LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN

En las calles de Oviedo coincidieron esta semana dos protestas reflejo de las nada bonancibles circunstancias de la educación. A la misma hora en que profesores, padres y hasta alumnos de los colegios concertados recorrían las calles de la capital asturiana para rechazar un recorte de aulas que entienden excesivo y arbitrario, los profesores de la enseñanza pública se manifestaban para reclamar la prometida restauración de sus condiciones laborales. Unos y otros corearon consignas ‘contra Genaro’ (Alonso), el consejero al que esta legislatura le toca lidiar con unos problemas cuya solución siempre termina por darse de bruces con el presupuesto. El titular de Educación ha tenido que responder a unos y a otros. A los centros conveniados, les ha dicho que las matriculaciones marcan el número de aulas que la Administración está dispuesta a costear, por mucho que los responsables de estos colegios digan que en algunos casos se han suprimido grupos por un alumno, que reivindiquen el histórico papel que han desempeñado en la enseñanza asturiana o recuerden sus buenos resultados académicos. En su caso, la demografía lo es todo y el Principado considera ilógico mantener la financiación cuando el número de alumnos es menor. «El deber de la Administración es gestionar con eficiencia y no sostener lo que no se puede mantener», ha justificado Genaro Alonso.
A los profesores de los centros públicos se les aumentó el horario con la promesa de restituir sus anteriores condiciones en cuanto la economía lo permitiera. Otras regiones ya se han atrevido a hacerlo. Asturias ha decidido esperar «por prudencia». En este caso, el titular de Educación entiende la pretensión de los profesores, pero recordó que el Gobierno central considera que no ha llegado el momento de aplicar una reducción de la carga lectiva que conllevaría un aumento de personal.
Ni públicos ni concertados pueden albergar demasiadas esperanzas de que manifestarse les ayude demasiado. Al margen del debate muchas veces más demagógico que útil sobre el modelo educativo de los distintos centros, la realidad que afrontan quienes cogen la tiza cada mañana no es tan distinta. Y en los últimos años ha estado marcada por los recortes en el gasto, la carencia de un proyecto estable, las discrepancias políticas y el abismo entre lo que se ha dicho esperar de la educación y lo que se ha hecho para conseguirlo. Los profesores no han sido ajenos a la congelación de sueldos y al aumento de horarios que la crisis ha impuesto en casi todos los empleos. Sus incentivos han bajado, el número de alumnos por aula ha crecido, el tan pregonado apoyo a la diversidad se ha diluido y los prometidos recursos para modernizar los centros han llegado con cuentagotas. En la sociedad de la tecnología y el conocimiento quedan colegios donde internet va según en qué aula e institutos en los que a muchos docentes la burocracia les ocupa más tiempo que las tutorías. Los educadores que se han jubilado en los últimos años han trabajado bajo la tutela de siete leyes distintas, todas efímeras, marcadas por las convicciones del Gobierno de turno y descafeinadas por el siguiente. Los ordenadores encargados por Zapatero y pagados por todos para situar a los colegios españoles en la vanguardia se apilan ya obsoletos. La reválida concebida por el Gobierno de Rajoy para elevar los resultados académicos resultó tan poco convincente que al final se ha quedado en un remedo de la selectividad de toda la vida. Esa es la realidad ante la que algunos profesores se resignan, otros protestan y la mayoría hace lo que puede. Todos, con menos autoridad de la que necesitan y con frecuencia con una consideración inferior a la que merecen.
A pesar de todo ello, le pedimos a la educación que prepare mejor a nuestros hijos, que construya una sociedad más justa e incluso que se convierta en el motor de la transformación que debe llevarnos de la inestable economía del ladrillo a competir con las principales potencias tecnológicas. Para conseguirlo, lo único que casi todos los líderes políticos han hecho hasta el momento ha sido invocar la necesidad de una ley de consenso y expresar su convicción sobre la importancia del sistema educativo para el futuro de nuestro país. Eso dijeron en la última campaña electoral, que tuvo en común con todas las anteriores las mismas declaraciones. ¿Y hasta la próxima?

MALA EDUCACIÓN

Después de tres años de guerra educativa, el Gobierno ha decidido convertir las reválidas en un ejercicio escolar, casi en un día de asueto, y recuperar la vieja Selectividad. La reforma educativa del Partido Popular, irrenunciable con mayoría absoluta, se ha convertido en prescindible, urnas mediantes. La educación española tiene ahora ocasión de encontrar un consenso del que jamás ha disfrutado y solucionar sus problemas, que no son pocos, sin caer de nuevo en la habitual tentación de los partidos de poner su marchamo ideológico en los libros de texto. En diez legislaturas, los colegios han tenido que adaptarse a siete leyes distintas. Esta misma semana, los profesores asturianos han reclamado para sí la misma protección legal ante las agresiones de la que disfrutan los médicos. Entre otras situaciones, relataron el caso de una madre de un niño de Infantil que llegó a agredir al maestro porque retrasó la hora de salida de clase. Una encuesta elaborada por el sindicato ANPE asegura que el 57% del profesorado no se siente apoyado por la dirección de su centro y que el 14% no sabe o prefiere no contestar. El mismo informe detecta un aumento de la indisciplina, las conductas agresivas de alumnos y los enfrentamientos con los padres.
Tampoco las familias parecen demasiado satisfechas con la atención que reciben sus hijos. «Somos parte de la comunidad educativa, pero cuando opinamos sobre algo relacionado con la escuela que no sea hacer fiestas y trajes o repartir lotería se nos reprocha argumentando que nos entrometemos en la labor docente», ha dicho la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Los padres acaban de poner fin a una huelga contra los deberes con la que han tratado de reivindicar su derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas en el ámbito familiar, «de carácter privado, sin que la escuela pueda invadirlas».
Padres y profesores pueden tener opiniones diversas, resulta comprensible. Es una de las razones por las que depositamos en la Administración la responsabilidad de organizar el sistema educativo. Sin embargo, los partidos se han empeñado con reiteración en formar afiliados antes que ciudadanos. Y periódicamente, cuando algún supuestamente infalible organismo internacional deja a nuestros colegios en mal lugar o nuestras universidades aparecen en los últimos puestos de las clasificaciones de excelencia se reabre el debate sobre la necesidad de revisar el sistema educativo español. Es entonces cuando nos preguntamos si queremos ser suecos o coreanos, construir universidades como las norteamericanas o establecer programas de formación profesional como los de Alemania. Pero nos guste más o menos, seguimos siendo españoles. La educación asturiana, según el último informe del Estudio Internacional en Matemáticas y Ciencias, obtiene buenas calificaciones, incluso por encima de la media de los 64 países evaluados. A pesar de sus diferencias, las familias y profesores algo hacen bien incluso cuando las administraciones no han demostrado la menor coherencia al trazar el camino a seguir. No obstante, el mismo estudio que ha servido al Principado para felicitarse también indica que el 30% de los estudiantes presencia de forma esporádica situaciones de acoso, que repetir curso es casi sinónimo de fracaso y que uno de los elementos que más influye en el éxito escolar es la riqueza de las familias. Indicadores tal vez más relevantes que la posición en el ránking de turno, por mucho que nos guste compararnos con los demás, y que no se arreglan con más carga lectiva ni con entrenar los test con los que se evalúa a los centros. Problemas cuya solución requiere ideas claras, leyes estables y recursos económicos sin los que a largo plazo solo podemos aspirar a un tipo de educación: mala.

REVÁLIDA ESPECTÁCULO

Un catedrático de Derecho de la Universidad de Salamanca forjó su reputación de ‘hueso’ entre el alumnado con un repertorio de peculiaridades que incluían la costumbre de acudir a los exámenes de impecable traje negro, corbata incluida. Justificaba su ineludible atuendo, un infausto augurio para muchos de sus discípulos, con el argumento de que «todo el mundo tiene derecho a su parte del espectáculo». No ignoraba que las pruebas finales suponían un angustioso trance para sus alumnos, atenazados muchos por el nerviosismo y el convencimiento de que en cada nota se jugaban parte de su futuro. Sospecho que, en el fondo, su rigurosa solemnidad no era más que una silenciosa e inconfesable carcajada ante los muchos que entre los muros académicos aún equiparaban lo aparente con lo importante.
En Asturias, ocho mil escolares de sexto de Primaria están convocados a la reválida el próximo 15 de junio. Los alumnos dispondrán de 85 minutos para demostrar sus competencias en lengua castellana y, tras un descanso de casi media hora, afrontarán otro examen que medirá sus conocimientos de Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Los tutores corregirán las pruebas y una comisión de siete personas elegidas por la Consejería de Educación pondrá la calificación final. Los resultados serán remitidos a los centros, que los comunicarán a las familias. De esta forma, profesores, padres y alumnos dispondrán de las conclusiones de una evaluación que el consejero de Educación, Genaro Alonso, considera «una maldad». Entre las autonomías que llegarán a gastarse más de 300.000 euros para contratar a una empresa que se ocupe de llevar a cabo estos exámenes y las que se han negado a realizarlos, Asturias ha optado por una solución que pretende salomónica: una reválida más barata y casi opcional. Los alumnos no lo tendrán difícil para esquivar la prueba, un justificante de los padres será suficiente para librarse de ella. Diversas asociaciones de estudiantes, sindicatos y movimientos en favor de la escuela pública han organizado durante los últimos días charlas para promover la insumisión frente a un examen que consideran inútil. Una reválida descafeinada es lo que ha quedado de una prueba que el Partido Popular había incluido en la LOMCE con el objetivo de evaluar la calidad de la educación. Solo la continuidad de los populares en el Gobierno garantiza una mínima pervivencia de una norma cuestionada por Ciudadanos y rechazada por todos los partidos de izquierda, que ven en ella el camino abierto hacia la privatización de la enseñanza.
El Gobierno en funciones plantea las reválidas como una contribución a la mejora de la educación, pero no ha logrado convencer a los profesores de la necesidad de que su trabajo sea revisado por una consultora para comprobar si los niños han aprendido lo suficiente. La oposición ahora en campaña ya ha alcanzado un acuerdo que garantiza la derogación de la ley en caso de contar con mayoría en el Parlamento. Lo único en lo que los partidos políticos han estado de acuerdo sobre la educación en los últimos años ha sido en la necesidad de un consenso que nunca ha pasado de una declaración de intenciones. El debate se ha quedado en las reválidas, la religión y las lenguas cooficiales. Relevantes cuestiones, sin duda. Como lo son la formación del profesorado, los incentivos para quienes se ocupan de educar a nuestros hijos, las carencias de equipamiento que sufren los centros, las becas que reciben los estudiantes, la asfixia de la escuela rural o los más de 31 millones de euros que cuestan solo en Asturias un porcentaje de alumnos repetidores en Secundaria que duplica la media de los países de la OCDE. De esto último también se habla, pero cuesta oír las propuestas, ahogadas por el griterío ideológico. Y desdibujadas por los tópicos. Entre ellos, la necesidad de un modelo académico que aproxime nuestros resultados a los de Corea del Sur en el informe Pisa. Mientras nuestros docentes sueñan con emigrar a Finlandia, donde pocos empleos ofrecen tanto prestigio como el de maestro, en España iniciamos el debate por la reválida. La Consejería de Educación intentará que «perturbe lo menos posible la dinámica de los centros y minimizar los efectos negativos de la prueba, aprovechando lo bueno que pueda tener». En definitiva, garantizar el espectáculo para cumplir la ley. Como en aquel profesor de Derecho, bajo el atavío se intuye el sarcasmo.