La tentación de la opacidad

Siete años y siete meses se hizo esperar la sentencia del ‘caso Renedo’. La denuncia de una mujer, atónita tras descubrir que una alta funcionaria regional había usurpado su identidad para desviar a su cuenta ayudas del Principado, llevó a la Policía y a una jueza a tirar de un hilo en cuyo extremo se encontraron a la cúpula de Educación compinchada con dos de las principales empresas suministradoras de la consejería para enriquecerse a costa del dinero de los asturianos. No ha sido el primer asunto de corrupción juzgado en Asturias. Antes, otros funcionarios y políticos fueron condenados. Pero nunca una investigación había terminado con 43 imputados, ocho condenas, unas penas que suman 40 años de cárcel y 6,7 millones de multa. Nunca los reos habían ocupado tan altas responsabilidades en la Administración ni habían llegado a condicionar el funcionamiento de una de las consejerías con mayor presupuesto para hacer compatible la gestión ordinaria con el cotidiano lucro personal. Las empresas financiaban a los altos cargos viajes, coches y hasta obras particulares. A cambio se llevaban la mayor parte de los contratos, algunos ficticios. El consejero José Luis Iglesias Riopedre pedía a los empresarios que contratasen los estudios geológicos a su hijo. Unos costosos sondeos para las arcas públicas que aseguraban a los benefactores la prioridad en las adjudicaciones. En esa tesitura, la ‘número dos’ de la consejería, María Jesús Otero, disfrutaba del privilegio de conocer los apaños que imponían el silencio a su jefe y el poder suficiente para conseguir, según recoge un informe policial, que las principales empresas abastecedoras de equipamiento para los colegios asturianos costeasen por anticipado sus gastos en joyerías.
El Gobierno asturiano cuantifica en «al menos cinco millones» el dinero que pasó de las arcas públicas a los bolsillos de los ahora penados. Acostumbrados nuestros oídos a las escandalosas cifras de los grandes casos de malversación en España aún habrá quien se encargue de buscar la benevolente comparación con los grandes corruptos ibéricos. Por muy misericordioso que se pretenda ser, la cuantía resulta demasiado indecente para pensar que lo ocurrido se redujo a un momento de debilidad personal. Hace falta un proceso sistemático para sisar esta cantidad de euros en contratos de obras menores, todo un entramado que terminó por condicionar la compra de muchas de las mesas y sillas en las que se sientan los escolares asturianos. Las penas impuestas por la Audiencia Provincial así lo refrendan además.
Si algo ha demostrado la investigación fue la ineficacia de la Administración para detectar la corrupción en su seno. De no haber sido por la torpeza de Marta Renedo de falsificar la firma de su jefe, lo que llevó a sus superiores en el Principado a presentar una denuncia y a los jueces a autorizar escuchas telefónicas, José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero estarían disfrutando de una apacible jubilación. La detención del exconsejero y su mano derecha terminó con la sensación de invulnerabilidad de los altos cargos, fortaleció el rigor en los controles y devolvió protagonismo a los funcionarios encargados de velar por la legalidad. Su condena deja claro que la justicia asturiana no titubea al repartir años de cárcel ante unos delitos que antes la sociedad parecía considerar menores y ahora intolerables.
Sin embargo, la resolución judicial no termina con la indignación de los ciudadanos. En primer lugar, porque a la mayoría les cuesta creer que los convictos ingresen en prisión y menos aún que devuelvan el dinero sustraído. Aunque también debería preocuparnos la situación de una justicia que ha tardado casi cuatro años en dictar sentencia desde que el juez Ángel Sorando diera por cerrada la instrucción, un tiempo en el que los culpables ya se sentían libres y los inocentes injustamente condenados. Y más aún debería inquietarnos que todas las leyes que los partidos anunciaron a bombo y platillo para garantizar la transparencia y perseguir la corrupción en Asturias lleven enfangadas en el Parlamento el tiempo suficiente para ofrecer a los políticos y funcionarios la tentación de una sugestiva opacidad. Si son tan necesarias como nos han dicho, mal se entiende que les cueste tanto aprobarlas.

CORRUPTOS

La naturalidad con la que Francisco Correa relató ante el juez su conversión de modélico directivo en adinerado comisionista, su perversa presentación de la mordida como una práctica habitual provocan más tristeza que asombro. «De bien nacidos es ser agradecidos», declaró con el aplomo de quien aún aspira a la honorabilidad del delincuente cabal, dispuesto a pagar en la cárcel la vergüenza de haber sido atrapado, pero no la deshonra de actuar contra las normas de su calaña. Por eso, su forzada confesión mueve a la lástima. No hacia el personaje en sí, sino por lo que su testimonio refleja de una sociedad que le ha permitido creer que lo único que debe reprocharse son los errores que descubrieron sus tejemanejes. Alrededor de la política y los negocios pululan individuos como Correa. Hombres de éxito, admirados, aceptados en los círculos más selectos y capaces de cualquier cosa con tal de acrecentar su patrimonio. Son tipos que nunca se presentarán a unas elecciones, pero que medran alrededor de quienes tienen en sus manos el dinero público. Con todo, estos sujetos no son los peores, sino quienes han creado el ecosistema en el que prosperan con tanta robustez que parecen inevitables. Sus palabras reivindican una España para los listos, en la que el pillaje se da por descontado y el honesto es tachado de torpe, en la que una buena mentira vale más que una gran idea si produce los mismos beneficios y donde los defraudadores se sienten justicieros. Desde luego, muchos ciudadanos no estarían tan cabreados si no lo hubieran visto así y pensaran, una vez más, que los creen idiotas.
El azar quiso que la declaración del presunto cerebro de la trama ‘Gürtel’ coincidiera en el tiempo con el ingreso en el hospital de José Ángel Fernández Villa, para quien el tribunal que debe juzgarle ha pedido una prueba neurológica con el fin de establecer si está en condiciones de testificar sobre el origen de su fortuna. Es probable que el exlíder del SOMA, si su delicada salud se lo permite, sufra similares remordimientos que Francisco Correa. También que albergue los mismos sentimientos: la vergüenza de no haber sido lo bastante inteligente para eludir a los investigadores, la afrenta de sentirse traicionado por quienes le hicieron creerse invulnerable y la humillación de resultar rechazado por los que antes le halagaban. Me atrevo a pensarlo porque como en otros casos de notables corruptos que les han precedido, ninguno de los dos ha expresado a los ciudadanos cuya confianza han malversado más disculpas que las aconsejadas por sus abogados defensores. Aunque vivan en un país obligado a congelar las incorporaciones al servicio público, cuyos profesores interinos se ven forzados a pleitear una carrera profesional, en el que el coste de la sanidad se mantiene en entredicho, que teme por el futuro de sus pensiones y en el que muchos jóvenes reciben su legado como un timo. A los corruptos poco les importa todo eso. Ellos no acostumbran a pedir perdón porque creen sus acciones más que justificadas. Están convencidos de que otros ocuparán su lugar para hacer lo mismo y, gracias a sus tropiezos, tal vez con mejor fortuna. Con ese credo no terminarán las sentencias de los jueces. Tampoco la pobre justificación esgrimida por algunos políticos de que los encarcelamientos prueban la intransigencia frente a los delincuentes, ni la demagogia que otros repiten con cada detención para amortizar el desgaste del adversario, ni el abuso de la vía judicial como una demostración de rigurosa persecución de los mangantes. Combatir la corrupción resultará mucho más trabajoso de lo que buena parte de nuestra clase política intenta hacernos ver. Antes, los partidos tendrán que asumir que es tan factible como necesario. Y luego, legislar para protegernos, no para contentarnos.

HECHOS PROBADOS

Nadie se lo habrá dicho, pero en Asturias hay quien se siente en deuda con Azucena. Su denuncia por suplantación de identidad permitió desenmascarar a Marta Renedo, la funcionaria que utilizó sus datos personales para subvencionarse sus zapatos Louboutin y alguna que otra escapada a París. Convencida de su impunidad, Renedo incluso se constituyó en empresa para adjudicarse contratos de mayor cuantía cuando las ayudas a los emigrantes retornados no le alcanzaron para llegar a su gravoso fin de mes. A la demanda de Azucena se sumó la del director general de Modernización, José Alberto Pérez Cueto, cuando descubrió que su firma, falsificada, adjudicaba contratos a una sociedad de la jefa de servicio de Procesos Administrativos.
El Principado abrió sus puertas a la Policía y los jueces para que investigasen las felonías de la considerada hasta entonces colaboradora ejemplar, pero una vez dentro los agentes decidieron levantar algunas alfombras y pinchar unos cuantos teléfonos. Las pesquisas se cerraron con trece imputados, entre ellos el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, y dos destacados empresarios. El fiscal sostiene que a cambio de regalos de todo tipo, incluidos contratos con la empresa del hijo del titular de Educación e inversiones en las sociedades familiares de la ‘número dos’ de la consejería, la Administración regional llegó a comprar equipamientos que los centros educativos no necesitaban y que en ocasiones ni siquiera recibían.
Mañana comienza un proceso judicial en el que los acusados afrontan 57 años de cárcel. Amparados por la presunción de inocencia se sentarán en el banquillo ante tres magistrados de la Audiencia Provincial. Los delitos que se les imputan aún están por demostrar. Aunque en el ‘caso Renedo’ existen ya hechos probados. El primero, las evidentes carencias que padece la justicia asturiana. Casi seis años tardó en completarse la instrucción de un caso en el que sobraron trabas y faltaron medios. Ángel Sorando, el juez que aprovechaba sus vacaciones para redactar los autos durante la investigación, terminó por pedir su traslado fuera de Asturias en cuanto completó su tarea. A los magistrados encargados de dictar sentencia les ha costado conseguir no solo personal de refuerzo, sino un escáner y hasta un sistema de videoconferencia. Por suerte para la Audiencia, reducir a menos de la mitad los treinta imputados iniciales ha facilitado la labor. Las modestas peticiones del tribunal, convertidas en problemas, dan una idea de los exiguos pertrechos con los que cuenta el poder judicial en Asturias para combatir la corrupción.
Un lustro de lentas averiguaciones también sirvió para demostrar la debilidad de un modelo de adjudicaciones en el que los controles de la Administración apenas lograron frenar una mínima parte de las supuestas irregularidades que ahora se juzgan. La absolución o la condena de quienes ocuparán el asiento de los acusados atañe únicamente a los jueces, pero cimentar un sistema que no tolere las corruptelas de presuntos funcionarios y supuestos políticos corresponde a los legisladores. Aunque el ‘caso Renedo’ llevó al Ejecutivo regional a modificar las fórmulas de contratación, los partidos asturianos parecen más preocupados en soslayar los mangantes propios y convertir en votos los ajenos que en tapar las grietas por las que se esfuma el dinero del contribuyente. Resultará complicado evitar la convicción de que por este camino no acabarán entre rejas los más nocivos, sino los más torpes. Como la funcionaria que intentó convencer a Azucena de que aceptara un regalito a cambio de no ir con el cuento a la comisaría.