La política de inversión en votos se rige, entre otros, por un precepto que aconseja emprender obras notorias y aplicar recortes subrepticios. Mientras el presupuesto alcanzó, en los arcenes se plantaron farolas que equiparaban la iluminación de la autovía del Cantábrico con la de una travesía urbana. De noche y en la distancia, el fulgor de los cruces superaba al de la mayoría de los pueblos. Las luminarias alcanzaban incluso para realzar la presencia de los hitos conmemorativos de las inauguraciones. Cuando el dinero menguó, Fomento cursó una nota a las demarcaciones de carreteras en la que ordenaba el apagón general de las luces «en todos los tramos de autovía en campo abierto». La decisión, adoptada en junio de 2010, contravenía las normas aprobadas por el mismo ministerio una década antes para reducir la siniestralidad, pero su paulatina aplicación hizo que los conductores asumieran con resignación el tránsito a oscuras. Entre los políticos hay para casi todo, de modo que no faltó quien jalease la medida como paradigma de la preocupación por el erario público frente al dispendio de épocas anteriores.
Como el mandato de apagar las luces tenía carácter reservado y las directrices de seguridad continuaban vigentes, las carreteras siguieron construyéndose equipadas con luces que no había intención de encender más allá del día en el que el ministro de turno cortaba la cinta inaugural, elevando a la categoría de absurdo la instalación de luminarias. En seis años, la escasa visibilidad provocó en Asturias 531 accidentes. Según desveló EL COMERCIO, la Dirección General de Tráfico decidió en 2014 suprimir el epígrafe de ‘iluminación insuficiente’ en los partes que los agentes deben completar sobre cada siniestro. Desde entonces, deben reflejar si es de día o de noche y si la iluminación artificial, en caso de existir, se encontraba encendida o apagada. Sin más. Ninguna casilla recoge las posibles carencias del alumbrado. La directora general de Tráfico, María Seguí, asegura que los formularios se han modificado «porque los sistemas evolucionan» y que en todo caso su departamento puede advertir «al titular de la vía» cuando se aprecia un problema. De esta forma, podemos saber que Fomento ha reducido un 22% su factura eléctrica en los últimos dos años en Asturias, pero el cambio impide analizar si por desgracia el ahorro resulta proporcional al aumento de choques, atropellos y salidas de vía. El nuevo método hizo que en 2014 Tráfico no registrase ningún accidente vinculado a la iluminación insuficiente en Asturias. El anuario de la DGT solo recogió los ocurridos en Cataluña, País Vasco y Madrid, las autonomías que retrasaron el uso de los nuevos impresos.
Los políticos ensalzan la recopilación de datos como una herramienta esencial para determinar sus actuaciones, pero siempre han procurado reservarse el derecho a guardar los informes bajo llave cuando las cifras se empeñan en cuestionarles. Las nuevas leyes de transparencia les obligan a hacer públicos numerosos análisis antes restringidos a los funcionarios. La democracia avanza por carreteras cuyo trazado deciden los ciudadanos, pero en las que la luz queda en manos de nuestros representantes. Así que cabe el riesgo de que los más avispados quieran jugar con el interruptor y solucionar las estadísticas en lugar de los problemas. De ahí la tentación de reducir las listas de espera quirúrgicas a costa de que la demora no empiece a contar hasta que el médico decida solicitar la intervención, de aminorar los registros de contaminación con modificaciones en los puntos de muestra o valorar la iluminación de las carreteras por el número de farolas al margen de cuántas se enciendan cada noche. Entonces la estadística deja de resultar fiable y cuando eso ocurre, comienza el riesgo de manipulación. Poner luz sobre las cifras resulta tan necesario como iluminar los tramos peligrosos de las autovías. A veces, vital.