Siete años le ha costado a la Guardia Civil desenredar el hilo de la madeja después de tirar del extremo por el que sobresalían más de un millón de euros en las cuentas bancarias de José Ángel Fernández Villa y su familia. Un dinero que el sindicalista intentó regularizar acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012 y que no tenía justificación en sus nóminas como sindicalista y cargo público, porque todas ellas estaban debidamente acreditadas, ni en la discreta herencia del bar de Tuilla del que sus padres vivieron con modestia. Con pruebas documentales y testimonios, los investigadores han terminado por escribir una crónica sobre un geriátrico que acabó con un sobrecoste de 18 millonesy que según los agentes llenó los bolsillos del líder minero, del entonces presidente del Montepío de la Minería y del promotor que gestionó una obra social en Felechosa donde el dinero se escurría por los desagües para aparecer en las cuentas de los ahora imputados.
Si hubo delitos y cuáles, lo decidirá un juez. Pero el relato policial no tiene precio como ensayo sobre el poder político y el fracaso en la gestión de unos fondos que las cuencas recibieron con la esperanza de construir su futuro y terminaron por convertirse en una losa que amenaza con enterrarlas con su pasado. En los 435 folios del informe puede apreciarse el culto a la personalidad de un líder obsesivo y autoritario que se creyó su propia leyenda. El hombre que andaba por los ministerios más cómodo que en su propia casa, que se jactaba de poner y quitar presidentes a su antojo y que escribió a su medida las normas para gastarse los seis mil millones previstos para reactivar las cuencas mineras. Su poder no lo limitaba ningún cargo. Sencillamente, Villa era el jefe, como asumían los suyos, y sus órdenes, reales o supuestas, se cumplían sin rechistar. El verdadero ‘one’, como solían jactarse algunos de sus partidarios, que nunca necesitaron aprender a decir dos en inglés porque la maquinaria del liderazgo exigía el sacrificio periódico de los lugartenientes. Para sus adversarios fue ‘el capo’. Y para las comarcas mineras, un supuesto padre que acabó por estafar a quienes llamaba hijos.
El sumario del ‘caso Hulla’ es la historia de un timo a toda una región. Al Principado se le dejó la asistencia técnica, los alcaldes se quedaron en simples postuladores y el Gobierno de Madrid se acercaba de visita para asegurarse de que las obras se hacían, pero se mantuvo lo bastante lejos para no enterarse de mucho más. Veinte años después de aprobarse el primer plan de reestructuración de las comarcas mineras, no existen balances de su aplicación más que la evidente decepción de las cuencas. Sus fondos permitieron realizar importantes obras, financiar a ciertas empresas con éxito y a otras que cerraron en cuanto consumieron las ayudas y tapar agujeros allí donde indicaba el único dedo importante. En realidad, nunca hubo nada parecido a un plan. Solo un gran presupuesto a merced de una sola opinión. Los resultados están a la vista. Hay quien prefiere no hablar ello. Algunos por desinterés, otros por no mirar al pasado y no pocos porque de diversas maneras apuntalaron en el poder a quien ahora la justicia ha puesto en la picota. Pero conviene hacerlo. Sobre todo, para no repetir los mismos errores. Y si no somos capaces de aprender algo de lo mucho que Villa nos enseñó, al menos que sirva para que sus víctimas no paguen la culpa.
Fotografía: Juan Carlos Román