LA MOCIÓN DE CENSURA

Pablo Iglesias ha demostrado una vez más su extraordinaria capacidad para atraer hacia sí los focos del corral de comedias que los partidos llaman escenario político. Mientras el PP buscaba la manera de vadear el cenagal de la corrupción y los socialistas andaban atareados recogiendo avales, Podemos anunció con redoble de tambores una moción de censura como la solución a «una cuestión de emergencia nacional». El partido de Iglesias justifica el momento elegido por la imperiosa necesidad de frenar «la avalancha de saqueo y corrupción» del Gobierno de Mariano Rajoy. Los argumentos se los ha dado un político que durante veinte años vivió del dinero de los contribuyentes en altos cargos de la Administración y ahora como recluso de Soto del Real. La trama de corrupción que la Guardia Civil atribuye a Ignacio González justifica todas las iniciativas que los partidos sean capaces de llevar a cabo para terminar de una vez con el coladero legal que durante años ha permitido a quizás no tantos, pero desde luego demasiados, hacer de la política una actividad mafiosa.
Otra cuestión es cuánto contribuirá la iniciativa de Pablo Iglesias a solucionar este asunto. La moción, que muchos en el Congreso aún no tienen claro si es contra Rajoy o contra el PSOE, ha sido lanzada sin negociar los posibles apoyos parlamentarios ni concretar el necesario candidato a la Presidencia. Hasta el momento, su único respaldo son los 71 diputados del partido que ha decidido presentarla. La dirección interina de los socialistas no ve en ella más que un intento de torpedear la elección de su secretario general y de mostrarles, una vez más, como los aliados de una derecha irremediablemente corrupta. Así que sus principales líderes se han apresurado a descalificar la propuesta y recordarle a Podemos que se podría haber ahorrado la moción si hubiese apoyado a su candidato en la investidura. Ni siquiera en Izquierda Unida, su aliado electoral, la apresurada moción ha convencido a todos. Gaspar Llamazares cree que utilizar un mecanismo parlamentario concebido para derribar a un presidente como «un termómetro para ver quién está en connivencia con el PP» terminará por dividir aún más a la izquierda. Y paradójicamente, los más satisfechos de que intenten censurar a su presidente parecen los diputados del PP. La posibilidad de transformar la moción en un refrendo puede suponer un balón de oxígeno para un Ejecutivo al que le cuesta sumar los votos necesarios para aprobar el presupuesto. «Los que querían asaltar los cielos han pasado a ser un brindis al sol». La valoración del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, refleja la confianza de su partido en que la ofensiva de Podemos para tomar la Moncloa quedará reducida a un ondear de banderas. Así que a los populares solo les ha faltado darle las gracias a Pablo Iglesias por ofrecerle a Rajoy la oportunidad de decir en el Congreso que una izquierda ocupada en acuchillarse mal puede suponer una alternativa.
La iniciativa de Podemos no carece de legitimidad. Más de cinco millones de votantes dieron su confianza a Pablo Iglesias en las últimas elecciones generales para representarles en el Congreso y utilizar los mecanismos que la Constitución pone a su alcance para llevar a cabo su programa. Entre ellos la moción de censura, la posibilidad que todos los países democráticos aplican como solución a la parálisis política, el bloqueo parlamentario, la ineptitud de sus gobernantes, los escándalos o simplemente la necesidad de unas nuevas elecciones. Con ella se garantiza a los ciudadanos la certeza de que la democracia ofrece alternativas al suplicio de lo insostenible. Por eso, conviene no degradarla a una mera excusa para el vocerío parlamentario. Lo peor que se puede perder en una moción de censura es la confianza de los ciudadanos en ella. En este caso, el resultado está por ver.

EL VALOR DE LA HISTORIA

Dos mil días y 168 detenidos después de declarar el alto el fuego, ETA ha anunciado que entregará las armas. El negocio cimentado en 829 asesinatos baja la persiana cuando han pasado ya siete años de su último crimen. El 17 de marzo de 2017 aparecerá en los libros de historia. Esperemos que no como pretenden los albaceas del testamento terrorista, sino como la fecha en la que los españoles derrotaron a una banda que no puso fin a su barbarie por convicción, sino ante la fuerza de la democracia. ETA camina hacia su disolución acorralada por el rechazo de la ciudadanía, la fortaleza del Estado de derecho y el extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Le quedan alrededor de trescientas armas desperdigadas por zulos en el monte y domicilios de sus colaboradores. Obsoletas, pero aún mortales, la organización se resistía a entregarlas para forzar a los gobiernos de España y Francia a escenificar una negociación. Ha fracasado en su objetivo. En febrero de 2013, la delegación terrorista que aguardaba en Noruega la llegada de algún enviado del Gobierno fue expulsada del país a petición de España. Poco después, dos encapuchados pusieron un minúsculo arsenal en manos de dos miembros de una comisión internacional de verificación, un paripé para darse importancia que tampoco les sirvió de nada. La propuesta del Ejecutivo vasco de ocuparse del desarme ni siquiera tuvo respuesta de Rajoy. La banda anuncia ahora que cederá su arsenal a un centenar de simpatizantes antes del 8 de abril para que lo entreguen. Otro acto de propaganda al que acertadamente no ha querido sumarse el Gobierno español. Serán las autoridades francesas quienes reciban unas armas entre las que probablemente no estarán las que ayudarían a resolver los 300 crímenes a cuyos autores la Justicia española aún no ha podido poner nombre.
ETA y sus simpatizantes intentan lavar su imagen para la posteridad, levantar la moral de sus tropas encarceladas, convertir su inevitable rendición en un armisticio y vincular sus siglas a la política vasca como si su única contribución no fuera el dolor. La pretensión de la banda de equiparar a los asesinos con el resto de los ciudadanos nada tiene que ver con el perdón, un desgraciado derecho que solo corresponde a las víctimas, ni con la paz, que no hicieron más que postergar con su sangrienta obcecación por encontrar una fórmula lo bastante cruel como para acabar con la resistencia de los demócratas. La clase política no debe permitir que los asesinos endulcen su capitulación ni obtengan beneficio de ella. La indiferencia, aunque sea alentada por los mejores deseos, no cabe ante la actual estrategia de los terroristas. Los últimos responsables de coordinar a los pocos delincuentes que siguen libres y los muchos que están en prisión aspiran a mantenerse como gestores de las concesiones que puedan arrancar a los partidos. Supondría una equivocación aceptar su juego cuando solo sin más alternativas han entregado sus armas, después de pensárselo durante cinco años en los que aún han intentado sacar tajada de la mucha sangre derramada. No son ellos ni tampoco los que durante décadas intentaron aprovecharse de sus crímenes bajo unas siglas que suponían una burla a la democracia quienes tienen derecho a dictarnos la crónica de su final. Es la mayoría de la sociedad española, obligada a pagar con sangre sus convicciones, la que debe relatar, sin omisiones, sus sacrificios para alcanzar la paz. El olvido solo interesa a quienes tienen razones para desearlo. La memoria, en cambio, permitirá que quienes tengan la suerte de conocer a ETA solo por lo escrito sepan cuánto nos ha costado lo que tenemos. Por eso la historia es tan valiosa.

EL CAMINO DE LA SENSATEZ

Javier Fernández y Mariano Rajoy han tenido que dar un paso al frente en la última semana y superar incluso el discurso de sus propios partidos para enderezar el rumbo de la investidura. El líder socialista tiene ante sí la complicada tarea de acallar los ecos del ‘no es no’ que Pedro Sánchez había convertido en su grito de guerra. Al presidente en funciones no le ha quedado otra que llamar al orden a quienes en el PP quisieron aprovechar la situación para exigir poco menos que una humillante rendición incondicional del principal partido de la oposición. Ambos están convencidos de que las terceras elecciones supondrían un desastre. Y poco ganan sus partidos con otros comicios. El PSOE, fracturado y sin tiempo para preparar un candidato, solo podía esperar un batacazo electoral. El PP tampoco puede ignorar que parapetarse ahora en la intransigencia le restaría más apoyo que sus adversarios. Así que ambos dirigentes han apelado al discurso de la sensatez para acabar con el marasmo político propio de un estado fallido. El itinerario que ambos han elegido solo puede conducir a la investidura. Para facilitar el viraje socialista, Javier Fernández ha encontrado el concepto de ‘abstención técnica’, esto es, dejar que los conservadores gobiernen sin asumir más compromisos que el de ejercer una leal oposición. Este apoyo calculado, no más del preciso, permitirá al PP continuar en La Moncloa sin el riesgo de llevar a los socialistas a un atolladero que haga imposible el diálogo cuando las exigencias de Bruselas, el desafío soberanista o la financiación autonómica requieran una respuesta que sus 137 diputados no alcanzan a dar.
Quien alcanza la responsabilidad de gobernar debe asumir que los discursos bienintencionados solo sirven durante un tiempo antes de parecer excusas. Al poder Ejecutivo se le juzga por sus acciones más que por sus palabras. Mariano Rajoy y Javier Fernández lo saben. Y en Asturias, tareas tienen para demostrarlo. La más urgente para el Ejecutivo regional, la aprobación de unos presupuestos que conjuren el riesgo de una región encadenada a una prórroga que le impida tanto llegar a tiempo a una recuperación aún incierta como atender las profundas heridas que ha dejado la crisis. El Gobierno asturiano quiere que las cuentas reflejen la mayoría de izquierdas del Parlamento autonómico. Podemos e IU han advertido de que el respaldo a Rajoy aleja la posibilidad de un acuerdo. En mal lugar quedan los intereses de Asturias y sus políticos si sus cuentas solo dependen de lo que se decida en el Congreso de los Diputados. El PP asturiano, que durante la última semana ha reclamado altura de miras al presidente de la gestora socialista, dispone en este asunto de la ocasión de predicar con el ejemplo en su tierra. Si lo poco en lo que están de acuerdo todos los partidos es que una prórroga conduce a un insuficiente más de lo mismo algo más deberían hacer por evitarla que mirar a lo que acontece en Madrid.
El nuevo Gobierno central, amparado en su limitación de funciones desde hace un año, podrá actuar en el Principado con el sentido común que ha reclamado para facilitar la investidura. La variante de Pajares, la regasificadora de El Musel, la nueva depuradora de Gijón, la tarifa eléctrica o el futuro del carbón suponen para la región cuestiones demasiado trascendentales para aguardar al próximo cálculo electoral. Durante sucesivas legislaturas, el debate de los partidos sobre el futuro de Asturias se ha limitado a una tediosa y recíproca atribución de responsabilidades mientras sus decisiones acrecentaban el sentimiento de agravio respecto a otras autonomías. Nada más alejado de los intereses generales invocados durante las últimas semanas para ordenar la política española. Ahora que el camino anunciado es el de la sensatez, la clase política tiene en esta región un buen trecho para recorrer.

EL EDIFICIO SOCIALISTA

Pedro Sánchez parece inclinado a la fascinación ante la fatalidad de la izquierda. ‘La lengua de las mariposas’, dijo en una entrevista, ha sido tal vez la película que ha visto en más ocasiones. Quizás atraído por el magnetismo de los hombres dispuestos a morir por sus ideales. O simplemente quiso, cuando eligió el filme, recurrir a la heroica figura del maestro republicano trazado por Manuel Rivas para contrarrestar ante el electorado la imagen de candidato de cartón, adecuado para los carteles y obcecado por su ambición, que sus adversarios, dentro y fuera del PSOE, han intentando endilgarle. «A veces el infierno somos nosotros mismos». Esa fue una de las lecciones con las que don Gregorio, el inolvidable profesor del largometraje que tanto gusta a Sánchez, trascendió en sus alumnos más allá de la intransigencia de quienes acallaban las discrepancias a tiros. Ayer, el líder socialista descubrió su propio infierno en la sede de Ferraz. También él dejará sus enseñanzas a una generación de políticos fraguada en la convulsa etapa que le ha tocado vivir. Mucho han aprendido los dirigentes del PSOE y sus rivales a expensas de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, los riesgos de la improvisación para calmar la sed de democracia interna y liderazgo de sus militantes.
El PSOE eligió a su líder con el respaldo del 49% de sus afiliados. El secretario general se vio forzado a apagar los rescoldos con una ejecutiva en la que repartió los cargos entre los leales, los eventuales aliados e incluso sus oponentes. Todos juntos en el mismo ‘aparato’, la palabra con la que en el Partido Socialista resume su complejo sistema orgánico de cuotas territoriales e institucionales. De lograr unos resultados electorales convincentes dependía el futuro del secretario general. Pedro Sánchez perdió las suficientes elecciones para que el inestable edificio socialista se resquebrajara.
Ocupado en alcanzar el poder ha desatendido las necesarias reparaciones y las fisuras alcanzaron el tamaño de grietas. A través de ellas se han visto muchas de las cuestiones sin resolver que se apilaban en las estanterías de Ferraz: la mal resuelta transición con los anteriores liderazgos, la necesidad de encontrar un discurso diferenciado en la izquierda, la indefinición de la estrategia ante los partidos emergentes, la incapacidad de mantener la unidad entre los líderes territoriales y las profundas discrepancias para afrontar el desafío del nacionalismo. Las urgencias electorales reemplazaron debates imprescindibles por silencios en los que germinó la incomprensión. Las tretas, que muchas hubo, alimentaron los rencores hasta llegar al desprecio mutuo entre el secretario general y un amplio sector cada día más crítico. Y aunque algunas plantas de la construcción socialista amenazaban con derrumbarse, Pedro Sánchez decidió parapetarse en su despacho en lugar de salir a buscar ayuda por temor a encontrarse a la presidenta andaluza sentada en su sillón a la vuelta. El líder socialista se aferró al refrendo de las bases para evitar el desalojo forzoso de quienes le acusaron de anteponer su cargo a la pervivencia de las siglas. Un congreso no arreglará por sí solo lo mucho que el PSOE tiene por reparar, aunque nadie duda de que son los militantes el verdadero soporte de un partido obligado a solicitar a la Policía que se interpusiera entre quienes intentaban salvar sus muebles y las baronías, que prefieren emplear a fondo la piqueta, facilitar que España tenga un Gobierno e iniciar cuanto antes la refundación. El nuevo líder, quien sea que los militantes elijan, necesitará que unos y otros, los que quisieron desahuciar a Sánchez con una moción de censura y quienes intentaron cerrar las puertas desde dentro, participen en la reconstrucción antes de que solo quede un solar que malvender. La sonrojante reunión del comité federal que terminó con la dimisión de Sánchez hace dudar de que los cimientos del edificio socialista aguanten mucho más. Por el momento, su futuro queda en manos de una gestora y los buenos oficios de Javier Fernández.

POLÍTICOS ATRINCHERADOS

Pedro Sánchez ha aprovechado la tortuosa guerra de trincheras de la política española para lanzarse a la descubierta dentro de sus propias filas. El líder socialista quiere que el comité federal afloje sus ligaduras para negociar un pacto de gobierno o que sus díscolos barones se enfrenten a él en unas primarias tan apresuradas que cualquier alternativa, además de improvisada, aparezca ante los militantes como una desafección hacia el candidato electoral. El órdago del secretario general ha indignado a quienes dentro de su partido piensan desde hace meses que los 85 diputados conseguidos en las últimas elecciones aconsejan liderar la oposición, iniciar un proceso de reconstrucción interna que mantenga al PSOE como alternativa de gobierno y esperar a que la amenaza de Podemos se debilite. El gran inconveniente para Sánchez de esta estrategia es su certeza de que no cuentan con él para llevarla a cabo. Así que ha elegido un camino que amenaza con una fractura interna y conduce a una tercera convocatoria electoral. Si quiere impedirlo, el sector crítico que encarnan los presidentes regionales, tendrá que jugárselo todo a una carta. Lo que sea del partido se verá luego, antes se decidirá quién manda.
Tampoco en Podemos andan sobrados de unidad. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han decretado una tregua después de despacharse con algunos dardos que dejaron en evidencia sus discrepancias sobre el modelo de partido con el que pretenden aglutinar el voto de izquierdas. Sus diferencias resultan obvias desde hace tiempo, pero ni siquiera sus adversarios podían esperar que en plena campaña de las elecciones gallegas y vascas cometiesen la imprudencia de echar un pulso por el timón de la nave. Ahora que en Podemos hay cargos que ejercer y decisiones que tomar también existen las disputas internas.
Los partidos de la izquierda española intuyen que su futuro para los próximos años puede decidirse en pocos meses con unas nuevas elecciones por medio. Así que la mayor preocupación de sus líderes es fortificar su despacho y esperar que el tren del poder se detenga ante su puerta. En eso no existen diferencias ideológicas. Mariano Rajoy, a quien pronosticaban un otoño de sinsabores judiciales por la corrupción, confía en que su partido pueda ser el gran beneficiado si los ciudadanos se ven obligados a deshacer el entuerto con su voto. Albert Rivera, que no encuentra ninguna alegría en las previsiones de las encuestas, tiene que conformarse con recordar que ha hecho todo lo que sus escaños le permiten para que haya un gobierno. En todo caso, mientras sus votos resulten necesarios para la investidura de cualquiera, Ciudadanos no perderá protagonismo. Una nueva convocatoria electoral parece convenir a demasiados de quienes tienen en su mano evitarla. Por eso, las apelaciones a la responsabilidad y los intereses generales resultan tan poco creíbles como los debates de un Congreso en el que poco más se ha decidido que el reparto de cargos en la mesa.
Los días pasan con nuestros políticos atrincherados en su poltrona, ocupados en culparse unos a otros con los mismos argumentos desde hace meses y menos pendientes de sus adversarios en las urnas que de los enemigos con los que comparten siglas. Mientras, España sigue en funciones, las autonomías continúan sin interlocutor, los presupuestos se intuyen una quimera, las inversiones esperan a que escampe y los ciudadanos pierden la paciencia. En un país que aún intenta convencerse de que la recuperación es posible, los riesgos inmediatos de la parálisis institucional resultan evidentes. A largo plazo, las consecuencias estremecen.