El futuro de Cataluña se juega a echar pies

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se han concedido unos días para echarse a pies la suspensión de la autonomía en Cataluña. El presidente del Gobierno, más cómodo en sus zapatos ahora que se ha sacado la chinita de la indecisión del PSOE. El autoproclamado campeón del independentismo, con los pies entumecidos en las botas que le ha puesto la CUP. Por más que encoja los dedos, el calzado no mengua. Ni monta, ni cabe. Es lo que tiene una independencia con fecha de consumo preferente. El Gobierno ha respondido a la secesión en suspenso con un artículo 155 condicionado a las explicaciones del president, que viene a ser algo así como un ‘dilo si te atreves’. La respuesta está en la cara que se les quedó a quienes el independentismo había convocado a la fiesta de la república y volvieron a casa convencidos de que les habían tomado el pelo. El PDeCAT, que antes de rebautizarse supo tantas veces tensar la cuerda y soltar a tiempo de recoger las prebendas, sabe que al avión de la independencia le falta potencia para despegar antes de estrellarse contra el muro de la justicia. De momento, Puigdemont, aunque no sea más que por saciar su ego, podrá decir que proclamó una república durante treinta segundos, por mucho que fuera con la boca pequeña y más ficticia que la ínsula Barataria. A pesar de ello, no renuncia a sacar tajada de su ambigüedad, aunque aún no tenga muy claro si no se la comerán Oriol Junqueras o Ada Colau.
El ruido de la declaración nonata le ha permitido presentar el conflicto catalán ante la comunidad internacional. Incluso Donald Trump, por más que algunos duden que sepa dónde queda Barcelona, ha tenido que pronunciarse. La UE ha respaldado al Gobierno, pero le ha pedido que dialogue. El discurso mártir del president ha tenido eco fuera de España. Resulta innegable. Su campaña de imagen resultó mucho más calculada que la fría versión oficial, que ni siquiera se atrevió a decir lo que piensa de la cifra de ochocientos heridos facilitada por la sanidad catalana. La precisa estrategia del victimismo ha logrado que el delegado del Gobierno en Cataluña casi pidiera disculpas porque la Policía hiciera su trabajo, ha llevado a Podemos a incluir el referéndum de autodeterminación en su programa electoral y ha forzado al PP a asumir la reforma constitucional exigida por Pedro Sánchez. Todo eso se ha echado al morral el independentismo catalán a costa de una sangría de empresas propia de un conflicto armado. El dinero no atiende al afecto, se aferra a las certezas, y lo único seguro con Puigdemont es su desprecio a las leyes. La estampida empresarial pesó más en la etérea declaración del Ejecutivo catalán que las apelaciones al diálogo.
Rajoy puede sentirse más seguro que hace unas semanas. La firmeza del Rey, el respaldo de la Justicia, la profesionalidad de la Policía y, sobre todo, los votos del PSOE y Ciudadanos le garantizan la capacidad de aplicar las medidas necesarias, incluida la suspensión de la autonomía. Pero con el artículo 155 o sin él, la respuesta debe ser rigurosa, sensata e inteligente. No se trata de vencer, sino de garantizar a los ciudadanos de Cataluña los derechos que intentan arrebatarles. Sin enredos ni atajos. A estas alturas, es probable que Puigdemont desee tanto como los partidos que las reclaman unas elecciones, pero nada agradecería más que un argumento para gritar al mundo un nuevo agravio a Cataluña y sus instituciones. Seguro que él preferiría lograr una mayoría en las urnas, no como las que compró en los chinos para el simulacro de referéndum, sino en las de verdad, las únicas que legitiman un proyecto político. No ignora que las aspiraciones de los catalanes solo tienen futuro con unos socios más fiables que quienes llaman a tomar las calles y saltarse la ley. Ese camino, el de los tiranos, conduce al infortunio. Bien lo sabe. Pero sus fullerías mientras calcula los pies que le faltan para pisar el límite son una tragedia para Cataluña.

OBRAS Y ESCALAGÜERTOS

El verano se ha instalado en una Asturias que espera un nuevo récord de turistas con nubes y claros en su panorama político. El buen tiempo siempre facilita las obras. El ministro de Fomento y el consejero de Infraestructuras, viejos conocidos, parecen dispuestos a iniciar algunas obras que deberían llevar tiempo terminadas. Íñigo de la Serna y Fernando Lastra trabajaron un sábado por la mañana para colocar la primera piedra de las obras que intentan resolver los problemas de acceso al puerto de El Musel y a lo que pretende ser algún día la Zona de Actividades Logísticas de Asturias. Ambos apelaron al entendimiento, a la coordinación y al interés general, palabras que no se oían últimamente en los encuentros entre dos departamentos que han necesitado cambiar de responsables para entenderse. Queda ahora que las intenciones se tornen en hechos. «Toca trabajar», ha dicho el titular de Fomento. Bien harán ambos gobiernos en aprovechar la temporada alta, que en Asturias siempre es corta, para avanzar en los proyectos que pretenden dotar a El Musel de un acceso digno, garantizar a los asturianos una comunicación ferroviaria adecuada al siglo en el que vivimos, construir en Gijón una estación que sustituya al gran apeadero prefabricado al que ahora llegan los trenes y transformar un túnel inundado en la primera línea de metro de Asturias. Trabajo tienen por delante como para no tomarse demasiadas vacaciones.
El verano también es tiempo de serpientes políticas, que suelen provocar algún que otro susto, pero que resultan inofensivas. La campaña de las primarias en el PSOE ha subido la temperatura en las filas socialistas a nivel de ebullición y ha reanimado el culebrón de la moción de censura en Gijón. El Gobierno asturiano abrió el debate con su oferta de un acuerdo a Podemos e Izquierda Unida que incluye descabalgar de la Alcaldía a Carmen Moriyón. Los candidatos a la Secretaría General de la FSA asumen el objetivo. Aunque por el momento, la iniciativa ha servido para ver lo lejos que se encuentran quienes aspiran a liderar el socialismo asturiano. Adrián Barbón está convencido de que cualquier acuerdo de izquierdas resultará imposible mientras el referente de su partido sea su rival. José María Pérez cree que su adversario ofrece pactos «sin entender lo que ocurre en la ciudad». El portavoz de Xixón Sí Puede, que ve más futuro en determinar la política municipal desde la oposición que en sentarse a escuchar a los socialistas, ya les ha contestado que si tanta prisa tienen por recuperar la plaza para la izquierda que le nombren alcalde. IU ha hecho pública una encuesta en la que seis de cada diez votantes de izquierda creen que no es el momento adecuado para una moción de censura, lo mismo que piensan los dirigentes de la coalición. El asalto de la izquierda a la Alcaldía gijonesa parece tan abocado al fracaso como la alianza regional planteada por Javier Fernández, de la que todos hablan, pero a la que nadie ve el menor futuro al menos hasta que los socialistas decidan quién tomará las riendas de su partido. Por el momento, IU le ha contestado que el PSOE se ha gastado todos los cheques en blanco que le firmaron con la esperanza de que el Gobierno regional fuera más sensible a sus demandas. Así que no parece probable que los asturianos vayan a tropezarse con ningún cambio de gobierno este verano en Gijón ni tampoco con un pacto que ofrezca mayor estabilidad al Ejecutivo regional. En Asturias, lo que algunos quieren hacernos ver como peligrosas serpientes no son más que escalagüertos. Y a estos inofensivos reptiles, ya lo saben, lo único que les preocupa en verano es tomar el sol. Como a muchos políticos.

AL CALOR DE LA POLÍTICA ASTURIANA

La ola de calor sin tregua que agosta la política regional se ha llevado por delante a la consejera de Infraestructuras. Belén Fernández, cansada de padecer sofocos parlamentarios, sintiéndose maltratada por la oposición y desamparada por los suyos, ha tirado la toalla. Deja su puesto asfixiada por la situación límite de Sogepsa, el parón de la Zalia, el bloqueo político del área central y su reprobación por la ineficacia de sus medidas frente a la contaminación. Tan distanciada de los ecologistas como de las empresas, su perfil de gestora eficaz se ha derretido ante la previsión de las altas presiones que se pronostican para el Ejecutivo asturiano en los dos años que restan de mandato. Su fatiga llegó al punto de que el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se vio obligado a sostener el escudo de su defensa en la Junta. Tampoco acudió la consejera a la cita con Íñigo de la Serna en Gijón. Belén Fernández prefirió no aparecer en la foto del anuncio ministerial de quinientos millones de inversión para el plan de vías de la ciudad y se evitó responder al órdago del Gobierno central en la tesitura de mantener su rechazo al proyecto pese a las mínimas exigencias de gasto para el Principado. Su decisión ya estaba tomada. Aunque muchos dentro y fuera del PSOE no lograban explicarse que Javier Fernández no hubiera aprovechado la marcha del titular de Industria un mes antes para rediseñar el Gobierno sin su consejera más impopular, esta muestra de confianza no fue suficiente para que Belén Fernández repensara su marcha.
Fernando Lastra, el diputado más veterano de la Junta, afronta la tarea de apagar los muchos incendios que hereda con la experiencia de 34 años de carrera política. Javier Fernández incorpora a la defensa del Gobierno a su mariscal de campo parlamentario. Nada de experimentos. Fidelidad más que demostrada en la batalla contra el ‘sanchismo’, en la que Lastra sostuvo la bandera de la actual ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana incluso después de que su líder se retirara del congreso. Los partidarios de Javier Fernández esperan el avance de Pedro Sánchez a la conquista de un territorio político en el que el nuevo líder socialista se siente respaldado por la mayoría de la militancia tras las primarias. Una nueva generación está dispuesta no solo a asumir el control del PSOE asturiano, sino a exigir otras formas de hacer en un partido que consideran alejado de la ciudadanía. La llegada de Fernando Lastra suma al Ejecutivo a un consejero que ha fijado la doctrina socialista en todos los asuntos de importancia de la política asturiana de las últimas décadas, a un negociador rocoso y a un carácter que no rehúye de la refriega. Sus virtudes como látigo del PSOE en el parlamento, el temor de sus adversarios y la admiración de sus afines, situaron su nombre en las quinielas para todo durante años.
La izquierda, a quien Javier Fernández ofrecía un pacto apenas un par de horas antes de anunciar el relevo en la consejería, y la derecha, que ve en la dimisión de la consejera un triunfo político, coinciden en que el presidente asturiano ha optado por encastillarse junto a sus incondicionales. Huir de las probaturas tiene su lógica. Se necesita lealtad para permanecer en un gobierno del que formar parte supone arriesgar toda una carrera política. Los dos años de legislatura que restan amenazan con situar a los consejeros ante la complicada perspectiva de adoptar las decisiones que consideran necesarias a riesgo de chocar incluso con su propio secretario general. Nada más difícil para un ejecutivo que mantener la marcha con un Parlamento en el que cada comparecencia puede convertirse en una emboscada y sin la garantía de encontrar refugio en sus propias filas. Una prueba definitoria de la capacidad de un Consejo de Gobierno en un momento en el que la región necesita de quienes estén dispuestos a salir a la descubierta aún a riesgo de resultar quemados por el sol de la política asturiana.

LA MOCIÓN DE CENSURA

Pablo Iglesias ha demostrado una vez más su extraordinaria capacidad para atraer hacia sí los focos del corral de comedias que los partidos llaman escenario político. Mientras el PP buscaba la manera de vadear el cenagal de la corrupción y los socialistas andaban atareados recogiendo avales, Podemos anunció con redoble de tambores una moción de censura como la solución a «una cuestión de emergencia nacional». El partido de Iglesias justifica el momento elegido por la imperiosa necesidad de frenar «la avalancha de saqueo y corrupción» del Gobierno de Mariano Rajoy. Los argumentos se los ha dado un político que durante veinte años vivió del dinero de los contribuyentes en altos cargos de la Administración y ahora como recluso de Soto del Real. La trama de corrupción que la Guardia Civil atribuye a Ignacio González justifica todas las iniciativas que los partidos sean capaces de llevar a cabo para terminar de una vez con el coladero legal que durante años ha permitido a quizás no tantos, pero desde luego demasiados, hacer de la política una actividad mafiosa.
Otra cuestión es cuánto contribuirá la iniciativa de Pablo Iglesias a solucionar este asunto. La moción, que muchos en el Congreso aún no tienen claro si es contra Rajoy o contra el PSOE, ha sido lanzada sin negociar los posibles apoyos parlamentarios ni concretar el necesario candidato a la Presidencia. Hasta el momento, su único respaldo son los 71 diputados del partido que ha decidido presentarla. La dirección interina de los socialistas no ve en ella más que un intento de torpedear la elección de su secretario general y de mostrarles, una vez más, como los aliados de una derecha irremediablemente corrupta. Así que sus principales líderes se han apresurado a descalificar la propuesta y recordarle a Podemos que se podría haber ahorrado la moción si hubiese apoyado a su candidato en la investidura. Ni siquiera en Izquierda Unida, su aliado electoral, la apresurada moción ha convencido a todos. Gaspar Llamazares cree que utilizar un mecanismo parlamentario concebido para derribar a un presidente como «un termómetro para ver quién está en connivencia con el PP» terminará por dividir aún más a la izquierda. Y paradójicamente, los más satisfechos de que intenten censurar a su presidente parecen los diputados del PP. La posibilidad de transformar la moción en un refrendo puede suponer un balón de oxígeno para un Ejecutivo al que le cuesta sumar los votos necesarios para aprobar el presupuesto. «Los que querían asaltar los cielos han pasado a ser un brindis al sol». La valoración del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, refleja la confianza de su partido en que la ofensiva de Podemos para tomar la Moncloa quedará reducida a un ondear de banderas. Así que a los populares solo les ha faltado darle las gracias a Pablo Iglesias por ofrecerle a Rajoy la oportunidad de decir en el Congreso que una izquierda ocupada en acuchillarse mal puede suponer una alternativa.
La iniciativa de Podemos no carece de legitimidad. Más de cinco millones de votantes dieron su confianza a Pablo Iglesias en las últimas elecciones generales para representarles en el Congreso y utilizar los mecanismos que la Constitución pone a su alcance para llevar a cabo su programa. Entre ellos la moción de censura, la posibilidad que todos los países democráticos aplican como solución a la parálisis política, el bloqueo parlamentario, la ineptitud de sus gobernantes, los escándalos o simplemente la necesidad de unas nuevas elecciones. Con ella se garantiza a los ciudadanos la certeza de que la democracia ofrece alternativas al suplicio de lo insostenible. Por eso, conviene no degradarla a una mera excusa para el vocerío parlamentario. Lo peor que se puede perder en una moción de censura es la confianza de los ciudadanos en ella. En este caso, el resultado está por ver.

EL VALOR DE LA HISTORIA

Dos mil días y 168 detenidos después de declarar el alto el fuego, ETA ha anunciado que entregará las armas. El negocio cimentado en 829 asesinatos baja la persiana cuando han pasado ya siete años de su último crimen. El 17 de marzo de 2017 aparecerá en los libros de historia. Esperemos que no como pretenden los albaceas del testamento terrorista, sino como la fecha en la que los españoles derrotaron a una banda que no puso fin a su barbarie por convicción, sino ante la fuerza de la democracia. ETA camina hacia su disolución acorralada por el rechazo de la ciudadanía, la fortaleza del Estado de derecho y el extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Le quedan alrededor de trescientas armas desperdigadas por zulos en el monte y domicilios de sus colaboradores. Obsoletas, pero aún mortales, la organización se resistía a entregarlas para forzar a los gobiernos de España y Francia a escenificar una negociación. Ha fracasado en su objetivo. En febrero de 2013, la delegación terrorista que aguardaba en Noruega la llegada de algún enviado del Gobierno fue expulsada del país a petición de España. Poco después, dos encapuchados pusieron un minúsculo arsenal en manos de dos miembros de una comisión internacional de verificación, un paripé para darse importancia que tampoco les sirvió de nada. La propuesta del Ejecutivo vasco de ocuparse del desarme ni siquiera tuvo respuesta de Rajoy. La banda anuncia ahora que cederá su arsenal a un centenar de simpatizantes antes del 8 de abril para que lo entreguen. Otro acto de propaganda al que acertadamente no ha querido sumarse el Gobierno español. Serán las autoridades francesas quienes reciban unas armas entre las que probablemente no estarán las que ayudarían a resolver los 300 crímenes a cuyos autores la Justicia española aún no ha podido poner nombre.
ETA y sus simpatizantes intentan lavar su imagen para la posteridad, levantar la moral de sus tropas encarceladas, convertir su inevitable rendición en un armisticio y vincular sus siglas a la política vasca como si su única contribución no fuera el dolor. La pretensión de la banda de equiparar a los asesinos con el resto de los ciudadanos nada tiene que ver con el perdón, un desgraciado derecho que solo corresponde a las víctimas, ni con la paz, que no hicieron más que postergar con su sangrienta obcecación por encontrar una fórmula lo bastante cruel como para acabar con la resistencia de los demócratas. La clase política no debe permitir que los asesinos endulcen su capitulación ni obtengan beneficio de ella. La indiferencia, aunque sea alentada por los mejores deseos, no cabe ante la actual estrategia de los terroristas. Los últimos responsables de coordinar a los pocos delincuentes que siguen libres y los muchos que están en prisión aspiran a mantenerse como gestores de las concesiones que puedan arrancar a los partidos. Supondría una equivocación aceptar su juego cuando solo sin más alternativas han entregado sus armas, después de pensárselo durante cinco años en los que aún han intentado sacar tajada de la mucha sangre derramada. No son ellos ni tampoco los que durante décadas intentaron aprovecharse de sus crímenes bajo unas siglas que suponían una burla a la democracia quienes tienen derecho a dictarnos la crónica de su final. Es la mayoría de la sociedad española, obligada a pagar con sangre sus convicciones, la que debe relatar, sin omisiones, sus sacrificios para alcanzar la paz. El olvido solo interesa a quienes tienen razones para desearlo. La memoria, en cambio, permitirá que quienes tengan la suerte de conocer a ETA solo por lo escrito sepan cuánto nos ha costado lo que tenemos. Por eso la historia es tan valiosa.

EL MURO DEL MIEDO DE TRUMP

Quienes esperaban que Donald Trump resultara un bravucón ya pueden sentirse decepcionados. El presidente norteamericano no es de esa clase de tipos que echan mano de las baladronadas solo para alcanzar el poder. Un puñado de manifestaciones en su contra ha bastado para demostrar su determinación de gobernar a machote. Los cien días de gracia le han sobrado para firmar la orden ejecutiva con la que ha encargado completar un muro que separe Estados Unidos de México. Aún no ha desvelado si se contentará con las más económicas y marciales concertinas o pretende levantar un más perdurable paredón de cemento. En todo caso, su promesa es mantener fuera de su redil a los inmigrantes de dudosa lealtad y escasos recursos. La viabilidad y la eficacia de plantar una valla o construir un tabique de tres mil kilómetros están por ver. Poco le importan a Donald Trump. Sus objetivos son otros. El primero, demostrar que lleva a cabo sus promesas. Aunque resulten tan estúpidas como plantar en la frontera una muralla equivalente a la distancia entre Gijón y Minsk. Al fin y al cabo, una empresa de tal calibre solo puede estar al alcance del hombre más poderoso del mundo. Le queda encontrar la fórmula para cumplir la segunda parte de su compromiso electoral: que los mexicanos paguen de su bolsillo la barbaridad con la que aspira a poner fin a los problemas de desempleo, violencia y gasto social que atribuye a los espaldas mojadas.
Más preocupantes son las razones que subyacen en sus prisas por reforzar la frontera estadounidense. Donald Trump gobernará con el proteccionismo como bandera, lo ha proclamado; el populismo como discurso, de lo que ya dio pruebas en su investidura, y el miedo como herramienta. Aunque ello suponga equiparar con terroristas a las masas que patrullan la frontera en busca del sueño de tres comidas diarias. El temor ha levantado grandes muros a lo largo de la historia. Los emperadores chinos construyeron una muralla de roca a lo largo de 21.000 kilómetros para protegerse de las invasiones de los pueblos nómadas, el emperador Adriano ordenó levantar la fortificación que lleva su nombre para defender a Roma de los belicosos pictos y Stalin dejó caer un telón de acero con la excusa de preservar el sistema soviético de las perversiones capitalistas. En todos los casos, al otro lado de la piedra, el ladrillo o la alambrada estaba el enemigo. La misma percepción de la realidad que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere para los ciudadanos de un país que se siente imperio. Más allá del Río Grande están los bárbaros.
El muro del miedo de Donald Trump es una llamada al patriotismo norteamericano, la primera demostración de la fortaleza de su nuevo comandante en jefe. Y también una advertencia a la comunidad internacional de que su política de ‘América, lo primero’ no admite concesiones. Su grito de guerra ha tenido efecto. El temor sirve para unir y también para someter. Solo hay que ver la timorata respuesta que muchos países, entre ellos España, han dado al puñetazo del mandatario republicano en la mesa de los mexicanos. Una tibieza alentada por la advertencia de que la nueva administración norteamericana no admitirá medias tintas. No pocos gobiernos han quedado ya convencidos de que lo más conveniente a sus intereses es una prudente equidistancia. A corto plazo, la balanza comercial garantiza más rentabilidad que reivindicar unos principios que no encajan en la nueva diplomacia del miedo. Incluso el presidente de México parece conformarse con la etérea garantía de que Donald Trump intentará evitar las discusiones en público sobre quién pagará la fiesta. Queda por ver si la tímida respuesta internacional no se aprecia desde la Casa Blanca como una prometedora genuflexión.

EL CAMINO DE LA SENSATEZ

Javier Fernández y Mariano Rajoy han tenido que dar un paso al frente en la última semana y superar incluso el discurso de sus propios partidos para enderezar el rumbo de la investidura. El líder socialista tiene ante sí la complicada tarea de acallar los ecos del ‘no es no’ que Pedro Sánchez había convertido en su grito de guerra. Al presidente en funciones no le ha quedado otra que llamar al orden a quienes en el PP quisieron aprovechar la situación para exigir poco menos que una humillante rendición incondicional del principal partido de la oposición. Ambos están convencidos de que las terceras elecciones supondrían un desastre. Y poco ganan sus partidos con otros comicios. El PSOE, fracturado y sin tiempo para preparar un candidato, solo podía esperar un batacazo electoral. El PP tampoco puede ignorar que parapetarse ahora en la intransigencia le restaría más apoyo que sus adversarios. Así que ambos dirigentes han apelado al discurso de la sensatez para acabar con el marasmo político propio de un estado fallido. El itinerario que ambos han elegido solo puede conducir a la investidura. Para facilitar el viraje socialista, Javier Fernández ha encontrado el concepto de ‘abstención técnica’, esto es, dejar que los conservadores gobiernen sin asumir más compromisos que el de ejercer una leal oposición. Este apoyo calculado, no más del preciso, permitirá al PP continuar en La Moncloa sin el riesgo de llevar a los socialistas a un atolladero que haga imposible el diálogo cuando las exigencias de Bruselas, el desafío soberanista o la financiación autonómica requieran una respuesta que sus 137 diputados no alcanzan a dar.
Quien alcanza la responsabilidad de gobernar debe asumir que los discursos bienintencionados solo sirven durante un tiempo antes de parecer excusas. Al poder Ejecutivo se le juzga por sus acciones más que por sus palabras. Mariano Rajoy y Javier Fernández lo saben. Y en Asturias, tareas tienen para demostrarlo. La más urgente para el Ejecutivo regional, la aprobación de unos presupuestos que conjuren el riesgo de una región encadenada a una prórroga que le impida tanto llegar a tiempo a una recuperación aún incierta como atender las profundas heridas que ha dejado la crisis. El Gobierno asturiano quiere que las cuentas reflejen la mayoría de izquierdas del Parlamento autonómico. Podemos e IU han advertido de que el respaldo a Rajoy aleja la posibilidad de un acuerdo. En mal lugar quedan los intereses de Asturias y sus políticos si sus cuentas solo dependen de lo que se decida en el Congreso de los Diputados. El PP asturiano, que durante la última semana ha reclamado altura de miras al presidente de la gestora socialista, dispone en este asunto de la ocasión de predicar con el ejemplo en su tierra. Si lo poco en lo que están de acuerdo todos los partidos es que una prórroga conduce a un insuficiente más de lo mismo algo más deberían hacer por evitarla que mirar a lo que acontece en Madrid.
El nuevo Gobierno central, amparado en su limitación de funciones desde hace un año, podrá actuar en el Principado con el sentido común que ha reclamado para facilitar la investidura. La variante de Pajares, la regasificadora de El Musel, la nueva depuradora de Gijón, la tarifa eléctrica o el futuro del carbón suponen para la región cuestiones demasiado trascendentales para aguardar al próximo cálculo electoral. Durante sucesivas legislaturas, el debate de los partidos sobre el futuro de Asturias se ha limitado a una tediosa y recíproca atribución de responsabilidades mientras sus decisiones acrecentaban el sentimiento de agravio respecto a otras autonomías. Nada más alejado de los intereses generales invocados durante las últimas semanas para ordenar la política española. Ahora que el camino anunciado es el de la sensatez, la clase política tiene en esta región un buen trecho para recorrer.

EL EDIFICIO SOCIALISTA

Pedro Sánchez parece inclinado a la fascinación ante la fatalidad de la izquierda. ‘La lengua de las mariposas’, dijo en una entrevista, ha sido tal vez la película que ha visto en más ocasiones. Quizás atraído por el magnetismo de los hombres dispuestos a morir por sus ideales. O simplemente quiso, cuando eligió el filme, recurrir a la heroica figura del maestro republicano trazado por Manuel Rivas para contrarrestar ante el electorado la imagen de candidato de cartón, adecuado para los carteles y obcecado por su ambición, que sus adversarios, dentro y fuera del PSOE, han intentando endilgarle. «A veces el infierno somos nosotros mismos». Esa fue una de las lecciones con las que don Gregorio, el inolvidable profesor del largometraje que tanto gusta a Sánchez, trascendió en sus alumnos más allá de la intransigencia de quienes acallaban las discrepancias a tiros. Ayer, el líder socialista descubrió su propio infierno en la sede de Ferraz. También él dejará sus enseñanzas a una generación de políticos fraguada en la convulsa etapa que le ha tocado vivir. Mucho han aprendido los dirigentes del PSOE y sus rivales a expensas de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, los riesgos de la improvisación para calmar la sed de democracia interna y liderazgo de sus militantes.
El PSOE eligió a su líder con el respaldo del 49% de sus afiliados. El secretario general se vio forzado a apagar los rescoldos con una ejecutiva en la que repartió los cargos entre los leales, los eventuales aliados e incluso sus oponentes. Todos juntos en el mismo ‘aparato’, la palabra con la que en el Partido Socialista resume su complejo sistema orgánico de cuotas territoriales e institucionales. De lograr unos resultados electorales convincentes dependía el futuro del secretario general. Pedro Sánchez perdió las suficientes elecciones para que el inestable edificio socialista se resquebrajara.
Ocupado en alcanzar el poder ha desatendido las necesarias reparaciones y las fisuras alcanzaron el tamaño de grietas. A través de ellas se han visto muchas de las cuestiones sin resolver que se apilaban en las estanterías de Ferraz: la mal resuelta transición con los anteriores liderazgos, la necesidad de encontrar un discurso diferenciado en la izquierda, la indefinición de la estrategia ante los partidos emergentes, la incapacidad de mantener la unidad entre los líderes territoriales y las profundas discrepancias para afrontar el desafío del nacionalismo. Las urgencias electorales reemplazaron debates imprescindibles por silencios en los que germinó la incomprensión. Las tretas, que muchas hubo, alimentaron los rencores hasta llegar al desprecio mutuo entre el secretario general y un amplio sector cada día más crítico. Y aunque algunas plantas de la construcción socialista amenazaban con derrumbarse, Pedro Sánchez decidió parapetarse en su despacho en lugar de salir a buscar ayuda por temor a encontrarse a la presidenta andaluza sentada en su sillón a la vuelta. El líder socialista se aferró al refrendo de las bases para evitar el desalojo forzoso de quienes le acusaron de anteponer su cargo a la pervivencia de las siglas. Un congreso no arreglará por sí solo lo mucho que el PSOE tiene por reparar, aunque nadie duda de que son los militantes el verdadero soporte de un partido obligado a solicitar a la Policía que se interpusiera entre quienes intentaban salvar sus muebles y las baronías, que prefieren emplear a fondo la piqueta, facilitar que España tenga un Gobierno e iniciar cuanto antes la refundación. El nuevo líder, quien sea que los militantes elijan, necesitará que unos y otros, los que quisieron desahuciar a Sánchez con una moción de censura y quienes intentaron cerrar las puertas desde dentro, participen en la reconstrucción antes de que solo quede un solar que malvender. La sonrojante reunión del comité federal que terminó con la dimisión de Sánchez hace dudar de que los cimientos del edificio socialista aguanten mucho más. Por el momento, su futuro queda en manos de una gestora y los buenos oficios de Javier Fernández.

POLÍTICOS ATRINCHERADOS

Pedro Sánchez ha aprovechado la tortuosa guerra de trincheras de la política española para lanzarse a la descubierta dentro de sus propias filas. El líder socialista quiere que el comité federal afloje sus ligaduras para negociar un pacto de gobierno o que sus díscolos barones se enfrenten a él en unas primarias tan apresuradas que cualquier alternativa, además de improvisada, aparezca ante los militantes como una desafección hacia el candidato electoral. El órdago del secretario general ha indignado a quienes dentro de su partido piensan desde hace meses que los 85 diputados conseguidos en las últimas elecciones aconsejan liderar la oposición, iniciar un proceso de reconstrucción interna que mantenga al PSOE como alternativa de gobierno y esperar a que la amenaza de Podemos se debilite. El gran inconveniente para Sánchez de esta estrategia es su certeza de que no cuentan con él para llevarla a cabo. Así que ha elegido un camino que amenaza con una fractura interna y conduce a una tercera convocatoria electoral. Si quiere impedirlo, el sector crítico que encarnan los presidentes regionales, tendrá que jugárselo todo a una carta. Lo que sea del partido se verá luego, antes se decidirá quién manda.
Tampoco en Podemos andan sobrados de unidad. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han decretado una tregua después de despacharse con algunos dardos que dejaron en evidencia sus discrepancias sobre el modelo de partido con el que pretenden aglutinar el voto de izquierdas. Sus diferencias resultan obvias desde hace tiempo, pero ni siquiera sus adversarios podían esperar que en plena campaña de las elecciones gallegas y vascas cometiesen la imprudencia de echar un pulso por el timón de la nave. Ahora que en Podemos hay cargos que ejercer y decisiones que tomar también existen las disputas internas.
Los partidos de la izquierda española intuyen que su futuro para los próximos años puede decidirse en pocos meses con unas nuevas elecciones por medio. Así que la mayor preocupación de sus líderes es fortificar su despacho y esperar que el tren del poder se detenga ante su puerta. En eso no existen diferencias ideológicas. Mariano Rajoy, a quien pronosticaban un otoño de sinsabores judiciales por la corrupción, confía en que su partido pueda ser el gran beneficiado si los ciudadanos se ven obligados a deshacer el entuerto con su voto. Albert Rivera, que no encuentra ninguna alegría en las previsiones de las encuestas, tiene que conformarse con recordar que ha hecho todo lo que sus escaños le permiten para que haya un gobierno. En todo caso, mientras sus votos resulten necesarios para la investidura de cualquiera, Ciudadanos no perderá protagonismo. Una nueva convocatoria electoral parece convenir a demasiados de quienes tienen en su mano evitarla. Por eso, las apelaciones a la responsabilidad y los intereses generales resultan tan poco creíbles como los debates de un Congreso en el que poco más se ha decidido que el reparto de cargos en la mesa.
Los días pasan con nuestros políticos atrincherados en su poltrona, ocupados en culparse unos a otros con los mismos argumentos desde hace meses y menos pendientes de sus adversarios en las urnas que de los enemigos con los que comparten siglas. Mientras, España sigue en funciones, las autonomías continúan sin interlocutor, los presupuestos se intuyen una quimera, las inversiones esperan a que escampe y los ciudadanos pierden la paciencia. En un país que aún intenta convencerse de que la recuperación es posible, los riesgos inmediatos de la parálisis institucional resultan evidentes. A largo plazo, las consecuencias estremecen.

INERCIA POLÍTICA

Antes que a la lógica, los políticos españoles responden a la ley de la inercia, un principio por el que tienden a permanecer en estado de reposo o en actividad aparente hasta que las circunstancias les favorezcan o de forma inevitable les empujen a moverse para salvar su cargo. Mariano Rajoy aguardó inmóvil y en silencio a que Rita Barberá eligiera la salida más conveniente tras su imputación. La senadora tomó a casi empellones la puerta del Grupo Mixto, con un sueldo de casi siete mil euros mensuales que le garantizan un buen abogado defensor y las ventajas del aforamiento. Solo cuando el silencio se hizo tan incómodo como para amenazar en convertirse en complicidad, el líder del PP habló. En tercera persona, como si levantara un acta de defunción, constató que la exalcaldesa de Valencia ha abandonado el PP y por lo tanto su antiguo partido carece de autoridad sobre ella. Y a otra cosa, que no es más que contar los días que faltan para las terceras elecciones al menos que el PSOE las impida.
Pedro Sánchez no está por la labor. Pese al aparente trajín de la campaña en Galicia y el País Vasco, el secretario general de los socialistas continúa tan quieto como su rival. Por mucho que los barones invoquen su derecho a decir lo que piensan y su ejecutiva se líe «a gorrazos» con ellos, que diría Guillermo Fernández Vara, al candidato del PSOE le basta el ‘no es no’ como eslogan y el paso de las semanas para que la convocatoria electoral le garantice una oportunidad que buena parte de su comité federal preferiría ahorrarse. Ahora que ha encontrado un punto de equilibro en la cuerda floja del camino hacia la Moncloa, tampoco él piensa menearse demasiado.
A España no le queda otra que esperar también, harta y en funciones, a que la realidad haga imposible el camuflaje. Los partidos no se organizan para forjar hombres de Estado, sino para ganar elecciones. Mientras los protagonistas otean el horizonte con la esperanza de que a su rival lo fulmine un rayo, el guión de las directrices del partido establece dos alternativas para los secundarios: hacer mutis por el foro o disimular lo mejor que sepan, la opción más digna ante la opinión pública para los cargos electos. Solo en esa obligada pose preelectoral de nadar y guardar la ropa se entiende que los políticos asturianos hayan discutido durante meses las posibles alianzas presupuestarias sin entrar en mayores honduras que la posibilidad de establecer impuestos para las bebidas con gas. El PSOE asturiano ha lamentado en reiteradas ocasiones la dificultad de elaborar unas cuentas sin que el Gobierno central concrete los fondos que la región recibirá el próximo año. Los socialistas no han dejado de repetir su deseo de negociar un acuerdo con Podemos e IU para que el presupuesto responda a la mayoría parlamentaria de izquierdas. El partido de Emilio León ha contestado tantas veces como le han preguntado que su apoyo está condicionado a un cambio de política por parte del Ejecutivo de Javier Fernández. El PP asturiano asegura estar dispuesto a aprobar el presupuesto si el Gobierno acepta sus propuestas fiscales, entre ellas, la supresión del impuesto de sucesiones. Tantas ocasiones como ha podido lanzar su oferta Mercedes Fernández ha tenido luego para afear al PSOE su silencio. A Foro, Ciudadanos e Izquierda Unida la imposibilidad de resultar decisivos en solitario les permite criticar a diestra y siniestra la incapacidad de los partidos con mayor representación en la Junta para superar el más de lo mismo. Los parlamentarios asturianos llevan dos meses en el bucle de un debate reiterativo, pero con la vista puesta, sin distracciones, en la política nacional, cuya parálisis también les sirve de coartada para que las buenas intenciones se queden para engordar los libros de sesiones del Parlamento asturiano.
La realidad de Asturias mantiene su propia dinámica, que la obliga a caminar por detrás de las regiones con mayores recursos hacia un horizonte de incierta recuperación. El presupuesto, aunque dependiente en gran medida de las aportaciones estatales, es el escaso margen de maniobra de la política regional para acelerar el paso de una autonomía lastrada por el envejecimiento de su población, el crecimiento de la deuda pública y la complicada transformación de su economía. Sin embargo, la inercia de la política asturiana parece dispuesta a mantenerse en la parsimonia de una prórroga que todos los partidos consideran indeseable y casi nada hacen por evitar.