El insólito consenso entre administraciones para el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en Asturias ha encontrado un escollo en Gijón. El Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Fomento la ampliación del soterramiento hasta el apeadero de La Calzada. Los responsables municipales defienden este cambio en el proyecto convencidos de que la propuesta cuenta con el respaldo de los ciudadanos. En esencia, la modificación supone sustituir por un túnel la trinchera cubierta por una losa y la completa eliminación de la barrera ferroviaria, que se mantiene como una herida abierta en el corazón de la ciudad. La idea tiene un coste. La excavación de la zanja asciende a 36 millones, según las estimaciones de los responsables ministeriales. Recurrir de nuevo a la tuneladora elevaría el gasto hasta los cien millones. El equipo de gobierno gijonés está convencido de que el desembolso merece la pena. El generoso papel asumido hasta el momento por el ministerio para desarrollar el plan de vías hace que el Ayuntamiento esté dispuesto a asumir un sobrecoste que no supera la cuantía que en su momento se ofreció a invertir para trasladar los colectores con tal de desbloquear el llamado plan de vías. El Principado ve con buenos ojos el soterramiento porque entiende que evitaría una compleja modificación de la red de saneamiento y facilitaría la reordenación urbanística. Y el ministro de Fomento está dispuesto a estudiar esta alternativa. Pero en su última visita a Asturias recordó que el convenio que concreta las aportaciones y el papel de cada administración ya debería estar firmado y el estudio informativo en marcha. Dicho de otra forma, el retraso que puedan acumular las obras es responsabilidad de quien ha llegado a última hora con cambios en lo que se había pactado.
Fomento ha comprometido más de quinientos millones para completar el metrotrén hasta Cabueñes y construir una estación intermodal que, según sus cálculos, debería estar terminada en 2023. Una inversión que ni siquiera los más optimistas podían imaginar hace un año, cuando el proyecto agonizaba y las tres administraciones ni siquiera habían logrado ponerse de acuerdo sobre el emplazamiento de la futura estación. Tuvo que llegar un nuevo ministro dispuesto a escuchar las reivindicaciones de una ciudad avergonzada de que los trenes lleguen a una especie de casetón prefabricado. Fue necesaria la insistencia de una alcaldesa que supo reclamar el proyecto en el momento político más oportuno, justo cuando el voto de su partido resultaba fundamental para aprobar los presupuestos del Estado. El cambio de titular en la Consejería de Infraestructuras terminó con la contumaz oposición del Principado. Una infrecuente conjunción de políticos de tres partidos distintos unidos por el convencimiento de que las promesas vacuas, las zancadillas y el discurso de que ‘la culpa es del vecino’ habían agotado la paciencia de los respetables votantes. Capaces también de asumir la evidencia de que algo había que hacer para acabar con la indecorosa imagen de que la mayor ciudad de Asturias tenga por estación un apeadero gigante con vistas a un descampado, un túnel con aspecto de cloaca que cruza la ciudad y una terminal de autobuses reducida a poco más que unos andenes. Íñigo de la Serna, Fernando Lastra y Carmen Moriyón supieron ver que no existía ganancia para ninguno en prolongar el suplicio de toda una ciudad. Esa misma certeza debe llevarles ahora a encontrar una solución al último cabo suelto para firmar el convenio que permitirá que el tan anhelado AVE tenga en Asturias la estación que merece al final de su recorrido y que las miles de personas que cada día cruzan Gijón hacia el campus o el Hospital de Cabueñes lleguen a su destino en un transporte moderno, seguro y ecológico. El mismo y aplaudido sentido común que les llevó al acuerdo debería animarles ahora a superar este último obstáculo en el menor tiempo posible por más que algunos les inviten a regresar a los viejos modos.