EL HEROÍSMO DE LA DIGNIDAD

Ignacio Echeverría emigró a Londres, como tantos jóvenes españoles, en busca de las oportunidades que ofrecía una capital cosmopolita y pujante a un abogado especializado en la lucha contra la delincuencia económica. Sus restos mortales regresaron a España en un avión militar, con honores de héroe. La barbarie terrorista le ha convertido en lo que no pretendió, pero que nunca dejará de ser: un símbolo frente a los intentos de arrebatarnos la libertad a machetazos. Ignacio se enfrentó a los tres yihadistas que apuñalaban sin piedad a una mujer en el puente de Londres. El único policía que había llegado al lugar de los hechos, armado únicamente con su porra, cayó al suelo a merced de los verdugos. Del grupo de tres amigos que observaban la escena con incredulidad avanzó Ignacio, blandiendo su monopatín, para enfrentarse a tres individuos decididos a morir matando. Les plantó cara hasta que uno de ellos logró situarse a su espalda y asestarle una cuchillada mortal. Cada segundo que resistió en pie, ralentizó un ataque concebido para asesinar al mayor número posible de personas en poco tiempo. Los terroristas se habían atado latas a su pecho, simulando chalecos bomba. Querían infundir pavor, que sus víctimas temblaran con solo verlos para degollarlas sin que ofrecieran resistencia. Ignacio no corrió. No porque pensara en la magnitud de un ataque que ni siquiera la policía conocía en aquel momento. Su gesto respondió a sus creencias. Hay quien se ha preguntado cuánta reflexión previa se necesita para que una acción heroica se convierta en un símbolo cuando lo que importa es cuánto merecen la pena las razones por las que se llevó a cabo. El ejemplo de Ignacio Echeverría no se limita al arrojo de avanzar hacia la muerte, sino a los principios por los que vivía. Los mismos con los que su familia ha afrontado una situación que incluso el Gobierno español llegó a calificar de «inhumana».
La insoportable lentitud con la que las autoridades británicas llevaron a cabo la identificación de las víctimas, los errores en la vigilancia de dos de los tres yihadistas que participaron en el ataque, la insuficiente respuesta de unos políticos más ocupados en su campaña electoral que en atender a las víctimas justificarían las quejas de los familiares de Ignacio. Cuesta entender que una autopsia en la capital del Reino Unido se demore casi una semana. Solo la angustia de esperar a las puertas del hospital durante días la confirmación de que un hijo o un hermano está muerto haría comprensible cualquier desahogo. Sin embargo, dos de los hermanos de Ignacio comparecieron para agradecer con la entereza que fueron capaces de reunir la atención recibida de los funcionarios de la Policía británica, las explicaciones de la jueza que investiga el ataque y las atenciones de las autoridades españolas. Sin una concesión pública al enojo que tenían todo el derecho a sentir, sin permitirse ni siquiera el refugio de la soledad que a veces necesita el dolor. Sus convicciones les hacen creer que cualquier otra cosa hubiera sido conceder un mezquino triunfo a quienes asesinaron a Ignacio. Aquellos que buscan atemorizarnos y condicionar nuestra vida, quienes atentan contra las multitudes para hacernos observar con temor las celebraciones y acuchillan a ciudadanos indefensos para alimentar nuestra frustración. La dignidad con la que la familia de Ignacio Echeverría ha afrontado su muerte se sostiene en las mismas convicciones con las que él se enfrentó a los terroristas en el Puente de Londres. De ellas surge no solo el heroísmo, también las razones para defender nuestra libertad frente a la tentación del odio.

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN

En las calles de Oviedo coincidieron esta semana dos protestas reflejo de las nada bonancibles circunstancias de la educación. A la misma hora en que profesores, padres y hasta alumnos de los colegios concertados recorrían las calles de la capital asturiana para rechazar un recorte de aulas que entienden excesivo y arbitrario, los profesores de la enseñanza pública se manifestaban para reclamar la prometida restauración de sus condiciones laborales. Unos y otros corearon consignas ‘contra Genaro’ (Alonso), el consejero al que esta legislatura le toca lidiar con unos problemas cuya solución siempre termina por darse de bruces con el presupuesto. El titular de Educación ha tenido que responder a unos y a otros. A los centros conveniados, les ha dicho que las matriculaciones marcan el número de aulas que la Administración está dispuesta a costear, por mucho que los responsables de estos colegios digan que en algunos casos se han suprimido grupos por un alumno, que reivindiquen el histórico papel que han desempeñado en la enseñanza asturiana o recuerden sus buenos resultados académicos. En su caso, la demografía lo es todo y el Principado considera ilógico mantener la financiación cuando el número de alumnos es menor. «El deber de la Administración es gestionar con eficiencia y no sostener lo que no se puede mantener», ha justificado Genaro Alonso.
A los profesores de los centros públicos se les aumentó el horario con la promesa de restituir sus anteriores condiciones en cuanto la economía lo permitiera. Otras regiones ya se han atrevido a hacerlo. Asturias ha decidido esperar «por prudencia». En este caso, el titular de Educación entiende la pretensión de los profesores, pero recordó que el Gobierno central considera que no ha llegado el momento de aplicar una reducción de la carga lectiva que conllevaría un aumento de personal.
Ni públicos ni concertados pueden albergar demasiadas esperanzas de que manifestarse les ayude demasiado. Al margen del debate muchas veces más demagógico que útil sobre el modelo educativo de los distintos centros, la realidad que afrontan quienes cogen la tiza cada mañana no es tan distinta. Y en los últimos años ha estado marcada por los recortes en el gasto, la carencia de un proyecto estable, las discrepancias políticas y el abismo entre lo que se ha dicho esperar de la educación y lo que se ha hecho para conseguirlo. Los profesores no han sido ajenos a la congelación de sueldos y al aumento de horarios que la crisis ha impuesto en casi todos los empleos. Sus incentivos han bajado, el número de alumnos por aula ha crecido, el tan pregonado apoyo a la diversidad se ha diluido y los prometidos recursos para modernizar los centros han llegado con cuentagotas. En la sociedad de la tecnología y el conocimiento quedan colegios donde internet va según en qué aula e institutos en los que a muchos docentes la burocracia les ocupa más tiempo que las tutorías. Los educadores que se han jubilado en los últimos años han trabajado bajo la tutela de siete leyes distintas, todas efímeras, marcadas por las convicciones del Gobierno de turno y descafeinadas por el siguiente. Los ordenadores encargados por Zapatero y pagados por todos para situar a los colegios españoles en la vanguardia se apilan ya obsoletos. La reválida concebida por el Gobierno de Rajoy para elevar los resultados académicos resultó tan poco convincente que al final se ha quedado en un remedo de la selectividad de toda la vida. Esa es la realidad ante la que algunos profesores se resignan, otros protestan y la mayoría hace lo que puede. Todos, con menos autoridad de la que necesitan y con frecuencia con una consideración inferior a la que merecen.
A pesar de todo ello, le pedimos a la educación que prepare mejor a nuestros hijos, que construya una sociedad más justa e incluso que se convierta en el motor de la transformación que debe llevarnos de la inestable economía del ladrillo a competir con las principales potencias tecnológicas. Para conseguirlo, lo único que casi todos los líderes políticos han hecho hasta el momento ha sido invocar la necesidad de una ley de consenso y expresar su convicción sobre la importancia del sistema educativo para el futuro de nuestro país. Eso dijeron en la última campaña electoral, que tuvo en común con todas las anteriores las mismas declaraciones. ¿Y hasta la próxima?

LA HERENCIA DE LA POBREZA

Las administraciones han dado en llamarlos colectivo de difícil empleabilidad. Son trabajadores de mediana edad a los que la crisis ha dejado en el paro, madres de familia con niños a su cargo, jóvenes que no encuentran la oportunidad que merecen ni siquiera en precario. Muchos con una notable formación y una amplia trayectoria profesional han terminado en el saco de los nuevos pobres. El caso es que van camino de hacerse pobres antiguos sin más amparo que el salario social. Más de veinte mil asturianos necesitan esta prestación para poner un plato en la mesa. 2.090 viven pendientes de que se evalúe su situación para recibirla y otros seis mil aguardan a que se revise su petición en una angustiosa lista de espera. Cincuenta técnicos del Principado se ocupan de ellos. Si se toman su trabajo en serio, como merecen los ciudadanos para no ser tratados como expedientes, quienes hoy están los últimos de la cola serán atendidos dentro de año y medio. De este plazo, que costaría aceptar para el trámite administrativo más vulgar, depende la vida de muchas familias. Así que no resulta extraño que muchos de los beneficiarios del salario social rechacen un empleo si la perspectiva al final del contrato son dieciocho meses sin cobrar un euro. Pocos se atreven a correr ese riesgo. La mayoría se conforma con encontrar algún ingreso extra. Mientras los impuestos alcanzaron para financiar estas ayudas, casi nadie cuestionó su necesidad. Cuando la crisis disparó el número de solicitudes, la aplaudida red de protección social comenzó a mostrar la debilidad con la que estaban hilvanadas algunas de sus costuras. Las administraciones tienen dificultades para mantener su gasto, los funcionarios se ven desbordados y los beneficiarios de una ayuda concebida para salir del bache y evitar la exclusión se sienten condenados a la perpetua dependencia. Tacharles de conformistas como algunos hacen con excesiva facilidad resulta demasiado sencillo. Si tantas situaciones de necesidad tuvieran una conclusión tan simple, la solución también lo sería. Y no lo es. Como tampoco la picaresca de unos pocos permite juzgar a miles. Antes que a ellos, tal vez deberíamos condenar la impericia de los legisladores, que en ocasiones han abierto la puerta al oportunismo antes que a la justicia.
El Principado ha anunciado esta semana su intención de modificar los planes de empleo para que los beneficiarios del salario social tengan acceso prioritario. El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una renta social básica que les permitirá además hacer compras que alivien lo poco que dan de sí quinientos euros de la ayuda regional cuando todos los gastos de una familia dependen de ellos. Con ello, los gijoneses con menos recursos serán los asturianos que más ayuda reciban. Al menos, mientras el presupuesto municipal lo permita. Cada administración intenta romper a su manera los grilletes de la pobreza. Cada euro del presupuesto dedicado a evitar que un ciudadano viva de forma indigna no puede darse por malgastado. Pero quienes gestionan el dinero público no deberían limitarse a ofrecer analgésicos al dolor de unos padres obligados a decirle a su hijo que sus oportunidades corren a cargo de un subsidio. La crisis ha forjado una nueva sociedad en la que muchos no solo viven peor que antes, sino que han perdido la confianza en que su vida pueda mejorar algún día. De que no se desvanezca también su esperanza de legar a sus hijos algo más que un salario social depende nuestro futuro más de lo que podemos imaginar. La pobreza es la única herencia que aumenta en cada generación sin necesidad de hacer nada. Frente a ella, la política social no puede quedarse en un parche.

LA MOCIÓN DE CENSURA

Pablo Iglesias ha demostrado una vez más su extraordinaria capacidad para atraer hacia sí los focos del corral de comedias que los partidos llaman escenario político. Mientras el PP buscaba la manera de vadear el cenagal de la corrupción y los socialistas andaban atareados recogiendo avales, Podemos anunció con redoble de tambores una moción de censura como la solución a «una cuestión de emergencia nacional». El partido de Iglesias justifica el momento elegido por la imperiosa necesidad de frenar «la avalancha de saqueo y corrupción» del Gobierno de Mariano Rajoy. Los argumentos se los ha dado un político que durante veinte años vivió del dinero de los contribuyentes en altos cargos de la Administración y ahora como recluso de Soto del Real. La trama de corrupción que la Guardia Civil atribuye a Ignacio González justifica todas las iniciativas que los partidos sean capaces de llevar a cabo para terminar de una vez con el coladero legal que durante años ha permitido a quizás no tantos, pero desde luego demasiados, hacer de la política una actividad mafiosa.
Otra cuestión es cuánto contribuirá la iniciativa de Pablo Iglesias a solucionar este asunto. La moción, que muchos en el Congreso aún no tienen claro si es contra Rajoy o contra el PSOE, ha sido lanzada sin negociar los posibles apoyos parlamentarios ni concretar el necesario candidato a la Presidencia. Hasta el momento, su único respaldo son los 71 diputados del partido que ha decidido presentarla. La dirección interina de los socialistas no ve en ella más que un intento de torpedear la elección de su secretario general y de mostrarles, una vez más, como los aliados de una derecha irremediablemente corrupta. Así que sus principales líderes se han apresurado a descalificar la propuesta y recordarle a Podemos que se podría haber ahorrado la moción si hubiese apoyado a su candidato en la investidura. Ni siquiera en Izquierda Unida, su aliado electoral, la apresurada moción ha convencido a todos. Gaspar Llamazares cree que utilizar un mecanismo parlamentario concebido para derribar a un presidente como «un termómetro para ver quién está en connivencia con el PP» terminará por dividir aún más a la izquierda. Y paradójicamente, los más satisfechos de que intenten censurar a su presidente parecen los diputados del PP. La posibilidad de transformar la moción en un refrendo puede suponer un balón de oxígeno para un Ejecutivo al que le cuesta sumar los votos necesarios para aprobar el presupuesto. «Los que querían asaltar los cielos han pasado a ser un brindis al sol». La valoración del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, refleja la confianza de su partido en que la ofensiva de Podemos para tomar la Moncloa quedará reducida a un ondear de banderas. Así que a los populares solo les ha faltado darle las gracias a Pablo Iglesias por ofrecerle a Rajoy la oportunidad de decir en el Congreso que una izquierda ocupada en acuchillarse mal puede suponer una alternativa.
La iniciativa de Podemos no carece de legitimidad. Más de cinco millones de votantes dieron su confianza a Pablo Iglesias en las últimas elecciones generales para representarles en el Congreso y utilizar los mecanismos que la Constitución pone a su alcance para llevar a cabo su programa. Entre ellos la moción de censura, la posibilidad que todos los países democráticos aplican como solución a la parálisis política, el bloqueo parlamentario, la ineptitud de sus gobernantes, los escándalos o simplemente la necesidad de unas nuevas elecciones. Con ella se garantiza a los ciudadanos la certeza de que la democracia ofrece alternativas al suplicio de lo insostenible. Por eso, conviene no degradarla a una mera excusa para el vocerío parlamentario. Lo peor que se puede perder en una moción de censura es la confianza de los ciudadanos en ella. En este caso, el resultado está por ver.

EL VALOR DE LA HISTORIA

Dos mil días y 168 detenidos después de declarar el alto el fuego, ETA ha anunciado que entregará las armas. El negocio cimentado en 829 asesinatos baja la persiana cuando han pasado ya siete años de su último crimen. El 17 de marzo de 2017 aparecerá en los libros de historia. Esperemos que no como pretenden los albaceas del testamento terrorista, sino como la fecha en la que los españoles derrotaron a una banda que no puso fin a su barbarie por convicción, sino ante la fuerza de la democracia. ETA camina hacia su disolución acorralada por el rechazo de la ciudadanía, la fortaleza del Estado de derecho y el extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Le quedan alrededor de trescientas armas desperdigadas por zulos en el monte y domicilios de sus colaboradores. Obsoletas, pero aún mortales, la organización se resistía a entregarlas para forzar a los gobiernos de España y Francia a escenificar una negociación. Ha fracasado en su objetivo. En febrero de 2013, la delegación terrorista que aguardaba en Noruega la llegada de algún enviado del Gobierno fue expulsada del país a petición de España. Poco después, dos encapuchados pusieron un minúsculo arsenal en manos de dos miembros de una comisión internacional de verificación, un paripé para darse importancia que tampoco les sirvió de nada. La propuesta del Ejecutivo vasco de ocuparse del desarme ni siquiera tuvo respuesta de Rajoy. La banda anuncia ahora que cederá su arsenal a un centenar de simpatizantes antes del 8 de abril para que lo entreguen. Otro acto de propaganda al que acertadamente no ha querido sumarse el Gobierno español. Serán las autoridades francesas quienes reciban unas armas entre las que probablemente no estarán las que ayudarían a resolver los 300 crímenes a cuyos autores la Justicia española aún no ha podido poner nombre.
ETA y sus simpatizantes intentan lavar su imagen para la posteridad, levantar la moral de sus tropas encarceladas, convertir su inevitable rendición en un armisticio y vincular sus siglas a la política vasca como si su única contribución no fuera el dolor. La pretensión de la banda de equiparar a los asesinos con el resto de los ciudadanos nada tiene que ver con el perdón, un desgraciado derecho que solo corresponde a las víctimas, ni con la paz, que no hicieron más que postergar con su sangrienta obcecación por encontrar una fórmula lo bastante cruel como para acabar con la resistencia de los demócratas. La clase política no debe permitir que los asesinos endulcen su capitulación ni obtengan beneficio de ella. La indiferencia, aunque sea alentada por los mejores deseos, no cabe ante la actual estrategia de los terroristas. Los últimos responsables de coordinar a los pocos delincuentes que siguen libres y los muchos que están en prisión aspiran a mantenerse como gestores de las concesiones que puedan arrancar a los partidos. Supondría una equivocación aceptar su juego cuando solo sin más alternativas han entregado sus armas, después de pensárselo durante cinco años en los que aún han intentado sacar tajada de la mucha sangre derramada. No son ellos ni tampoco los que durante décadas intentaron aprovecharse de sus crímenes bajo unas siglas que suponían una burla a la democracia quienes tienen derecho a dictarnos la crónica de su final. Es la mayoría de la sociedad española, obligada a pagar con sangre sus convicciones, la que debe relatar, sin omisiones, sus sacrificios para alcanzar la paz. El olvido solo interesa a quienes tienen razones para desearlo. La memoria, en cambio, permitirá que quienes tengan la suerte de conocer a ETA solo por lo escrito sepan cuánto nos ha costado lo que tenemos. Por eso la historia es tan valiosa.

LAS LECCIONES DEL ‘CASO NÓOS’

Las sentencias y la lluvia nunca caen a gusto de todos, pero dan para hablar y más cuando pillan a la nobleza a la intemperie. El fallo del ‘caso Nóos’ exigía la precisión de una intervención quirúrgica y el tribunal presidido por la jueza Samantha Romero ha procurado extirpar el tumor de la corrupción con el bisturí de la ley sin caer en la tentación de encarnizarse por la presión social. Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que llegaron al final del juicio convencidos de que no les pasaría nada, ocuparán el poco deseable lugar en la Historia de haberse convertido en los primeros miembros de una familia real europea que se han sentado en el banquillo de los acusados. La condena social para ambos ha sido de cinco años, once meses y dos días, el tiempo que ha llevado la investigación, la instrucción y el juicio del desvío de fondos públicos a los bolsillos del exjugador de balonmano, antes duque y ahora convicto.
La resolución judicial absuelve a la infanta, alegando que desconocía el origen de su creciente fortuna, pero le impone una multa de 265.000 euros por disfrutar a título lucrativo del dinero que conseguía su cónyuge. Según el texto de la sentencia, Urdangarin se sirvió de su «privilegiado posicionamiento institucional» para ejercer «una presión moral de entidad suficiente para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades». En términos del código penal, cometió delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La enumeración hace que la condena de seis años de prisión parezca liviana. No es la primera vez que la opinión pública se queda con la impresión de que un caso de corrupción se salda con una pena de mínimos. El fallo aplica a Iñaki Urdangarin los grados más bajos para los delitos cometidos y le impone menos de un tercio de la pena de cárcel que solicitaba la Fiscalía. Así que ofrece argumentos a quienes como el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos consideran que la justicia ha funcionado, pero también Podemos e Izquierda Unida los encuentran para calificar de «calderilla» la multa a la hermana del Rey. Opinan estos últimos que el sistema ha perdido una oportunidad de empezar su regeneración con una sentencia ejemplar y sostienen que el desenlace judicial del caso supone la ratificación de que determinadas instancias del poder continúan ajenas a la ley que rige para el resto de los mortales. Incluso el juez José Castro, a quien nadie puede restar el mérito de haber investigado unos supuestos delitos ahora probados, ha expresado su decepción. Reconoce que no esperaba tanta benevolencia de las tres magistradas del tribunal, que a su juicio han consagrado el papel de Cristina de Borbón como «mujer florero».
Lo cierto es que ni siquiera los ahora más frustrados estaban seguros hace cinco años de que los duques de Palma fueran imputados. No pocos opinaron que Iñaki Urdangarin nunca sería condenado y que su esposa jamás pasaría el trago de declarar ante un tribunal. Todo eso ha ocurrido. Iñaki Urdangarin vive ahora pendiente de su ingreso en prisión y la infanta Cristina prepara las maletas para trasladarse de Suiza a Lisboa, una residencia que facilitará sus presumibles visitas a la cárcel. Guste o no, lo ocurrido y recogido en un sumario de 76.000 folios ha tenido no pocas consecuencias. El ‘caso Nóos’ ha supuesto un test de garantías para una democracia no tan añeja. La denuncia reflejó el hartazgo de la sociedad española ante la corrupción, la investigación cuestionó la independencia de la Fiscalía; la vista oral aceleró la abdicación de Juan Carlos I e impuso un cambio de formas en la Casa Real y la sentencia ha reivindicado la necesaria primacía de la ley. Más allá del alivio de unos y el pesar de otros, la democracia se construye al tiempo que se ejercita y ningún delito le causa tanto daño como ignorar las lecciones que ofrece.

MALA EDUCACIÓN

Después de tres años de guerra educativa, el Gobierno ha decidido convertir las reválidas en un ejercicio escolar, casi en un día de asueto, y recuperar la vieja Selectividad. La reforma educativa del Partido Popular, irrenunciable con mayoría absoluta, se ha convertido en prescindible, urnas mediantes. La educación española tiene ahora ocasión de encontrar un consenso del que jamás ha disfrutado y solucionar sus problemas, que no son pocos, sin caer de nuevo en la habitual tentación de los partidos de poner su marchamo ideológico en los libros de texto. En diez legislaturas, los colegios han tenido que adaptarse a siete leyes distintas. Esta misma semana, los profesores asturianos han reclamado para sí la misma protección legal ante las agresiones de la que disfrutan los médicos. Entre otras situaciones, relataron el caso de una madre de un niño de Infantil que llegó a agredir al maestro porque retrasó la hora de salida de clase. Una encuesta elaborada por el sindicato ANPE asegura que el 57% del profesorado no se siente apoyado por la dirección de su centro y que el 14% no sabe o prefiere no contestar. El mismo informe detecta un aumento de la indisciplina, las conductas agresivas de alumnos y los enfrentamientos con los padres.
Tampoco las familias parecen demasiado satisfechas con la atención que reciben sus hijos. «Somos parte de la comunidad educativa, pero cuando opinamos sobre algo relacionado con la escuela que no sea hacer fiestas y trajes o repartir lotería se nos reprocha argumentando que nos entrometemos en la labor docente», ha dicho la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Los padres acaban de poner fin a una huelga contra los deberes con la que han tratado de reivindicar su derecho a tomar las decisiones que consideren oportunas en el ámbito familiar, «de carácter privado, sin que la escuela pueda invadirlas».
Padres y profesores pueden tener opiniones diversas, resulta comprensible. Es una de las razones por las que depositamos en la Administración la responsabilidad de organizar el sistema educativo. Sin embargo, los partidos se han empeñado con reiteración en formar afiliados antes que ciudadanos. Y periódicamente, cuando algún supuestamente infalible organismo internacional deja a nuestros colegios en mal lugar o nuestras universidades aparecen en los últimos puestos de las clasificaciones de excelencia se reabre el debate sobre la necesidad de revisar el sistema educativo español. Es entonces cuando nos preguntamos si queremos ser suecos o coreanos, construir universidades como las norteamericanas o establecer programas de formación profesional como los de Alemania. Pero nos guste más o menos, seguimos siendo españoles. La educación asturiana, según el último informe del Estudio Internacional en Matemáticas y Ciencias, obtiene buenas calificaciones, incluso por encima de la media de los 64 países evaluados. A pesar de sus diferencias, las familias y profesores algo hacen bien incluso cuando las administraciones no han demostrado la menor coherencia al trazar el camino a seguir. No obstante, el mismo estudio que ha servido al Principado para felicitarse también indica que el 30% de los estudiantes presencia de forma esporádica situaciones de acoso, que repetir curso es casi sinónimo de fracaso y que uno de los elementos que más influye en el éxito escolar es la riqueza de las familias. Indicadores tal vez más relevantes que la posición en el ránking de turno, por mucho que nos guste compararnos con los demás, y que no se arreglan con más carga lectiva ni con entrenar los test con los que se evalúa a los centros. Problemas cuya solución requiere ideas claras, leyes estables y recursos económicos sin los que a largo plazo solo podemos aspirar a un tipo de educación: mala.

LA DICOTOMÍA ASTURIANA

Asturias es propensa al desánimo. Sus razones tiene. Los asturianos han sido vapuleados lo suficiente como para hacer comprensible su tendencia a un desencanto tan inclinado a la ironía como al lamento. En esta frustración enraíza el discurso político de que poco más se puede hacer que culpar a otros o al empedrado. Existe una Asturias tópica, ocupada en administrarse vergajazos, con querencia a pararse a discutir en las encrucijadas, donde algunos se sienten cómodos porque creen que la inacción les beneficia. Su negocio, al fin y al cabo, ya está hecho. También hay otra Asturias consciente de que no puede permitirse el lujo de desperdiciar sus oportunidades en debates etéreos ni está dispuesta a mantener la única esperanza de que la rotación de la Tierra mute en su beneficio. Ambas conviven en el territorio de una región donde los partidos aún están a tiempo de reivindicar unidos la variante de Pajares en lugar de buscar excusas y especular con los beneficios electorales de su retraso. Algo deberían hacer antes de que la movilización ciudadana deje en evidencia la desganada actuación de muchos políticos durante los últimos quince años por más que la crisis sirviera de excusa. El innegable riesgo de viajar al futuro en el vagón de segunda clase ha llevado a los partidos asturianos, los sindicatos y los empresarios a una esperanzadora reclamación ante Fomento. Una excepcional unanimidad en el debate político regional, ocupado con demasiada frecuencia en buscar coartadas para las decisiones tomadas en Madrid por quienes poco entienden la acuciante necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias en la región. Al fin y al cabo, cuando vengan será en un vuelo que pagarán en parte quienes siguen esperando a que se construya el AVE.
La Asturias que se niega a aceptar la decepción como su estado natural lo tiene difícil. Quienes pretenden cosechar los réditos del inmovilismo no son la mayoría, pero hacen mucho para que nada cambie. Tan perjudiciales como aquellos que aspiran a construir nuevos muros con el hormigón del sectarismo. La inercia del fracaso no es tan inexorable pese a los vaticinios de los agoreros. Los grupos municipales de Gijón tienen una buena ocasión de demostrarlo con la negociación de un plan urbanístico capaz de superar los tabús ideológicos para cimentar el crecimiento de la ciudad. Sin agraviar una vez más a la zona rural ni condenar a los gijoneses a un parón urbanístico en el que solo los especuladores podrían sentirse cómodos. El acuerdo de cinco de los seis partidos de la Corporación para la aprobación inicial devolvió la esperanza a quienes están convencidos de que los intereses generales se defienden mejor desde la razón que con la aplicación de los encorsetados clichés de las siglas.
En Oviedo, el debate presupuestario también demostrará si una decisión cargada de prejuicios puede ocultar, una vez más, la crudeza de la realidad. Pese a lo mucho que deberían decir las cuentas sobre las aspiraciones de la capital asturiana para los próximos años, el debate se ha centrado en los tijeretazos que la Concejalía de Cultura ha dispensado a algunas instituciones. Un recorte que nada ayudará a levantar la losa de casi 33 millones de deuda heredada del despropósito de Villa Magdalena, pero facilitará las cosas a quienes se sienten más cómodos en el protagonismo de la polémica que en el trabajo de construir un nuevo modelo de ciudad. Otra prueba, una más, para la dicotomía asturiana.

SALIR DEL FORTÍN

España tiene Gobierno, al fin. El que cabía esperar por mucho que alguno confundiera sus deseos con la dialéctica de Mariano Rajoy. El nuevo Ejecutivo responde a la lógica de lo predecible en la que el presidente, que en política ha sido casi todo menos revolucionario, ha fundamentado su carrera. Incluso había expresado sus propósitos en el discurso de investidura. El líder del PP proclamó que España necesitaba un Gobierno no solo con urgencia, sino también «previsible». Con la elección de sus ministros ha cumplido su declaración de intenciones. El núcleo duro del gabinete con el que aspira a consolidar la pretendida recuperación continuará con las mismas carteras en sus manos, aunque con algún cambio de papeles. Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez tienen clara su principal tarea: mejorar el depauperado nivel de vida de los españoles. Un objetivo tan fácil de señalar como difícil de conseguir. Así que la principal crítica al nuevo Consejo de Ministros ha sido su carácter continuista. Probablemente, Rajoy la asuma incluso con agrado. Los cambios han llegado con la aplicación del manual de estilo del PP, que aconseja prescindir siempre de los ministros más impopulares, integrar las distintas sensibilidades unciendo ambiciones y aprovechar la etapa en el poder para cimentar los futuros liderazgos con la selección natural que conlleva el riesgo de tomar decisiones.
El primer mandato de Rajoy a sus ministros ha sido el de «dialogar y pactar mucho», justo lo que el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, teme que no ocurra. No solo él. Toda la oposición ve con desconfianza un Ejecutivo que considera «muy de partido». En realidad, no dista mucho de lo que la izquierda esperaba, por más que haya encontrado en ello el principal argumento para sus críticas. El hecho es que si el PP desea una legislatura de cierta duración no le quedará más remedio que abandonar el fortín construido con una mayoría de la que ahora carece y salir a explorar el siempre intrincado territorio de los acuerdos. Los tiempos por venir no son para ministros enrocados en la gracia de la audiencia, sino para políticos dispuestos a escuchar incluso antes de mandar sus leyes al Parlamento. Suya será la principal responsabilidad de que el tren de la recuperación no choque contra el muro de la oposición, aunque también conviene recordar que la negociación necesita un interlocutor dispuesto para no resultar baldía.
El cambio de talante necesario para el imprevisible y complejo ciclo con el que deberán bregar los nuevos ministros debería notarse además en la relación con las autonomías que, como Asturias, han visto estancadas sus expectativas primero por la crisis y después por la parálisis institucional de una Administración parapetada en unas funciones de mínimos. En su disposición para afrontar lo mucho que cabe hacer en colaboración con las administraciones regionales y locales pueden encontrar los ministros buena parte del respaldo que necesitan para sus proyectos. Por ello, será bueno que salgan de Madrid con más frecuencia de lo que la mayoría acostumbraban en la pasada legislatura. Algunos tan poco, que recién llegado al Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna ya puede presumir de haber visitado más el Principado por su responsabilidad como alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios que buena parte de sus compañeros de gabinete en los últimos cuatro años. Pero llegan nuevos tiempos. Al menos, eso cabe desear.

ASTURIAS, CON MUCHO QUE ESPERAR

La definitiva sesión de investidura cumplió el aforismo sobre las segundas partes. Cuando el desenlace es previsible y el argumento reiterado, solo los actores pueden salvar una secuela. En el Congreso, ninguno de los protagonistas se salió del guion. Así que la emoción de la trama quedó para el afán por improvisar de los parlamentarios socialistas disconformes con el final escrito por la gestora y el intento de Pedro Sánchez por cambiar el título de la película con su renuncia al acta. Mariano Rajoy, en su papel de presidente, gallego y político avezado, tiró de socarronería y sentido de la distancia para ofrecer diálogo un día, reivindicarse otro, y dejar pasar las réplicas camino de la segunda votación. Pablo Iglesias recurrió a su versión más histriónica para tratar de acercarse a la calle y distanciarse del PSOE. Albert Rivera subió a la tribuna para mostrar sus dotes en la interpretación del delfín esperado por el centroderecha. Y Antonio Hernando, con el tiempo justo para aprenderse sus líneas y sin apenas ensayos, pasó de secundario de lujo a protagonista a regañadientes forzado por las circunstancias. Bastante hizo. Cada uno en su papel, olvidaron que la finalidad de una sesión de investidura es debatir un programa de gobierno antes de apretar el botón para votar. Todos tenían prisa. El PP, por celebrarlo, y el resto por contar los ‘noes’ de la bancada socialista.
Lo sustancial fue un resultado que permite a Rajoy iniciar su segundo mandato. Enhorabuena es lo primero que corresponde decir a un candidato elegido por la cámara que representa a todo un país. Y suerte, porque en su caso más que ninguno debería ser la de los demás. Dos campañas electorales y diez meses en funciones apremian el desempeño del nuevo ejecutivo, del que se espera mucho en Asturias, una región sobre la que Mariano Rajoy ha debido pensar bastante en las últimas semanas. Aunque solo sea por lo pendiente que ha necesitado estar de las idas y venidas del presidente asturiano a Ferraz y del empeño de Foro por recordarle durante esta investidura a dos vueltas el programa electoral firmado por su partido para concurrir en coalición. Y aunque siempre es mejor que un líder se guarde sus cavilaciones, los políticos con experiencia, algo que a Rajoy le sobra, deben sopesar las aspiraciones de quienes representan el poder territorial de su partido al nombrar un nuevo gobierno. El PP asturiano también tiene sus ambiciones y su presidente las conoce.
Más allá de eso, el Principado afronta esta legislatura con abundantes asuntos que exigen ser abordados con urgencia. Hace más de doce años que la Administración central colocó la primera dovela de una variante de Pajares que continúa lastrada más por la falta de presupuesto que por la inestabilidad de las laderas y las filtraciones de agua, por mucho que los problemas técnicos hayan servido de excusa. La regasificadora de El Musel sigue parada mientras en otros lugares de España, algunos no muy lejanos, instalaciones similares han sido puestas en marcha bajo la justificación de una necesidad estratégica. La minería del carbón reclama un futuro que se le ha negado desde Europa y por el que España no ha peleado lo suficiente. La empresa Hunosa, en otros tiempos emblema del sector público y ahora reflejo de su declive, ha iniciado un camino hacia la diversificación, incluso esperanzador, si desde Madrid se confía en ella más que para gestionar prejubilaciones, algo que está por ver. Bajo los terrenos del plan de vías de Gijón, adecentados como parque provisional, discurre un túnel cuyo destino es tan incierto como su estado. El Musel reivindica el papel que le corresponde en las conexiones con el exterior con más empeño que respaldo. Y el acero, que sustenta buena parte de la economía asturiana, necesita mejor defensa de la que ha tenido en los últimos meses.
La crisis ha azotado a todos. Es cierto. Pero los asturianos sienten que ninguna otra autonomía ha visto encallarse tantos asuntos esenciales para su economía. Lo dicho. Nuestra región tiene mucho que esperar del nuevo Gobierno. Desde luego, más que una compensación en reconocimiento al sentido de estado de su presidente autonómico. Por el momento, el PP asturiano ha esbozado su disposición a apoyar unos presupuestos regionales de los que se ha debatido su ideología más que sus partidas. Y poco más. Si el debate que ha permitido la investidura de Rajoy ha marcado, como proclaman sus protagonistas, el inicio de una nueva era en la política española, aquí tienen el mejor lugar para demostrarlo.