La temporada de baños en San Lorenzo comienza con fuerte marejada política, un oscuro oleaje e inquietud en los bañistas. Fenómeno infrecuente pero no insólito, consecuencia de las tormentas, la mar en calma y un importante problema sin resolver. Un presidente del Principado llegó a quejarse en público de lo difícil que resultaba convencer a políticos de todo signo de invertir en la depuración de aguas residuales. Los partidos prefieren asfaltar calles, cambiar aceras o renovar fachadas. Las costosas obras de saneamiento no se ven, casi nadie las echa en falta y pocos las recuerdan a la hora de votar. Excepto cuando su ausencia provoca hedor. Entonces los ciudadanos miran a las administraciones, los empresarios ponen el grito en el cielo y los políticos se apresuran a dejarse ver en la primera línea de la indignación. Gijón ha izado la bandera roja en su playa, el lugar de Asturias que en verano concentra el mayor número de seres humanos por metro cuadrado. Las intensas lluvias han arrastrado la suciedad por los aliviaderos y en el oleaje se ha dibujado una perceptible mancha marrón de origen evidente. La oposición ha exigido a la alcaldesa datos precisos y soluciones inmediatas. El Ayuntamiento ha convocado a toda prisa una comisión de seguimiento, llamado a la calma y ha explicado que el episodio contaminante, habitual en invierno, desaparecerá con las mareas. Coincidiendo con esta situación, el Principado ha hecho pública una nota en la que señala que tres de cada cuatro playas asturianas ofrecen unas condiciones «excelentes» para el baño. Así que habrá que cruzar los dedos para que la tormenta amaine y luzca un sol que permita arriar el indeseable banderín escarlata. Mientras eso sucede, políticos de todo signo campan en busca de culpables cuando las soluciones son evidentes.
La depuradora de la zona este de Gijón, que debería llevar años en servicio, continúa paralizada por una decisión judicial. La solución provisional autorizada por los tribunales en septiembre del año pasado sigue estancada en los trámites de la burocracia ministerial, pendiente de la resolución del contrato con la constructora y la adjudicación temporal de un sistema de pretratamiento en el que se confía para aliviar el problema hasta que un juez decida si la planta puede funcionar a plena capacidad. En todo este tiempo, no a todos les pareció tan acuciante como ahora tomar medidas. Que en la mayor ciudad de Asturias una estación depuradora permaneciera inoperante una vez terminada originó un intenso debate municipal, atenuado con el paso de los meses, pero apenas mereció alguna opinión del Principado y unos cuantos comunicados del Ministerio de Medio Ambiente. La distancia atenúa las urgencias y el eco de las quejas de los ciudadanos. Pero la ley establece con claridad que ninguna de las administraciones puede desentenderse de este problema. Ni el Ayuntamiento, al que le ha sobrado más de una frase ocurrente y le ha faltado agilidad para construir los pozos de tormentas, ni el Gobierno regional, que algo más que comunicados sobre análisis de las aguas debería hacer, ni por supuesto, tampoco un ministerio de cuya nueva titular cabe esperar mucho si se da la misma prisa por terminar con los vertidos contaminantes que en proclamar su determinación de apagar las centrales térmicas de carbón. Mientras las administraciones se deciden a tomar medidas, la mar, que lo aguanta casi todo sin rechistar, se ocupará del trabajo. En San Lorenzo y en el resto de las playas de Asturias que sufren el mismo problema. Hasta la próxima tormenta, cuando vuelvan a salir a la superficie los aguarones, la indignación e incluso el oportunismo de quienes no temen chapotear con tal de salpicar al de al lado por más que sepan que todos nos bañamos en las mismas aguas.
Fotografía: Jorge Peteiro