en el que se realizan estas intervenciones programa dos por semana. Sin embargo, cada siete días entran tres nuevos pacientes en una lista de espera que acumula trescientos nombres. Pocas cuentas hacen falta para darle la razón a Amaresh. Probablemente, no tenía derecho a operarse antes de lo previsto. Quiero creer que así era, a ello me inclina la confianza que merecen los profesionales de la medicina en Asturias. Pero a Amaresh Fernández le sobraban razones para pensar que el sistema que protege nuestra salud, y pagamos todos, no atiende de forma adecuada a quienes padecen una enfermedad sobre la que sobrevuelan demasiados tópicos. No se trata de estética, sino de supervivencia. La cirugía bariátrica, una operación de riesgo, supone el último recurso de la sanidad pública cuando la obesidad amenaza la vida del paciente. Por eso, más que el motivo de la muerte de Amaresh es el suplicio que marcó su vida lo que exige una respuesta. Ella tuvo el valor de poner su voz al hasta entonces silencioso drama de una lista de espera que se resiste a la lógica. Así despidió su último escrito a las autoridades sanitarias: «Gracias por su tiempo y atención. Espero sus noticias». Lo mismo digo.

EL TREN DE EUROPA, PARADO EN LEÓN

El descarrilamiento de un tren que transportaba carbón entre El Musel y León cortó el viernes la comunicación por ferrocarril con la Meseta toda la tarde. Casi a la misma hora del accidente, el Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Gijón sufrió una avería que le mantuvo parado durante veinte minutos. Cuando consiguió arrancar, recibió la orden de regresar a Busdongo. El convoy de mercancías siniestrado bloqueaba el paso en la rampa de Pajares, así que Renfe optó, una vez más, por trasladar en autobús a los pasajeros. Llegaron a su destino con tres horas y media de retraso, salieron de Madrid después de desayunar y llegaron a Asturias para la cena. Es lo que tiene depender de un trazado decimonónico por el que circulan trenes del siglo XX. Es la deplorable situación de una línea férrea que unida a túneles de metro tapiados, estaciones provisionales que se eternizan y la falta de inversiones en matenimiento dibujan una situación tan pintoresca del ferrocarril en Asturias que solo algún país en vías de desarrollo resulta apetecible para compararse.
Cierto que el Gobierno central se ha gastado tres mil millones en la variante de Pajares. Con este presupuesto lo único que ha conseguido en quince años es que el aire circule por los túneles. Mientras aún se preguntan cuándo pasará por ellos el AVE, muchos asturianos viajan en coche a León para coger el tren a Madrid. Íñigo de la Serna visitó Asturias esta semana para otear lo que sus ciudadanos esperan de él. El titular de Fomento no se ahorró reuniones. Tomó café con la presidenta del PP, conversó durante noventa minutos con el presidente regional y dedicó una hora a escuchar los planteamientos de Foro. Aún tuvo tiempo de pasar revista a las obras de la autovía en Salas e incluso para recoger las quejas de la plataforma de los sufridos usuarios de los cercanías. Poco más de un mes tardó el ministro en presentarse en el Principado. Con ello demostró interés en conocer las necesidades de la región. Supo administrar su agenda para respetar el plano institucional, atender a sus socios en el Parlamento e incluso evitar incómodos encuentros entre quienes encarnan facciones enfrentadas dentro del PP asturiano. Signo de pericia política. En su comparecencia, su formación de ingeniero de caminos y la prudencia evitaron que repitiera los errores de algunos de sus compañeros de gabinete que se atrevieron a cantar las excelencias de la política de infraestructuras de su partido en una autonomía que durante los últimos años se ha sentido más agraviada que atendida en esta materia. De la Serna prometió «correr todo posible» para abrir la variante, pero sin garantizar que los trenes circularán por ella en 2017 como establece el acuerdo que Rajoy rubricó con Ciudadanos. Sabe que es prácticamente imposible, así que pidió tres meses para anunciar un compromiso factible.
Tiempo no le sobra con una legislatura. Su predecesora ya demostró lo difícil que le puede resultar a un ministro terminar una obra. En Asturias, Ana Pastor se conformó con finalizar la autovía del Cantábrico. El AVE no fue su prioridad. El nuevo titular de Fomento proclamó en Oviedo que para él la variante de Pajares sí lo es. A su favor cuenta con un consenso forjado por la crisis que ha llevado a los partidos, empresarios y organizaciones sociales del Principado a aceptar que una mejora en la línea entre Pola de Lena y Gijón es preferible a la promesa de un nuevo trazado de coste e impacto ambiental tal vez inasumibles. También las reivindicaciones de Gijón se han quedado en una petición más que razonable: buscar una fórmula de financiación para el plan de vías que permita construir una estación digna sin perder otros cuatro años en unas cuentas de la lechera que hasta el momento solo han permitido ajardinar un solar. Ninguna ciudad española con más de 250.000 habitantes recibe a sus viajeros en una estación de tren que supera en poco a un gran apeadero y una terminal de autobuses reducida a poco más que unos andenes. Pocos más argumentos que un par de fotografías debería necesitar el ministro para convencerse de la urgencia del proyecto. Y apenas un reloj y las cifras de viajeros para comprobar que los cercanías de la región circulan hacia la ruina.
Los asturianos no piden más que la posibilidad de viajar en tren a Madrid en menos de tres horas desde una estación que merezca ese nombre. Las empresas asturianas no demandan mayores ventajas que transportar sus mercancías a la misma velocidad desde El Musel o Avilés que desde cualquier otro puerto de España. Asturias no exige más que lo justo para dejar de sentir que el tren de Europa sigue parado en León.

MALA EDUCACIÓN

Después de tres años de guerra educativa, el Gobierno ha decidido convertir las reválidas en un ejercicio escolar, casi en un día de asueto, y recuperar la vieja Selectividad. La reforma educativa del Partido Popular, irrenunciable con mayoría absoluta, se ha convertido en prescindible, urnas mediantes. La educación española tiene ahora ocasión de encontrar un consenso del que jamás ha disfrutado y solucionar sus problemas, que no son pocos, sin caer de nuevo en la habitual tentación de los partidos de poner su marchamo ideológico en los libros de texto. En diez legislaturas, los colegios han tenido que adaptarse a siete leyes distintas. Esta misma semana, los profesores asturianos han reclamado para sí la misma protección legal ante las agresiones de la que disfrutan los médicos. Entre otras situaciones, relataron el caso de una madre de un niño de Infantil que llegó a agredir al maestro porque retrasó la hora de salida de clase. Una encuesta elaborada por el sindicato ANPE asegura que el 57% del profesorado no se siente apoyado por la dirección de su centro y que el 14% no sabe o prefiere no contestar. El mismo informe detecta un aumento de la indisciplina, las conductas agresivas de alumnos y los enfrentamientos con los padres.
Tampoco las familias parecen demasiado satisfechas con la atención que reciben sus hijos. «Somos parte de la comunidad educativa, pero cuando opinamos sobre algo relacionado con la escuela que no sea hacer fiestas y trajes o repartir lotería se nos reprocha argumentando que nos entrometemos en la labor docente», ha dicho la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Los padres acaban de poner fin a una huelga contra los deberes con la que han tratado de reivindicar su derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas en el ámbito familiar, «de carácter privado, sin que la escuela pueda invadirlas».
Padres y profesores pueden tener opiniones diversas, resulta comprensible. Es una de las razones por las que depositamos en la Administración la responsabilidad de organizar el sistema educativo. Sin embargo, los partidos se han empeñado con reiteración en formar afiliados antes que ciudadanos. Y periódicamente, cuando algún supuestamente infalible organismo internacional deja a nuestros colegios en mal lugar o nuestras universidades aparecen en los últimos puestos de las clasificaciones de excelencia se reabre el debate sobre la necesidad de revisar el sistema educativo español. Es entonces cuando nos preguntamos si queremos ser suecos o coreanos, construir universidades como las norteamericanas o establecer programas de formación profesional como los de Alemania. Pero nos guste más o menos, seguimos siendo españoles. La educación asturiana, según el último informe del Estudio Internacional en Matemáticas y Ciencias, obtiene buenas calificaciones, incluso por encima de la media de los 64 países evaluados. A pesar de sus diferencias, las familias y profesores algo hacen bien incluso cuando las administraciones no han demostrado la menor coherencia al trazar el camino a seguir. No obstante, el mismo estudio que ha servido al Principado para felicitarse también indica que el 30% de los estudiantes presencia de forma esporádica situaciones de acoso, que repetir curso es casi sinónimo de fracaso y que uno de los elementos que más influye en el éxito escolar es la riqueza de las familias. Indicadores tal vez más relevantes que la posición en el ránking de turno, por mucho que nos guste compararnos con los demás, y que no se arreglan con más carga lectiva ni con entrenar los test con los que se evalúa a los centros. Problemas cuya solución requiere ideas claras, leyes estables y recursos económicos sin los que a largo plazo solo podemos aspirar a un tipo de educación: mala.

PARAMNESIA

Si usted ha finalizado la semana con síntomas de paramnesia no se alarme. Tal vez ha prestado demasiada atención a los políticos asturianos. Las reuniones de los grupos parlamentarios en busca de un acuerdo presupuestario han servido para reafirmar posturas, confirmar desencuentros y repetir fotografías. Esto es, para casi nada. El PSOE mantiene que su prioridad es un pacto de izquierdas, aunque solo con IU ha logrado algún avance que la aritmética hace inútil. De poco han servido por el momento las apelaciones al diálogo de Gaspar Llamazares, el esfuerzo de Cristina Coto por presentar un documento alternativo o la paciencia de Nicanor García, que soportó una hora de plantón a la espera de que los socialistas finalizasen una reunión previa. Al Gobierno regional solo le salen las cuentas con los votos de Podemos o el PP. Pero los encuentros del PSOE con el partido morado han terminado con la recíproca impresión de que cuanto mejor se conocen más se detestan. Tanto, que el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, llegó a pedir a quienes su formación intenta cortejar como socio preferente que abandonen «el teatrillo» y las excusas. Desde las antípodas, Emilio León desgranó el viernes las muchas diferencias que impiden avanzar hacia el acuerdo: el rechazo del Ejecutivo a una reforma fiscal que incluya el IRPF y Patrimonio, su actitud contraria a modificar el gasto, la negativa a bajar el sueldo de los altos cargos… Los principales partidos de la izquierda asturiana están más preocupados por endilgarse la culpa del fracaso de las negociaciones que por explicar sus propuestas. El pulso que mantienen no admite treguas. El partido de Pablo Iglesias ve ante sí la oportunidad para tomar nuevas posiciones mientras el PSOE busca un nuevo liderazgo e intenta restañar las heridas de una batalla interna en la que continúan las escaramuzas.
Con una izquierda al borde del guantazo en el Parlamento asturiano, no es de extrañar que la presidenta del PP acuda tan sonriente a las reuniones en las que se negocia el presupuesto. Mercedes Fernández no anda falta de problemas en su propio partido, pero en lo que se refiere a las cuentas regionales lo tiene fácil. Nadie en Génova le reprochará que rebaje la presión sobre un presidente regional con quien Mariano Rajoy tendrá bastante que hablar en los próximos meses. Y facilitar la aprobación del presupuesto casa bien con el discurso de estabilidad que el líder de los populares ha dictado como base filosófica para conservar los votos de la derecha. No hay parlamentario en la Junta General que dude de que el PP está dispuesto a rebajar sus pretensiones a casi nada para dar su voto. Los populares han sido muy claros: «Asturias está mejor con presupuesto que sin él». Pero el PSOE intuye una emboscada en el puente de plata que le ofrecen para vadear la prórroga presupuestaria. En Madrid se aprecian mal los matices de la política asturiana. Poco tardarían en el Congreso de los Diputados en acusar al presidente de la gestora socialista de haberse cobrado parte de la deuda de la investidura. Hace semanas el PSOE asturiano asumió que finalmente deberá elegir entre lo malo y lo peor para sus intereses, entre gobernar asfixiado por un presupuesto extemporáneo o sufrir el desgaste de utilizar al PP como muleta. Un dilema tan peligroso para su cálculo electoral como injusto si los intereses de los asturianos quedan al margen de sus cavilaciones. Sobre todo, después de tanto escuchar a los consejeros del Gobierno asturiano repetir durante semanas que casi todo lo que esta región puede esperar de ellos depende de la aprobación del presupuesto.

LA DICOTOMÍA ASTURIANA

Asturias es propensa al desánimo. Sus razones tiene. Los asturianos han sido vapuleados lo suficiente como para hacer comprensible su tendencia a un desencanto tan inclinado a la ironía como al lamento. En esta frustración enraíza el discurso político de que poco más se puede hacer que culpar a otros o al empedrado. Existe una Asturias tópica, ocupada en administrarse vergajazos, con querencia a pararse a discutir en las encrucijadas, donde algunos se sienten cómodos porque creen que la inacción les beneficia. Su negocio, al fin y al cabo, ya está hecho. También hay otra Asturias consciente de que no puede permitirse el lujo de desperdiciar sus oportunidades en debates etéreos ni está dispuesta a mantener la única esperanza de que la rotación de la Tierra mute en su beneficio. Ambas conviven en el territorio de una región donde los partidos aún están a tiempo de reivindicar unidos la variante de Pajares en lugar de buscar excusas y especular con los beneficios electorales de su retraso. Algo deberían hacer antes de que la movilización ciudadana deje en evidencia la desganada actuación de muchos políticos durante los últimos quince años por más que la crisis sirviera de excusa. El innegable riesgo de viajar al futuro en el vagón de segunda clase ha llevado a los partidos asturianos, los sindicatos y los empresarios a una esperanzadora reclamación ante Fomento. Una excepcional unanimidad en el debate político regional, ocupado con demasiada frecuencia en buscar coartadas para las decisiones tomadas en Madrid por quienes poco entienden la acuciante necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias en la región. Al fin y al cabo, cuando vengan será en un vuelo que pagarán en parte quienes siguen esperando a que se construya el AVE.
La Asturias que se niega a aceptar la decepción como su estado natural lo tiene difícil. Quienes pretenden cosechar los réditos del inmovilismo no son la mayoría, pero hacen mucho para que nada cambie. Tan perjudiciales como aquellos que aspiran a construir nuevos muros con el hormigón del sectarismo. La inercia del fracaso no es tan inexorable pese a los vaticinios de los agoreros. Los grupos municipales de Gijón tienen una buena ocasión de demostrarlo con la negociación de un plan urbanístico capaz de superar los tabús ideológicos para cimentar el crecimiento de la ciudad. Sin agraviar una vez más a la zona rural ni condenar a los gijoneses a un parón urbanístico en el que solo los especuladores podrían sentirse cómodos. El acuerdo de cinco de los seis partidos de la Corporación para la aprobación inicial devolvió la esperanza a quienes están convencidos de que los intereses generales se defienden mejor desde la razón que con la aplicación de los encorsetados clichés de las siglas.
En Oviedo, el debate presupuestario también demostrará si una decisión cargada de prejuicios puede ocultar, una vez más, la crudeza de la realidad. Pese a lo mucho que deberían decir las cuentas sobre las aspiraciones de la capital asturiana para los próximos años, el debate se ha centrado en los tijeretazos que la Concejalía de Cultura ha dispensado a algunas instituciones. Un recorte que nada ayudará a levantar la losa de casi 33 millones de deuda heredada del despropósito de Villa Magdalena, pero facilitará las cosas a quienes se sienten más cómodos en el protagonismo de la polémica que en el trabajo de construir un nuevo modelo de ciudad. Otra prueba, una más, para la dicotomía asturiana.

POPULISMO

Se ha muerto Leonard Cohen, el poeta que cantó casi en un susurro que todo el mundo sabía lo podrido que estaba el sistema. Lega a quien los quiera escuchar sus versos más cáusticos para recordarnos que el viejo código occidental amenaza con romperse. Su profunda voz de profeta irreverente y libre se apagó mientras media humanidad espera, pasmada e inquieta, a que Donald Trump se repantigue en el sillón reservado al hombre más poderoso del mundo. Al nuevo presidente norteamericano se le ha tachado de todo. Machista, xenófobo, racista, intolerante, imprudente, peligroso… Y casi todo se lo han llamado con motivo, aunque bastantes de quienes lo hicieron se arrepienten de ello tanto como de la confianza que depositaron en las encuestas que preveían una solvente victoria de Hillary Clinton. La elección de Trump ha supuesto, concluyen los mismos analistas que dieron por descontada su derrota, el triunfo de un radicalismo político de imprevisibles consecuencias. Muchos han encontrado buena parte de la explicación en las singularidades de una nación que se siente imperio, en los temores y prejuicios de una clase media, blanca, devota y rural venida a menos en la que el discurso superficial y escandaloso del candidato republicano se propagó como un virus. Otros señalan los errores de su rival en la carrera hacia la Casa Blanca: su excesiva frialdad, su apego al poder y su incapacidad para movilizar el voto de las inmensas minorías que confiaron en Obama. Parece que las pocas ganas de los electores de devolver al Despacho Oval a otro de los clanes del ‘establishment’ tampoco ayudaron a Hillary.
La Europa de la vieja democracia ha recibido a Donald Trump con indisimulada preocupación y cierta simpleza, expresada en un lamento por el éxito del populismo. La mirada europea denota incluso lástima porque el patriótico y simplón americano medio, tan alejado del ideal que nos ofrece Hollywood, se haya visto deslumbrado por las promesas grandilocuentes de un político esculpido en un concurso de talentos. La Real Academia Española define el populismo como la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, utilizada habitualmente en sentido despectivo. Una descripción escueta de un término que ningún político quiere para sí, que todos desprecian en público y temen en privado. «Consiste en ofrecer una explicación sencilla, demagógica e imposible de llevar a cabo a problemas complejos». Con matices, esta es la explicación que los principales partidos españoles emplean con reiteración para una palabra que en nuestro país se ha convertido en un arma blanca en las tertulias. Alertan de su peligroso reverso totalitario. Tienen razón. Quien desea el poder tanto como para engañar a sus compatriotas no se para en principios ni se detiene por una guerra para conseguirlo. Sobran ejemplos. Tal vez por eso, la mayor parte de los europeos piensan que en el caso de Trump estaría bien por una vez que un presidente hiciera lo acostumbrado, incumplir su programa electoral, o que los mecanismos de salvaguarda de la democracia actuasen en legítima defensa. Queda confiar en la capacidad de nuestros políticos para aprender de sus errores. Los salvapatrias aparecen cuando la razón se ausenta, la decepción arraiga y quienes deben solucionar los problemas viven tan ajenos a ellos que nada de lo que dicen importa a los ciudadanos. Llegados a ese punto, los votantes pueden conformarse con alguien que al menos parezca compartir sus preocupaciones. Aunque hable a gritos, resulte detestable y ofrezca salidas tan ridículas como inmorales. Quienes abrieron la puerta a nuestros peores miedos señalan ahora el peligro con el dedo como niños asustados, pero echan la culpa a circunstancias insalvables o a la inmadurez de los electores. Cualquier cosa menos asumir que aquellos a quienes llaman populistas se alimentan de su inmovilismo y su fracaso.

SALIR DEL FORTÍN

España tiene Gobierno, al fin. El que cabía esperar por mucho que alguno confundiera sus deseos con la dialéctica de Mariano Rajoy. El nuevo Ejecutivo responde a la lógica de lo predecible en la que el presidente, que en política ha sido casi todo menos revolucionario, ha fundamentado su carrera. Incluso había expresado sus propósitos en el discurso de investidura. El líder del PP proclamó que España necesitaba un Gobierno no solo con urgencia, sino también «previsible». Con la elección de sus ministros ha cumplido su declaración de intenciones. El núcleo duro del gabinete con el que aspira a consolidar la pretendida recuperación continuará con las mismas carteras en sus manos, aunque con algún cambio de papeles. Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez tienen clara su principal tarea: mejorar el depauperado nivel de vida de los españoles. Un objetivo tan fácil de señalar como difícil de conseguir. Así que la principal crítica al nuevo Consejo de Ministros ha sido su carácter continuista. Probablemente, Rajoy la asuma incluso con agrado. Los cambios han llegado con la aplicación del manual de estilo del PP, que aconseja prescindir siempre de los ministros más impopulares, integrar las distintas sensibilidades unciendo ambiciones y aprovechar la etapa en el poder para cimentar los futuros liderazgos con la selección natural que conlleva el riesgo de tomar decisiones.
El primer mandato de Rajoy a sus ministros ha sido el de «dialogar y pactar mucho», justo lo que el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, teme que no ocurra. No solo él. Toda la oposición ve con desconfianza un Ejecutivo que considera «muy de partido». En realidad, no dista mucho de lo que la izquierda esperaba, por más que haya encontrado en ello el principal argumento para sus críticas. El hecho es que si el PP desea una legislatura de cierta duración no le quedará más remedio que abandonar el fortín construido con una mayoría de la que ahora carece y salir a explorar el siempre intrincado territorio de los acuerdos. Los tiempos por venir no son para ministros enrocados en la gracia de la audiencia, sino para políticos dispuestos a escuchar incluso antes de mandar sus leyes al Parlamento. Suya será la principal responsabilidad de que el tren de la recuperación no choque contra el muro de la oposición, aunque también conviene recordar que la negociación necesita un interlocutor dispuesto para no resultar baldía.
El cambio de talante necesario para el imprevisible y complejo ciclo con el que deberán bregar los nuevos ministros debería notarse además en la relación con las autonomías que, como Asturias, han visto estancadas sus expectativas primero por la crisis y después por la parálisis institucional de una Administración parapetada en unas funciones de mínimos. En su disposición para afrontar lo mucho que cabe hacer en colaboración con las administraciones regionales y locales pueden encontrar los ministros buena parte del respaldo que necesitan para sus proyectos. Por ello, será bueno que salgan de Madrid con más frecuencia de lo que la mayoría acostumbraban en la pasada legislatura. Algunos tan poco, que recién llegado al Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna ya puede presumir de haber visitado más el Principado por su responsabilidad como alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios que buena parte de sus compañeros de gabinete en los últimos cuatro años. Pero llegan nuevos tiempos. Al menos, eso cabe desear.